Según el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (2012), el resultado de 30 años de intervenciones armadas de paramilitares y guerrillas, en el marco de una ‘guerra sucia’ que aún no termina, es de cerca de 6,5 millones de hectáreas despojadas a campesinos, indígenas y afrocolombianos, un poco más de 5,9 millones de personas desplazadas (cifra superior a la población de Dinamarca) y 218.000 muertos.
Entre los desplazados se encuentran más de un millón de afrocolombianos y 73.200 indígenas, lo que representa respectivamente el 10% y 6% de sus poblaciones.
Referentes bélicos de Colombia, el Estado y gobernantes, sin sus paramilitares; Más, denominados guerrilleros de las Farcs, vienen desde hace un tiempo con mesas de diálogo para la paz, sin embargo, las principales víctimas del conflicto bélico: campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes, continúan viviendo la violencia estructural, sus opiniones no son consideradas, son vedadas, así como sus representantes (autoridades ancestrales , dirigencia organizacional – territoriales); sin que se les garantice un derecho humanitario ante tantos años de masacres, genocidios, desplazamientos forzosos; y el actual avasallamiento de industrias extractivas como mineras y petroleras.
El “modelo de conflictos” de Colombia ha proliferado a otras regiones del continente, como México. Asimismo, otros países viven situaciones de violencia estructural, como Honduras. Estos
antecedentes son compartidos por Aquileo Yagarí de la organización indígena de Colombia de Antioquia “Jenzera” y las opiniones de Alejandro Parellada sobre el contexto continental, de la organización internacional de Derechos Humanos “Iwgia”.
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