En Asamblea realizada en Iquique, los días 27 y 28 de Mayo, representantes de los pueblos Aymara, Lickanantai y Quechua resolvieron retirarse y denunciar la "mesa de consenso" que dirige el Gobierno chileno para imponer un "reglamento de consulta". En Declaración Pública enviada a las autoridades chilenas, al Instituto de Derechos Humanos y Naciones Unidas se enumeran las irregularidades de la "mesa de consenso".
"Los funcionarios de gobierno han rehusado, de manera reiterada, incluir los instrumentos y estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como fuente normativa del Reglamento"
Reproducimos la importante Declaración Aymara, Lickanantai y Quechua, que se suma a la Declaración del Pueblo Rapa Nui. Los pueblos se retiran de la fraudulenta "mesa de consenso".
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DECLARACION de los pueblos indígenas AYMARA de Arica-Parinacota y Tarapacá, QUECHUA de Tarapacá y LICKANANTAI de Antofagasta sobre su Derecho a ser Consultados conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Reunidos en asamblea auto-convocada en la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá, Chile los días 27 y 28 de Mayo de 2013.
Los representantes de los pueblos referidos y abajo firmantes, declaramos lo siguiente:
El proceso de consulta convocado por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a través del Ministro de Desarrollo Social, Don Joaquín Lavín Infante, y coordinado por el Asesor Especial de Asuntos Indígenas, Don Matías Abogabir, no ha sido desarrollado en conformidad a lo que exigen los tratados y estándares internacionales. Pasamos a detallar los elementos que hemos identificado y analizado como atentatorios a la buena fe que requiere dicho proceso:
- La medida a ser consultada conforme a los Artículos 6 y 7 de la OIT, esto es, el Reglamento de Consulta actualmente en proceso de elaboración en la mesa de gobierno, no ha sido efectuado con la debida participación de los pueblos indígenas interesados.
- Los Consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI no son representativos de nuestros pueblos indígenas.
- El apuro del gobierno por elaborar un Reglamento de Consulta en un plazo relativamente corto, no ha respetado los tiempos de nuestros pueblos y organizaciones, que requieren informar, socializar y consensuar las propuestas y contrapropuestas de manera seria y constructiva. Requerimos de tiempo y recursos suficientes, los que el gobierno no ha estado dispuesto a otorgarnos.
- La participación de los pueblos Aymara y Quechua en la mesa, fue coartada por la autodenominada Coordinadora Nacional Indígena dirigida por Don Marcial Colín L, que ha demostrado una actitud abusiva y autoritaria en forma constante, limitando la participación de otras organizaciones, representantes y pueblos indígenas.
- No participan todos los que debieran participar en una mesa como la que ha organizado el gobierno. Ni las comunidades indígenas del pueblo Lickanantai organizadas en el Consejo de Pueblos Atacameños ni las comunidades del Alto Loa (Región de Antofagasta) participaron de modo alguno en el proceso en cuestión, ni fueron invitadas a hacerlo.
Rubén Reyes y Cecilia Mendoza no son ni han sido representantes electos por nuestros pueblos para este fin.
- Cecilia Flores, la participante Aymara de la Coordinadora Nacional Indígena se autonombró y se impuso sin ser elegida por los aymara de Tarapacá para este fin.
- No corresponde que la mesa del gobierno ni la autodenominada Coordinadora Nacional Indígena liderada por Marcial Colín, designen personas que no tienen legitimidad por no haber sido elegidas por nuestros pueblos para este fin.
- La vigencia del D.S. 124 y el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA actualmente en trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República, han atentado permanentemente contra la posibilidad de trabajar con la transparencia que requieren los consensos y acuerdos duraderos, por lo que desde el primer momento exigimos la derogación de dicho decreto y el retiro del reglamento como una muestra de buena fe de parte del gobierno, sin resultados.
- El Sr. Matías Abogabir, Asesor Especial de Asuntos Indígenas del gobierno, no ha tenido un comportamiento que garantice neutralidad y transparencia. Tenemos información fidedigna que demuestra que él ha sostenido diversas reuniones con gremios industriales y financieros, y en particular, con el Consejo Minero y la SONAMI (organismos que reúnen a las empresas del rubro que operan en Chile). Les ha entregado a dichos organismos privados información sobre el proceso de consulta en desmedro de los pueblos indígenas afectados.
- Asimismo, el Sr. Abogabir, en diversos proyectos de ley que afectan nuestros derechos humanos y que debieron ser consultados con los pueblos indígenas, ha informado en calidad de Asesor Especiai de gobierno, que dichos proyectos NO deben ser consultados con los pueblos indígenas, lo que ocurrió con la Ley de Pesca, la Ley de Televisión Digital y la ley de Carretera Eléctrica.
- Los funcionarios de gobierno en la mesa han puesto una serie de obstáculos al desarrollo de un trabajo consensuado, en la medida en que han rehusado, de manera reiterada, incluir los instrumentos y estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como fuente normativa del Reglamento. Tampoco han aceptado hasta el momento incorporar la necesidad de realizar una consulta de los proyectos de inversión, en cualquiera de sus fases, incluyendo la exploración y prospección, lo que tiene especial relevancia para nosotros, los pueblos del Norte, relacionados más directamente con las actividades extractivas. Es así como tampoco se le ha dado importancia al Articulo 15 deI citado convenio.
- Asimismo, el gobierno ha rehusado darle el nivel que corresponde al Convenio 169, rebajando su valor normativo a un rango meramente legal, desconociendo su condición de tratado de derechos humanos. Esto ha significado, entre otros, que el gobierno no ha querido incluir otros artículos del Convenio 169 sobre los cuales recae la consulta, ni mencionar a instrumentos y estándares internacionales reconocidos por el Estado de Chile, tal como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Art. 35). Tampoco ha querido aceptar que la consulta se deba aplicar a los actos administrativos emanados de las municipalidades. Del mismo modo, el gobierno ha querido restringir la participación indígena a las medidas administrativas de carácter general, excluyendo las medidas especiales que también pudiesen afectar directamente nuestros derechos. Esto es particularmente preocupante tratándose de tierras indígenas, puesto que el gobierno ha tratado de convencer a los participantes de la mesa, sobre la conveniencia que las compras y divisiones de tierras no sean consultadas.
- Se ha mantenido casi absoluto silencio sobre los derechos de nuestros pueblos a las tierras, territorios y recursos naturales que ocupamos o hemos ocupado tradicional y ancestralmente, amenazando así nuestras posibilidades de supervivencia en la totalidad del hábitat de las regiones en que vivimos.
- A lo largo de todo el proceso, no tuvimos acceso equitativo a los medios de comunicación, tanto internos corno externos, lo que limitó seriamente nuestro derecho a la información y a difundir los acuerdos alcanzados entre los pueblos, y especialmente, de informar a nuestras bases.
- Finalmente, la constitución de una "comisión facilitadora de redacción" durante la última sesión de la mesa de consenso del gobierno, a petición de la autodenominada Coordinadora Nacional Indígena, se redujo en forma arbitraria la participación de los pueblos indígenas a un mínimo inaceptable. Dicha comisión no es ni representativa ni participativa, porque solo la constituyen tres miembros de dicha Coordinadora, más siete abogados (2 asesores de pueblos indígenas y 5 abogados de gobierno). Esta comisión se ha impuesto la tarea de consensuar todos los artículos pendientes, en contra de la voluntad manifestada expresamente en dicha ocasión por nosotros los pueblos indígenas del Norte.
En vista y considerando los hechos antes expuestos, manifestarnos lo siguiente:
1. Los representantes de los pueblos indígenas del Norte que hasta ahora hemos participado en la mesa de consenso convocada por el gobierno, nos retiramos de la misma porque no nos sentimos representados en ella. El gobierno no cumplió con el protocolo de buenas intenciones suscrito por Matías Abogabir con fecha 12 de marzo 2013.
2. Los que no hemos participado en dicha mesa y somos parte de esta asamblea auto-convocada, apoyamos la decisión del punto anterior y respaldamos las gestiones que se realicen en adelante con el fin de garantizar la adecuada implementación del Convenio 169 y el cumplimiento del punto tres (3).
3. En pleno ejercicio de nuestra autonomía como pueblos, hemos decidido retornar y continuar el proceso de consulta en el Norte, para el Norte y desde el Norte, informando y capacitando a nuestras bases, para poder así determinar libre y soberanamente los mecanismos apropiados de consulta que se ajusten más a nuestros tiempos, culturas, costumbres y derechos, e intereses corno pueblos indígenas reconocidos internacionalmente.
4. La representación Aymara de la Región Metropolitana se suma y se hace parte de esta declaración y junto a los pueblos del Norte invitan a los demás pueblos indígenas en Chile a adherirse a nuestro movimiento de modo de garantizar el derecho a la consulta establecido en el Convenio 169.
Suscrito en la ciudad Iquique. el día 27 de Mayo del 2013
Firman representantes de pueblo Aymara, pueblo Lickanantay y pueblo Quechua
Al Sr. Presidente de la República Don Sebastián Piñera Echeñique
C.C.
- Sr. James Anaya, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
- Sr. Joaquín Lavín, Ministro de Desarrollo Social
- Sres. Miembros de la Mesa de Consenso convocada por el gobierno
- Sres. Instituto Nacional de Derechos Humanos
- Sres. Observadores del Sistema de Naciones Unidas en Chile
Ver documento original con firmas y timbre de recepción.
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