Este 4 de agosto a partir de las 10 de la mañana se dio inicio a la audiencia de un juicio simplificado en contra de tres defensores Mapuche del territorio ante la invasión hidroeléctrica en la Comuna de Curacautín.
Cabe recordar que el 2 de junio a partir de las 10 de la mañana, los comuneros Juan López, Juan Huenuhueque y Alberto Curamil se presentaron ante el Juzgado de Letras acusados por agentes de la 5ta Comisaría de Curacautín, quienes ingresaron denuncias al Ministerio Público, solicitando requerimiento en procedimiento simplificado, con penas de 300 a 540 días de cárcel, en contra de los dirigentes por hechos concernientes a las manifestaciones que impidieron el acceso de camiones ligados a una empresa de energía, que tuvo con una amplia participación el día 15 de diciembre del 2014 en la ruta interlagos km 13, deteniendo el flujo terrestre al estero Pintoresco, donde se pretende intervenir para una mini central hidroeléctrica que no fue ingresado al sistema de evaluación ambiental. Asimismo, la persecución llevada por Carabineros en contra de estos comuneros, concierne también a las protestas en repudio al proyecto hidroeléctrico “Doña Alicia” realizadas el 01 de abril del 2015, en el sector Vega Larga.
El werken Alberto Curamil uno de los imputados, señaló desde los tribunales “Se hizo en el día de hoy la preparación del juicio oral simplificado, donde se excluyó varias fotos que habían presentado Carabineros como medios de prueba y que no correspondían al lugar, como también quedó fuera la declaración de un funcionario de Carabinero quien también manifiesta que nosotros hicimos uso de escopeta disparando en contra de un zorrillo y de Carabineros, eso todo se excluyó de la acusación porque era algo que no tenía fundamento. Quedamos hoy citados para el juicio el día 15 de octubre a las 11 de la mañana, donde mostraremos nosotros nuestra inocencia, pero también quiero dejar claro que la magistrada que se hizo cargo del juicio es la esposa de uno de los inversionistas de una de las hidroeléctricas que hoy nos acusa por desórdenes públicos y violentistas”, señaló el dirigente.
Los defensores del territorio han tenido un amplio respaldo por parte de diversas organizaciones y comunidades locales, como también el apoyo de diversas organizaciones a nivel regional, frente a imputaciones que son consideradas como actos de criminalización y persecución.
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