vendredi 31 mai 2013

Comunidades de Likan Ray ingresaron oposiciones a proyecto de planta de tratamiento de aguas servidas

Este jueves 30 de Mayo se hizo entrega al Servicio de Evaluación Ambiental(SEA), el estudio socio cultural y Antropológico realizado por las dos comunidades mapuche Rudecindo Ancalef y Remigio Cabrapan, las que serían las más afectadas en forma directa por la contaminación por un proyecto sobre planta de tratamientos de aguas servidas de la empresa Aguas Araucanía. En el informe se desprende una serie de antecedentes relacionados a los espacios de significación cultural, espiritual, social y ambiental del territorio Mapuche.
Comunidades de Likan Ray ingresaron oposiciones a proyecto de planta de tratamiento de aguas servidas

Zoila Ancalef Punolef ce la Comunidad Rudecindo Ancalef de Likan Ray, explicó el accionar de las comunidades este 30 de Mayo en Temuco con la presentación de una serie de observaciones al proyecto de la empresa Aguas Araucanía: “Hoy se hizo entrega al Servicio de Evaluación Ambiental(SEA), el estudio Antropológico realizado por dos comunidades mapuche: Rudecindo Ancalef y Remigio Cabrapan, las que serían las más afectada en forma directa por la contaminación del rio Melilawen y Chiwenco , dado a que pasa por el interior. El motivo de la entrega del documento es porque no se ha manifestado las consecuencias negativas que provocaría la instalación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas Servida por la Empresa Aguas Araucanía S.A. en la localidad de Lican Ray, afectando a la Lof Mapu a un conjunto de 14 comunidades”
Asimismo agregó: “El río Melilawen para nosotros es un espacio conocimiento ancestral mapuche y de sobre vivencia como pueblo Mapuche; nos entrega los remedios, las diversidad de alimento de recolección, las hortalizas. Es aquí donde toman agua nuestros distintos animales. En relación a los remedios es nuestro reservorio o farmacia para tratar distintas enfermedades incluyendo las más severas. Su nombre se debe a que es muy profundo de contenido”, señaló Ancalef.

A continuación extendemos las declaraciones de las Comunidades sobre este hecho

DECLARACIÓN PÚBLICA

Las Comunidades de la Lof Mapu Likan Ray, de la comuna de Villarica, comunicamos a la opinión pública nuestro rechazo al Proyecto “Instalación del sistema de alcantarillado público de aguas servidas en la localidad de Likan ray”, en razón de lo que se expresa a continuación:
La empresa Aguas Araucanía S.A., presentó un Estudio de Impacto ambiental al SEA en octubre del año 2011. Consideramos que el Estudio, no manifiesta los efectos negativos que tendrá para las comunidades mapuche del sector. Por otro lado, la empresa en su Adenda no da respuestas efectivas y completas, ya que no se condice con nuestra realidad cultural, social y medioambiental

La instalación de dicho Proyecto en nuestro territorio, significa indudablemente la intervención del río Melilahuen y Chiwenko, lo que conlleva a una afectación, permanente y significativa a nuestro sistema de vida, a nuestras costumbre. Cuestión que no ha sido develado por la empresa en su informe antropológico y adenda.
La intervención de estos dos ríos atenta directamente a la fuerza espiritual, a los ngen que existen ahí, lo que trae como consecuencia la destrucción del Ixofillmogen (hierbas, plantas, fruto de recolección, especies acuáticas y hortalizas). Por consiguiente se pierde nuestro kimun. (conocimiento propio mapuche). De esta manera, las nuevas generaciones tendrán menor oportunidad de acceder y comprender nuestro conocimiento.
Por tanto, las familias mapuche del sector sostenemos que existe una falta de respeto a nuestra cultura, espiritualidad, nuestra propia forma de desarrollo, afectando en definitiva nuestro Kvme Mogen (buen vivir)
Por otra parte, no se está respetando normas internacionales, como el Convenio N° 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, en particular lo referente a la consulta, ya que no se ha realizado de acuerdo a los estándares internacionales, es decir, libre, previo, informado, de buena fe, con miras de llegar a un entendimiento.
Deseamos que el informe antropológico que presentamos hoy día al Servicio de Evaluación Ambiental sea incorporado y considerado para la evaluación final que realizaran las autoridades competentes. No permitiremos que esta empresa se instale en nuestro Territorio. Mari Chiwew

Comunidad Mapuche Remigio Cabrapan

Comunidad Mapuche Rudecindo Ancalef

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Ministro de la Corte de Temuco recibe a niños mapuche de Freire cuyos domicilios fueron allanados

Este jueves, una decena de niños mapuche pertenecientes al territorio Trapilhue de Freire, fueron recibidos por un ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, como parte de un proceso judicial iniciado tras allanamientos policiales realizados el 30 de abril...
Ministro de la Corte de Temuco recibe a niños mapuche de Freire cuyos domicilios fueron allanados
FUENTE: Radio Bío Bío

Este jueves, una decena de niños mapuche pertenecientes al territorio Trapilhue de Freire, fueron recibidos por un ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, como parte de un proceso judicial iniciado tras allanamientos policiales realizados el 30 de abril.

La abogada jefe de la defensoría penal mapuche, María Del Rosario Salamanca, acompañó a los menores, “todavía hoy estos niños sufren trastornos de sueño, pesadillas, les cuesta ir al colegio, incluso tiene temor de salir de sus casas, en el mismo recurso nosotros pedimos que se les oiga. Hacen uso de un derecho que les otorga la Convención de derechos del niño, que no es habitual que se haga, y por supuesto que el tribunal va a basarse en lo que ellos digan” sostuvo.

Javier Meliman, werken de Trapilhue, dijo que los niños en su cultura son sagrados, y no permitirán que se repitan episodios como el del pasado 30 de abril ,“nuestros niños son sagrados para nosotros, y no vamos a permitir que los vuelvan a golpear y estén con daño psicológico permanente. El error del gobierno es que aquí están afectando no solamente al adulto, sino que los derecho de los niños y, principalmente, el derecho de tranquilidad de nuestra comunidad”, señaló el werken Meliman.


En la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, el ministro Alejandro Vera Quilodrán dialogó con los niños por más de una hora, mientras sus familiares permanecían en las inmediaciones de la sala.

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Revocan prisión preventiva de machi Millaray Huichalaf y otros 3 imputados del caso "Pilmaiken"

El Tribunal de Garantía de Río Bueno revocó la prisión preventiva de los últimos 4 comuneros mapuches que permanecían en la cárcel de Valdivia, tras ser formalizados por un ataque incendiario.
Los antecedentes reunidos por el Ministerio Público en 4 meses no son lo suficientemente rigurosos como para mantener una prisión preventiva por un tiempo superior...
Revocan prisión preventiva de machi Millaray Huichalaf y otros 3 imputados del caso "Pilmaiken"
Fuente: Radio Bío Bío

Los antecedentes reunidos por el Ministerio Público en 4 meses no son lo suficientemente rigurosos como para mantener una prisión preventiva por un tiempo superior.

Así de categórico fue el juez de garantía de Río Bueno, Daniel Chaucón, al revocar la prisión preventiva que pesaba desde hace cuatro meses contra cuatro comuneros mapuches, entre ellos la machi Millaray Huichalaf, quienes fueron formalizados por el ataque incendiario registrado en enero en el Fundo Pisu Pisué.

De esta forma, el magistrado decretó el arresto domiciliario nocturno de la machi, Cristián García Quintul y Fénnix Delgado Ahumada. Además dejó en arresto domiciliario total al ciudadano argentino Francisco Jones Huala.

A la salida del tribunal, Millaray Huichalaf reiteró la inocencia de los 6 imputados en esta causa, dos de los cuáles ya habían abandonado la prisión en audiencias anteriores.

"Nosotros tenemos la clara convicción de nuestra inocencia en lo que respecta al ataque incendiario, pero si asumimos todos los costos políticos que trae dar la lucha por la defensa de la tierra, es por eso que hoy día nosotros nos levantamos y están renaciendo los machi, los weychafe, los kona… y es con esa convicción de defensa de nuestro espacio sagrado y no por hacer daño y menos a gente pobre como nosotros” señaló la machi Huichalaf.

El fiscal de Río Bueno, Sergio Fuentes, anunció que evalúa apelar a la decisión del magistrado, especialmente porque en la audiencia presentó antecedentes nuevos, obtenidos de información reservada de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, que fue liberada para esta indagatoria.

Antecedentes que fueron desestimados por uno de los abogados defensores, Hardy Grothe.

30 días quedan para que finalice el plazo original de 150 días decretado para investigar este ataque y aunque el fiscal Fuentes podría pedir una ampliación de dicho plazo, asegura tener los antecedentes para llevar a los 6 imputados a juicio oral, con el convencimiento de que son responsables del ataque incendiario.

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Finaliza juicio Pueblo Mapuche contra Estado chileno en la Corte interamericana de Derechos Humanos

Hoy 30 de Mayo, finaliza el histórico juicio en la Corte interamericana de Derechos Humanos durante dos intensos días donde se han realizado testimonios, relatos e informes periciales y sus respectivos alegatos a la espera del dictamen que sostendrá este tribunal internacional en los próximos meses , relacionados a la demanda por abusos, aberraciones y desproporcionalidad en la aplicación de la ley antiterrorista y las diversas irregularidades que afectaron al debido proceso y otras garantías sobre derechos humanos en contra de dirigentes y autoridades ancestrales del Pueblo Mapuche.
en desarrollo

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jeudi 30 mai 2013

Lanzan Campaña “CAREPALO” ante fáctico y nocivo proyecto de ley sobre fomento forestal

“No sea care´palo” es una campaña impulsada por un grupo de organizaciones sociales, gremiales, académicas, campesinas e indígenas con el propósito de exigir espacios reales de reflexión y debate para generar un nuevo Proyecto de Ley de Fomento Forestal, y sin presiones ni urgencias artificiales impuestas por el Ejecutivo y organismos ligados a las grandes empresas forestales como lo están haciendo con el decreto ley 701 de origen dictatorial.
Lanzan Campaña “CAREPALO” ante fáctico  y nocivo proyecto de ley sobre fomento forestal


EL CIUDADANO /

Súmate a la campaña en: www.carepalo.cl

El proyecto que el gobierno impulsa con un intenso lobby y que extiende por 20 años el Decreto Ley 701, fue aprobado por la Cámara de Diputados a pesar de las numerosas indicaciones y observaciones, en su mayoría rechazadas o declaradas inadmisibles. Es inaceptable que un cuerpo legal de tal complejidad y que tendrá vigencia por 2 décadas, tenga aún pendientes puntos importantes como no contar con una normativa ambiental acorde a las demandas de la sociedad civil, organizaciones campesinas e indígenas (OIT 169).

Las organizaciones que suscribimos esta campaña, consideramos que este proyecto no ha tenido la debida participación ciudadana y que, de promulgarse, mantendrán las actuales desigualdades en los beneficiarios del fomento forestal, la centralización de los recursos económicos en unas pocas empresas y la disminución de los índices de desarrollo humano en las localidades y comunas más pobres donde la industria forestal ha logrado desarrollarse y consolidarse desde 1974.

No queremos el continuismo de una ley de fomento anacrónica que seguirá permitiendo la alta concentración de la propiedad e industria, la eliminación de pequeñas y medianas empresas forestales e impactos que impiden el desarrollo social de comunidades campesinas e indígenas, y menor disponibilidad de agua.

La Cámara de Diputados, mediante el intenso lobby y “sumas urgencias” impuestas por el Gobierno, aprobó y envió al Senado el Proyecto de Ley de Fomento Forestal que modifica y extiende por 20 años el Decreto Ley 701, que a pesar del insistente discurso de sus defensores, no garantiza que miles de pequeños y medianos propietarios serán beneficiarios directos del fomento forestal en Chile ni regula una serie de prácticas productivas que por 40 años si bien ha consolidado una industria sólida, no se ha hecho cargo de sus impactos socio-culturales y ambientales negativos.

Este proyecto no ha tenido la participación ciudadana que permita debatir informadamente una ley compleja. El Gobierno ha insistido permanente en convencer a los honorables parlamentarios en promulgar un proyecto que mantiene las actuales desigualdades en los beneficiarios, la centralización de los recursos económicos en unas pocas empresas y la disminución de los índices de desarrollo humano en las localidades y comunas más pobres donde la industria forestal ha logrado desarrollarse desde 1974. De aprobarse, seguirá impulsando el establecimiento de monocultivos forestales exóticos y la industria forestal, se continuará con el impacto negativo en la cantidad y calidad de las aguas, en la pérdida de fertilidad del suelo, biodiversidad, y la cultura y el territorio de las comunidades rurales y pueblos originarios que actualmente viven rodeados de plantaciones. Incluso, no se limitan las talas rasas, las cuales traen consigo una serie de externalidades negativas ampliamente documentadas por la ciencia. Por otro lado, numerosas organizaciones de pueblos originarios denuncian que no han sido consultadas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y el derecho internacional: no existió consulta previa libre e informada, no hay balance socio-ambiental, ni restitución se sitios sagrados, ni la consideración de un nuevo enfoque indígena.

En definitiva, fue despachado por los honorables diputados a pesar de las numerosas indicaciones y observaciones presentadas por organizaciones gremiales, productivas, académicas, campesinas e indígenas. Estas en su gran mayoría fueron rechazadas o declaradas inadmisibles.

Exigimos que el Parlamento y el Gobierno otorguen espacios reales de reflexión y debate para generar un nuevo Proyecto de Ley de Fomento Forestal sin presiones ni urgencias artificiales. Un proyecto de esta envergadura necesita más debate para analizar cómo se debe fomentar y manejar sustentablemente las plantaciones forestales: los futuros incentivos al manejo de bosque nativo y plantaciones forestales deben ser exclusivos y directos para pequeños y medianos propietarios forestales, a fin de potenciar y diversificar la economía rural local.

Súmate a la campaña en www.carepalo.cl

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Dirigentes Mapuche exigen justicia y reparación al Estado Chileno en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

“Este es un momento histórico para la nación Mapuche y para todas las naciones del continente porque se está sentando un precedente para la opinión internacional en un caso donde una nación originaria busca justicia y reparación por la violencia infligida por parte del estado,” Victor Ancalaf, Lof Choin Lafquenche, Pueblo Mapuche. Ayer, miércoles 29 de mayo, dirigentes y miembros del Pueblo Mapuche, iniciaron la presentación de una demanda contra el estado de Chile en la Corte Interamericana.
Dirigentes Mapuche exigen justicia y reparación al Estado Chileno en la Corte Interamericana de Derechos Humanos


Por Erika Lincango

“Este es un momento histórico para la nación Mapuche y para todas las naciones del continente porque se está sentando un precedente para la opinión internacional en un caso donde una nación originaria busca justicia y reparación por la violencia infligida por parte del estado,” Victor Ancalaf, Lof Choin Lafquenche, Pueblo Mapuche.



San José, Costa Rica. — Ayer, miércoles 29 de mayo, dirigentes y miembros del Pueblo Mapuche, además de una activista chilena pro-Mapuche, iniciaron la presentación de una demanda contra el estado de Chile en la Corte Interamericana. Esta causa, identificada como “Caso Norín Catrimán vs. Chile,” se enfoca en exponer ante la Corte el grave daño que ha provocado en comunidades Mapuche la aplicación de la denominada “ley anti-terrorista,” la violencia policial, los injustos encarcelamientos y los procedimientos discriminatorios con que ha operado el sistema judicial chileno. A este respecto, Juan Pichun, de la comunidad Temulemu, declaró: “Nosotros esperamos que se condene al estado chileno por la violencia, los allanamientos y la encarcelación, que ha ejercido en contra de los miembros de la nación Mapuche.”



Considerando que en Chile se aplicó una normativa que “criminaliza” las luchas de comunidades Mapuche por sus territorios y derechos, el 7 de agosto de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió el caso a la Corte Interamericana. A juicio de la Comisión, los casos de los dirigentes Mapuche afectados permitirá a la Corte “definir estándares en materia de igualdad y no discriminación.” Asimismo, tanto la Comisión como los demandantes Mapuche exigen que la Corte decida “en materia de reparaciones, en particular, medidas de no repetición necesarias para enfrentar el uso de prejuicios y estereotipos.” Esto se refiere a prejuicios que han influido directamente en el tratamiento de estos casos en Chile. En los hechos, el estado chileno ha incurrido en prácticas discriminatorias en desmedro de las legítimas luchas de comunidades Mapuche por recuperar territorios ancestrales.



Uno de los demandantes Mapuche, Juan Marileo, del Lof Jose Guiñón, subrayó la voluntad de los demandantes de exigir justicia y reparación por parte de la Corte Interamericana: “Yo vengo acá a pedir justicia hacia todos los Mapuche. A un principio nosotros cuando sufrimos la represión del estado, al ser acusados bajo ‘terrorismo,’ no sólo yo estaba sufriendo; estaban mis hijos, mi familia, mi comunidad, todos miembros del pueblo Mapuche.” Luego, agregó: “cuando digo que venimos a pedir justicia, es decir que nos devuelvan todo lo que hemos perdido principalmente la tierra. Y estamos aquí para pedir que se condene al estado chileno por el genocidio silencioso en contra de nuestra nación.”



Para acceso directo a la información relativa a la audiencia en curso, ir a: http://www.corteidh.or.cr/

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Representantes Aymara, Lickanantai y Quechua se retiran de irregular "mesa de consenso" de "consulta indígena"

En Asamblea realizada en Iquique, los días 27 y 28 de Mayo, representantes de los pueblos Aymara, Lickanantai y Quechua resolvieron retirarse y denunciar la "mesa de consenso" que dirige el Gobierno chileno para imponer un "reglamento de consulta". En Declaración Pública enviada a las autoridades chilenas, al Instituto de Derechos Humanos y Naciones Unidas se enumeran las irregularidades de la "mesa de consenso".
"Los funcionarios de gobierno han rehusado, de manera reiterada, incluir los instrumentos y estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como fuente normativa del Reglamento"
Reproducimos la importante Declaración Aymara, Lickanantai y Quechua, que se suma a la Declaración del Pueblo Rapa Nui. Los pueblos se retiran de la fraudulenta "mesa de consenso".
Representantes Aymara, Lickanantai y  Quechua se retiran de irregular "mesa de consenso" de "consulta indígena"
Publicado en
http://consultapueblosoriginarios.jimdo.com/noticias/

DECLARACION de los pueblos indígenas AYMARA de Arica-Parinacota y Tarapacá, QUECHUA de Tarapacá y LICKANANTAI de Antofagasta sobre su Derecho a ser Consultados conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.


Reunidos en asamblea auto-convocada en la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá, Chile los días 27 y 28 de Mayo de 2013.

Los representantes de los pueblos referidos y abajo firmantes, declaramos lo siguiente:
El proceso de consulta convocado por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a través del Ministro de Desarrollo Social, Don Joaquín Lavín Infante, y coordinado por el Asesor Especial de Asuntos Indígenas, Don Matías Abogabir, no ha sido desarrollado en conformidad a lo que exigen los tratados y estándares internacionales. Pasamos a detallar los elementos que hemos identificado y analizado como atentatorios a la buena fe que requiere dicho proceso:

- La medida a ser consultada conforme a los Artículos 6 y 7 de la OIT, esto es, el Reglamento de Consulta actualmente en proceso de elaboración en la mesa de gobierno, no ha sido efectuado con la debida participación de los pueblos indígenas interesados.

- Los Consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI no son representativos de nuestros pueblos indígenas.

- El apuro del gobierno por elaborar un Reglamento de Consulta en un plazo relativamente corto, no ha respetado los tiempos de nuestros pueblos y organizaciones, que requieren informar, socializar y consensuar las propuestas y contrapropuestas de manera seria y constructiva. Requerimos de tiempo y recursos suficientes, los que el gobierno no ha estado dispuesto a otorgarnos.

- La participación de los pueblos Aymara y Quechua en la mesa, fue coartada por la autodenominada Coordinadora Nacional Indígena dirigida por Don Marcial Colín L, que ha demostrado una actitud abusiva y autoritaria en forma constante, limitando la participación de otras organizaciones, representantes y pueblos indígenas.

- No participan todos los que debieran participar en una mesa como la que ha organizado el gobierno. Ni las comunidades indígenas del pueblo Lickanantai organizadas en el Consejo de Pueblos Atacameños ni las comunidades del Alto Loa (Región de Antofagasta) participaron de modo alguno en el proceso en cuestión, ni fueron invitadas a hacerlo.

Rubén Reyes y Cecilia Mendoza no son ni han sido representantes electos por nuestros pueblos para este fin.

- Cecilia Flores, la participante Aymara de la Coordinadora Nacional Indígena se autonombró y se impuso sin ser elegida por los aymara de Tarapacá para este fin.

- No corresponde que la mesa del gobierno ni la autodenominada Coordinadora Nacional Indígena liderada por Marcial Colín, designen personas que no tienen legitimidad por no haber sido elegidas por nuestros pueblos para este fin.

- La vigencia del D.S. 124 y el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA actualmente en trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República, han atentado permanentemente contra la posibilidad de trabajar con la transparencia que requieren los consensos y acuerdos duraderos, por lo que desde el primer momento exigimos la derogación de dicho decreto y el retiro del reglamento como una muestra de buena fe de parte del gobierno, sin resultados.

- El Sr. Matías Abogabir, Asesor Especial de Asuntos Indígenas del gobierno, no ha tenido un comportamiento que garantice neutralidad y transparencia. Tenemos información fidedigna que demuestra que él ha sostenido diversas reuniones con gremios industriales y financieros, y en particular, con el Consejo Minero y la SONAMI (organismos que reúnen a las empresas del rubro que operan en Chile). Les ha entregado a dichos organismos privados información sobre el proceso de consulta en desmedro de los pueblos indígenas afectados.

- Asimismo, el Sr. Abogabir, en diversos proyectos de ley que afectan nuestros derechos humanos y que debieron ser consultados con los pueblos indígenas, ha informado en calidad de Asesor Especiai de gobierno, que dichos proyectos NO deben ser consultados con los pueblos indígenas, lo que ocurrió con la Ley de Pesca, la Ley de Televisión Digital y la ley de Carretera Eléctrica.

- Los funcionarios de gobierno en la mesa han puesto una serie de obstáculos al desarrollo de un trabajo consensuado, en la medida en que han rehusado, de manera reiterada, incluir los instrumentos y estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como fuente normativa del Reglamento. Tampoco han aceptado hasta el momento incorporar la necesidad de realizar una consulta de los proyectos de inversión, en cualquiera de sus fases, incluyendo la exploración y prospección, lo que tiene especial relevancia para nosotros, los pueblos del Norte, relacionados más directamente con las actividades extractivas. Es así como tampoco se le ha dado importancia al Articulo 15 deI citado convenio.

- Asimismo, el gobierno ha rehusado darle el nivel que corresponde al Convenio 169, rebajando su valor normativo a un rango meramente legal, desconociendo su condición de tratado de derechos humanos. Esto ha significado, entre otros, que el gobierno no ha querido incluir otros artículos del Convenio 169 sobre los cuales recae la consulta, ni mencionar a instrumentos y estándares internacionales reconocidos por el Estado de Chile, tal como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Art. 35). Tampoco ha querido aceptar que la consulta se deba aplicar a los actos administrativos emanados de las municipalidades. Del mismo modo, el gobierno ha querido restringir la participación indígena a las medidas administrativas de carácter general, excluyendo las medidas especiales que también pudiesen afectar directamente nuestros derechos. Esto es particularmente preocupante tratándose de tierras indígenas, puesto que el gobierno ha tratado de convencer a los participantes de la mesa, sobre la conveniencia que las compras y divisiones de tierras no sean consultadas.

- Se ha mantenido casi absoluto silencio sobre los derechos de nuestros pueblos a las tierras, territorios y recursos naturales que ocupamos o hemos ocupado tradicional y ancestralmente, amenazando así nuestras posibilidades de supervivencia en la totalidad del hábitat de las regiones en que vivimos.

- A lo largo de todo el proceso, no tuvimos acceso equitativo a los medios de comunicación, tanto internos corno externos, lo que limitó seriamente nuestro derecho a la información y a difundir los acuerdos alcanzados entre los pueblos, y especialmente, de informar a nuestras bases.

- Finalmente, la constitución de una "comisión facilitadora de redacción" durante la última sesión de la mesa de consenso del gobierno, a petición de la autodenominada Coordinadora Nacional Indígena, se redujo en forma arbitraria la participación de los pueblos indígenas a un mínimo inaceptable. Dicha comisión no es ni representativa ni participativa, porque solo la constituyen tres miembros de dicha Coordinadora, más siete abogados (2 asesores de pueblos indígenas y 5 abogados de gobierno). Esta comisión se ha impuesto la tarea de consensuar todos los artículos pendientes, en contra de la voluntad manifestada expresamente en dicha ocasión por nosotros los pueblos indígenas del Norte.

En vista y considerando los hechos antes expuestos, manifestarnos lo siguiente:

1. Los representantes de los pueblos indígenas del Norte que hasta ahora hemos participado en la mesa de consenso convocada por el gobierno, nos retiramos de la misma porque no nos sentimos representados en ella. El gobierno no cumplió con el protocolo de buenas intenciones suscrito por Matías Abogabir con fecha 12 de marzo 2013.

2. Los que no hemos participado en dicha mesa y somos parte de esta asamblea auto-convocada, apoyamos la decisión del punto anterior y respaldamos las gestiones que se realicen en adelante con el fin de garantizar la adecuada implementación del Convenio 169 y el cumplimiento del punto tres (3).

3. En pleno ejercicio de nuestra autonomía como pueblos, hemos decidido retornar y continuar el proceso de consulta en el Norte, para el Norte y desde el Norte, informando y capacitando a nuestras bases, para poder así determinar libre y soberanamente los mecanismos apropiados de consulta que se ajusten más a nuestros tiempos, culturas, costumbres y derechos, e intereses corno pueblos indígenas reconocidos internacionalmente.
4. La representación Aymara de la Región Metropolitana se suma y se hace parte de esta declaración y junto a los pueblos del Norte invitan a los demás pueblos indígenas en Chile a adherirse a nuestro movimiento de modo de garantizar el derecho a la consulta establecido en el Convenio 169.
Suscrito en la ciudad Iquique. el día 27 de Mayo del 2013

Firman representantes de pueblo Aymara, pueblo Lickanantay y pueblo Quechua

Al Sr. Presidente de la República Don Sebastián Piñera Echeñique

C.C.
- Sr. James Anaya, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
- Sr. Joaquín Lavín, Ministro de Desarrollo Social
- Sres. Miembros de la Mesa de Consenso convocada por el gobierno
- Sres. Instituto Nacional de Derechos Humanos
- Sres. Observadores del Sistema de Naciones Unidas en Chile


Ver documento original con firmas y timbre de recepción.
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Comenzo juicio del Pueblo Mapuche contra el Estado chileno en San José

Para llegar a esta instancia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuso la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de por las víctimas Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán,Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Patricia Roxana Troncoso Robles y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe.
Comenzo juicio del Pueblo Mapuche contra el Estado chileno en San José
Fuente: www.elpais.cr

Comenzó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el el juicio que el pueblo indígena Mapuche llevará contra el Estado chileno por actos violatorios de los derechos del pueblo originario de lo que hoy ocupa el país sudamericano.

Una denuncia por la violación a los derechos humanos se presentó en 2003, por la encarcelación sin justificación de varios activistas indígenas y allegados de sus causas.

La activista Patricia Troncoso fue víctima y encarcelada por diez años por la aplicación de la ley antiterrorista en Chile.

Troncoso explicó a Elpais.cr que la ley antiterrorista “es una ley que fue heredada de la dictadura militar de Pinochet”.

Esta ley se utilizaba para asesinar a los detractores del régimen dictatorial y, en tiempos de ‘seudo democracia’ fue usada para criminalizar las demandas de territorio del pueblo Mapuche”, argumentó Troncoso que se encuentra en Costa Rica.

Hoy se conocerá el caso conocido como Norín Catrimán y otros contra Chile, el cual se relaciona a la presunta discriminación a un grupo de indígenas Mapuches a los que se les condenó por terrorismo. Este caso se refiere al procesamiento y condena por delitos terroristas de siete dirigentes y miembros del pueblo indígena Mapuche, así como de una activista y simpatizante de esa comunidad.

Para llegar a esta instancia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuso la demanda ante laCorte Interamericana de Derechos Humanos del caso de por las víctimas Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán,Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Patricia Roxana Troncoso Robles y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe.

Sin embargo, tanto Anicero Norín como Patricia Troncoso no serán escuchados hoy y apenas podrán entregar un documento escrito, según se denunció al Elpais.cr.

La Corte denegó el derecho de declaración oral del Lonko Aniceto Norin (autoridad ancestral del pueblo Mapuche y Patricia Troncoso, indicó esta última.

Negar la posibilidad de hablar del Lonko significa el desconocimiento de su autoridad como cabeza ancestral de un pueblo, por lo tanto, silenciar la voz del Lonko significa silenciar la voz de los pueblos, y la voz de las comunidades en resistencia, las que están luchando por la recuperación de sus territorios” dijo la Troncoso.

Activistas por los derechos humanos invitan a todas las personas aacompañar este proceso hoy y mañana jueves 30 de mayo frente a la Corte en San Pedro de Montes de Oca.

Las dos víctimas silenciadas en este proceso llevarán una cinta en la boca como señal de protesta pacífica “por esta determinación de la Corte que limita la justicia de nuestros Pueblos”, señaló Troncoso.

Según los activistas la demanda ante la Corte plantea la desmilitarización de los territorios Mapuches, la derogación de la Ley antiterrorista, la liberación de los presos políticos Mapuches en especial de las autoridades espirituales, las mejoras en las condiciones carcelarias dequienes están presos, y la profundización de un proceso de devolución de las tierras del Pueblo Mapuche como parte de las Primeras Naciones.

El pueblo Mapuche fue unos de los pocos pueblos que resistió a la conquista española, logrando a través de su poderío militar el establecimiento de parlamentos con la Corona Española, donde fijaron sus límites territoriales a través de una frontera que dividía lo que hoy es Chile.

Sin embargo, en 1863 por medio de un proceso de anexión del territorio Mapuche -mal llamado- “Pacificación de la Araucanía” significó el genocidio del 75% del pueblo.

La audiencia se puede ver por: http://www.corteidh.or.cr/index.php/galeria-multimedia

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Del Decreto 124 al "Decreto 125". Reglamento de consulta indigena de "mesa de consenso": del sartén a las brasas

La derogación inmediata del Decreto 124 ha sido exigida por todos los pueblos indígenas desde el primer día en que fue dictado. El Decreto 124 nació ilegitimo, repudiado por los pueblos, criticado por el Congreso, la OIT, el INDH, descartado por los tribunales, y ya el propio gobierno dice que no lo aplica. Solo cabe al Gobierno derogar el Decreto 124 sin más trámite ni chantajes. Si el Gobierno realmente actuara de buena fe y voluntad política, habria derogado el Decreto 124 sin excusa. Otra cosa aparte es acordar con los pueblos un reglamento de consulta que se base en estándares internacionales.
El Gobierno y su "mesa de consenso" pretende engañar a los pueblos indígenas. Lo que debió hacer desde un inicio, derogar el Decreto 124, lo ofrece ahora en un "artículo transitorio", como anzuelo y chantaje para legitimar su tramposo reglamento de consulta y hacer caer en la trampa. La consulta cae del sartén a las brasas.
Del Decreto 124 al "Decreto 125". Reglamento de consulta indigena de "mesa de consenso": del sartén a las brasas
EL DECRETO 124 DE VIERA GALLO Y BACHELET

Desde el primer dia de la imposición del Decreto 124, todas las organizaciones de los pueblos indígenas han exigido su derogación:
- Porque cercena el alcance y aplicación de las consultas.
- Porque remite las consultas de proyectos de inversión que invaden territorios indigenas, y las reduce a las reglas del sistema de evaluación de impacto ambiental.
- Porque desconoce los estándares internacionales de consulta y derechos de los pueblos indígenas
- Porque fue impuesto sin consulta válida con los pueblos indígenas.

El Decreto 124 tiene los mismos males del tramposo reglamento que se trama en la "mesa de consenso" y "comité de facilitadores". Males corregidos y aumentados.

LA DEROGACION DEL DECRETO 124, INMEDIATA Y SIN CONDICIONES

Tras el fracaso de la "gran consulta" de MIDEPLAN en septiembre de 2011, fue categórica la exigencia por la derogación inmediata del Decreto 124 por violar gravemente los Derechos de los pueblos. Y el Gobierno se hizo el loco, postergando una y otra vez.

El Ministro Lavin eludió una y otra vez una definición, alargando los plazos, hasta el 2013. Los funcionarios del Gobierno decían falsas excusas, diciendo por un lado, que al derogar el decreto 124 se crearía un "vacío legal", y por otro lado, ofreciendo que no se aplicaría el Decreto 124.

El Decreto 124 es un cadáver jurídico.

El Decreto 124 nació ilegitimo, repudiado por los pueblos y el congreso, descartado por los tribunales, cuestionado por la OIT, criticado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Una verguenza internacional.

El propio gobierno dice que no aplica el Decreto 124 ¿Y que ha esperado para derogarlo?

Lo único que queda al Gobierno es derogar el Decreto 124 sin más trámite, ni excusas. Ese debió ser el primer acto para un diálogo de buena fe. Pero ahora pretende usarlo como chantaje.


LA MESA DE CONSENSO Y EL "ESTANDAR 124"

El Ministro Lavin y su Asesor de Política Indígena, repiten majaderamente que el Reglamento que traman en la "mesa de consenso" será de "estándares muy superiores al Decreto 124", como si el Decreto 124 fuese la medida. Cualquier reglamento tramposo puede ser "superior" al Decreto 124.

LA VARA DE MEDIDA DE UN REGLAMENTO: LOS ESTANDARES INTERNACIONALES

La legitimidad y calidad de un nuevo reglamento no se mide ni prueba con un "Artículo transitorio" que derogue el Decreto 124. La vara de medida son estándares internacionales. ¿Y qué estándares puede cumplir el reglamento de la "mesa de consenso"?

El reglamento que prepara la "mesa de consenso" no siguió ninguna de las recomendaciones del Relator de Naciones Unidas y no cumple con estándares:

- Cercena el alcance y aplicación de las consultas.
- Impone como filtro a la Constitución de Pinochet y niega a la Declaración de Naciones Unidas de derechos de los pueblos indígenas.

- Reduce las consultas solo a los artículos 6 y 7 del Convenio 169,

- Elude articulos del Convenio 169 tan importantes como el artículo 15 sobre proyectos de inversión.

- Remite las consultas de proyectos de inversión que invaden territorios indigenas, y las reduce al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental.

- Excluye de las consultas a las concesiones mineras, de aguas, geotermia, eléctricas, etc.

- Reglamenta y mutila gravemente el derecho fundamental a la participación de los pueblos indígenas, rebajada sin capacidad decisoria.

- Reglamento gestado en un proceso viciado y manipulado de reuniones con designados y supuestos representantes, que se autoatribuyen la soberanía de los pueblos

DEL SARTEN A LAS BRASAS. DEL DECRETO 124, AL "DECRETO 125"

El Gobierno y su "mesa de consenso" pretende engañar a los pueblos poniendo como anzuelo y chantaje la derogación del decreto 124. Usa como carnada y volador de luces la deregación del Decreto 124, que debió hacer desde el principio, para hacer caer en la trampa del "decreto 125", el ilegitimo y tramposo reglamento que prepara a la medida de las transnacionales para seguir invadiendo territorios de los pueblos.

La consulta indígena cae del sartén a las brasas: del decreto 124 al "decreto 125".

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Racismo socio ambiental: Proyecto de planta de aguas servidas en medio de Comunidades Mapuche de Likan Ray

La empresa Aguas Araucanía, que hoy está controlada por la transnacional de origen Nipon Marubeni Corporation e Innovation Network Corporation of Japan, con el aval del gobierno, buscan instalar una planta de tratamiento de aguas servidas en la localidad turística de Likán Ray, sin embargo, pretende hacerlo en medio de Comunidades Mapuche reproduciendo nuevamente el racismo ambiental contra comunidades, sin cumplir el respeto a normas y principios de derechos.
Racismo socio ambiental: Proyecto de planta de aguas servidas en medio de Comunidades Mapuche de Likan Ray
Imagen: Localidad Laikan Ray / foto: patrimoniochileno.net

La instalación Sistema de Alcantarillado Público de Aguas Servidas Localidad de Lican Ray está causando graves conflictos por parte del gobierno y la empresa Aguas Araucanía ya que pretenden emplazarlo en medio de comunidades Mapuche.
La planta se justifica por el aumento de la población particularmente en temporada estival, por el enorme afluente turístico de la zona, sin embargo, estas cargas ambientales, pretenden hacerla en desmedro de comunidades Mapuche, donde diversas familias tienen importantes emprendimientos turísticos necesarios para el sustento.
La empresa en su proyecto, señala: “Se debe señalar que a la fecha la localidad de Lican Ray no posee un sistema de alcantarillado y en consecuencia tampoco posee un sistema de tratamiento de aguas servidas, existiendo sólo soluciones particulares asociadas a cada vivienda…”
El proyecto en cuestión considera la implementación de un sistema de alcantarillado de aguas servidas con una red de colectores principales y plantas elevadoras. Junto a ello, la empresa pretende la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas de Lodos Activados en modalidad convencional o SBR.
Las aguas servidas o aguas negras son los desechos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial y traen consigo una serie de materias orgánicas e inorgánicas. En los lugares donde existen sistemas de alcantarillado todas confluyen a un sistema colector de aguas cloacales, que debería terminar en una planta de tratamiento, como es lo que se quiere hacer en Likan Ray.
Cabe consignar que uno de los principales que uno de los principales problemas que ha generado la empresa Aguas Araucanía que ha venido cambiando de dueños continuamente, desde que lo iniciara el grupo Solari (Falabella) hasta el control actual de una transnacional japonesa, es el de instalarse en suelos de comunidades Mapuche o de manera aledaña.
En la Araucanía, tan solo un 20 % del total del suelo geopolítico está en manos de comunidades Mapuche, sin embargo, las plantas de tratamiento de aguas servidas se han venido emplazando casi absolutamente en medio o al lado de comunidades.
Las construcciones de estas plantas, han llevado comúnmente a situación de focalización en contaminación, existiendo diversos precedentes por grave contaminación que esta empresa ha generado, como ha ocurrido en Pucón, Temuco y Saavedra, entre otros. Asimismo, otro punto de atención ante la ejecución de estos proyectos, es la destrucción de hectáreas de terrenos, bosque nativo, plantas y yerbas medicinales, biodiversidades y en algunos casos, lugares sagrados.
Otra situación grave que se sigue reproduciendo, es la falta de consulta e información, donde todo lo obrado se hace a espalda de las propias comunidades, pasando a llevar la propia legislación vigente en este sentido, como es el artículo 34 de la Ley indígena , EL Convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos indígenas.

RACISMO AMBIENTAL

El racismo ambiental es una violación de derechos humanos y es una forma de discriminación causado por gobiernos y políticas del sector privado, practicas, acciones o inacciones, que intencionalmente o no, agreden el ambiente, la salud, biodiversidad, la economía local, la calidad de vida y seguridad en comunidades, como ocurre en estos casos.
En el caso de las plantas de tratamiento de aguas servidas en comunidades mapuche en la Región de La Araucanía, no es una coincidencia ni una acción fortuita, sino que forma parte de un comportamiento social y político, y que es parte de la historia de relación del Estado chileno hacia el Mapuche. Ello explica porque hoy se sitúan mayoritariamente en medio de comunidades mapuche en la Región de La Araucanía, y en algunos casos, en sectores cercanos a poblaciones de campesinos chilenos pobres, donde habitan numerosas familias, y que deben soportar la contaminación al lado de sus viviendas, de sus caminos vecinales, al lado de los predios agrícolas y ganaderos, de sus escuelas, de sus recursos naturales, como el agua y bosques.
Si bien, en el caso de Likan Ray, la empresa reconoce en su proyecto la existencia de Comunidades, pero omite su responsabilidad y señala: “Se tienen comunidades indígenas próximas a enlazamiento de la PTAS, pero a una distancia suficiente como para que no existan interferencias relevantes respecto de ellas…”

OPOSICIÓN DE COMUNIDADES DE LIKAN RAY

Este Jueves 30 de Mayo a las 11:00, representaciones de comunidades, entre ellas, Rudecindo Ancalef, entregarán ante el Servicio de Evaluación Ambiental, ubicado en Vicuña Mackena Nº 224, sus observaciones y oposición al proyecto en Likan Ray, oportunidad donde entregaran diversos estudios socio culturales y en derecho por las comunidades que son directamente afectada por la Instalación del Tratamiento de Aguas Servidas concesionada por Aguas Araucanía.

Ver detalles del proyecto: http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=6157334

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La "Legislación Antiterrorista de estándar internacional" boomerang que hoy enjuicia al estado chileno por su aplicación al Pueblo Mapuche

“Chile cuenta hoy con una legislación antiterrorista de estándar internacional”, dijo recientemente el Presidente de Chile Sebastián Piñera en su discurso del 21 de Mayo / Hoy en una Corte Internacional allá en Costa Rica, el Pueblo Mapuche demostrará que el trato, la persecución y la criminalización de las demandas de quienes han sufrido en cárcel esa legislación heredada de Pinochet, maquillada y aplicada por los gobiernos de la Concertación y defendida por el actual gobierno de Piñera.
La "Legislación Antiterrorista de estándar internacional" boomerang que hoy enjuicia al estado chileno por su aplicación al Pueblo Mapuche


Por Gonzalo Manquepillán O.

MVPVLEN MANKE

Hoy en Costa Rica se juzgará al Estado de Chile por su "ley de estándar internacional" y de seguro quedará demostrado que la Concertación y la Derecha política chilena es una sola, ya que será el propio gobierno de Piñera que tratará de defender lo obrado por los gobiernos Concertacionistas en esa materia...

Desde el Nome Lafken el lonko Pascual Pichun acompañará a sus hermanos en esta demostración al mundo de que el Mapuche NO es Terrorista... y ahí estarán siempre estoicos nuestros peñi reiterando lo que hicieron ante la justicia chilena que los desoyó y les aplicó su ley encarcelándolos y en un caso enviándolo a la clandestinidad, sumado a la acción de protesta de más de 110 días en huelga de hambre que mantuvo Patricia Troncoso.

Hoy estará el weychafe Ankalaf mostrándole al mundo, lo que es vivir en constante persecución por más de 10 años y que no conforme con encarcelarlo a él, hoy lo hacen con su hijo y su sobrina...

Hoy es un día en que debemos estar atentos... la justicia no es divina... se lucha por la justicia y por demostrar con newen mapuche que en este país NO existe esa justicia.

FENTREN NEWEN PU LONKO!!!
FENTREN NEWEN PU PEÑI JOSÉ HUENCHUNAO, JAIME Y PATRICIO MARILEO!!!
FENTREN NEWEN WEYCHAFE VICTOR ANKALAF!!!
FENTREN NEWEN LAMNGEN CHEPA...!
MARRICHIWUEUUUU!!! MARRICHIWUEUUUU!!! MARRICHIWUEUUUU!!!

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La desaparición de José Huenante, el olvido y la injusticia en Puerto Montt

Todavía no hay justicia a casi 8 años de la desaparición de José Huenante, joven de 16 años, que fue visto por última vez siendo subido a una patrulla de Carabineros en la población Vicuña Mackenna de Puerto Montt. Tras su desaparición, vino la demora de la Fiscalía y luego el traslado del caso a la Fiscalía Militar, donde se pierde definitivamente. El caso será llevado a la CIDH. El periodista Nicolás Binder, reúne la historia en el libro “La vida breve de José Huenante”, que fue presentado ayer en Puerto Montt.
La desaparición de José Huenante, el olvido y la injusticia en Puerto Montt
En la foto Nicolás Binder, autor del libro y Dauno Tótoro,editor de Ceibo Ediciones.
Felipe Gutiérrez /Informativo Mapuexpress

“¿Cómo es que un cabro de 16 años, mapuche, que estudió hasta quinto básico y que trabajaba en una pesquera moldeando erizos es detenido y hecho desaparecer en el año 2005?”, se pregunta el periodista Nicolás Binder, que se dedicó durante meses a estudiar el caso para buscar una respuesta ante un hecho tan inusual. Desde 1990, la policía chilena ha asesinado a más de 70 personas, pero solo hay un detenido desaparecido: José Huenante.
José fue hecho desaparecer la madrugada del 3 de septiembre de 2005. Se había juntado con un grupo de amigos a tomar en la población en la que vivía con su tía desde hacía dos años. A eso de las cuatro de la mañana, cuenta Binder, pasa una patrulla de Carabineros haciendo la ronda. El grupo comienza a lanzarle piedras, la patrulla se da la vuelta y pide refuerzos. Se ve que mucho no tenían que hacer esa noche los Carabineros de Puerto Montt, porque llegan tres vehículos más, 16 policías en total. Al verlos llegar, el grupo arranca, todos hacia el mismo lado menos José, aparentemente el que estaba más borracho en el grupo, que comienza a correr en dirección contraria. “Hay una testigo que dice que vio a un joven de iguales características a José siendo perseguido por una patrulla con sus luces y balizas apagadas”, cuenta Binder; “también hay otro testigo, un cabro del grupo que estaba tomando, que ve a José corriendo por otra calle siendo perseguido por una patrulla. De repente esa patrulla lo adelanta, le hace una encerrona en la esquina de un pasaje, se bajan dos Carabineros abren la puerta posterior izquierda de la patrulla y lo suben violentamente en la parte trasera y se van. Eso es lo último que sabemos de José Huenante”.
Hasta esta parte la historia podría ser la de cualquier noche en cualquier lugar de Chile. Sin embargo de José no se supo nunca nada más. Nicolás Binder cuenta que las primeras pericias las hizo la Policía de Investigaciones y que seguían la hipótesis que Carabineros habían tenido participación, sin embargo no se avanzó en esa línea. El periodista le preguntó al fiscal por qué no había seguido la hipótesis, a lo que contestó que él “no podía dudar de Carabineros, porque en ese caso, tendría que dudar de todos los informes que le llegan”. Recién dos meses después de la desaparición de Huenante se toman las primeras declaraciones, entre ellos muchos testigos falsos, los que desvían la investigación. Luego de tres años, el caso cambia de Fiscal, asumiendo la investigación Sergio Coronado. Coronado, que ha sido acusado de someter a torturas en la misma Fiscalía a testigos de otro caso formaliza a tres Carabineros por secuestro calificado, y en octubre los acusa por detención ilegal. En la audiencia de preparación de juicio oral, la defensa solicita que la investigación pase a la Fiscalía Militar, y a finales de año la Corte de Apelaciones de Puerto Montt determina que así sea. Desde entonces el caso se pierde. “El hecho es que desde 2006 no ha habido ninguna hipótesis nueva. Coronado, cuando acusó el 2009 lo hizo a partir de evidencias recogidas entre el 2005 y 2006. De hecho en la población siempre se comentó que habían sido Carabineros”, dice Binder. El abogado de la familia, Luis Correa, anunció en marzo que debido al nulo avance de la investigación en la Fiscalía Militar, el caso será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Nicolás, ¿Qué crees que le pasó a José Huenante?
“Lo único que a mí me consta y a la Fiscalía y a la familia y a todo el mundo, es que José esta desaparecido. Yo no puedo especular de qué pudo haber ocurrido esa noche después de que fue detenido. Lo que sí puedo decir es que por lo menos en esa población en Puerto Montt, y me imagino que en otras ciudades también, es habitual de que Carabineros hagan rondas en las poblaciones, agarran a cabros que están tomando en la calle, los suben a los camiones, les sacan la cresta, les dan un paseo por la ciudad y después los sueltan. Entonces, para mí lo más lógico es que a José Huenante lo hayan detenido, creyendo que había lanzado piedras, que nadie lo vio lanzar piedras, y que le hayan sacado la cresta, pero esta vez se les pasó la mano simplemente”.
¿Por qué crees que aún no hay justicia por José?
“Porque ocurrió esto en Puerto Montt, ¿Habría podido pasar lo mismo en Santiago? Si tú empiezas a mirar la historia, aprendes sobre Derechos Humanos, te das cuenta que acá nunca ha habido justicia. De hecho, la última gran matanza del Estado chileno fue la de Pampa Irigoin, en el 69 y no pasó nada. O sea se enterraron las víctimas, se hicieron los funerales y se acabó. Y luego ocurrió todo lo que pasó en la dictadura acá en la zona. Y han pasado 40 años. Entonces, claro cuando tu entiendes todas esas cosas, comprendes porqué esto ocurrió acá y no en ningún otro lado. Y porqué José Huenante sigue desaparecido. Y porqué José Huenante va a seguir estando desaparecido. Si han pasado 40 años de impunidad, ¿por qué en el caso de José Huenante va a ser distinto?”
¿Qué sensación te deja el caso tras investigarlo?
“Mira, el libro no es solo sobre la vida de José Huenante, es sobre Puerto Montt, es sobre la provincia de Llanquihue, es sobre una ciudad sin memoria ni justicia. Yo como puertomontino tengo la sensación de que la ciudad siempre ha sido olvidada, marginada por el poder central. El caso de José Huenante refleja esto, ese desinterés por la gente más humilde de región. Yo no sé si será porque Puerto Montt siempre fue el último rincón antes de que se acabara Chile. El caso de José Huenante, su desaparición y el olvido del Estado, habla de lo peor de esta entre comillas democracia que tenemos. De los supuestos 20 mil dólares per cápita que yo no sé dónde están. Si tu vas a Puerto Montt, vas a Los Muermos, vas a Cochamó, no aparece ese país. Somos el país que se quiere esconder, que se quiere barrer debajo de la alfombra. A consecuencia de eso terminamos con este caso, con la desaparición de un niño, totalmente pisoteado por todo el Estado de Chile. Yo me quedo con la sensación de que este caso, ¿a quién le importa?”

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Presentan recurso por acoso policial a estudiantes mapuches

Este martes se presentó un recurso de amparo preventivo para los hogares mapuche de Temuco y Padre Las Casas, ante una serie de allanamientos violentos que se han registrado en los últimos días. Los dirigentes y su defensa afirmaron que esperan que tribunales acoja esta acción, para garantizar así la tranquilidad de cerca de 200 jóvenes que estudian en esos centros
Presentan recurso por acoso policial a estudiantes mapuches
Por Paula Correa
Fuente: radio.uchile.cl

Este martes se presentó un recurso de amparo preventivo para los hogares mapuche de Temuco y Padre Las Casas, ante una serie de allanamientos violentos que se han registrado en los últimos días, después de que el jueves 16 se produjera la quema de maquinaria en un puente aledaño al sector en el que éstos se ubican.

Así lo confirmó Macos Vargas, vocero del hogar Lawen Mapu: “Como hogares mapuches de estudiantes universitarios debido a las últimas acciones de parte del Gobierno, específicamente del Ministerio Público que ha inculpado de atentado incendiario en Temuco a causado la detención de uno de nuestros integrantes. Nosotros hemos decidido presentar un recurso basado en que la integridad de los estudiantes mapuches está siendo pasada a llevar”.

El joven afirmó que en el lugar de la quema se encontraron panfletos alusivos a la lucha de los dirigentes del sector de Pilmaqiuén y que su compañero, Orlando Cayul, quien fue detenido, fue finalmente dejado en libertad por falta de pruebas.

La abogada Claudia Quelaqueo, explicó los fundamentos de esta solicitud e indicó que aquí existe discriminación a los comuneros.

En este sentido, la representante de los jóvenes mapuches explicó que “son vulnerados todos los derechos porque de manera constante la Policía de Investigaciones, fuera de los cuatro hogares que hay mapuches en Temuco. No había una orden judicial previa, no se mostró esa orden por los efectivos de la PDI. La manera en que se efectuó el procedimiento totalmente ilegal y porque es una situación pública y notoria de que hay un acoso constante, no sólo de los estudiantes mapuches, sino de cualquier persona de apellido indígena en la región, y eso es una realidad”.

Los dirigentes y su defensa afirmaron que esperan que tribunales acoja esta acción, para garantizar así la tranquilidad de cerca de 200 jóvenes que estudian en esos centros, justamente para poder ampliar sus oportunidades y obtener mejores resultados académicos.

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mercredi 29 mai 2013

Trawun en la Isla Teja: Comunidad Koliñir lof huapi reivindica terrenos ancestrales

La reivindicación, aclara un miembro de la comunidad, se da en el marco de un proceso de reconstrucción territorial e identitaria. Si bien no figuran títulos de merced de esta, la necesidad de recuperar este espacio se basa en que siempre fue usado, no solo por los mapuche, si no que por todos los habitantes de la Isla teja, lo que la convierte en una reivindicación colectiva.
Trawun en la Isla Teja: Comunidad Koliñir lof huapi reivindica terrenos ancestrales
Fuente: Revista Bagual

El fin de semana recién pasado en la Isla Teja, ciudad de Valdivia, se desarrolló un trawun, convocado por la comunidad Koliñir lof huapi. Al trawun llegaron representantes de diversos territorios y comunidades, como el parlamento de Koz-Koz, Panquipulli, Mehuin, Mantilhue, Lago Ranco y La Unión, además de diversas organizaciones sociales valdivianas y de Santiago.

En esta instancia los representantes de la comunidad Koliñir dieron a conocer la reivindicación territorial que han comenzado a impulsar en los terrenos fiscales aledaños a la ex cárcel en Valdivia, donde desde hace un tiempo venían realizando una serie de actividades como construcciones y preparación de la tierra para ser sembrada. Sin embargo, la intendencia al enterarse de la ocupación de estos terrenos, ordenó a carabineros y guardias municipales controlar la entrada al sitio, quedando en la actualidad cerrado y resguardado por la fuerza pública.

La reivindicación, aclara un miembro de la comunidad, se da en el marco de un proceso de reconstrucción territorial e identitaria. Si bien no figuran títulos de merced de esta, la necesidad de recuperar este espacio se basa en que siempre fue usado, no solo por los mapuche, si no que por todos los habitantes de la Isla teja, lo que la convierte en una reivindicación colectiva. Además su recuperación aportaría al rescate de los humedales del lugar que han sido destruidos en manos del crecimiento desmedido del negocio inmobiliario.

Uno de los principales temas discutidos por los y las asistentes fue la protección del agua como fuente de vida, la que hoy en día se ve amenazada por el Código de Agua chileno y la política de privatización impulsada por los gobiernos nacionales desde la dictadura militar. Esta situación ha dado paso, por ejemplo, a los distintos megaproyectos transnacionales que hoy en día afectan a las distintas localidades y comunidades mapuche. Con estos proyectos, entre otras cosas, se inundarían sitios ceremoniales como el Ngen Kituante en el sector de Mantilhue, por la represa en el rio Pilmaiken, o el complejo ceremonial de la comunidad de Lago Neltume. Estos proyectos no solo afectan aspectos espirituales, sí no que además condiciona el uso de los ríos y esteros para proyectos económicos propios de las comunidades. Ejemplo de esto es el caso de comuneros y comuneras de La Unión que al no poseer derechos de agua, no pueden usar el Río Bueno para el riego de sus cultivos.

Dentro de la cosmovisión mapuche, en los menocos (terrenos pantanosos), ríos, lagos, cerros y árboles se encuentran los ngen, las fuerzas tutelares de la vida, por lo que la destrucción de este humedal significa para ellos una profunda violación y falta de respeto a la tradición de este pueblo que lucha por sobrevivir. En este sentido es que consideran que la fuerza espiritual del sitio que hoy reivindican en la Isla Teja se mantiene viva, haciéndose necesario recuperar dicho espacio frente al avance voraz de las empresas inmobiliarias y de los distintos gobiernos que han destruido los humedales, contaminado el agua y expropiando el derecho de acceso a los ríos.

Debemos recordar que Valdivia y la Isla Teja estaban cursadas por humedales, los que han sido rellenados por distintos actores y sucesos a lo largo de la historia de la ciudad, pero en la actualidad el mayor responsable de su deterioro es la política inmobiliaria, que por medio de diversas empresas ha rellenado la gran mayoría de los humedales, para vender casas y construcciones sumamente caras en terrenos inestables y peligrosos en el caso de un sismo. Esto se puede revisar en cualquier mapa con clasificación del suelo, mapas que manejan las constructoras y autoridades del MOP, pero que no son considerados ya que no existe una normativa que los obligue a respetar la clasificación de los suelos.

A modo de contextualización, la historia nos cuenta que los terrenos de la Isla Teja tras la llegada de los españoles, pasaron a ser de un conquistador genocida de apellido Valenzuela, a quien bajo la institución de la encomienda se le adjudicaron los terrenos con todas las personas que vivían en el sector y los diferentes lof. Es de aquí que proviene el antiguo nombre español de esta isla, Isla de Valenzuela. Después del segundo Futa Malon al mando del Toki Pelentaru, conocido en las crónicas españolas como la Rebelión de las 6 Ciudades, Valdivia queda desocupada y la isla vuelve a pasar al control mapuche. Mucho después, ya por 1850, esta vez bajo el Estado chileno, es impulsada la colonización alemana del territorio mapuche, donde los terrenos de la Isla Teja pasan a propiedad de los colonos, siendo las personas que vivían en la isla obligados a irse o quedarse como inquilinos de los nuevos dueños de la tierra. Sin embargo, existieron distintos asentamientos mapuche y mestizos en la isla y las 16 hectáreas que componen los terrenos que hoy día se reivindican siempre fueron usadas por la comunidad en general que habita la Isla Teja.

Hoy en día son las comunidades organizadas las que llevan adelante la defensa de los espacios patrimoniales y naturales que son de importancia pública de todas las personas, no solo de los mapuche. Actividades como la de este fin de semana, hacen un llamado a pensar en el autogobierno y el fortalecimiento de la identidad y cultura de nuestros pueblos. A continuación la lectura de la declaración pública por don Raul Coliñir: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=7876

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Mañana se inicia juicio internacional contra el estado chileno por violación al debido proceso de miembros del Pueblo Mapuche

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, determinará si Chile ha violado la Convención Americana al aplicar la ley antiterrorista y hacer uso de testigos sin rostro en tres casos en que se condenó a representantes de dicho pueblo. De ser condenado, lo dispuesto en el fallo del tribunal es de cumplimiento obligatorio para el estado.
Mañana se inicia juicio internacional contra el estado chileno por violación al debido proceso de miembros del Pueblo Mapuche
Por Erika Lincango
Fuente: [url=http://observatorio.cl/node/9184observatorio.cl

Este 29 y 30 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará en San José, Costa Rica, para decidir sobre varios casos presentados por personas y familias Mapuche que, en años recientes, han sufrido encarcelamientos y la aplicación de la denominada “ley anti-terrorista” en Chile. El 12 de agosto del año 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una demanda contra el estado de Chile en respuesta a las violaciones de los derechos indígenas en Chile. El despliegue de la represión estatal, la violencia y el encarcelamiento en contra de líderes Mapuches ha marcado las luchas Mapuches por derechos ancestrales a la tierra, una acción represiva que ha producido graves daños humanos y sociales con traumáticos efectos sobre familias, comunidades, ancianos, adultos, jóvenes y niños Mapuches.

Varios miembros de familias y comunidades Mapuche se hallan involucrados en esta demanda, todos los cuales provienen de diferentes Lof (unidades territoriales y comunitarias Mapuche) del sur de Chile. Entre los demandantes, se encuentran los siguientes líderes: el recientemente fallecido Pascual Pichun, del Lof Antonio Ñirripil, Temulemu; Segundo Aniceto Norin, del Lof Lorenzo Norin en Didaico; Jaime Marileo y Juan Patricio Marileo, del Lof Jose Guiñón; José Huenchunao, del Lof José María Calbún; Juan Millacheo, del Lof Newen Mapu; y Victor Ancalaf, del Lof Choin Lafquenche. Patricia Troncoso Robles, activista pro-Mapuche, también es parte de este grupo de demandantes.

El caso de Victor Ancalaf es presentado por The Center for Justice and International Law (CEJIL), organización no gubernamental que promueve los derechos humanos en el continente y con sede en Washington, D.C. Las demandas de Pascual Pichun, Juan Millacheo, Jose Huenchunao, y Jaime y Juan Patricio Marileo son representadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), organización internacional de derechos humanos con sede en París, Francia. Por último, los casos de Patricia Troncoso Robles y Segundo Aniceto Norin son representados por la abogada chilena Ylenia Hartog.

Los representantes legales arriba mencionados presentarán estos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos basados en informes preparados por expertos y expertas forenses y, asimismo, en testimonios orales y escritos de los demandantes. Los profesionales forenses han documentado las consecuencias traumáticas de largo plazo que ha tenido la represión policial y el impacto profundamente negativo de la aplicación de la denominada “ley anti-terrorista” por parte del Estado chileno en años recientes.

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mardi 28 mai 2013

Universidad Diego Portales toma distancia de cuestionada "mesa de consenso" de "consulta indígena"

Por medio de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la UDP "desmintió" el papel que han desempeñado activamente sus abogados asesorando la cuestionada "mesa de consenso" que elabora un reglamento que cercena la consulta indígena en Chile. El comunicado fue publicado por el Centro de la UDP el día 15 de mayo de 2013.
De acuerdo a comunicados y denuncias públicas de organizaciones de pueblos indígenas, abogados U.D.P. asesoran al consejero Marcial Colin y la cuestionada "mesa de consenso" y son parte del "Comité de facilitadores" de 10 personas que redactan el texto del reglamento que mutila la consulta y atenta contra los derechos de los pueblos.
Reproducimos el comunicado de la U.D.P.
Universidad Diego Portales  toma distancia de cuestionada "mesa de consenso" de "consulta indígena"
COMUNICADO PUBLICO DE LA UDP

"A la comunidad.

"Ante algunos rumores de que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales estaría prestando asesoría a la Mesa de Consenso sobre Consulta Previa Libre e Informada, comunicamos lo siguiente:

1. El Centro de Derechos Humanos no tiene ninguna vinculación con la Mesa de Consenso. Sus miembros no participan en las actividades de la Mesa de Consenso por ninguna de las partes involucradas, y nunca en nombre del Centro de Derechos Humanos.

2. El Centro de Derechos Humanos ha mantenido su independencia y espíritu crítico en los procesos de consulta a los pueblos indígenas.

3. Publicamos en Septiembre 2012 una posición crítica a la propuesta inicial del Gobierno, delineando los estándares de derecho internacional aplicables a la consulta previa, libre e informada.

4. Recordamos que el proceso debe contar, especialmente, con la requerida transparencia, accesibilidad de la información, participación legitimada de parte de las comunidades y de los pueblos, así que las requeridas garantías manteniendo las condiciones ideales del diálogo.
Santiago, 15 de mayo de 2013

http://www.derechoshumanos.udp.cl/print/?id=6340

Foto: Asesores de la UDP en la mesa de consenso.

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Juan Pichún: “El Estado debe responder por acusarnos de terroristas”

Mañana, en San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos iniciará el juicio en contra de estado de Chile a raíz del procesamiento de diversos comuneros mapuche bajo la cuestionada Ley Antiterrorista.
Juan Pichún: “El Estado debe responder por acusarnos de terroristas”
Link Fuente: http://laopiñon.cl/noticia/mapuche/juan-pichun-el-estado-debe-responder-por-acusarnos-de-terroristas

Antes de viajar a Centroamérica para atestiguar, el hijo del fallecido lonko de Temulemu Pascual Pichun, conversó con La oPinón respecto de las implicancias que podría generar un posible fallo condenatorio en contra del estado chileno.

“Este es un hecho histórico. Es primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos acoge una demanda mapuche y esperamos que el estado responda por todo el estigma creado en contra de nuestra familia y de la comunidad de Temulemu”, partió señalando Juan Pichún.

El fallecido lonko Pascual Pichún permaneció 5 años en prisión, acusado de amenazas terroristas en contra del ex presidente del Tribunal Constitucional y ex ministro de Agricultura durante el gobierno de Patricio Aylwin, Juan Agustín Figueroa.

“Mi papá fue injustamente encarcelado. Haberlo acusado de terrorista fue un gran daño moral para nuestra familia y comunidad. Juan Agustín Figueroa incluyó en el juicio, porque él fue miembro del Tribunal Constitucional, fue ministro de estado, es presidente de la Fundación Pablo Neruda. Por eso puso a disposición toda su influencia política para condenar a mi padre”, aseguró el dirigente.

El werkén también tuvo palabras para los dichos del presidente de la República, Sebastían Piñera, que su última cuenta pública aseguró que Ley Antiterrorista seguirá aplicándose en La Araucanía.

“Si en este juicio logramos comprobar nuestra denuncia, el presidente tendrá que responder por sus dichos y frente a las vulneraciones hacia el pueblo mapuche. No se puede seguir aplicando una ley antidemocrática, que se creó para otros fines, porque nosotros estamos reclamando por nuestros derechos colectivos, por el derecho a nuestro territorio”, añadió.

El juicio, que agrupa tres causas donde resultaron condenados comuneros mapuche, tendrá lugar este miércoles y jueves. Los ocho denunciantes acusaron al estado de discriminación étnica y vulneraciones al debido proceso, situación que les significó permanecer diferentes años en prisión en cárceles del Bío Bío y La Araucanía, entre los años 2004 y 2012.

La denuncia fue interpuesta por la Comisión Internacional de Derechos Humanos en agosto de 2011.

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Más de dos semanas en huelga de hambre lleva niño Mapuche en cárcel de menores de Chol Chol

Gabriel Valenzuela Montoya, de la Comunidad Wente Winkul Mapu de Ercilla, se encuentra encarcelado en el CIP CRC de Chol Chol y desde el día 13 de mayo de 2013 inicio una HUELGA DE HAMBRE, la cual mantendrá “hasta las últimas consecuencias” según anunció, medida que obedece a una excesiva demora del proceso judicial que le tiene privado de su libertad por más de ocho meses por un crimen donde el alega absoluta inocencia.
Más de dos semanas en huelga de hambre lleva niño Mapuche en cárcel de menores de Chol Chol
Gabriel Valenzuela Montoya señala que es acusado injustamente del homicidio del parcelero Héctor Gallardo, razón por la cual desde el día 13 de mayo de 2013 inicio HUELGA DE HAMBRE, la cual mantendría hasta las últimas consecuencias según anunció al inicio de esta.
Las razones de esta drástica y extrema determinación, obedece a la excesiva demora enel proceso judicial en su contra, que lo tiene privado de libertad desde hace más de ocho meses, “donde el fiscal anti-Mapuche ha utilizado todas las herramientas que le entrega el estado chileno para exterminar a nuestro pueblo nación”, señaló a través de un comunicado.
Gabriel viene señalando de forma reiterada su inocencia absoluta, como también la de Leonardo Quijón y Luis Marileo “en el montaje del que somos objeto, no teniendo a la fecha ninguna prueba concreta en nuestra contra, lo que demuestra el constante hostigamiento y persecución hacia nuestro pueblo-nación, teniendo como única finalidad el encarcelarnos para no reconocer nuestro derecho ancestral de territorio y autonomía”, indicó Valenzuela Montoya.
Cabe mencionar que ha constatado una baja significativa de peso en el joven Mapuche y a la semana de cumplida la huelga se difundía que presentaba problemas de salud como mareos, nauseas, dolor de huesos, dolor de cabeza, cadera y muscular.
La huelga del niño Mapuche es total según se ha señalado y solo consumiría líquidos como agua y mate.

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Juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: La esperanza Mapuche por encontrar la justicia negada en su propia tierra

El pasado domingo durante el mediodía, un grupo de dirigentes Mapuche se reunieron en Santiago para dar a conocer los antecedentes que expondrán los días 29 y 30 de Mayo, en la Corte Interamericana de Justicia en Costa Rica, durante el juicio contra el Estado de Chile por por el caso conocido como “Norín Catrimán y otros”, donde se le acusa de haber violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los principios de legalidad, el derecho a la igualdad y no discriminación y la garantía del debido proceso.
Juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: La esperanza Mapuche por encontrar la justicia negada en su propia tierra


MELI WIXAN MAPU

Entre ellos, estaban los hermanos Jaime y Juan Patricio Marileo Saravia, el Lonko Juan Ciriaco Millacheo Lican y el Dirigente José Huenchunao Mariñan, quienes fueron condenados en el denominado "Caso Poluco Pidenco", uno de los casos por lo que la comisión Interamericana de Derechos Humanos, elevó el caso a la Corte internacional.

Durante la cita, los hermanos manifestaron su conformidad con el avance del caso hasta la Corte Internacional, señalando que esto es un proceso que lleva más de 11 años, desde el momento en que fueron condenados, pasando por la presentación de la demanda ante el CIDH, hasta ahora, donde se llevara a cabo la presentación de los intervinientes (condenados por ley antiterrorista).

También manifestaron que el gobierno distorsiona la realidad, cuando en el último discurso del 21 de Mayo, el Presidente Piñera señaló que “Chile cuenta hoy con una legislación antiterrorista de estándar internacional” , ya que en los casos presentados ante la corte, se demostró que en Chile se persiguió a los Mapuche con esta ley, por actos que afectaron a la propiedad y no contra la población, por lo que queda claro que su utilización buscaba criminalizar las demandas de las comunidades movilizadas.

Así también, mostraron su inquietud, por el lobby que podría llevar a cabo el Secretario General de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, quien en el tiempo en que se investigó y condenó a los Mapuche (2002), era ministro del Interior en el Gobierno de Ricardo Lagos, razón por la cual podría estar interviniendo ante los jueces que integren la corte para que votasen a favor del estado chileno en desmedro de los Mapuche.

Finalmente, durante la noche se trasladaron los hermanos Jaime y Patricio Marileo, junto al Lonko Juan Ciriaco Millacheo, hasta el aeropuerto donde se sumo el Peñi Juan Pichun, hijo del fallecido Lonko Pascual Pichun, para viajar durante la madrugada hacia Costa Rica. El Dirigente Victor Ancalaf ya se encotraría allá, de acuerdo a lo señalado por familiares.

Caso “Norín Catrimán y otros”

Este 29 y 30 de Mayo, en San José de Costa Rica, se participarán representantes de los condenados por ley antiterrorista, en los casos:.

Lonko Norín y Pichun

Lonko Segundo Aniceto Norín Catrimán y Lonko Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, condenados a 5 años y un día de cárcel por los delitos de incendios y amenazas terroristas “proferidas” en diciembre del 2001 en contra de los dueños y administradores de tres fundos en el sur.

Poluco Pidenco

Pu Peñi; Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican y la Lamuen Patricia Roxana Troncoso Robles. Condenados a una pena mínima de 10 años como autores de incendio terrorista.

Victor Ancalaf

Victor Manuel Ancalaf Lleupe, condenado a cinco años y un día por ataques incendiarios a camiones y una retroexcavadora que desarrollaban faenas en la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco de la transnacional Endesa, los días 29 de septiembre de 2001 y 3 y 17 de marzo de 2002.

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Conflicto de intereses - Endesa: Organizaciones acuden a Contraloría para denunciar a asesor de gobierno en materia indígena

Acusan que Matías Abogabir Méndez, accionista de la transnacional Endesa, fue “al Senado a pedir que no se consensuara el proyecto de ley sobre carretera eléctrica con los indígenas, norma que Hidroaysén necesita para usurpar territorio indígena”. Diversas organizaciones presentaron una denuncia en Contraloría por el evidente “conflicto de interés”. Cabe mencionar que el mismo asesor ha venido induciendo a que no se consulten diversos proyectos de leyes, como la de TV digital o de ley de pesca.
Conflicto de intereses - Endesa: Organizaciones  acuden a Contraloría para denunciar a asesor de gobierno en materia indígena
Como “un fraude”, acusaron dirigentes los dirigentes indígenas Marcela Lincoqueo, Presidenta de la Asociación Sabiduría del Lakutun, José Escalona, Presidente de la Asociación We Mongen Antu de Mulchén, y Ariel León Bacián, aymara y miembro de la Mesa Ejecutiva de Pueblos Originarios Unidos (POU), a “la labor de Matías Abogabir, Asesor especial de Pueblos Indígenas del gobierno, quien fue al senado a pedir que no se consultara a los indígenas la ley de carretera eléctrica, mientras tenía acciones en Endesa, uno de los promotores de Hidroaysén, quien está esperando esta ley, como lo ha señalado su gerente, para dar el vamos al mismo Hidroaysén”.
Como señalan los dirigentes: “El derecho a la consulta es un derecho a co redactar leyes y decretos, como una forma de controlar las normas anti-indígenas que usurpan nuestros territorios, recursos naturales y derechos. Este derecho a coredactar normas, a ser informados y acordar las normas con el gobierno y el Congreso, es un puente hacia los nuestros derechos, un mecanismo para hacerlos reales, como nuestro inextinguible derecho a la tierra, el agua, la salud, el medioambiente, la cultura, etc. Mutilar este derecho es la actual labor de la Alianza y de la Concertación, quienes perpetraron durante el gobierno anterior, más de 10 intentos de mutilación a la consulta, pues en eso están de acuerdo ambas coaliciones”.

Es del caso que respecto del Proyecto de ley de Carretera Eléctrica, BOLETÍN N° 8.566-08, se puede leer en el INFORME DE LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA, de fecha 8 de enero de 2013, textualmente, que “aparece compareciendo el asesor de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Matías Abogabir.

En ese marco, sostuvo que mientras no exista un trazado definido no puede afirmarse a priori que la iniciativa legal afecte directamente a los pueblos indígenas, por lo que a su juicio el proyecto no requeriría consulta en este momento. Sobre el particular, fue partidario de la idea según la cual el momento propicio para efectuar la consulta sería cuando se someta el proyecto de trazado al SEIA”.

Pero según los dirigentes de los pueblos originarios, “el asunto es que los proyectos de ley se deben consultar, pues lo ordena el mismo Convenio 169 de la OIT y los otros tratados que lo acompañan y que se han aplicado en ese sentido. Asimismo, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2000, el gobierno y el mismo Congreso nacional, tienen el deber, sin necesidad de nueva ley o reglamento, aquí y ahora, de dialogar con los pueblos indígenas para acordar el texto de decretos y de leyes. Pero el señor Abogabir dice que no, y nos perjudica con su asesoría a los senadores, sólo para hacerse más rico, pues hemos descubierto que él y su familia son accionistas de Endesa, uno de los promotores de Hidroaysén, de acuerdo a la página web de la Superintendencia de Valores y Seguros”.

Los afectados por la carretera eléctrica con tendidos aprobados express que pasarán sobre sus tierras, usurpándolas y perturbando su cultura y haciendo gravosa su supervivencia, serán alrededor de 25 comunidades de Los Lagos, Valdivia, la reducción indígena Chán-Chán, en Mariquina, Lastarria, Toltén, Cautín a la altura de Freire; la comunidad Chihuimolle cerca de Cunco, Lautaro, Victoria, Collipulli, Mulchén y Quilaco.

Para los denunciantes, “el lobby ilegal anti indígena de Matías Abogabir tuvo efecto, pues luego de su intervención, se votó la aprobación en general del proyecto de ley que crea una carretera eléctrica, el cual logró cuatro votos a favor de los senadores Baldo Prokurica (RN), Carlos Kuschel (RN), Isabel Allende (PS) y Jaime Orpis (UDI); y contó con una abstención del senador José Antonio Gómez (PRSD), lo que fur calificado como una “muy buena noticia” para empezar el año, por el ministro de Energía, Jorge Bunster”.

“Nos da mucha rabia y vergüenza, pues Matías Abogabir gana actualmente como Secretario ejecutivo de la Subsecretaría de Desarrollo Social 3 millones y medio de pesos. Y, ¿para esto?, ¿de esta manera usa el dinero que tanto necesitan las comunidades indígenas? ¿Ultrajando la institucionalidad del Senado? ¿Haciendo lobby encubierto? ¿Tanto el gobierno protesta por los encapuchados y aquí está Abogabir, disfrazado de asesor de gobierno, siendo accionista de Hidroaysén?”, señalaron los indígenas.

Para los dirigentes, “teníamos un juez accionista de Hidroaysén, en la Corte Suprema, lo que causó gran polémica por que no se inhabilitó. Hoy tenemos en Matías Abogabir un funcionario de gobierno accionista de Hidroaysén, que no se inhabilitó. Es lo mismo, y asombra que en una ley tan esperada por Hidroaysén, Abogabir le allanara el paso para facilitar la futura construcción de los tendidos eléctricos sobre territorio indígena. Desconocemos si sus acciones son de ahora o de hace mucho tiempo, pero da lo mismo si son de ayer o de hoy, pues el negocio ya lo dejó calado en la Comisión de Minería en enero de este año”.

De acuerdo a los denunciantes, “es increíble cómo el gobierno está colando a las comisiones parlamentarias a lobbystas y accionistas de transnacionales, no es posible que estas personas se hagan pasar por funcionarios de gobierno, cuando en verdad van a facilitar los megaproyectos y hacen fraude a la ley para que sus acciones y la de su familia suban en la bolsa de comercio”.

“Queremos señalar que Matías Abogabir está llevando las conversaciones de la Mesa de Consenso, y su plan es mutilar el mecanismo de la consulta indígena, mediante un acuerdo con muy pocos dirigentes, que pretende ser llevado como proyecto de ley, donde los indígenas estamos rodeados de enemigos y falsos amigos. El procedimiento de la Mesa de Consenso se encuentra viciado, ahí se debatirán los reglamentos de la ley de carretera eléctrica, los de pesca, los de minería, etc. No hay confianza, pocos participan en esa mesa pues saben su destino. Y ahí está Matías con indígenas de la Concertación, mutilando la consulta”, finalizaron los indígenas.

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Duras críticas a delegado presidencial por denominado “conflicto por el agua” en Región de Valparaíso

Modatima lo calificó de pretoriano a Rodrigo Ubilla, quien partió sosteniendo públicamente que rechazaba las intervenciones que intentaban manipular a los pequeños agricultores, colocando el acento en que el Gobierno no estaba disponible para discutir sobre la nacionalización de las aguas o sobre problemas estructurales, ya que la tarea era asegurar el abastecimiento de agua, según denunció la organización.
Duras críticas a delegado presidencial por denominado “conflicto por el agua” en Región de Valparaíso

El Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio ambiente emitió el 24 de Mayo del 2013, los desenlaces de la misión encomendada a Rodrigo Ubilla, en su calidad de delegado presidencial para la sequía en la región de Valparaíso.

En la comuna de Petorca, Rodrigo Ubilla hizo su primera aparición en público, flanqueado por el Senador Ignacio Walker, y los Diputados Eduardo Cerda y Andrea Molina, más el Intendente Raúl Celis.

Señala MODATIMA: “Escuchamos al inicio, la intervención del alcalde de Petorca, Gustavo Valdenegro, quién con absoluta claridad sostuvo que el problema de la sequía en la comuna de Petorca era responsabilidad de los grandes empresarios agrícolas que usurpaban agua, a lo que agregó que la comuna que el dirige, posee el más alto índice de cesantía regional, 18%”.

Agrega: “Luego asistimos a las exposiciones de los Directores Regionales de la Dirección de Obras Hidraúlicas, Dirección General de Aguas y al Director del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Sus exposiciones se caracterizaron por dar cuenta de los recursos invertidos por el gobierno en materia hídrica, obras de riego, fiscalizaciones e instrumentos de fomento para los pequeños agricultores...” indican que posteriormente vino la intervención de algunos asistentes, quienes señalaron los problemas derivados de la falta de agua, la necesidad de obras riego, los efectos del robo de aguas, la falta de higiene del agua de bebida, y algunos que sostuvieron lo impropio de que sea Chile el único país del mundo con sus aguas privatizadas.

Grafica Modatima el desenlace: “Al momento de hacer uso de la palabra, Rodrigo Ubilla partió sosteniendo que rechazaba las intervenciones que intentaban manipular a los pequeños agricultores, colocando el acento en que el Gobierno no estaba disponible para discutir sobre la nacionalización de las aguas o sobre problemas estructurales, ya que la tarea era asegurar el abastecimiento de agua...”

Ante la intervención del Delegado Presidencial Rodrigo Ubilla, y en circunstancias que se soslayaba una vez más la problemática de fondo, los dirigentes y miembros de MODATIMA, tomaron la decisión de hacer abandono de la sala y acusan que en momentos que se retiraban fueron sindicados por parte de Ubilla de Antidemocráticos y Cobardes, cuestión que reitero en dos ocasiones el cuestionado delegado presidencial.

Explicado el contexto, MODATIMA declara lo siguiente:


1.- La provincia de Petorca es el epicentro Nacional del robo de aguas, práctica que cometen de forma impune empresarios y políticos de distinto signo, los que dedicados al negocio de la exportación de Paltas, han drenado los ríos, construido pozos de captación de aguas subterráneas sin derechos legalmente constituidos, o corrido sus cercos para apropiarse de los lechos de los ríos.

2.- El robo de aguas ocurre en un escenario de absoluta concomitancia entre poderes políticos y económicos.

3.- Soslayar el problema de fondo, y nos referimos a los instrumentos privatizadores del agua y la transformación del agua en un bien de capital, es y ha sido una conducta invariable de la autoridad.

4.- La conducta pretoriana de Ubilla, al sindicarnos como antidemocráticos y cobardes, es una provocación inaceptable, razón por la cual actuamos en correspondencia a los insultos proferidos.

5.- Somos una de las organizaciones que más esfuerzos ha realizado para instalar en el debate nacional, la necesidad de recuperar el carácter público de las aguas, y que las mismas sean consagradas como un derecho humano esencial e irrenunciable.

6.- Los problemas derivados de la privación de agua por el lucro y la usura en la provincia de Petorca, no se van a resolver con medidas cosméticas, ni menos protegiendo o minimizando la responsabilidad de los ladrones de agua.

7.- Al gobierno y a los parlamentarios que realizaron gestiones para que Ubilla fuera designado como delegado presidencial para la sequía, les señalamos una vez más, que esta decisión no responde a las soluciones estructurales que se necesitan en materia de agua, por ende, rechazamos la prepotencia, intolerancia y provocación de Ubilla.

8.- Ubilla en su condición de delegado presidencial ya actuó con la misma prepotencia en la IV región, lo que le significó el rechazo de todos los sectores.

9.- Si el Gobierno piensa que Ubilla reúne las cualidades que se necesitan para enfrentar la sequía en la V región, una vez más se equivoca, y se equivoca particularmente con las mayorías sencillas, esas que privadas de agua, lucharán sin descanso por su recuperación.

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No a la modificación y extensión del Decreto Ley 701 que subsidia a empresas forestales.

Las empresas forestales desde el año 1974 ha venido desarrollando toda su actividad gracias a subsidios que alcanzan casi al 90% de toda su operación, vale decir, que los chilenos y chilenas y pueblos originarios desde esa fecha ha venido manteniendo económicamente a la industria forestal y sus derivados con todos los impactos negativos que esta conlleva, y las utilidades que estas generan, que son aumentadas gracias al aporte de todos y todas, no son repartidas y salen fuera del país sin pago tributario alguno para diversas inversiones en países tales como; Argentina, Brasil, Perú, Uruguay.
No a la modificación y extensión del Decreto Ley 701 que subsidia a empresas forestales.
Fuente: nahuelbuta.org

La Corporación Mapuche Nahuelbuta ante la iniciativa de extender hasta el año 2032 el Decreto Ley 701 promulgado en el año 1974, el que solo beneficia a las grandes empresas de la industria forestal y sus derivados, señalamos a la opinión pública nuestro más absoluto y enérgico rechazo a esta iniciativa legal, ello por:

a) Que ni el Poder Ejecutivo como tampoco el Legislativo han cumplido con el derecho a consulta consagrado en el Convenio 169 OIT, suscrito y ratificado por el Estado de Chile, en referencia a que esta iniciativa de extensión del DL 701 impacta directamente el territorio y comunidades del pueblo mapuche.

b) Que las empresas forestales mantienen una serie de controversias sobre la propiedad de la tierra, ya que en virtud del DL 701, el Estado de Chile confisco y expropio predios a comunidades mapuche, especialmente en la zona centro sur de Chile, para posteriormente ser entregadas a las empresas forestales sin que a la fecha se logre dar solución a miles de hectáreas arrebatadas.

c) Organizaciones del pueblo mapuche, diversas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, ONG y organizaciones de campesinos han denunciado que la actividad forestal en Chile, en su relación a la explotación de las especies de pino, eucaliptus y bosque nativo ha traído serias consecuencias medioambientales, impactando directamente a los derechos más elementales de la humanidad; la tierra, el agua y el aire. Hecho el cual afecta de manera directa a las poblaciones aledañas, la agricultura, ganadería, la apicultura, la flora y fauna nativa, yerbas medicinales. La extensión del DL 701 es dar continuidad a la depredación de tierras y territorios de comunidades y campesinos; es profundizar la sequía y la devastación; es continuar con el reemplazo de tierras agrícolas y de bosque nativo poniendo en peligro la soberanía alimentaria y el empobrecimiento de las poblaciones del centro sur del país.

d) Esta ocupación de tierras, en virtud del DL 701, trae como consecuencia además, el arrebato de espacios de alta significancia cultural y espiritual, pisoteando el patrimonio histórico, cultural y natural del pueblo mapuche particularmente.

e) Rechazamos además este DL 701, por ser un atentado en contra de los contribuyentes. Las empresas forestales desde el año 1974 ha venido desarrollando toda su actividad gracias a subsidios que alcanzan casi al 90% de toda su operación, vale decir, que los chilenos y chilenas y pueblos originarios desde esa fecha ha venido manteniendo económicamente a la industria forestal y sus derivados con todos los impactos negativos que esta conlleva, y las utilidades que estas generan, que son aumentadas gracias al aporte de todos y todas, no son repartidas y salen fuera del país sin pago tributario alguno para diversas inversiones en países tales como; Argentina, Brasil, Perú, Uruguay.

f) No existe un impuesto específico territorial el que de alguna manera "mitigue" lo daños ya causados por la industria forestal y sus derivados. Actividad que solo arroja ganancias a sus dueños y solo pérdidas a las comunidades aledañas en materia tales como; empleos precarios, empleos estacionales, daño a la infraestructura vial, pagos de impuestos irrisorios por concepto de patentes en las comunas donde están instaladas, etc.

g) Que la modificación hecha a mediados del año 2012 por el Poder Ejecutivo, el de incorporar a los pequeños y medianos productores es seguir aumentado superficie de plantaciones exóticas convirtiéndose en proveedores de la industria pero sin asegurar los daños que al corto y mediano plazo éstos sufrirán por la contaminación y el daño que estas especies provocan.

Por ello, hacemos un enérgico llamado a los parlamentarios de todos los partidos a dialogar y documentarse para rechazar de manera informada, el interés que las grandes empresas forestales impulsan en esta iniciativa de modificación y extensión del Decreto Ley 701.

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