El 14 de mayo del presente, el Juez argentino Federal Sergio Gabriel Torres dictó el sobreseimiento del Werken de la Confederación Mapuche Jorge Nahuel, porque el hecho denunciado meses atrás por el Fiscal Federal Guillermo Marijuan contra la administración del Proyecto “Desarrollo de Comunidades Indígenas”. El Juez afirma que no hay delito (no hay desvío ni sustracción de fondos públicos) y el sobreseimiento está firme porque el fiscal no lo apeló.
MONTAJE JURÍDICO CONTRA
AUTORIDAD ORIGINARIA MAPUCE...FRACASÓ.
El 14 de mayo del presente, el Juez Federal Sergio Gabriel Torres dictó el sobreseimiento del Werken de nuestra Confederación Mapuce Jorge Nahuel, porque el hecho denunciado meses atrás por el Fiscal Federal Guillermo Marijuan contra la administración del Proyecto “Desarrollo de Comunidades Indígenas”. El Juez afirma que no hay delito (no hay desvío ni sustracción de fondos públicos) y el sobreseimiento está firme porque el fiscal no lo apeló.
Somos nosotros quienes denunciamos que esta causa abierta contra una autoridad originaria mapuce malversa el funcionamiento de la justicia y el poder que debe ejercerla, que es el Poder Judicial. Este fallo termina un proceso que se inicia, contrariamente al código establecido, por medio de una denuncia anónima. Este ridículo comienzo, fue encauzado por el Fiscal Guillermo Marijuan, pervirtiendo su rol. Según su denuncia, se acusaba a nuestra autoridad mapuce, de estafa al estado y malversación de los fondos destinados a comunidades indígenas.
Sin pruebas, sin denuncia escrita, sin codificación legal, se abrió una causa penal contra una Autoridad Originaria del Pueblo Mapuce, el Werken de nuestra Confederación Jorge Nahuel. Se atentó contra la legislación vigente desde el núcleo mismo desde donde se debiera vigilar su cumplimiento, que es el Poder Judicial.
Sin embargo, a pesar de tanto capricho ilegal y estupidez, cierta prensa nacional se hizo eco de esta causa artificial, colocando el informe mentiroso del Fiscal como cosa juzgada, alejándose del valor de verdad que el discurso periodístico debiera defender.
Como Confederación Mapuce, entonces, debemos introducir algo de lógica y racionalidad entre tanta manipulación. Ni hubo robo, ni hubo jamás malversación, ni hubo ignorancia sobre esa buena direccionalidad del dinero obtenido del acuerdo entre el Estado Argentino y el Banco Mundial, como respuesta a una lucha indígena.
No nos extraña este golpe artero de uno de los niveles de la justicia, la Fiscalía Federal en este caso. El Pueblo Mapuce tiene las más amargas experiencias de su trato con los miembros del Poder Judicial, ya que muchos consideran que su “trabajo” es asegurar los resultados y la continuación del genocidio inconcluso extendido hasta este siglo XXI, denominado Conquista del Desierto.
No obstante el amplísimo contexto normativo vigente, que reconoce y protege los derechos indígenas en el marco de reparación de aquel genocidio, desde las Constituciones Nacional y Provincial y los tratados internacionales hasta el Decreto Nacional 1086/2005, la mayoría de los jueces y fiscales de nuestra provincia se niegan ideológicamente a aplicar tales normas, de igual modo que lo hace el resto de la estructura estatal.
Pese a que el Poder Judicial se halla obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, el Pueblo Mapuce resiste diariamente un cúmulo de decisiones judiciales ilegales como desalojos, intimidaciones y desconocimiento de sus más elementales derechos a una existencia diferenciada, por parte de funcionarios y magistrados que apenas disimulan su profundo racismo. La ley 26.160, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son letra muerta para ellos.
Armar una causa jurídica para ensuciar a una Autoridad Originaria Mapuce, a su institución que representa, que lo designo para el rol de Director del proyecto DCI y que luego además ratifico, ganando el concurso publico que lo seleccionó, se resuelve en momentos en que la Asociación de Magistrados a nivel nacional solicita comprensión ante el incremento de la conflictividad y a la imposibilidad de solucionarlo mediante la represión estatal.
Nosotros compartimos ese diagnostico, pero el Poder Judicial en su conjunto es también responsable de esta situación. Una parte importante de los males que se denuncian no hubieran tenido lugar si todos los jueces y fiscales hubieran cumplido con su deber de hacer respetar la ley, o mejor dicho, el orden jurídico constituido desde la Constitución hacia abajo.
Los sectores poderosos, Señor Fiscal Marijuan, apenas necesitan de los jueces para hacerse valer, ya que su predominio social les asegura la dominación que ejercen. Son los menos favorecidos, especialmente los excluidos quienes buscan en “la Justicia”, el fin de las arbitrariedades que padecen a diario. Rara vez lo consiguen.
El Pueblo mapuce ha quedado limpio de esta causa, con este fallo del Juez Federal Sergio Torres. No nos extraña que hubiera otras causas montándose. Queda aun por restituir los derechos de las comunidades desalojadas violentamente los últimos días. Quedan aun por resolverse más de 50 causas civiles y penales contra Autoridades Originarias de las comunidades en conflicto. Celebramos hoy. Mientras debemos regresar a nuestro territorio a resistir tanto abuso de poder.
Por territorio – justicia y libertad! MARICI WEU!!!
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