La reunión entre representantes de comunidades y organizaciones sociales se realizó este viernes 4 de septiembre con Antonio Segovia encargado de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) e Ian Badiola, Jefe de Gabinete del Fiscal Nacional, Sabas Chauan.
Por parte de las organizaciones se hicieron presentes: Alfredo Seguel, del área comunicaciones de la Red por la defensa de los Territorios (Araucanía); Ricardo Lüer, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la Frontera en Temuco; Lucio Cuenca, coordinador del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA); Patricio Melillanca, del Grupo de trabajo Mapuche por Derechos Colectivos; Daniela Millaleo, profesora y cantautora Mapuche; Francisco Arellano, Jefe Gabinete del Diputado Gabriel Boric (fuera del País); ; y Constanza San Juan, vocera Asamblea por el agua Guasco Alto.
Los antecedentes que se ingresaron, con más de 300 páginas, versan sobre testimonios de ex guardias vinculados a empresas de vigilancia en predios forestales; confesiones de obreros pagados para cometer atentados e incriminar a dirigentes Mapuche; peritajes inconclusos y causas judiciales abandonadas relacionados a atentados forestales y grupos mercenarios; ex agentes del servicio de inteligencia de la dictadura militar como prestadores de servicios de vigilancia a empresas; testimonios públicos de parlamentarios; investigaciones periodísticas y opiniones jurídicas, entre otros documentos.
Además se entregó a la Fiscalía datos de la relación entre incendios de plantaciones forestales con plagas en los monocultivos; montajes informativos, siendo varios los antecedentes que desprenden tesis relacionadas a la existencia de grupos mercenarios con la intención de criminalizar causas del Pueblo Mapuche, intensificar acciones represivas a comunidades, cobros de seguros y colusiones de sectores empresariales, políticos y operadores de justicia en la Región de la Araucanía.
Para las organizaciones denunciantes, es inconcebible que con más de 15 años de antecedentes en su mayoría de carácter policial, el Ministerio Público jamás haya establecido líneas de investigación para determinar actos y responsabilidades relacionados a los intereses de empresas forestales, particularmente de las compañías forestal Mininco y Arauco, en cambio los fiscales hayan preferido tendenciosamente, con sesgo y racismo, levantar una abierta persecución a causas del Pueblo Mapuche, más aún, cuando en varios de estos hechos, se aplicó la Ley interior de Seguridad del Estado y la Ley anti terrorista.
En la ocasión también se hizo referencia a los vínculos de operadores de la justicia con intereses de sectores políticos, empresas forestales y del latifundio colonial, haciendo referencia al ex Fiscal regional en la Araucanía, Francisco Ljubetic y también en particular, al ex persecutor Luis Chamorro, ex Fiscal quien por años llevó acciones de criminalización contra numerosos comuneros Mapuche. Chamorro renunció a su cargo en mayo del año 2014, aduciendo razones de salud para desvincularse, y hoy, está prestando servicios en calidad de lobista para la empresa forestal Arauco, del grupo Angelini.
Las organizaciones anunciaron que continuarán exigiendo ante diversas instancias el conocimiento de la verdad sobre diversos hechos que han quedado en la impunidad y que tienen directa relación con intereses forestales y del latifundio colonial. Por su parte, la Fiscalía Nacional hizo ingreso formal y oficial de los antecedentes y señaló que serán evaluados para la determinación de su factibilidad en el marco de una nueva línea de investigación que se levanta.
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