Testigo protegido recibe $ 100 mil al mes hace ocho años

La principal y muchas veces única prueba en que se fundan los procesos y condenas contra comuneros mapuche son los testigos protegidos. El ministerio Público utiliza a personas de escasos recursos económicos y con prontuario delictivo para levantar falsas acusaciones contra dirigentes y autoridades tradicionales mapuche.

Fuente: La tercera

"Apenas me alcanza para la luz, y además me quiero ir de aquí". La frase es de J. M. Ñ. H., un mapuche que es testigo protegido del Ministerio Público por declarar sobre la quema de un predio de Mininco en 2001 en Ercilla, IX Región, y que, como medida de protección, junto con ser reubicado, recibe un aporte de 100 mil pesos al mes de parte de la Fiscalía.

Según explicó, "desde el 16 de mayo de 2002 que me pagan. Eso era para que declarara todo lo que sabía y de las personas que vi quemar el fundo".

Por el caso Poluco Pidenco fue condenado José Huenchunao, mientras que otros nueve imputados han sido absueltos por falta de pruebas contundentes.

Por filtración de antecedentes, terminó declarando a rostro descubierto, lo que le ha significado amenazas para él y su familia. Agrega que "he pedido apoyo pero no me dan nada de seguridad, por eso la Conadi ya me autorizó para vender y así poder irme".

Hasta antes de los juicios, vivía en la comunidad de Tricauco, en Ercilla; pero tras declarar fue reubicado en distintos puntos. Finalmente, llegó a una parcela, luego que el Ministerio Público le ayudara a pagar la cuota de $ 350 mil que le permitió acceder a las 4,7 hectáreas donde vive hoy.
El jefe de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, Juan Eduardo Fernández, explicó que "fue necesario, dada la complejidad y prolongación del caso, relocalizar, y dada su realidad cultural, socioeconómica y familiar, esa relocalización requiere hasta la fecha un aporte adicional que permita su subsistencia".

El testigo cumple una condena por hurto de madera de 61 días y paga una multa mensual.