Miguel Ángel González Morales, sheriff del gobierno contra las denuncias de los pueblos indígenas ante organismos internacionales, nos vuelve a sorprender. Ahora, niega la calidad de indígenas de los Diaguitas Huascoaltinos afectados por el Proyecto Pascualama. No por ello se le paga 3.725.598 pesos de sueldo mensual, más viáticos y pasajes.
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Miguel Ángel González Morales es funcionario de planta, ingresó al Ministerio de relaciones Exteriores en 1980, cruzó todos los gobiernos de la Concertación, y hoy continua su campaña de defensa irrestricta del Estado, con argumentos que rayan en la ficción y en la interpretación mañosa de la ley.
Como muchos saben, el Proyecto Minero Pascualama consiste en la explotación a rajo abierto de un yacimiento de oro, plata y cobre, que se ubica en la Cordillera de Los Andes, sobre el límite internacional chileno-argentino, unos 150 kilómetros al suroriente de la ciudad de Vallenar, en la Comuna de Alto del Carmen, Provincia de Huasco, III Región. Aprobado este proyecto y su ampliación por la débil institucionalidad ambiental chilena, los afectados denunciaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las vulneraciones a que los somete el proyecto.
La principal víctima de este proyecto minero son a los indígenas diaguita de la Comunidad Agrícola Huascoaltinos, afectando su medio ambiente, sus recursos naturales, verificándose por la Dirección General de Aguas (MOP), ya en el año 2006, la destrucción del 60% de los glaciares que alimentan las fuentes de agua del territorio de la comunidad. Su identidad indígena diaguita ha sido asumida individualmente por sus socios, y colectivamente por acuerdo de Directorio, así como también por el cambio de nombre de la Comunidad Agrícola, la cual ahora se llama Diaguita Huascoaltina. Sus miembros ostentan apellidos ancestrales, como Licuime, Pacolicuime, Calpillay, Huanchicay, Payauta, Seviche, Cayo, Quinzacara, por lo que no necesitan certificación indígena de CONADI para asumir la calidad de tales, pues bastan su voluntad ya manifestada y sus apellidos y origen.
No obstante, nuestro Director de “Derechos Humanos”, señaló el 01 de diciembre de 2010 por escrito a la Comisión Interamericana que “La comunidad agrícola Huascoaltina no es una Comunidad Indígena (no es reconocida como tal por el derecho interno ni ellos mismos, al tenor del Convenio 169 de la OIT, se autoreconocerían como tal, sino sólo estratégicamente al momento de deducir acciones ante el Sistema Interamericano)”. Señala la friolera que “las comunidades agrícolas tienen su origen en el otorgamiento de mercedes de tierra a los conquistadores durante la Colonia”. Será un verdadero desafío académico para los historiadores encontrar el lazo entre los títulos de los conquistadores y los diaguitas del antiguo Pueblo de Indios de Huasco Alto de la zona .
Nuestro Director de “Derechos Humanos” niega la evidencia histórica, que Huayco Alto era una zona conocidamente indígena, y desconoce el derecho a la libertad de asociación de los diaguitas huascoaltinos, pues no están obligados a constituirse como Comunidad Indígena para ser indígenas. Lo son por autoreconocimiento y por derecho propio. Sergio Campusano, Presidente de la Comunidad exhibió en la audiencia ante la CIDH el 30 de octubre de este año, su acreditación ante CONADI, acusando la mentira del Estado, que señaló que nunca la había tramitado.
Pero peor, negando que la denuncia ante el sistema interamericano se basa en la afectación al hábitat, medioambiente y modos de vida de los diaguitas huascoaltinos, señala que en audiencia de 30 de octubre de este año que “los denunciantes dejaron de tramitar un juicio el año 2002 en que se discutió la acción de nulidad de una compraventa de propiedad de las tierras que la Comisión interpretó como imputable al Estado. Ese juicio concluyó en diciembre del año pasado, que declaró abandonada la instancia (…) lo que quiere decir que los demandantes no hicieron ninguna gestión útil”. Ello para que la Comisión declare que no se cumplen los requisitos de tramitar la denuncia de los indígenas. La defensa de los huascoaltinos señaló que ello era una estrategia distractiva y dilatoria, pues la denuncia contra el Estado de Chile se basaba en la aprobación de un proyecto minero, en la cual la empresa lo ejecutaba en su calidad de concesionario minero, no como propietario de las tierras. Es decir, nuestro Director de Derechos Humanos quiere reducir esta denuncia internacional a un juicio de tierras, cuando lo que se discute es la existencia de un pueblo indígena.
Asimismo Miguel Ángel defiende la legislación medioambiental del país relevando las “instancias de participación efectiva” que ella contempla, asegurando la protección que siempre ha gozado la ciudadanía y los denunciantes ante un proyecto ambiental.
En marzo de este año señaló ante la CIDH, en virtud de las denuncias de violencia policíaca contra niños mapuche que estas eran: “Afirmaciones un poco subjetivas, extremas, y que en definitiva que no se condicen con la realidad“, desestimó el representante del Gobierno de Chile, sobre las denuncias realizadas, rechazando que la situación sea tan “catastrófica”.
El mismo día de la audiencia de los indígenas huascoaltinos, Miguel Ángel señaló a los comisionados que revisaron la violencia policíaca con motivo de las movilizaciones estudiantiles que: en Chile no existe “absolutamente” ningún impedimento para que la gente se manifieste: “no hay problemas de libertad de expresión, sino de violencia”. Aseguró que “no existe ninguna posibilidad” de que las fuerzas armadas actúen violentamente “por iniciativa propia” ya que está “claramente establecido” en los reglamentos que “no puede haber represión de un acto pacífico” y sólo puede haber intervención cuando se desatan actos de violencia.
Bonito prontuario para este funcionario público, que seguramente nos seguirá brindando regularmente sus viñetas, y tal cual lo hacía Sergio Diez durante la Dictadura, continuará la herencia estatal de negación sistemática a las violaciones de derechos humanos en Chile, entregando información tendenciosa y falsa a los organismos internacionales.
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