Representantes de comunidades mapuches de las provincias de Río Negro y Neuquén dieron una conferencia de prensa en Bariloche para respaldar a la comunidad Paichil Antreao de Villa La Angostura y anunciar el trabajo en conjunto de las organizaciones de ambas provincias.
“La decisión política que hemos tomado es estar acompañados en cada uno de los casos, estar firmes porque el pueblo mapuche está vivo y de pie”, subrayó vocera mapuche de Río Negro.
AZKINTUWE - BARILOCHE, PUELMAPU - 27 / 01 / 10
Dos de las principales organizaciones mapuche de Puelmapu (territorio mapuche en Argentina) sellaron ayer martes una alianza en la ciudad de Bariloche. La Confederación Mapuche de Neuquén y el Parlamento Mapuche de Río Negro anunciaron su intención de trabajar en conjunto las distintas problemáticas que tienen que afrontar las comunidades y que son comunes en muchos casos, como los problemas de tierras y las arremetidas de empresas transnacionales, ello independiente de la provincia donde se ubique cada comunidad.
“Este es el primer paso que veníamos tratando de que se diera desde hace mucho tiempo, el primer paso para trabajo conjunto y empezar a trabajar desde un espacio territorial que no es común y que lamentablemente los estados nos han dividido en provincias, pero los pensamientos son comunes”, sostuvo Clarisa Montenegro, representante de las 122 comunidades que componen la coordinación mapuche del Parlamento de Río Negro.
Ambas organizaciones se reunieron para manifestar su respaldo al lof Paichil Antriao, en conflicto territorial con un inversor norteamericano en el cerro Belvedere, en Villa La Angostura. Según informaron, en los últimos días hubo una medida de “no innovar” en la causa de desalojo de tres familias mapuche a favor del ciudadano estadounidense William Henry Fisher. La orden del juez Sommer se habría dado para evaluar si se está destruyendo un “rewe” que es un espacio sagrado y ceremonial, característico de la cultura y protegido por la legislación nacional.
Durante la conferencia de prensa que se realizó en instalaciones del INADI, el werken Fidel Colipan de la Confederación Mapuche de Neuquén advirtió que los “atropellos son continuos y a diario en todas las comunidades y se vienen más fuertes y más grande”. Además destacó que “todos los avances que ha habido en el marco político y nacional han sido producto de la lucha del pueblo”. “La decisión política que hemos tomado es estar acompañados en cada uno de los casos, estar firmes porque el pueblo mapuche está vivo y de pie”, subrayó por su parte Montenegro.
“Hay un levantamiento de la derecha en la argentina sobre todo donde los terratenientes han logrado espacio territorial del pueblo mapuche”, indicó Colipan y puso como ejemplo la situación que está viviendo la comunidad Paichil Antriao en el Cerro Belvedere en Villa La Angostura. “En Paichil Antriao se pone de manifiesto toda la agresividad, y en toda la provincia de Neuquén hay una negativa muy grave”, agregó. En este sentido, Cristina Marín de la comunidad Lafquenche solicitó que “la policía salga del lugar” y denunciaron que a los agentes les “están ofreciendo viviendas”.
Por su parte Montenegro destacó que “el pueblo mapuche es un pueblo tranquilo y pacífico, tenemos una cosmovisión que está siendo avasallada por todas estas situaciones de violencia que se están dando” expresó la dirigenta, al tiempo que reivindicó la legitimidad de la representación de la Confederación de Neuquén y la Coordinadora de Río Negro para aunar esfuerzos. Por su parte, Colipán manifestó que la relación con el poder político de la provincia de Neuquén es “conflictiva” y señaló que uno de los motivos es la negativa del gobierno de respetar la ley nacional 26.160 que prohíbe los desalojos y establece la realización de un relevamiento de los conflictos territoriales en cada provincia.
Al respecto, evaluó que la demora en la aplicación de la ley “no se da porque hay inseguridad o porque no están las condiciones técnicas” y afirmó que es “muy preocupante el grado de animosidad y de agresividad que están llevando los grupos económicos con mucha presión al poder político para reprimir y desconocer, lisa y llanamente, el avance del reconocimiento hacia el pueblo mapuche”. Cabe destacar que los derechos de los pueblos originarios están reconocidos por la Constitución Nacional y diferentes tratados internacionales a los que adhirió el gobierno trasandino.
Por este motivo, las organizaciones mapuches afirmaron que la situación del gobierno de Sapag sería “complicada” porque hay un pedido de informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) al Estado Nacional para determinar si Neuquén violó la ley 26.160. Según informaron los voceros, días atrás, representantes de organismos de derechos humanos se hicieron presentes para constatar las denuncias realizadas por las familias de Paichil Antriao pero “fueron expulsados violentamente por la policía de la provincia que está instalada en el lugar”. “El hecho de que hoy esté la policía en el territorio de la comunidad le juega muy mal al gobierno provincial en el contexto internacional porque eso no es propio de un gobierno democrático”, expresó Colipan.
Cabe señalar que el pasado miércoles, una comitiva con representantes de las comunidades Paichil Antreao y Hunetru Traun Leufú, intentó entregar un petitorio a la presidenta Cristina Fernández, durante la visita de la mandataria a las instalaciones del INVAP en Bariloche. En el documento, reclamaban que el gobierno nacional accionara para que “se proceda al inmediato retiro de las fuerzas policiales y de los grupos especiales represivos que el Estado neuquino ha dispuesto, para militarizar ilegítimamente el territorio de la comunidad Paichil Antreao”.
Además, indicaban que era preciso que “se brinde el debido respeto al principio de preexistencia del pueblo mapuche establecido en la Constitución Nacional”. La movilización fue apoyada por diversas organizaciones sociales de la región.
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