En la cárcel de Llancahue, en Valdivia, se encuentra desde el pasado 31 de enero la Machi Millaray Huichalaf Pradines. Fue detenida en su domicilio del sector rural El Roble-Carimallín, en la comuna de Río Bueno, Región de los Ríos junto a otros cinco mapuche que pernoctaban en el lugar, entre ellos el Machi Tito Cañulef. Todos ellos fueron formalizados en la causa abierta por un incendio que el 9 de ese mes afectó a una vivienda del fundo Pisu Pisué, en el sector de Mantilhue.
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Los operativos policiales en este caso fueron realizados por equipos de la PDI que, según la Fiscalía, en los allanamientos a varias viviendas encontraron un arma hechiza, cartuchos de escopeta y otros materiales. Con estas débiles pruebas el Tribunal de Garantía de Río Bueno concedió al fiscal Sergio Fuentes un plazo de seis meses para que realice su investigación.
La Defensoría Penal Pública de Valdivia logró en abril pasado que se modificara la medida cautelar que pesaba sobre el Machi Cañulef, quedando con arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercarse a las víctimas y al sitio del suceso y arraigo regional. Pero la situación de la Machi Millaray permanece sin cambios tras fracasar los intentos realizados por los defensores públicos para que se revoque la grave medida dictada en su contra.
La situación ha sido objetada por organizaciones mapuche que han realizado manifestaciones en diversas ciudades de las regiones de la Araucanía, De los Río y De los Lagos para manifestar su solidaridad hacia quien consideran una legítima autoridad ancestral y religiosa que está siendo perseguida por asumir la defensa y recuperación de territorios que para las comunidades mapuche de la zona encarnan un profundo significado espiritual. En particularmente destacan su liderazgo en las acciones de rechazo al proyecto para explotar el cauce del río Pilmaiquén para la generación de electricidad.
Las comunidades reclaman que por lo menos se aplique en este caso el artículo 10 del Convenio 169 de la OIT que dispone que cuando se impongan sanciones penales a ciudadanos indígenas se deberán tener “en cuenta sus características económicas, sociales y culturales” y deberá preferirse “tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
La pesada mano del sistema de justicia incluso le impidió asistir al V Congreso Internacional de Estudiantes de Postgrado organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, en cuyo programa figuraba como expositora. Había sido invitada para hablar desde su perspectiva y cosmovisión acerca de las problemáticas socio-ambientales y culturales que afectan a las comunidades mapuche-huilliche del río Pilmaiquén debido a los proyectos hidroeléctricos que se llevan a cabo en ese territorio. Días antes del encuentro académico, el juez Daniel Chaucón notificó a los organizadores que “la salida de la imputada, doña Millaray Huichalaf, no obedece a situaciones tales como: fallecimiento, enfermedad grave, nacimiento, consulta médica; (por ello) este tribunal no autoriza la salida de la referida para asistir al V Congreso de Estudiantes de Postgrado a realizarse en dependencias de la Universidad Austral de Chile”.
Lo ocurrido en este caso pone de manifiesto la distancia de un sistema de dominación, encarnado en el Estado y sus mecanismos judiciales, respecto de la realidad de una cultura viva como es la mapuche, donde el o la Machi constituye un personaje central, una autoridad política y espiritual en quien recae la responsabilidad de ser puente entre la tierra y sus hijos, de velar por la armonía y el equilibrio entre la naturaleza y los seres humanos.
Una realidad semejante enfrenta también el Machi Celestino Córdova, en prisión en la cárcel de Temuco como único imputado en el proceso por el incendio y muerte del matrimonio Luchsinger-MacKay, ocurrido en la zona de Yeupeko a comienzos de enero pasado.
Millaray Huichalaf tiene 23 años de edad, es Machi de la comunidad Maihue-Carimallín y ha dedicado sus mayores esfuerzos a la defensa y recuperación de los territorios ancestrales mapuche, particularmente del espacio vital donde reside el espíritu tutelar, el Ngen Mapu Kintuante, en la ribera del río Pilmaiquén. Es allí precisamente donde la empresa Pilmaiquén S.A pretende construir un complejo de generación hidroeléctrica que significa desconocer y exterminar de manera absoluta las prácticas sobre la tierra y las aguas y los derechos sociales y culturales que por siglos han desarrollado allí las comunidades originarias de la zona.
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