El informe, que recoge violaciones a los derechos humanos ocurridos hace 10 años, ya fue presentado en Ralco en la Región del Biobío, a autoridades de la zona, personal de Gobierno y comunidades. Sin embargo, aún no se pronuncia el Parlamento ni el Ejecutivo al respecto.
Con entrevistas a siete detenidos, visitas en las casas de la comunidad y dibujos de niños, el documento comprueba que la irrupción de uniformados involucró torturas, amenazas con armas de fuego a niños y ancianos, presiones para firmas de documentos de contenido desconocido, desnudamiento forzado de mujeres, privación de alimento a lactante, trato vejatorio y detenciones irregulares.
El Lonko de la comunidad de Malla Malla, Segundo Suárez Marihuan, recapituló los homicidios del 2012 a los hermanos José Mauricio y Agustina del Carmen Huenupe Pavián, de la comunidad mapuche Cauñicú, frente al que se condenó a 10 años y un día de presidio a quien incitó las muertes.
“No se sabe actualmente la verdad, porque está involucrado el actual alcalde de Los Angeles Esteban Krause, en ese entonces gobernador, quien fue autor intelectual de las muertes de Mauricio y Agustina Huenupe”.
Rayen Huenupe Pavián (20 años), hija de Agustina del Carmen, comenta que su madre perdió la vida por la lucha de tierras y que la reapertura de casos de violaciones a los derechos humanos es la instancia para que se haga justicia.
“Muchos políticos encubrieron el tema de nuestra familia, ocultaron a los grandes cabecillas en este caso, y nosotros sacaremos a la luz esta verdad, queremos que los verdaderos culpables paguen y sean condenados porque nadie nos devolverá a nuestros padres”.
El informe de la organización de derechos humanos ya fue presentado en Ralco en la Región del Biobío, a autoridades de la zona, personal de Gobierno y comunidades. Sin embargo, aún no se pronuncia el Parlamento ni el Ejecutivo al respecto.
En ese sentido, Cristian Solano presidente del colectivo de derechos humanos José Domingo Cañas, criticó que en procesos judiciales como el reciente Caso Basura se pongan todos los recursos a disposición para la investigación, no así en los delitos graves de lesa humanidad, donde a su juicio no hay las mismas herramientas.
En tanto, Marta Cisternas coordinadora de la comisión de Observadores de DDHH de la Casa Memoria José Domingo Cañas, desestimó la petición de cierre del Penal Punta Peuco como la gran solución.
“En Punta Peuco sólo hay 70 detenidos, pero qué pasa con los responsables civiles, con los que financiaron. Separamos el periodo dictatorial del de transición pero en este último también ocurrieron muchos crímenes que no han sido aclarados o han terminado en la impunidad, por ejemplo, los criminales del estudiante Manuel Gutiérrez, están libres”.
Por último, en los antecedentes judiciales del informe de la Comisión de Observadores se da cuenta de que de los siete pehuenches detenidos en el allanamiento, 2 quedaron en libertad y 5 con medidas cautelares, entre ellos un menor de edad al que no se le pudo comprobar culpabilidad.
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