La instancia se encuentra conformada por más de 50 organizaciones de la sociedad civil e indígenas, además de ciudadanos de distintos ámbitos y parlamentarios, quienes cuestionan a su vez el secreto con que se han llevado adelante las negociaciones de este mega-acuerdo comercial y la ausencia de participación ciudadana efectiva, lo que impacta directamente en la democracia.
Por Paulina Acevedo Menanteau, Observatorio Ciudadano
En conferencia de prensa desarrollada esta mañana en el ex Congreso Nacional en Santiago, la Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPP dio a conocer su posición y exigencias en torno al Acuerdo Transpacífico (TTP, por sus siglas en inglés), el que de ser firmado, atentaría directamente contra los derechos humanos de un amplio conjunto de la población, la soberanía de los pueblos y la posibilidad de éstos de decidir sobre políticas que les afectan directamente.
En la ocasión se hizo pública además una declaración en que ponen de manifiesto su rechazo a la forma secreta en que ha sido negociado este tratado de libre comercio, incluido del Parlamento. En efecto, de los 30 capítulos que tiene el Acuerdo, solo tres se han conocido y ello a través de filtraciones de los textos realizadas por wikileaks en noviembre del 2013.
Agrava lo anterior el hecho de que de firmarse el acuerdo, sus contenidos serían conocidos recién cuatro años más tarde. Al respecto el co-director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, fue enfático en señalar que este tratado “ha sido negociado de espaldas a la ciudadanía, no sólo en Chile, sino que en todos los Estados que son parte, de hecho esos Estados han acordado entre sí, que no se mostraran los textos hasta que se firme el texto final y no se publicarán hasta cuatro años después que el acuerdo entre en funcionamiento. Lo que desde todo punto de vista, sobre todo de mirado desde el punto de vista de los Derechos Humanos, de la democracia y de la soberanía, es una aberración”, sostuvo.
Es por esta razón, que dentro de las principales demandas que da a conocer esta plataforma en su declaración es que el Estado de Chile se retire de las negociaciones y que, en caso que éstas concluyan, el parlamento rechace el Acuerdo, además de exigir que en adelante ningún tratado sea negociado con cláusulas secretas y sin estándares mínimos de participación y transparencia.
Cabe destacar que en las últimas dos décadas el país ha suscrito tratados de libre comercio (TLC) y/o acuerdos bilaterales de inversión con más de 60 países, sin procesos de participación ciudadana efectivos y mucho menos procesos de consulta a los pueblos indígenas, cuyos territorios y derechos han resultado afectados por las inversiones que este tipo de acuerdos comerciales atraen o promueven.
Frente a lo anterior, Aylwin recordó que el Acuerdo “hasta ahora no ha sido consultado a los pueblos indígenas como obliga el Convenio 169 de la OIT suscrito por Chile, en circunstancia que se trata de una medida legislativa que evidentemente va a tener grandes implicancias para los pueblos indígenas”. Por lo que el Estado estaría además incurriendo en una violación a los derechos de estos pueblos y de sus obligaciones internacionales.
Diversos ámbitos de afectación
Son diversas las materias que busca regular este tratado en sus 30 capítulos, tales como la propiedad intelectual, medicamentos, regulación de internet, mercados financieros, empresas estatales y medio ambiente, por mencionar solo algunos.
Siendo uno de los aspectos que más preocupantes el establecimiento de reglas más estrictas en la propiedad industrial farmacéutica, lo que incidirá directamente en el alza de precio de los medicamentos afectando el derecho de acceso a los mismos y precarizará los sistemas públicos de salud.
Al respecto el doctor Rodrigo Irarrázaval, de Médicos Sin Marca, precisó que el Acuerdo impedirá “la entrada de medicamentos genéricos al mercado, lo que trae como consecuencia el aumento de precios insostenible o muy difícil de mantener de los productos farmacéuticos. Por eso es importante recordar que en mayo de este año el actual ministro del exterior, Heraldo Muñoz, se comprometió ante la cámara de diputados que se iba a defender la condición actual al derecho a patente en nuestro país y que el TPP no iba a influenciar en este punto”, insistió.
Finalmente otros de los aspectos que son altamente sensibles para la población y que corresponde a uno de los capítulos filtrados, es el relativo al ámbito medioambiental. Al respecto, durante la conferencia de prensa la geógrafa Javiera Espinoza, representante de Fundación Terram, advirtió que “es preocupante que el capítulo de Medio Ambiente esté supeditado al capítulo de inversiones, puesto que finalmente son las reglas de este nuevo Acuerdo las que estarían limitando la política pública ambiental de los próximos años”.
Agregando además que “este acuerdo se está negociando en secreto de la ciudadanía y del parlamento, siendo contradictorio al principio 10 de la declaración de Río que está liderando Chile, el que promueve el acceso a la información, participación y justicia ambiental”, resaltó.
Tras cerca de dos años sin mayores avances, las ruedas de negociaciones del TPP se reactivaron en estos últimos días, prolongándose durante toda esta semana en Atlanta las reuniones de trabajo ministeriales con representación de delegaciones nacionales de los 12 países que contempla el Acuerdo: Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile.
Cabe destacar que entre los aspectos que regulará el Acuerdo está también la competencia entre empresas privadas y estatales, además de establecer la posibilidad de que las corporaciones transnacionales puedan llevar a juicio a los gobiernos ante tribunales internacionales, frente a medidas que ellas perciban como amenaza.
Es muy importante destacar, asimismo, que la entrada en vigencia del TPP exigiría a Chile renunciar a sus legislaciones internas para responder a mecanismos estadounidenses de certificación, perdiendo soberanía nacional en el momento de implementar el acuerdo.
Los adherentes a esta plataforma consideran fundamental seguir manifestándose en contra de este tratado, con el fin de activar una alerta frente a las amenazas que este pudiese provocar, las que podrían tener fuertes repercusiones negativas para los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la alimentación, el agua, la salud, la vivienda y la educación.
Algunas de las organizaciones que forman parte de la Plataforma y adhieren a la declaración son: Observatorio Ciudadano, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas –ANAMURI, Fundación DECIDE, Asociación de Iniciativas de Economía Social y Solidaria – AIESS, Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo – CENDA, SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación, Centro de Estudios Mapuches Rümtun, Comisión Chilena de Derechos Humanos, Fundación Terram, Chile Sustentable, Red de Acción por los Derechos Ambientales – RADA, Movimiento Defensa por el Derecho al Agua y Protección del Medio Ambiente – MODATIMA, Editores de Chile – Asociación de Editores Independientes, Universitarios y Autónomos, Fundación Constituyente XXI, Fundación Creando Salud, Médicos sin Marca, Fundación Equidad Chile, Verde, entre otras.
Además de los diputados Camila Vallejo, Gaspar Rivas, Giorgio Jackson, Gabriel Boric y el senador Alejandro Navarro.
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