ONGs denuncian aumento de la violencia policial y piden anular decreto ley de Amnistía / se dio inicio a las sesiones en que el estado chileno rinde informe ante el Comité contra la Tortura del ONU, ente que supervigila el cumplimiento por los estados partes de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de Naciones Unidas, y que deberá evaluar estos días los avances de Chile en la materia / Gobierno acude con contingente Policial / Informe del Observatorio Ciudadano.
Foto: archivo Internet
ONGs denuncian aumento de la violencia policial y piden anular decreto ley de Amnistía:
Comenzó examen de Chile sobre aplicación de Convención contra la Tortura de la ONU
Ginebra, Suiza. 04 de mayo 2009. Por José Araya, Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano.
A partir de las 12 horas de hoy (06:00 horas en Chile), se dio inicio a las sesiones en que el estado chileno rinde informe ante el Comité contra la Tortura del ONU, ente que supervigila el cumplimiento por los estados partes de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de Naciones Unidas, y que deberá evaluar estos días los avances de Chile en la materia.
Los primeros en exponer fueron los representantes de la sociedad civil, con intervenciones de José Araya, por la Corporación CODEPU y la Federación Internacional de Derechos Humanos, y de José Aylwin, por el Observatorio Ciudadano (codirector) y la Coalición ciudadana para el monitoreo de los Derechos Humanos. Ambos dieron cuenta de las falencias que tiene Chile en la aplicación de la Convención y propusieron una serie de medidas y recomendaciones.
Violencia policial, Justicia Militar y Amnistía
En sus exposiciones, tanto Araya como Aylwin, hicieron referencia a las graves limitaciones de la legislación vigente para abordar y sancionar la tortura tal como lo exige la Convención.
La legislación actual, por ejemplo, solo investiga y sanciona el delito de tortura cuando alguien está detenido y no la tentativa de tortura o los malos tratos que ocurren fuera de la detención legal. También criticaron la competencia de la Justicia Militar para investigar a la policía cuando éstos golpean y maltratan a detenidos, que con son los casos más reiterados entre los denunciados estos organismos de derechos humanos. Se hizo ver, además, que el gobierno no ha reformado el Código Penal Militar, como ya lo ha exigido este Comité de Naciones Unidas en su informe de 2004.
José Aylwin también se refirió a los malos tratos reiterados al interior de las cárceles, y a graves hechos constatados en contra la población mapuche, incluidos niños, con lesiones de diversa magnitud productos de los golpes de la policía uniformada. También se refirió a la aplicación abusiva de la ley antiterrorista contar de los mapuche.
José Araya, por su parte, centró la atención sobre las causas que generan la impunidad aún vigente en las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen de Pinochet y exigió la nulidad del decreto Ley de Amnistía de 1978 y la reapertura de las comisiones de Verdad y Valech, para permitir la investigación y calificación de cientos de casos, entre detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados, que aún existen en todas las regiones del país.
La sesión continuó a las 15 horas con la presentación del estado de Chile, con la intervención del subsecretario de Justicia, Jorge Frei, Jefe de la delegación oficial que componen, entre otros, varios funcionarios de cancillería y del Programa de Derechos Humanos del gobierno. En ella llamó también la atención la presencia de representantes del Ministerio Público y de las policías de Carabineros e Investigaciones en la delegación chilena (se adjunta nómina).
Frei destacó algunos avances en Chile en los últimos años. Mencionó, entre estos progresos, que la tortura ya no es avalada por ninguna institución, los efectos del nuevo Código Penal y los cambios en la infraestructura carcelaria. Mencionó también la política de derechos humanos en materia de reparación simbólica y los proyectos de ley - aún pendientes en el parlamento - para crear el Instituto Nacional de Derechos Humanos y para reformar el código de justicia militar.
Los miembros del Comité un conjunto de preguntas específicas a la delegación oficial, que toman recogen gran parte de las preocupaciones expuestas por los representantes de la sociedad civil, y que deberán ser contestadas en audiencia pública mañana martes 05 de mayo, partir de las 15 horas, en el Palacio Wilson de Naciones Unidas en Ginebra.
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