Pese a que el intendente de La Araucanía, Andrés Molina, en los últimos días negó que el Gobierno haya imputando responsabilidad criminal a los comuneros mapuches como supuestos causantes de los incendios, se conoció que 42 miembros de este Pueblo enfrentan investigaciones por su eventual participación en los siniestros.
En tanto, la directora ejecutiva de AI, Ana Piquer, afirmó que "El Gobierno tiene que investigar si es que hay responsables ( …) pero partir de la base de que fueron las comunidades mapuches y que la ley aplicable es la Ley Antiterrorista parece un juicio un poco aventurado.
Por Paula Correa
Radio Universidad de Chile
Los investigadores de la policía elaboraron una nómina con 42 nombres de posibles sospechosos de los ataques incendiarios en el sur del país, quienes están actualmente bajo investigación. Se trata de veinte comuneros de Malleco y doce de Cautín, en la región de La Araucanía, además de diez de Arauco del Biobío. Todos ellos enfrentan en libertad investigaciones vigentes por hechos de violencia y por su pertenencia a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Con esto, las autoridades insisten en la tesis del atentado terrorista, que ha suscitado críticas desde distintos sectores políticos, además de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, se refirió a los cuestionamientos que públicamente han realizado las autoridades y la decisión de aplicar la Ley Antiterrorista. “El Gobierno tiene que investigar si es que efectivamente hay responsables y si es que el incendio fue intencional y que los responsables tengan que rendir cuentas ante la Justicia si es que los hay, pero partir de la base de que fueron las comunidades mapuches y que la ley aplicable es la Ley Antiterrorista parece un juicio un poco aventurado y que implica la aplicación de una ley que para nosotros en si misma tiene un problema”.
Cabe señalar que Chile está en la mira internacional justamente por la aplicación de esta cuestionada ley y por el tratamiento que el Estado le está dando a nuestros pueblos originarios, en especial a los mapuches.
Y estos días se han vivido una serie de allanamientos, tanto en la Cárcel de Angol, tal como denunció la misma CAM, como en diversas comunidades. El último de los hechos que impactó fue un video que circula en las redes sociales que muestra la golpiza que recibió una mujer, la que tiene en sus brazos a un menor de un año y medio.
Esto ocurrió el pasado martes cuando Carabineros ingresó a la comunidad José Jineo Ñanco persiguiendo a un grupo que montó barricadas en la Ruta 5 Sur.
Francisco Paine-vilo, reiteró la frecuencia con la que ocurren estas agresiones por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública. “Es un tema recurrente en contra de nosotros como comunidad y cada vez que hay una actividad en la carretera Carabineros ingresa a los predios que están adyacentes a la comunidad, porque la carretera está dentro de la comunidad. Ellos ingresan violando todos los espacios. Además efectúan disparos desde los espacios sagrados y entran a las casas rompiendo cercos, rompiendo sembrados”.
En el transcurso de la mañana se realizó la formalización de la mujer agredida por “intervenir en el actuar de Carabineros”, sin embargo, el Tribunal Oral de Temuco declaró la ilegalidad de la detención.
Por otro lado, la Comisión Ética Contra la Tortura está realizando una misión de observación en las zonas allanadas. Sólo en esta semana han visitado Angol, Cherkenco, Temucuicui y Quepe, constatando las diversas agresiones que han figurado en los medios alternativos de prensa.
En este contexto, el portavoz del secretariado europeo del organismo internacional, José Venturelli señaló “el Gobierno tiene que entender que esta manera es la peor forma que puede tener cualquier gobierno del mundo para gobernar y pretender ser democrático. Se están estableciendo todos los elementos de fraude, apremios mercenarios. Creo que es muy triste lo que estamos viendo”.
Venturelli añadió que, de no cambiar la política del Gobierno para enfrentar el tema mapuche, la conflictividad seguirá creciendo y Chile estará cada vez más lejos de resolver la llamada “deuda histórica” con sus pueblos originarios.
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