Bajo la atenta vigilancia de organizaciones de la sociedad civil, académicas y no gubernamentales de derechos humanos y justicia de género, Chile comparece en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para rendir examen sobre la situación interna en materia de garantías fundamentales./ Transmisión en vivo desde la ONU.
Foto: Archivo Internet
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La audiencia del próximo viernes 8 de mayo se realiza en el marco del proceso de Examen Periódico Universal (EPU) que enfrentan los Estados del mundo cada cuatro años, para dar cuenta ante el sistema internacional de sus avances y desafíos en el cumplimiento de los estándares mundiales de protección de los DDHH.
Hasta el Palacio de las Naciones concurre la delegación oficial chilena, encabezada por el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien se encontrará con sus pares de otras naciones, pero también con los dirigentes de una coalición de organizaciones ciudadanas chilenas e internacionales, que participan como observadores activos del proceso, después de haber enviado diversos informes alternativos paralelo, denominados también “informe sombra”, con su visión crítica de lo obrado por los distintos poderes e instituciones del Estado.
Dichos informes han sido suscritos por Amnistía internacional-Chile; Codepu; Comisión Ética Contra la Tortura; Corporación Humanas; Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Observatorio Ciudadano, Cintras y Opción; todos ellos integrantes de la “Coalición ciudadana de monitoreo de los DDHH”.
En estos informes se reprocha el retraso en la ratificación de una serie de tratados internacionales de derechos humanos y se reclaman otros “déficit de implementación de las obligaciones de derechos humanos”, tales como las limitaciones de los habeas corpus; la inexistencia de una institucionalidad especial de protección de las garantías fundamentales, barreras en el acceso a la justicia, además de una serie de restricciones en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de grupos específicos y minorías, tales como las mujeres, las minorías sexuales y los pueblos originarios, así como escasos avances para evitar la discriminación.
Las organizaciones ciudadanas esperan que durante la audiencia Chile responda por su demora en legislar en torno a la derogación de la sociedad conyugal, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y la ratificación de tratados como el Estatuto de Roma o el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW).
La directora de Corporación Humanas, Lorena Fríes, declaró desde Ginebra que “Chile ha sido privilegiado por su liderazgo ético en la región, con su elección para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por lo tanto, esperamos que esta primera vez que exponemos ante el Consejo de Derechos Humanos marque una nueva dinámica interna para avanzar en temas en los que aún falta mucho diálogo y participación de las organizaciones que tenemos la experiencia y formación”.
Por su parte, el director del centro de Derechos Humanos de la UDP, Jorge Contesse, quien también estará presente en la audiencia, señaló que Chile se verá sometido cada vez a mayor presión y escrutinio internacional. El gobierno debe ver este examen como una inmejorable oportunidad para comprometerse con una agenda sólida de derechos humanos”.
José Aylwin, co director del Observatorio Ciudadano, quien también asiste a la revisión periódica universal de Chile ante la ONU en Ginebra sostiene que con certeza el Consejo de Derechos Humanos representara al Estado chileno las deficiencias de su institucionalidad para garantizar los derechos humanos en el país, en temas tan sensibles como la ausencia de un defensor del pueblo, la ausencia de un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos, e instará al Estado a una aplicación más efectiva de los tratados internacionales de derechos humanos de que es parte.
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