Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de amparo preventivo presentado por algunas comunidades mapuche en contra del Sr. Ministro del Interior por declaraciones relacionadas –principalmente– con el incendio forestal que costó la vida a siete trabajadores de una empresa dedicada a la silvicultura.
Por Mario Ibarra
El fallo de la Corte, inter alia, dice que: «una acción constitucional de esta índole tiene por objeto restablecer el imperio del derecho ante embates ilegales a la libertad personal y seguridad individual […] desde esa perspectiva, sean o no efectivas las declaraciones del Sr. Ministro del Interior, lo cierto es que carecen de relevancia y seriedad para comportar algún tipo de amenaza a esas garantías».
Va de suyo que la Corte se pronunció sobre el texto del recurso presentado y, más allá de la pertinencia que tenga o pueda tener la argumentación del fallo, es indiscutible que el Sr. Ministro (con o sin intención) ofendió la dignidad del pueblo mapuche; es decir, aunque –posteriormente– haya declarado que «[…] mis planteamientos siempre han sido respetuosos y prudentes […]», no hay dudas que hirió sensibilidades y azuzó el sentimiento de sentirse –cotidianamente– humillado y negado (individual o colectivamente). Quiérase o no, las afirmaciones del Sr. Ministro –complementadas y aplaudidas por algunas autoridades regionales–, se entendieron en el sentido que «mapuche» era sinónimo de «terrorista».
Además, las declaraciones del Sr. Ministro, «alborotaron su propio gallinero» pues, mientras que las autoridades gubernamentales encargadas del turismo dicen que la IX Región es «una taza de leche» o «la copia feliz del Edén», otras (al parecer, rescatando una frase de la campaña presidencial), casi están pidiendo «una segunda Pacificación de la Araucanía». Como es sabido, «turismo» y «terrorismo», no pueden tocar en la misma orquesta y hasta un artillero puede darse cuenta que algo suena mal al oído o desafina.
Las declaraciones públicas (premeditadas o por lapsus linguae) que (directa o indirectamente) se entiendan o puedan interpretarse como una acusación a todo un pueblo o una comunidad por la comisión de un delito, sólo amamantan el racismo y trasmiten, vehiculan, conservan, proyectan o crean estereotipos que favorecen y estimulan la discriminación. Además, en el caso que nos ocupa, las declaraciones van –decididamente– al encuentro de disposiciones de instrumentos internacionales y contradicen parte del discurso oficial.
El mencionado fallo tiene también un claro «mensaje» para las autoridades (electas o designadas), porque dice que: «[…] en un estado de derecho corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia –con exclusión de otras autoridades– decidir si un hecho configura delito [y] las personas que deben responder por ese hecho […]». Ergo: la Corte –sin la sombra de una duda– compele a las autoridades a cerrar la boca.
En términos generales, se puede afirmar que existen hechos, actitudes y declaraciones que –con certeza– indican que la mayoría de la población mapuche –en este momento– no apoya ni simpatiza con las acciones que –en su concreción– integran o contemplan grados o formas de violencia para «golpear» bienes materiales privados; pero, existen también hechos y actitudes que prueban que –desde hace mucho tiempo– la gran mayoría no está dispuesta a seguir soportando o aceptando la cotidianidad de «los golpes» (claros o furtivos) del racismo y de la discriminación.
Más allá de las suspicacias que existen a propósito de la administración de justicia cuando surgen o se inventan presunciones que –directa o indirectamente– involucran mapuche, es preciso decir que, hoy, están abiertas las investigaciones que buscan esclarecer los hechos y las responsabilidades en el fatal incendio forestal. En caso que esas investigaciones prueben que los responsables no son mapuche ¿se invocará la ley anti–terrorista y se aplicará todo el rigor de la ley? Hay gente que –con razones– abriga muchas dudas …
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