La iniciativa de gobierno, que ha despertado preocupación y múltiples críticas, ya ingresó a trámite a la Cámara de Diputados. “Esperamos que en el parlamento no se avance en un proyecto que lo que busca es penalizar aún más la protesta social. Este gobierno no ha sabido enfrentar las crecientes demandas ciudadanas por reformas políticas y sociales para la participación y toma de decisiones públicas”, adelantó Camila Maturana, abogada del Observatorio Parlamentario.
Por José Luis Vargas http://www.observatorio.cl/node/4321
Sendas críticas fueron formuladas por diversas organizaciones de la sociedad civil al proyecto de ley ingresado al Congreso por el gobierno de Sebastián Piñera, el que buscada endurecer sanciones y penas en contextos de tomas y frente a desórdenes públicos, modificando disposiciones del Código Penal para incorporar nuevas figuras delictivas.
De acuerdo a lo que argumenta el ejecutivo en dicho proyecto, resulta fundamental resguardar el orden público dado que “la violencia y la delincuencia son un cáncer; y el Gobierno tiene la obligación de luchar por garantizar el orden público, la paz y la seguridad ciudadana de los habitantes con toda la fuerza y con toda la decisión del mundo”, enfatiza el mandatario al defender el polémico proyecto de ley.
INDH advierte sobre afectación a derechos humanos
Lorena Fríes, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, refiriéndose a los compromisos internacionales que tiene Chile en materia de derechos humanos, manifestó que “proyectos de este tipo deben pasar por un estricto escrutinio de manera que no signifiquen restricciones en torno a los derechos de reunión y de opinión que podrían incluso constituir infracciones a los compromisos internacionales que en materia de Derechos Humanos tiene el Estado de Chile”.
La posición del Observatorio Parlamentario
En tanto que para el Observatorio Parlamentario, que realiza un intenso monitoreo del actuar del Congreso, la iniciativa impulsada por el gobierno busca penalizar las movilizaciones y demandas sociales.
“La ciudadanía tiene el legítimo derecho a expresarse, reunirse y hacer demandas a la autoridad, por tanto no es aceptable que en un estado democrático el ejercicio de estos derechos pueda ser penalizado. Esperamos que en el parlamento no se avance en un proyecto que lo que busca es penalizar aún más la protesta social”, declaró Camila Maturana, abogada del Observatorio Parlamentario.
Según Maturana, este gobierno no ha sabido enfrentar las crecientes demandas ciudadanas por reformas políticas y sociales que fortalezcan la participación y la toma de decisiones públicas en el país.
En esta línea, y también a la luz de las recomendaciones internacionales que ha recibido el estado chileno en materia de derechos humanos, Camila Maturana manifestó que este anuncio evidencia un claro retroceso, pues “Chile no está atendiendo las recomendaciones internacionales que se han formulado en un conjunto de materias relativas a derechos humanos y, en particular, hay una preocupación a nivel internacional por la respuesta que ha dado el gobierno frente a las movilizaciones. Esperamos, por lo mismo, que este proyecto quede simplemente en un anuncio mal hecho”, sostuvo Maturana.
Centro de Derechos Humanos UDP
Para Jorge Contesse, Director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el principal problema del proyecto es el concepto de orden público sobre el cual descansa. “Es una concepción añeja, articulada desde la definición que Sergio Diez, cuando era un estudiante de derecho, a fines de la década del 40, da en su memoria de grado en la Universidad de Chile. Ahí está, en el Mensaje del Ejecutivo, la definición del joven Diez. Sin embargo, han pasado más de 50 años y la noción de orden público ha evolucionado”, indicó.
El abogado agrega que hoy no es posible pensar en el orden público sin la vigencia más efectiva de derechos fundamentales, como lo son, entre otros, la libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho de petición a la autoridad. “Estos son los derechos en juego cuando hablamos de la protesta social. Por ello, dado que el proyecto se inspira en esa noción pasada de orden público, las potenciales lesiones a los derechos de las personas son más que plausibles”, añadió.
Finalmente, el profesional enfatiza lo negativo que es que “en Chile rija aún la regulación proveniente de un gobierno de facto (Decreto Supremo 1.086, de Pinochet), que restringe estos derechos y los tiñe de un manto de ilegalidad que, traspasado este a la esfera de acción policial, genera un campo más fértil para la comisión de excesos y abusos. Numerosos órganos internacionales de derechos humanos vienen recomendándole al Estado -no solo a este gobierno, sino anteriormente también- que adopte medidas para contener los hechos de violencia policial que, no debe olvidarse, llevan mucho tiempo, con especial fuerza en la Araucanía”, concluyó Contesse.
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