Diversas medidas en materia medioambiental el gobierno ha implementado en las últimas semanas a espalda de la ciudadanía y que, producto de la efervescencia que ha generado la elección presidencial, han pasado inadvertidas.
Otra preocupación es la iniciativa legal presentada por el ministro de Energía, Marcelo Tokman, que permite otorgar un pago a los municipios por la construcción de proyectos para generación eléctrica, facilitando las obras / Chile sigue propiciando centrales a carbón que son dañinas para el Medio Ambiente.
Fuente: Radio Universidad de Chile
http://www.radio.uchile.cl/notas2.asp?idNota=58863
Las organizaciones ecologistas están preocupadas por las medidas en materia medioambiental que ha implementado el gobierno en las últimas semanas y que, producto de la efervescencia que ha generado la elección presidencial, han pasado inadvertidas.
Otra preocupación es la iniciativa legal presentada por el ministro de Energía, Marcelo Tokman, que permite otorgar un pago a los municipios por la construcción de proyectos para generación eléctrica, facilitando las obras, sobre todo en zonas pobres que necesitan recursos.
Frente a esto el diputado del PPD, Enrique Accorsi, advirtió que uno de los principales acuerdos en Copenhague fue considerar al carbón como uno de los contaminantes más nocivos y, pese a ello, Chile se ha convertido en uno de los precursores de centrales a carbón.
“Estamos viendo que el gobierno le está allanando el camino a todos estos proyectos ambientales que de manera poco clara salen con sus iniciativas pese a las restricciones que hay y a las protestas ciudadanas. La opinión de los ciudadanos se ha pasado a llevar y eso es una preocupación muy grande”, afirmó el parlamentario.
Otro aspecto que produce inquietud es que se concrete Hidroaysén, proyecto que consta con una inversión de tres mil 200 millones de dólares y en el que han existido una serie de irregularidades en los informes de calificación ambiental.
A esto se suma la modificación a la ordenanza de urbanismo que permitiría retomar la termoeléctrica Campiche, la suspensión de la urgencia al proyecto que consagra las aguas como bien nacional de uso público y la urgencia a la modificación de la ley de pesca y acuicultura, que consagraría la privatización del mar.
En este sentido, Juan Pablo Orrego de Ecosistemas, indicó que “es curioso cómo está cerrando el gobierno de Michelle Bachelet el tema ambiental. Nos tiene bastante alarmados y pareciera que hay compromisos muy serios entre las autoridades y los empresarios. La orientación que tiene todo esto es extremadamente negativa”
Por su parte, Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, señaló que esta es la tónica de los últimos mandatos y que esta situación se vivió con Ricardo Lagos y Eduardo Frei.
En cuanto al futuro gobierno, Flavia aseguró que aún no se han relacionado con la coalición entrante, pero agregó que los pronósticos no son muy favorables.
“No tenemos experiencia con la Alianza. Uno puede leer lo que hay en el programa de gobierno de Piñera y hay algunas cosas que nos parecen interesantes y otras con las que estamos en profundo desacuerdo. También hemos visto cómo actúan sus parlamentarios que son bastante reaccionarios a los temas ambientales, con una mirada bastante neoliberal y economicista.
No entienden el vínculo entre los temas sociales y ambientales y priorizan el desarrollo económico por sobre todas las cosas”, sentenció Liberona
En tanto, el gobierno justificó los diversos proyectos que se evalúan para generar electricidad argumentando que son necesarios para consolidar el crecimiento.
“El gobierno tiene que hacer uso, a través de la legislación, de la energía hidroeléctrica. Hay muchos proyectos de esta naturaleza en distintos puntos del país. También hay que estudiar la perspectiva del uso de energía nuclear y todo eso despierta mucha polémica. Lo que es evidente es que hay que cuadrar una ecuación. Si queremos crecimiento y mejor nivel de vida para la población tiene que haber más energía”, dijo el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.
De todas formas, el secretario de Estado aclaró que se deben cumplir los reglamentos.
La preocupación general es que, si bien, los gobiernos de la Concertación han quedado en deuda en materia medioambiental, el nuevo gobierno instalará a un empresario en el poder lo que, según la visión de los ambientalistas, complica el panorama al favorecer eventuales conflictos de intereses.
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