Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, determinará si Chile ha violado la Convención Americana al aplicar la ley antiterrorista y hacer uso de testigos sin rostro en tres casos en que se condenó a representantes de dicho pueblo. De ser condenado, lo dispuesto en el fallo del tribunal es de cumplimiento obligatorio para el estado.
Por Erika Lincango
Fuente: [url=http://observatorio.cl/node/9184observatorio.cl
Este 29 y 30 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará en San José, Costa Rica, para decidir sobre varios casos presentados por personas y familias Mapuche que, en años recientes, han sufrido encarcelamientos y la aplicación de la denominada “ley anti-terrorista” en Chile. El 12 de agosto del año 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una demanda contra el estado de Chile en respuesta a las violaciones de los derechos indígenas en Chile. El despliegue de la represión estatal, la violencia y el encarcelamiento en contra de líderes Mapuches ha marcado las luchas Mapuches por derechos ancestrales a la tierra, una acción represiva que ha producido graves daños humanos y sociales con traumáticos efectos sobre familias, comunidades, ancianos, adultos, jóvenes y niños Mapuches.
Varios miembros de familias y comunidades Mapuche se hallan involucrados en esta demanda, todos los cuales provienen de diferentes Lof (unidades territoriales y comunitarias Mapuche) del sur de Chile. Entre los demandantes, se encuentran los siguientes líderes: el recientemente fallecido Pascual Pichun, del Lof Antonio Ñirripil, Temulemu; Segundo Aniceto Norin, del Lof Lorenzo Norin en Didaico; Jaime Marileo y Juan Patricio Marileo, del Lof Jose Guiñón; José Huenchunao, del Lof José María Calbún; Juan Millacheo, del Lof Newen Mapu; y Victor Ancalaf, del Lof Choin Lafquenche. Patricia Troncoso Robles, activista pro-Mapuche, también es parte de este grupo de demandantes.
El caso de Victor Ancalaf es presentado por The Center for Justice and International Law (CEJIL), organización no gubernamental que promueve los derechos humanos en el continente y con sede en Washington, D.C. Las demandas de Pascual Pichun, Juan Millacheo, Jose Huenchunao, y Jaime y Juan Patricio Marileo son representadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), organización internacional de derechos humanos con sede en París, Francia. Por último, los casos de Patricia Troncoso Robles y Segundo Aniceto Norin son representados por la abogada chilena Ylenia Hartog.
Los representantes legales arriba mencionados presentarán estos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos basados en informes preparados por expertos y expertas forenses y, asimismo, en testimonios orales y escritos de los demandantes. Los profesionales forenses han documentado las consecuencias traumáticas de largo plazo que ha tenido la represión policial y el impacto profundamente negativo de la aplicación de la denominada “ley anti-terrorista” por parte del Estado chileno en años recientes.
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