La Coordinación de Comunidades en Conflicto Socioambiental y la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) presentaron un informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y que se denomina: “RACISMO AMBIENTAL EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CHILE, POR LOS CASOS DE VERTEDEROS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LOCALIZADAS EN COMUNIDADES MAPUCHE...”, en atención a una denuncia presentada ante dicho organismo el 2007 y las respuestas y soluciones que siguen pendientes por parte del estado chileno.
El año 2007 la coordinación de comunidades indígenas mapuche afectadas por la instalación y ubicación de vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS), la Red de acción por los Derechos Ambientales (RADA) junto a organizaciones sociales y personas naturales, enviaron una denuncia vía procedimiento de alerta temprana por la situación de racismo ambiental en Chile, particularmente en la Región de la Araucanía. Los casos documentados a esa fecha dieron cuenta de 17 vertederos y 9 PTAS que afectaban a comunidades mapuche en la región. Esta denuncia fue acogida por dicho comité, solicitando al mismo tiempo, que el Estado parte actualizará sus informes periódicos, pues estos se encontraban atrasados y asimismo, una serie de consultas relativas a la situación de estas plantas y recintos en Comunidades Mapuche.
En el reciente informe, RADA junto a la coordinación de Comunidades, explica que el año 2009 Chile expuso ante el comité en la sesión N°75 y, como resultado de esto, se efectuaron recomendaciones al Estado de Chile. En estos casos, está los señalado por el Comité en la recomendación N° 23 que indicaba al Estado de Chile la realización de acciones concretas con el fin de solucionar los efectos que motivaron la denuncia vía alerta temprana. Parte de la recomendación señala: “23. El Comité reitera su preocupación ante la situación de las comunidades mapuche en la región de la Araucanía, afectadas por actividades perjudiciales para el medioambiente, la salud y sus formas tradicionales de vida, entre otras razones, por la instalación de basurales dentro de sus comunidades y por los planes para el establecimiento de plantas de aguas servidas (artículo 5)…”
Se agrega en otro punto: “El Comité exhorta al Estado parte a no escatimar esfuerzos tendientes desarrollar una política específica, conforme a los estándares internacionales, para solucionar los impactos ambientales que afecten a los pueblos indígenas. Para este fin, el Comité recomienda que se efectúen con regularidad estudios científicos de evaluación. El Comité recomienda también que el Estado parte revise su legislación sobre la tierra, el agua, las minas y otros sectores para evitar que puedan entrar en conflicto con las disposiciones de la Ley Indígena N.º 19253 y, a garantizar que primará el principio de protección de los derechos de los pueblos indígenas por encima de los intereses comerciales y económicos…”
Asimismo, el Comité exhorta al Estado parte a tomar medidas inmediatas para resolver el problema de los basurales que fueron instalados en las comunidades mapuche sin su consentimiento previo.
Incumplimiento estatal de la Convención
A pesar de estas recomendaciones efectuadas bajo el parámetro de la Convención internacional contra el racismo, tratado internacional de Derechos Humanos vinculante al estado chileno, tanto RADA como la Coordinación de Comunidades estiman que se observa una escasa disposición del Estado a solucionar estos problemas. “Si bien es cierto se han elaborado determinados planes y estudios tendientes a aminorar los efectos derivados de la disposición final de residuos domiciliarios y aguas servidas en territorios que afectan directamente a comunidades indígenas, estos se limitan a planes de cierre de vertederos y en el caso de la PTAS de Temuco y Padre las casas, la transformación del tratamiento de aguas desde uno primario, químicamente asistido, a un tratamiento de carácter biológico. Apuntando de este modo únicamente a la disposición final de los desechos futuros y no a la solución o remedio de las afectaciones ya producidas (y menos estrategias de compensación, humana y ambiental) que en la mayoría de los casos siguen generando impactos a dichas comunidades…”
Hasta la fecha, se ha constatado que ninguno de los vertederos que afectan a comunidades mapuche de la región de la Araucanía han sido cerrados adecuadamente, existen 4 vertederos pasivo (cierran sus puertas a la basura domiciliaria, pero solo reciben escombros). En cuanto a las plantas de tratamiento de aguas servidas que afectan a comunidades mapuche en la región de la Araucanía se encuentran en funcionamiento, muchas de ellas con deficiencias técnicas y operativas. “Hasta la fecha no existe una política específica que apunte a solucionar los impactos ambientales que afectan a comunidades mapuche en La Araucanía”, señalan. Tampoco se han realizado estudios científicos para evaluar los impactos de los vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas en las comunidades mapuche que conviven con ellas.
RADA y las Comunidades denuncian asimismo la realización de una serie de actos inconsultos por parte de los órganos del estado, la desconsideración por parte de autoridades públicas para asumir fehacientemente una solución integral a estos problemas como políticas públicas, entre otras observaciones críticas al actuar estatal.
Racismo social y Ambiental en Tierras Mapuche
La Población Mapuche estimada en la Región de la Araucanía asciende aproximadamente al 30 % según último censo del 2012 y posee una superficie territorial menos de un 20 % del total de las 31 842,3 km² de la superficie territorial de la Región, siendo justamente en dichas zonas donde se han emplazado la mayoría de los vertederos y las plantas de tratamiento de aguas servidas, como asimismo, diversas actividades industriales dañinas al medio ambiente, a la salud, a las economías locales, al desarrollo, a la cultura.
De acuerdo a los parámetros internacionales, se estima que el racismo ambiental es una forma de discriminación ocasionada por las políticas públicas o privadas, y que se manifiesta en la intención de que los costos ambientales sean asumidos por un grupo determinado de la población o en la exclusión manifiesta de este grupo en la toma de decisiones que afectan sus vidas.
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