El ex dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt ha sido condenado a 80 años de prisión por el genocidio perpetrado contra los maya ixil. La sentencia apunta directamente a las Fuerzas Armadas y salpica al actual presidente, Otto Pérez Molina, negacionista del genocidio y ex militar acusado de participar en estos hechos en los años del gobierno de facto de Ríos Montt.
Por Equipo Otramérica/Varias fuentes
La situación de Guatemala es paradójica. Mientras el actual Gobierno del ex militar Otto Pérez Molina regresa a las prácticas de militarización de territorios indígenas [con la declaración de estado de sitio], la presidente del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, confirmó anoche la sentencia de 80 años de prisión para el que fuera dictador del país [1982-1983] por genocidio [30 años] de los ixiles [1,771 asesinadoe a manos del Ejército] y otros delitos de lesa humanidad [30 años].
Según la justicia, "Ríos Montt tuvo conocimiento" de las matanzas perpetradas por las Fuerzas Armadas bajo su mando, y que "no lo detuvo a pensar de tener el poder para evitarlo". Así, por fin, el dictador y ex militar es considerado "responsable" del genocidio perpetrado en contra de los indígenas ixiles "en calidad de autor". Hay que recordar que durante su gobierno fue asesinado el 5,5 % de los ixiles.
La sentencia supone, además, que Ríos Montt abandone la "detención domiciliar" y anoche fue trasladado a un cuartel militar que funciona como prisión preventiva para ciudadanos cuya integridad podría estar en peligro en una prisión regular.
El histórico fallo salpica de forma directa a las Fuerzas Armadas de Guatemala, que "utilizaron el hambre como arma militar" para destruir a los ixiles, los cuales fueron declarados "enemigos internos del Estado", y que todas las acciones represivas contra los indígenas tenían como objetivo su "aniquilación". Durante los 36 años de guerra contra-insurgente en Guatemala, y especialmente entre los años 1978 y 1983, cerca del 98% de las 7.000 personas que fueron asesinadas en esta región pertenecía al pueblo ixil. El Ejército arrasó su territorio: al menos el 70% de sus comunidades fueron destruidas. La mayoría de la población huyo a las montañas, muchos murieron de hambre, frío y de distintas enfermedades.
Según las investigaciones de la Iglesia Católica guatemalteca (Nunca Más) y de la ONU (Memoria del Silencio), el Estado fue responsable del 93% de las atrocidades y de 626 masacres. Hasta 1996, unas 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. De ellas, el 83% pertenecía a pueblos indígenas. El 12% de la población fue desplazado.
El tribunal, sin embargo, absolvió al general retirado José Rodríguez Sánchez, ex jefe de Inteligencia Milita, y ordenó a la Fiscalía investigar a las demás personas que pudieron haber participado en los hechos juzgados. La defensa anunció que va a apelar la sentencia, que se espera que llegue hasta la máxima instancia, la Corte de Constitucionalidad.
El presidente de Guatemala, el general Otto Pérez Molina, cambió el tono de sus declaraciones. Hace dos años, en campaña electoral, en una entrevista a este medio que alguien le demostrara que hubo genocidio. Este mes negó que hubiera genocidio y aseveró que el juicio amenazaba la paz. Poco antes de conocer esta sentencia el tono del que fuera conocido como 'Capitán Tito' ya era otro: "Nosotros somos respetuosos. Vamos a respetar lo que digan los tribunales" cual fuera que sea su sentencia. Otto Pérez Molina es el mismo que en junio de 2012 cerró los Archivos de la Paz, una oficina encargada de recuperar, custodiar y analizar los documentos oficiales, incluidos los del Ejército, relacionados con la violación de derechos humanos durante el conflicto. El actual presidente ha sido acusado por las organizaciones de Derechos Humanos de ser uno de los oficiales al mando de las brutales masacres en el departamento del Quiché en los años 1982 y 1983, en plena guerra del estado contra la guerrilla y durante el gobierno de facto de Ríos Montt.
Esta es la primera vez en la historia de Guatemala que un ex jefe de Estado es procesado por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra interna.
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