Un informe de la sección local de Amnistía Internacional menciona 183 conflictos que mantienen comunidades indígenas en el país por distintas violaciones a sus territorios. La organización abrió una página web como herramienta para dar visibilidad a los reclamos.
Carlos Rodríguez / Página/12
Un informe elaborado por Amnistía Internacional Argentina da cuenta de la existencia de 183 conflictos indígenas en el territorio nacional en los que se han registrado situaciones “de violencia y exclusión” de las que son víctimas los habitantes de diferentes comunidades. Con el propósito de darles visibilidad a esos conflictos y de colaborar en la búsqueda de soluciones por parte de las autoridades nacionales y provinciales, el organismo internacional abrió una página web denominada www.territorioindigena.com.ar, presentada como “una herramienta de consulta abierta con actualización periódica” que está a disposición de todas las comunidades que lo requieran. Dentro del universo de situaciones, se resaltaron seis de los casos para poner en evidencia “la significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación”.
Se trata de hechos tan diversos como el asesinato impune de un miembro de una de esas comunidades, de empresas petroleras que vulneran derechos, de un sitio sagrado usurpado por empresarios, de obras de infraestructura que inundan territorios indígenas, de una mujer mapuche llevada a juicio sin respetar su derecho de defensa y que podría recibir una condena a prisión, y de la larga lucha de la comunidad qom de La Primavera, conflicto que ha trascendido las fronteras porque el reclamo llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El mapeo realizado por Amnistía denuncia la presencia de 183 conflictos en la Argentina, en los cuales las comunidades indígenas vienen exigiendo desde hace años “el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”.
Amnistía Internacional aclara que el relevamiento “no pretende ser concluyente, sino que es el comienzo de un documento que pretende ir construyéndose y actualizándose sistemáticamente, con los aportes de organizaciones referentes en el trabajo con pueblos originarios, abogados, académicos, y referentes indígenas”.
Amnistía destacó que “mientras la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusión y pobreza”.
“El Estado reconoce en la actualidad la existencia de al menos 955 mil personas pertenecientes a más de treinta pueblos originarios” y a la vez “admite que se trata de un ‘subregistro’ y que son muchos más. Aún así, un discurso recurrente se refiere a los pueblos originarios como un hecho del pasado y no como una cultura que está viva y presente en la actualidad”, explicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en referencia a la distancia que existe entre los derechos reconocidos en las leyes y su aplicación frente a hechos concretos.
El mapeo fue realizado con el aporte y colaboración de las organizaciones AADI, Andhes, Defensoría del Pueblo de la Nación, Endepa, Gajat y Serpaj. Todos los casos relevados han sido difundidos por las propias comunidades y organizaciones que acompañan.
Uno de los casos es el de la comunidad indígena Potae Napocna Navogoh, conocida como “La Primavera”, que vive en la zona de Laguna Blanca, en la provincia de Formosa desde antes de la colonización. Es uno de los más paradigmáticos y “da cuenta de la situación de violencia, discriminación y exclusión de los pueblos originarios en Argentina”. La comunidad sigue reclamando por la devolución y titulación de su territorio, lo que ha dado lugar a “numerosos hechos de violencia y represión”, mientras que su líder, Félix Díaz, enfrenta “procesos penales utilizados como estrategia para silenciar su voz y la defensa de su pueblo”.
El conflicto tuvo su origen en 1985, cuando no se entregaron correctamente las tierras cedidas originalmente por decreto de 1940. En 2010 “el gobierno, de manera inconsulta, avanzó con la construcción de una universidad nacional en territorio ancestral” y ello derivó en una serie de acciones de la comunidad para hacer valer sus derechos, sin haber podido avanzar para lograrlos. El hecho de mayor gravedad ocurrió el 23 de noviembre de 2010, cuando la policía provincial disolvió con violencia una medida de protesta, lo que derivó en las muertes de un habitante de la comunidad y un policía.
Los otros casos son los siguientes:
– La comunidad quilmes lucha por recuperar su territorio en los Valles Calchaquíes, en la provincia de Tucumán, donde también se produjeron hechos de violencia ejecutados por los usurpadores.
– En la localidad tucumana de Chuschagasta, el 12 de octubre de 2009 fue asesinado el cacique Javier Chocobar, en el marco del intento del terrateniente Darío Amín por apropiarse de una cantera de piedra de la comunidad de Los Chuschagasta. Del crimen participaron dos ex agentes de policía. En el hecho fueron heridos otros tres integrantes de la misma comunidad. A pesar de las pruebas, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Tucumán dejó en libertad a los acusados. El caso fue elevado a juicio oral en agosto de 2011, pero todavía no se ha realizado.
– La comunidad pilagá El Descanso, integrada por 130 personas, vive en la zona del Bañado la Estrella, en la provincia de Formosa, de donde obtienen parte de sus alimentos. A pesar de contar con título de propiedad comunitario, en 1997 el gobierno provincial ingresó a sus parcelas y comenzó a cavar profundos canales para derivar aguas del bañado. A pesar de la contundencia de los informes a favor de la comunidad, incluyendo el realizado por Amnistía, los pilagá siguen sin poder hacer valer sus derechos.
– En 2011, YPF-Repsol anunció el descubrimiento de la formación petrolera Vaca Muerta y su interés de explotarla. A partir de entonces, la comunidad Campo Maripe comenzó a padecer un proceso de hostigamiento en sus tierras. La comunidad y la Confederación Mapuche exigen que se implemente el derecho a consulta. Sin respuestas, y ante la aceleración de la explotación, el conflicto ha recrudecido desde 2014.
– El 28 de diciembre de 2012, mientras tenía lugar un entierro mapuche la Justicia libró una orden de desalojo contra la comunidad Winkul Newen del pueblo mapuche, ubicada en el Paraje Portezuelo Chico, provincia de Neuquén. El juicio comenzará el 26 de octubre y puede ser la primera condena por un conflicto territorial mapuche.
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