Se pide una investigación administrativa y judicial transparente / Carabineros llegó cerca de las 5 de la madrugada del pasado martes 13 a la comunidad de Yeupeco, comuna Padre Las Casas, y en especial al domicilio de don Mario Tralcal Quidel, de 80 años de edad, y de su esposa, de 70. Sin mediar diálogo dispararon de forma indiscriminada en contra de la vivienda en cuyo interior se encontraban dos niños de 10 y 13 años.
Denuncia fue realizado por sacerdotes de la Diócesis de Villarrica de la Iglesia Católica ante el Observatorio Ciudadano.
Fuente Texto:
Observatorio Ciudadano
Temuco- santiago, 15 de enero de 2009.
Observatorio Ciudadano, jueves 15 de enero de 2008
En el día de ayer, el padre Fernando Díaz, encargado de la Pastoral Mapuche de la Diócesis de Villarrica de la Iglesia Católica, entregó al Observatorio Ciudadano antecedentes constatados personalmente en compañía de Jorge Faundes, Secretario Ejecutivo de la Fundación Instituto Indígena, en la comunidad mapuche de Yeupeco, sector de Tres Cerros, Comuna de Padre las Casas, en relación al allanamiento por parte de carabineros realizado en dicha comunidad en la madrugada del día martes 13 de enero de 2009.
Observatorio Ciudadano, jueves 15 de enero de 2008
En el día de ayer, el padre Fernando Díaz, encargado de la Pastoral Mapuche de la Diócesis de Villarrica de la Iglesia Católica, entregó al Observatorio Ciudadano antecedentes constatados personalmente en compañía de Jorge Faundes, Secretario Ejecutivo de la Fundación Instituto Indígena, en la comunidad mapuche de Yeupeco, sector de Tres Cerros, Comuna de Padre las Casas, en relación al allanamiento por parte de carabineros realizado en dicha comunidad en la madrugada del día martes 13 de enero de 2009.
De acuerdo a la información disponible, el allanamiento se realizó por orden emanada del juzgado de garantía de Lautaro, solicitada por el fiscal Jorge Granada, respecto a los hechos vinculados al incendio que afectó al fundo San Leandro, ubicado a 8 kilómetros de Lautaro, de propiedad del agricultor Pablo Herdener, ocurrido el día lunes 12 de enero a la 01:30 de la madrugada.
De acuerdo al testimonio del padre Fernando Díaz, carabineros llegó cerca de las 5 de la madrugada del pasado martes 13 a la comunidad de Yeupeco y en especial al domicilio de don Mario Tralcal Quidel, de 80 años de edad, y de su esposa, de 70 años aproximadamente, ambos aquejados de graves problemas de salud.
Don Arturo Tralcal, hijo de don Mario, quien vive en el predio vecino y cuida de sus ancianos padres, al percatarse de la presencia de carabineros entrando a la casa de sus progenitores, según él mismo relató, hizo sonar el kull-kull (instrumento de viento mapuche). Inmediatamente los funcionarios policiales avanzaron hacia su vivienda y comenzaron a disparar de forma indiscriminada en contra de la vivienda en que éste se encontraba en compañía de sus dos pequeños hijos, de 10 y 13 años.
Uno de los menores salió de su casa rumbo a la vivienda de sus abuelos, siendo interceptado en el camino por carabineros y encañonado a la altura de su cabeza.
Don Arturo Tralcal le gritó a los carabineros que en el lugar no había nadie más que él y sus niños, pidiéndoles el cese de los disparos.
Don Arturo Tralcal le gritó a los carabineros que en el lugar no había nadie más que él y sus niños, pidiéndoles el cese de los disparos.
Se trata, a nuestro entender, de un acto de violencia innecesaria y agresión desproporcionada a las circunstancias en que ocurrieron los hechos, y que son imputable a carabineros.
La actuación de carabineros en este allanamiento, de acuerdo al testimonio recogido por el Padre Díaz y el abogado Sr. Faundes, y como resulta evidente de las fotos que se adjuntan, podría haber terminado con lesiones de personas y en especial de los menores que se encontraban en el lugar.
La actuación de carabineros en este allanamiento, de acuerdo al testimonio recogido por el Padre Díaz y el abogado Sr. Faundes, y como resulta evidente de las fotos que se adjuntan, podría haber terminado con lesiones de personas y en especial de los menores que se encontraban en el lugar.
En el lugar quedaron las evidencias de gran cantidad de perdigones de goma y metálicos, al igual que cartuchos de colores naranjas, verdes, azules y negras que suponemos tienen distintos efectos (ver fotografías adjuntas).
Cabe mencionar, que de acuerdo a las declaraciones recogidas en estas familias por el Padre Díaz y el abogado Sr. Faundes, en ningún momento se realizaron disparos en contra de los funcionarios policiales, como lo han señalado los medios de prensa. Posteriormente las personas de la comunidad recurrieron a la iglesia católica para denunciar la situación, por lo que tanto el Padre Díaz como el Abogados Faundes se hicieron presentes en el lugar.
El Observatorio Ciudadano reitera su condena a los hechos de violencia en la Araucanía que han afectado a propietarios agrícolas, como el ocurrido en el fundo San Leandro de Lautaro de propiedad de Pablo Herdener, el lunes 12 pasado. Pensamos que éstos hechos en nada contribuyen a resolver los problemas de relaciones interétnicas existentes en esta parte del país, y a la reparación que la sociedad y el estado chileno deben a los pueblos indígenas por la privación de sus tierras y recursos ancestrales. Por lo mismo deben ser investigados, y sus autores, quienes quiera que sean, sancionados.
Con la misma convicción reiteramos que ello no justifica la violencia con que los agentes policiales del estado, en este caso carabineros, actuó en el allanamiento de esta comunidad mapuche, poniendo en riesgo la integridad física e incluso la vida de menores y ancianos.
Se trata de hechos delictivos de la policía de carabineros (violencia innecesaria tipificada en el artículo 330 del código de Justicia Militar), así como violatorios de las directrices internacionales de Naciones Unidas relativas a la actuación policial y los derechos humanos.
Por lo mismo, como lo hemos hecho en el pasado y en reiteradas ocasiones en casos similares en el marco de la "Campaña Alto Ahí, Basta de violencia policial" (www.altoahi.cl ), es que hacemos un llamado a las autoridades de gobierno a adoptar todas las medidas que estén a su alcance para asegurar el desarrollo de una investigación administrativa y judicial transparente y acuciosa de los hechos aquí referidos, así como la sanción de los responsables.
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