Por Claudia Riquelme S. - Fuente: Defensoría Regional de La Araucanía.
Pese a que la jueza Luz Mónica Arancibia, del Tribunal de Garantía de Temuco, dejó en prisión preventiva al joven F.J.M.C. (24) -detenido por la policía uniformada como supuesto responsable del atentado explosivo que afectó al cuartel del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) de Temuco, fue la propia fiscalía la que desechó formularle cargos bajo la Ley Antiterrorista, pues según el propio fiscal, los antecedentes recabados hasta ahora no vinculan al joven con el atentado al recinto policial.
Por lo mismo, el joven sólo fue formalizado por infracción a la Ley de Armas, a propósito de la pólvora, los cables y las pilas supuestamente encontradas por la policía durante el allanamiento efectuado a la propiedad en que vive el detenido.
Durante la audiencia, el joven fue representado por los defensores penales públicos Marcelo Pizarro y Patricio Salinas, quienes solicitaron al tribunal la ilegalidad de la detención, ya que el Ministerio Público sólo contaba con una orden de entrada, registro e incautación, pero no una orden de detención contra el imputado.
Pizarro explicó que “no había una orden de detención. Supuestamente, en la habitación donde viviría mi representado se habría encontrado pólvora, un par de cables y unas pilas. Ese es el argumento utilizado por la fiscalía para señalar que Carabineros detuvo al joven de manera flagrante”, aclaró.
El defensor público agregó que su representado no se encontraba en su casa al momento del allanamiento policial, sino que visitaba a sus padres. “Él me manifiesta que no es dueño de esos materiales, que no los conoce y que es detenido cuando llega a su domicilio. Se suma a esto que no posee antecedentes penales”, señaló.
Los medios de prensa, sin embargo, informaron que la propiedad en que vive el joven sería una casa ‘okupa’. Ante ello, el defensor público aclaró que “la mayoría de los jóvenes que viven junto a mi representado estudian o trabajan y pagan arriendo por 240 mil pesos, aproximadamente”.
FORMALIZACIÓNLuego de que la jueza de garantía rechazara los argumentos de la defensa pública para declarar la ilegalidad de la detención, el Ministerio Público formalizó al joven por el delito de infracción a la Ley de Armas.
Luego, la jueza Arancibia decidió dejar al joven en prisión preventiva por el plazo de tres meses mientras dure la investigación, contexto en que explicó que uno de los argumentos para decretar esta medida cautelar fue el “conflicto mapuche” que se vive en la Región de La Araucanía, cuestión que fue descartada por el defensor Pizarro, porque “esto no tiene nada que ver con el mal llamado conflicto mapuche. Eso queremos dejarlo muy claro”.
Finalmente, Marcelo Pizarro informó que la Defensoría Penal Pública apelará a la decisión de la jueza, “sin perjuicio de que analicemos la posibilidad de recurrir a través de otros medios que nos permitan resolver este acto del tribunal, al decretar la prisión preventiva, que para nosotros es absolutamente ilegal”.
Los hechos que motivaron la detención de F.J.M.C. ocurrieron a las 4 de la mañana del miércoles 29, cuando una persona desconocida lanzó un extintor relleno con pólvora y ajustado a un reloj al interior del recinto policial, ubicado en la avenida Pedro de Valdivia de Temuco, rompiendo parte de un muro lateral de la unidad policial.
Pese a que la jueza Luz Mónica Arancibia, del Tribunal de Garantía de Temuco, dejó en prisión preventiva al joven F.J.M.C. (24) -detenido por la policía uniformada como supuesto responsable del atentado explosivo que afectó al cuartel del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) de Temuco, fue la propia fiscalía la que desechó formularle cargos bajo la Ley Antiterrorista, pues según el propio fiscal, los antecedentes recabados hasta ahora no vinculan al joven con el atentado al recinto policial.
Por lo mismo, el joven sólo fue formalizado por infracción a la Ley de Armas, a propósito de la pólvora, los cables y las pilas supuestamente encontradas por la policía durante el allanamiento efectuado a la propiedad en que vive el detenido.
Durante la audiencia, el joven fue representado por los defensores penales públicos Marcelo Pizarro y Patricio Salinas, quienes solicitaron al tribunal la ilegalidad de la detención, ya que el Ministerio Público sólo contaba con una orden de entrada, registro e incautación, pero no una orden de detención contra el imputado.
Pizarro explicó que “no había una orden de detención. Supuestamente, en la habitación donde viviría mi representado se habría encontrado pólvora, un par de cables y unas pilas. Ese es el argumento utilizado por la fiscalía para señalar que Carabineros detuvo al joven de manera flagrante”, aclaró.
El defensor público agregó que su representado no se encontraba en su casa al momento del allanamiento policial, sino que visitaba a sus padres. “Él me manifiesta que no es dueño de esos materiales, que no los conoce y que es detenido cuando llega a su domicilio. Se suma a esto que no posee antecedentes penales”, señaló.
Los medios de prensa, sin embargo, informaron que la propiedad en que vive el joven sería una casa ‘okupa’. Ante ello, el defensor público aclaró que “la mayoría de los jóvenes que viven junto a mi representado estudian o trabajan y pagan arriendo por 240 mil pesos, aproximadamente”.
FORMALIZACIÓNLuego de que la jueza de garantía rechazara los argumentos de la defensa pública para declarar la ilegalidad de la detención, el Ministerio Público formalizó al joven por el delito de infracción a la Ley de Armas.
Luego, la jueza Arancibia decidió dejar al joven en prisión preventiva por el plazo de tres meses mientras dure la investigación, contexto en que explicó que uno de los argumentos para decretar esta medida cautelar fue el “conflicto mapuche” que se vive en la Región de La Araucanía, cuestión que fue descartada por el defensor Pizarro, porque “esto no tiene nada que ver con el mal llamado conflicto mapuche. Eso queremos dejarlo muy claro”.
Finalmente, Marcelo Pizarro informó que la Defensoría Penal Pública apelará a la decisión de la jueza, “sin perjuicio de que analicemos la posibilidad de recurrir a través de otros medios que nos permitan resolver este acto del tribunal, al decretar la prisión preventiva, que para nosotros es absolutamente ilegal”.
Los hechos que motivaron la detención de F.J.M.C. ocurrieron a las 4 de la mañana del miércoles 29, cuando una persona desconocida lanzó un extintor relleno con pólvora y ajustado a un reloj al interior del recinto policial, ubicado en la avenida Pedro de Valdivia de Temuco, rompiendo parte de un muro lateral de la unidad policial.
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