Las demandas de los huelguistas están en perfecto acuerdo con los principios establecidos y las recomendaciones hechas al gobierno de Chile en los diversos Comités de Naciones Unidas ya mencionados (CCT, CEDR, Convenio 169). Así lo afirma en este artículo José Venturelli, Pediatra, Profesor Emérito de la Universidad de McMaster de Canadá y Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura.
En realidad las huelgas de hambre de presos políticos (también llamados prisioneros de consciencia) resultan sistemáticamente de situaciones de represión desmesurada, obsesiva, contra individuos y grandes grupos humanos. Ghandi es un ejemplo importante. No es que sus opresores sean enfermos mentales –aunque de repelente se parecen mucho- sino que la represión tiene objetivos socio=económicos muy fuertes. Los errores represivos llevan a los presos políticos a estas huelgas, cuando han sido detenidos en forma injusta, abusados en condiciones inhumanas de encarcelamiento y sin alternativas de juicios justos en los que se cumpla una ley genuinamente democrática.
Las situaciones contra pueblos y libertarios de todo tipo son las que conocemos. La obsesión denigrante y la mentira de los sistemas injustos llevan a que el preso político ponga lo único que le queda para resistir: su vida. Y el sistema trata de esconderlo y, cuando se sabe abiertamente, cuando hay peligro de muerte con costo político mayor, los gobiernos y represores se hacen “buenos”. Buscan entonces “salvarles las vidas a esos dementes” ¡que no lo son! Pero no buscan resolver los problemas simples, las demandas tan simples como justicia. Por ello los factores de ética han entrado. Los gobiernos buscaban en los cuerpos profesionales, ya agotados los abogados, los jueces y los carceleros, que médicos y enfermeras “les salven la vida”. Sí, esa condición superior -vivir- que esos mismos gobiernos le niegan al preso político hasta la humillación cotidiana. Históricamente hablando los cuerpos médicos se resistieron a salirse de la trampa puesta por el establecimiento político.
Margaret Thatcher, en la Inglaterra que ocupaba Irlanda, hizo todo lo que pudo para “salvarse salvando presos políticos”, es decir no resolviendo los problemas específicos y forzando alimentación. Y tuvo apoyo inicial de los Colegios Médicos… pero no por mucho tiempo. La manipulación ha sido una forma de controlar esta forma de represión.
Se intenta manipularlos como manipulan la democracia y la justicia: en el caso chileno esto se ha transformado en una rutina. Los cómplices profesionales de la justicia no están solos. Hasta permitir la demora que lleva al agravamiento y riesgo de muerte es usado. “Tenemos que salvarlos porque son tan dementes que no saben respetar ni siquiera sus vidas”. Por ello ignorar esta huelga es inaceptable. El sitio de la Asociación Médica Mundial contribuye a entender esta situación. (http://www.wma.net : la Declaración de Malta puede ser vista en ese sitio)
Así, las huelgas de hambre de consciencia pueden ser Evitables si las leyes son democráticas y se cumplen. Enfocadas inmediatamente que suceden para evitar los riegos graves fisiológicos, emocionales y políticos para los prisioneros de consciencia. Las causas, como se demuestra una y otra vez radican en la torpeza del autoritarismo frente a las luchas sociales justas.
[1] El Colegio Médico de Chile
[2] publica un documento al respecto que es muy claro. Sin embargo, en su punto sobre los pacientes que entren en estado de confusión o incapaces de tomar decisiones complejas es algo ambiguo. Deja al médico la decisión de qué se hace con el preso. La sociedad ha cambiado: nunca más es aceptable que a una persona en su juicio se le imponga una forma cualquiera de tratamiento. Mucho menos a la fuerza y con tortura física y psicológica. El médico no está autorizado a ir más lejos que lo que fueron los deseos del paciente mismo cuando estableció su relación de ser o no tratado durante su huelga de hambre. No es distinto del paciente terminal que acepta terapias que lo hagan sentirse cómodo o sin dolor pero que no acepta terapias invasivas. La alimentación en estos casos es un acto invasivo si el o la paciente no lo aceptan.
Violar ese mandato es inmoral y debe ser plausible de procesamiento judicial. El caso del "encarnizamiento terapéutico" no es aceptable desde el punto de vista ético en ningún caso de personas que han tomado decisiones conscientes e informadas. No son accidentes las huelgas de hambre de los prisioneros de consciencia. Prevenirlas y resolverlas en base a justicia y ética es una obligación. La declaración de Malta indica que los médicos funcionarios (Gendarmería o servicios públicos o privados de las cárceles) no deben ser presionados en forma alguna a violar las decisiones de estos pacientes. Esto no fue respetado en Chile ya antes.
El papel de un médico puede ser importante. Debe identificar que su responsabilidad incluye la de buscar que las causales originales de esta huelga de hambre, en los casos de pacientes que sean presos políticos (prisioneros de conciencia) sean identificadas y resueltas. Los pacientes que son maltratados –la tortura en Chile existe y no hay un protocolo confiable del estado para prohibirla- y que, repentinamente son considerados en riesgo de muerte no implica que se los pueda obligar a aceptar alimentación o cualquier forma de tratamiento de modo obligatorio. En Chile, en el caso de Patricia Troncoso, aún presa en la cárcel de Angol, sabemos que tuvo una prolongada huelga de hambre por razones de privación de sus derechos elementales de detenida. Es interesante que esta fue una persecución política muy dura.
Ella fue absuelta dos veces en el juicio y fue, eventualmente con montajes y uso de testigos encapuchados que Agustín Figueroa, abogado y miembro del Tribunal Constitucional quien la perseguía, que consiguió inculparla y sentenciarla. Cuando el Colegio Médico “hizo algo” ella llevaba más de cincuenta días de huelga. Prescribió -diciéndole a los médicos tratantes de Chillán- que se les diera alimentación forzada ("no íbamos a dejarlos morir sólo porque algunos quisieran tener mártires"… Esa fue la frase que me dijo el Dr. Julio Montes, Director del Departamento de Ética del Colegio Médico cuando conversé con él. Una forma muy sórdida de justificarse. Patricia Troncoso identifica con claridad que ella fue sometida a violencia física, torturada con inyecciones y terapias que ella no aceptaba, incluida la alimentación por sonda y la alimentación intra-venosa.
En las raras ocasiones que le pidieron un consentimiento informado estos fueron obtenidos a la fuerza, inmovilizada por varias personas para ser alimentada y amenazada de violencia contra su familia: lo que ella “aceptara” no fue consentimiento informado. Ese no se da bajo tortura y violencia. JAMAS. Eso no tiene valor legal, moral ni ético alguno. En las huelgas de hambre de presos políticos, los gobiernos se empantanan y se hunden en sus mentiras.
El Colegio falló en el caso de Patricia Troncoso y sus compañeros al no haberse involucrado con el caso desde el comienzo para informarse y así tomar medidas simples que habrían parado la huelga: otorgarle los derechos carcelarios que todos los presos tienen. Es un error que el Colegio mire esto como una discusión política que, en casos éticos de este tipo no tiene lugar. Su papel es impedir que toda forma de tortura y de abuso que pueda llevar a daño de una persona pueda ser impedido o detenido una vez que empezó. Lo antes posible. Hoy los fiscales le dicen que ni siquiera podrá ejercer su profesión de profesora… Es decir, se intenta viciosamente destruir a las personas.
Su condición de mapuche ya la había segregado a ser procesada por la Ley Anti-Terrorista, lo que viola los acuerdos del Comité Contra la Tortura (CCT) del Consejo de Derechos Humanos de naciones Unidas y los del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR). Esto implica, además, la violación del Convenio 169 de la OIT que incluye que los pueblos indígenas deben participar en todas las situaciones que afecten su calidad de vida y que lleven a decisiones sobre éstas. Es importante recordar que todas estas normas han sido firmadas por el Estado de Chile pero las han violado. James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas ya se lo recordó al gobierno el año pasado pero las irregularidades procesales persisten: se encierra a gente con acusaciones sin evidencia, se traslada a los detenidos de una ciudad a otra para cortarlos de sus familias, de sus bases de apoyo e, incluso, de su defensa legal.
El gobierno actual hace exactamente lo opuesto de lo que el estado chileno ha firmado y prometido hacer. Guarda silencio y quiere usar el tiempo que agrava la salud de los presos como forma de justificar meas adelante el asalto a los principios éticos de los prisioneros de consciencia. La presidencia y sus ministerios de Justicia y del Interior deben respetar los derechos humanos fundamentales del pueblo mapuche y los de cada preso político mapuche. No hacerlo es un crimen de lesa humanidad en nada diferente a las violaciones conocidas desde la dictadura.
Los principios sociales, democráticos y éticos deben considerar con toda claridad que las huelgas de hambre de este tipo pueden y deben ser prevenidas. Eso se hace con normas democráticas que son respetadas para todos y cada uno. El llamado “conflicto mapuche” –que no es otra cosa que la agresión persistente del estado chileno y de sus asociados que se benefician de estas agresiones a los pueblos indígenas- ha subido en complejidad y tiene ahora dos tendencias muy claras: es discriminatorio (racista) y reduce al pueblo mapuche a un verdadero “apartheid” (o gueto).
Las recomendaciones de que se establezcan negociaciones adecuadas no han sido cumplidas y, en cambio, se ha aumentado la militarización, la violencia contra todo el pueblo –no solo contra sus dirigentes- y mantiene prácticas ilegítimas de una justicia que viene desde la dictadura. Estas prácticas deben cesar y es lo que los huelguistas exigen. Han llegado a esta decisión en que ponen sus vidas de por medio cuando el estado y gobiernos han rechazado respetarlos. Se hacen acusaciones a repetición, a menudo de causas ya resueltas y sobreseídas. Se sigue acusando y manteniendo a los presos en detención y en terribles condiciones: sucede porque el estado/gobierno ha decidido no dejarles escapatoria alguna.
Han cerrada la puerta al DEBIDO PROCESO, mantienen el uso de la Justicia Militar que es repudiada en el mundo entero y que no tiene justificación alguna en Chile, excepto de que se la usa para dos aspectos:
1. Asegurar la impunidad y amnistías de los criminales de lesa humanidad –para aquellos que hicieron nuestro país tristemente célebre en el mundo con sus crímenes y desapariciones.
2. Para “tomar las causas de presos que el sistema quiere mantener presos de modo permanente. Es así que cuando no quieren liberar a alguien, los pretenden juzgar por la Justicia Militar y la Justicia Civil. (Hay siete casos en esta situación: para uno de ellos el fiscal “pide” 103 años de presidio firme… cuando no tiene evidencia algún y usa de testigos a la policía y a encapuchados…!) No hay duda de que ambas (in)justicias actúan de común acuerdo.
Tanto es así que en los juicios a miembros de las fuerzas armadas y carabineros que han estado envuelto en tortura a niños, la justicia civil se declara “incompetente”, pasa los casos a la Justicia Militar (que se basa en el principio de obediencia y no tiene bases legales) y ésta libera o da por sobreseídos los crímenes conocidos. Esto ha sido particularmente identificado en los casos de violencia contra menores. Por ejemplo, José Huenulao, menor desaparecido en Puerto Montt: sus raptores son conocidos pero no se avanza para los casos del pueblo mapuche porque en Chile no hay justicia que haga justicia… El asesino de Matías Catrileo “fue condenado a firmar mensualmente” por dos años. Y quienes lo mandaron matar siguen tranquilos desde la altura del poder.
El gobierno esconde la cara y niega su responsabilidad cómplice: las fuerzas del GOPE las manda el Ministro del Interior. La complicidad de los gobiernos y de esta justicia vergonzante es obvia y pone a Chile como claro violador de los principios que dice respetar. Las familias de los dirigentes, para que no se confunda nadie, son a menudo aterradas, abusadas, golpeadas (incluso tomadas en video, como el caso del menor que fuera pateado en la cara, su agresor sobreseído por la justicia militar y el detenido… Los juicios orales previstos son una farsa, faltan a todos los principios de la justicia Es este tipo de farsa que los presos políticos rechazan y ponen sus vidas en el camino. ¿Puede el estado ignorarlo y ser respetable? Imposible.
Las demandas de los huelguistas están en perfecto acuerdo con los principios establecidos y las recomendaciones hechas al gobierno de Chile en los diversos Comités de Naciones Unidas ya mencionados (CCT, CEDR, Convenio 169). El gobierno, a todos sus niveles, debe tomar consciencia de que son sus acciones abusivas, reñidas con la justicia a la base del problema.
La lucha del pueblo Mapuche no es ni terrorista ni criminal. Los explosivos que se encuentran los ponen las “las fuerzas del orden” en sus montajes. Las armas son monopolio del estado y, como ya lo sabemos, los muertos , heridos y agredidos son monopolio Mapuche. El Pueblo Mapuche es perseguido políticamente y sus demandas son justas. La democracia requiere de que Chile tenga una Constitución democrática y no la actual, hecha en dictadura que permite que suceda esta actitud discriminatoria y ajena a la justicia.
Si el gobierno se desliga de esta responsabilidad está cometiendo una violación muy grave a los DDHH's en el país. La solidaridad con los derechos humanos y la exigencia de todo el pueblo chileno por una verdadera justicia y democracia es una responsabilidad de cada uno de nosotros.
Las luchas por la libertad, por la justicia social, la equidad y los derechos humanos no se resuelven con la cárcel ni con fiscales y sistemas inmorales. El Presidente tiene la palabra y el juicio sobre su actitud será más severo que lo que él pueda creer.
*http://www.observatorio.cl/noticias/en-temuco-presos-mapuche-inician-huelga-de-hambre-para-exigir-derogacion-de-ley-antiterrorista/
José Venturelli B., Pediatra
Profesor Emérito, Universidad de McMaster
Hamilton, Ontario - Canadá.
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura.
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