En exhibición en el Museo Regional de la Araucanía está “Fragmentos de la realidad: a 42 años del golpe militar” que muestra el proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación, realizado por los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos en la región de la Araucanía, muestra que se encuentra desde el 6 de agosto y se extiende por septiembre en el marco de los 42 años del golpe de estado.
De acuerdo a información proporcionada por organismos de Derechos Humanos, en la Araucanía, a lo menos hubo 123 detenidos desaparecidos, 68 ejecutados políticos y de estos, unos 61 (31 %) corresponden a personas de origen Mapuche en la Región (unos 120 a nivel País).
En la muestra que se presenta en el Museo Regional, se comparten imágenes de las víctimas, con su identificación y con su estado judicial procesal que es llevado adelante en la incesante búsqueda de verdad, justicia y castigo.
En Chile se estima que se estima que fueron unas 40.280 personas víctimas oficiales de la dictadura, entre asesinados, desaparecidos y torturados.
La dictadura militar y las violaciones a los Derechos Humanos
El 11 de septiembre de 1973 se impone la dictadura militar encabezada por Pinochet con una junta militar de gobierno y detrás, el aparato represivo de estados unidos y grupos económicos de Chile, encabezados por Agustín Edwards, junto a sectores extranjeros hiper ideologizados, declarándose el estado de guerra interna en el país hacia enemigos internos que representase una amenaza contra el “nuevo orden establecido”. Se declara así el Estado de Sitio en todo Chile. Esto significó la sustracción de la justicia y el traspaso a jurisdicción militar de tiempo de guerra el conocimiento y decisión de las causas por infracción a las normas del Estado de Sitio.
Bajo esta excusa el gobierno de Pinochet se dedicó a hacer detenciones. Se calcula en más de 250.000 detenciones las realizadas los primeros días del golpe.
Ejecuciones sin previo aviso, desapariciones y muertos en falsos enfrentamientos, se volvieron prácticas habituales. La delación entre vecinos, colegas y otros fomentada por la Junta Militar, también llegó a constituir parte de la sociedad chilena en los inicios de la dictadura.
A comienzos de la dictadura, se disolvió el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional, los partidos de izquierda fueron considerados ilegales y disueltos. Otros partidos fueron considerados en receso, mientras que los Registros Electorales se incineraron y se cesaron las funciones de Alcaldes y Regidores.
El número oficial de víctimas de la dictadura militar chilena (1973-1990), bajo el comando de Augusto Pinochet, se estima en 40.280 personas, entre asesinados, desaparecidos y torturados. El dato consta en el nuevo informe oficial en 2011 de la Comisión Asesora para la Calificación de Presos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura
Entre 1990 y 1991, la Comisión de Verdad y Reconciliación -más conocida como Comisión Rettig- reunió miles de testimonios y documentos sobre los muertos y desaparecidos. Su trabajo fue completado entre 2003 y 2004 por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura -más conocida como Comisión Valech-, que conoció los relatos de las víctimas y los métodos que utilizaron los militares y agentes de la dictadura.
La Comisión Rettig estimó en 2.279 el número de muertos o desaparecidos, pero un tercer grupo de trabajo, la Comisión de Reparación y Justicia, añadió una nueva lista de 899 crímenes, que elevó la cifra final de víctimas a 3.197.
A su vez, en el informe elaborado por las Fuerzas Armadas, entregado a una Mesa de Diálogo cívico-militar que se reunió entre 1999 y 2001, figuraron 200 nombres de detenidos desaparecidos. Todos ellos fueron lanzados al Pacífico, a los ríos y los lagos de Chile o sepultados en lugares ignorados, sobre un total de 1.198 hombres y mujeres, publicaba laverdad.es.
Las principales cifras de estos informes arrojan que un 46 % aproximado de las víctimas asesinadas no tenía afiliación política y la mayoría de los ejecutados militantes, eran integrantes del Partido Socialista, del Movimiento de Izquierda y del Partido Comunista. Los sindicatos también sufrieron parecida suerte. Estos fueron unos de los principales blancos de la oleada inicial.
Por su parte, al menos 150 religiosos fueron obligados a salir del país en los primeros compases de la dictadura. Las iglesias unidas formaron grupos pro- defensa de los Derechos Humanos (Comité Pro-Paz) y su actuación en ocasiones llegó a enfurecer al propio gobierno.
Al final en 1975 está organización comandada por el Cardenal Silva es cerrada adoptando como motivo principal que es una organización por la cual los marxistas – leninistas crean problemas que perturban la tranquilidad nacional. En sus años de vida esta organización denuncio más de 6900 casos de persecución política además se asesoraron más de 6900 casos de exoneraciones.
Las persecuciones de religiosos se sucedieron y hubo muertes y torturas de sacerdotes laicos así como incendios de capillas. En 1974 los sacerdotes españoles Antonio Llido y Gerardo Poblete murieron a consecuencia de las torturas. El comité Pro-Paz del Cardenal Silva fue sustituido por la Vicaría de la Solidaridad creada por la Archidiócesis. Su labor de asesoramiento y de denuncias condujo a la persecución de los que trabajaban en ella.
Ante esto hubo grandes ejecuciones y secuestros masivos en el mundo del campesinado y comunitario. La persecución de dirigentes rurales iba paralela al desmantelamiento de la reforma agraria, traspasando tierras de campesinos y comunidades a intereses empresariales. Se estima en más de 120 las personas de origen Mapuche que fueron ejecutadas o desaparecidas.
Los Principales órganos de “inteligencia” que actuaron en esta política del terror eran: El Servicio de Inteligencia Militar. (S.I.M.), Servicio de Inteligencia Naval. (S.I.N.), El Servicio de Inteligencia de Carabineros. (S.I.CAR.), El servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. (S.I.F.A.), La dirección Nacional de Inteligencia. (DI.NA.), El Comando Conjunto, La Central Nacional de Informaciones. (C.N.I.), La Dirección de Comunicaciones de Carabineros. (DI.COM.CAR), Comando de Vengadores de Mártires. (CO.VE.MA.). Varios de agentes de inteligencia post dictadura formaron empresas de seguridad, como Osepar, que colaboraron con empresas forestales chilenas, tema que fue atendido por un Grupo de Trabajo de la ONU sobre Mercenarios y Guardias Privados y que presentó su Informe de Mision a Chile, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Marzo de 2008.
Golpe de estado y el saqueo de un País
No es posible desprender el golpe de estado con los principales grupos económicos beneficiados de la dictadura militar, como tampoco la fortuna del dictador. Según el autor del Libro “Pinochet, el gran comisionista”, la riqueza del Dictador superó los 29 millones de dólares, pero hay voces que dicen que esta suma es muchísimo mayor: departamentos en Valparaíso, Reñaca, Iquique, Santiago, propiedades en el Molocoton, Parcelas en Quintero, autos, entre otros.
725 era el número de compañías en manos del Estado al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La mayor parte fue a parar a manos de grupos económicos altamente concentrados que la mayoría surgieron y se consolidaron en los primeros años de la dictadura y al menos se perdieron 2.500 millones de dólares, en cifras de la época, solamente en la transferencia a manos privadas de las 30 empresas más grandes. Estos montos, de acuerdo al porcentaje del PIB, corresponderían hoy a unos 6.000 millones de dólares, según señalaba un informe de diputados que fueron opositores a la dictadura y que recabaron información.
Varias de estas empresas recayeron en amistades cercanas e incluso parientes, como el yerno del dictador, con la empresa Soquimich que significó 261,9 millones de dólares menos que su valor real. Corfo, además, dejó de percibir 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa. La generadora de electricidad Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, otra generadora del mismo rubro, Chilgener (hoy Gener) de 171,1 millones de dólares, la distribuidora Chilectra de 96,4 millones de dólares y el Banco de Chile de 66,9 millones de dólares, dicta el informe parlamentario. Asimismo, se enajenaron 15.000 propiedades inmuebles de bienes nacionales, de los cuales 11.000 fueron a parar directamente a manos de privados. “Estamos hablando de cerca de ocho millones de hectáreas que estaban en manos del Estado, cerca de 20% se mantuvo en poder de campesinos, pero el resto fue transferido a otros privados”, explicaba el diputado Carlos Montes sobre este informe.
Por otra parte, más de 600 empresas privadas fueron cerradas durante la dictadura militar tendiente a privilegiar el monopolio sobre ciertas actividades a favor de grupos aliados o también llamados co gobernantes. Cierre de medios de comunicación, empresas de servicio, energía, entre otras. Finalmente, la imposición del modelo neoliberal impuso marcadamente una pirámide, la que post dictadura fue administrada por los gobiernos de la concertación y que arrojó, por ejemplo, que grupos o personas como “Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Piñera, gane lo mismo que un millón de chilenos” con fortunas acumuladas de manera absolutamente inmoral, en gran parte a costa de la depredación de industrias extractivas, energéticas o la banca.
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