El 30 de abril se realizó una nueva sesión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, donde la Subsecretaría de Pesca propuso la entrega de nuevas concesiones acuícolas, bajo la figura de la relocalización, en 41 zonas del litoral.
La decisión debe ser tomada por dicho cuerpo colegiado, que iniciará el proceso el jueves 11 de junio, partiendo con la zona ubicada al norte del Golfo de Penas. Luego tocará el turno a Caleta Tortel.
Por Patricio Segura
Preocupación existe en la región de Aysén, y particularmente en la comuna de Tortel, por lo que parece ser una nueva ofensiva de la industria salmonera para ampliar sus concesiones en los intocados fiordos y canales patagónicos. Luego de la última sesión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) del 30 de abril pasado, donde se comenzó la discusión sobre la posible relocalización de las concesiones acuícolas en el litoral aysenino, creció la preocupación por el impacto ambiental y social que ha tenido dicho sector económico donde ha operado.
La semana pasada el director ejecutivo de la ONG Oceana, Alex Muñoz, presentó en Coyhaique el documental “El secreto de Caleta Tortel” donde se da cuenta de los riesgos de que dicho rubro se instale en esa zona de la desembocadura del río Baker. Por ello llamó al gobierno a “no entregar más concesiones salmoneras en los lugares que están limpios como Tortel y otros. Es absolutamente seguro que estas concesiones sólo contaminarán los fiordos y cuando haya una crisis sanitaria, las empresas se irán y dejarán todo botado como lo hicieron con el virus ISA el 2008”, según consignó el diario El Divisadero.
A sus palabras se sumó hace pocos días el alcalde de Tortel Bernardo López, quien explicó a Radio Santa María que aunque no participó en la última sesión de la CRUBC, siendo integrante de esta, aseguró que concurrirá a las próximas reuniones. La importancia es que es este organismo el que debe aprobar o rechazar la propuesta de abrir más zonas para la industria acuícola, lo que permitiría la figura de las relocalizaciones ya que existe una moratoria para la entrega de nuevas concesiones hasta el año 2020.
En este respecto, el edil señaló que luego de los problemas sanitarios de los salmoneros en Los Lagos y Aysén “están viendo instalarse en la zona de Tortel, que es la única comuna de los fiordos y canales patagónicos donde no está la industria salmonera. Entonces pareciera que no quieren dejar nada prístino en nuestro territorio, quieren dejar la crema en todas partes”.
Y agregó: “Lo único que sabemos por los medios de comunicación es que hay problemas gravísimos por el virus ISA, hay una tremenda cesantía en la Isla Grande de Chiloé donde fue el boom de las salmoneras, hay problemas sociales muy críticos en toda esa zona donde estuvo la industria y hay problemas sanitarios con respecto al borde costero. Nosotros no queremos eso para nuestra localidad. No olvidemos que estos son los fiordos y canales patagónicos más ricos en biodiversidad ecológica”.
El próximo jueves 11 de junio la CRUBC, que preside la intendenta Ximena Órdenes e integran representantes del gobierno y el Consejo Regional de Aysén, junto a sectores económicos como el turismo, la industria pesquera y la salmonicultura, además del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) y comunidades indígenas, continuará su labor. Partirá con el análisis de la propuesta técnica de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) de afectación, con fines acuícolas, del litoral ubicado al norte del Golfo de Penas para luego seguir con el sector sur, donde se emplaza Tortel.
La última sesión
Según consta en el acta de la sesión del 30 de abril, fueron varios los comisionados que expresaron sus cuestionamientos a la propuesta de la Subpesca sobre nuevas áreas aptas para la acuicultura (AAA), en especial con respecto a una de tipo “experimental para reproducción” de especies salmonídeas en la comuna de Tortel, cuya caleta fue declarada zona típica en 2001.
Según señalara el jefe de la División de Acuicultura del organismo, Eugenio Zamorano, en Aysén existen en la actualidad 714 concesiones acuícolas en 37 barrios salmoneros, lo cual ya corresponde al 53 por ciento del país. Al año 2015 un cuarto de ellas están operativas, debiendo salir un grupo importante de los canales sanitarios por representar un riesgo para la propia industria. Este proceso es el que se ha denominado de relocalización.
Al día de hoy existen 527 solicitudes de relocalización y 120 ya han sido aprobadas. La propuesta de la Subpesca es cambiar 41 zonas de preferente acuícola (23) y preferente bentónico (18), en AAA. Pero esto debe ser aprobado por la CRUBC.
En la ocasión Zamorano reconoció que “no existen todos los estudios de capacidad de carga que se requieren”. La compatibilidad de las AAA propuestas con el desarrollo turístico, reclamaciones indígenas y áreas silvestres protegidas, además de la capacidad del Estado para fiscalizar la operación salmonera en dichos incontaminados sectores del litoral aysenino, generó dudas sobre la propuesta entre los representantes del turismo y la pesca artesanal, Conaf, del Core, los pueblos originarios y parlamentarios. En conclusión, con relación a la comuna de Tortel se resolvió postergar la decisión para “en reunión posterior decidir si se aprueba, rechaza o modifica lo estipulado en los informes técnicos”. Además, se está manejando la opción de realizar una consulta a la comunidad, algo que se plantea debiera realizarse con todas las relacionadas con las nuevas posibles instalaciones.
En paralelo a esta decisión, se aprobó el otorgamiento de una concesión marítima para alto tonelaje en el sector de Puerto Yungay a la empresa de servicios marítimos Oxxean, ligada a la familia Pacheco y muy vinculada al desarrollo salmonero. Según el acta esta fue previamente autorizada por la municipalidad de Tortel en base al plano regulador y por la Dirección de Obras Portuarias luego de un diálogo con el edil Bernardo López.
Una de las aristas legales que están manejando organizaciones para prevenir esta nueva arremetida salmonera en el litoral patagónico, es el posible vacío normativo que no asegura que al entregar nuevas concesiones para relocalización queden liberadas las que actualmente tiene la industria salmonera lo cual, en la práctica, ampliaría su área de impacto ambiental. Esto, junto a la afectación de múltiples zonas de interés turístico, pesca artesanal, reclamaciones indígenas e incluso áreas silvestres protegidas por el Estado.
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