Red Legislativa Indígena advierte que \"no es posible que quien detenta un cargo público niegue derechos que se encuentran expresamente indicados en los tratados y en las leyes, así como en informes desde el mismo Estado, que acreditan tierra ancestral por 1.000 hectáreas\".
Como la \"negación más absoluta de los derechos indígenas”, calificó la Red Indígena, Legislativa y de Políticas Públicas (RILPP), a la carta de Fernando Sáenz Taladriz, Fiscal Nacional de CONADI, como Director Nacional Subrogante, a don Ramón Robles Alcota, Presidente de la comunidad colla Serranía Pobrete.
La carta, de fecha 18 de octubre de 2011, señala que “en relación al supuesto desconocimiento de la ocupación ancestral de territorios, el estudio antropológico que el reclamante señala fue el que determinó la asignación de 101 hectáreas como territorio de la comunidad, situación definida legalmente. Cualquier otra reclamación de territorio ancestral, ajeno a las 101 hectáreas asignadas, no corresponde. Como tampoco corresponde involucrar al territorio las aguas superficiales y subterráneas por tratarse de otro bien, con otras características legales y jurídicas y que hoy, en la situación de la región de Atacama, reviste una gravedad extrema que debe ser abordado por especialistas en el tema”.
Ariel León Bacián, Presidente de la Corporación Jach\'a Marka Aru, señaló que \"la descripción de los hechos por parte del Fiscal y Director Subrogante es absolutamente falsa, pues las tierras ancestrales están reconocidas como derecho indígena en el artículo 13 del Convenio 169, pero más aún, el mismo Informe Antropológico que invoca el fiscal Saenz, señala expresamente que el territorio de la comunidad es de 1000 hectáreas. De hecho, si a la comunidad pidió y se le adjudicaron 100 hectáreas es sólo porque se le negó sistemáticamente que las tierras exigidas fueran del Fisco, lo que se supo estrictamente por el trabajo y la insistencia de la comunidad misma. Aquí hay una negligencia del Estado que se le está cargando injustamente a la comunidad\".
Francisco Vera Millaquén, werkén de la comunidad huilliche Pepiukelen, señaló que \"el Informe: ‘USO DEL TERRITORIO SIERRA MONARDES Y ALREDEDORES. COMUNIDAD COLLA SERRANÍA POBLETE’, encargado por el mismo Estado a doña Carla Peña Gómez, Geógrafa, Post graduada en Desarrollo Económico Territorial, en su página 17, señala expresamente que:\'Por otra parte, vestigios encontrados en el área que circunda el terreno solicitado a regularización por esta Comunidad, nos hablan de un pasado ganadero, aún vigente en la memoria colectiva de la Comunidad. En efecto, las majadas de criancería aún existen en el territorio, aunque dispersas en un área aproximada de 1000 hectáreas. Otra actividad que existió en esta zona fue la elaboración de carbón\'. Ante estos antecedentes, me parece que el señor fiscal debe leer más minuciosamente los informes de los casos antes de responder tan livianamente\"
Para Rafael Tuki Tepano, Consejero Indígena ante CONADI electo por voto popular por el pueblo Rapa Nui, cree que ”las tierras ancestrales son un derecho inmanente y del que depende la existencia misma de los pueblos. Su negación es la causa del etnocidio que vivimos actualmente los pueblos, y del cual el fiscal Saenz se hace cómplice con declaraciones como ésta”.
Ariel León de la Corporación Aymara Jach’a Marka Aru advirtió que \"el Director de CONADI arregló una reunión entre el Presidente de la Comunidad Serranía Pobrete, don Ramón Robles con el Subsecretario de Bienes Nacionales, en el cual se llegaron a acuerdos preliminares para la recuperación de las 900 hectáreas que señala la comunidad y el informe antropológico como pendientes, lo que requiere de un nuevo informe de títulos que determine si en la zona existen propietarios particulares, pero nada obsta a que esta tierra sea restituida a la comunidad, pues el derecho internacional moderno señala que los actuales dueños, aunque no sean descendientes de los usurpadores, deben restituir igual la tierra ancestral, sean propietarios superficiales, mineros, o de geotermia. Asimismo, debe ocurrir con el agua, y con los recursos naturales del territorio, de acuerdo a los artículos 14 y 15 del Convenio 169 de la OIT. Si el Estado no ha reformado la ley indígena, poniéndola al día, es su culpa no de los pueblos, que siguen sufriendo la mora del Estado\".
Rafael Tuki, Consejero Rapa Nui, señaló que “Algo similar pasa en Rapa Nui, pues la Comisión Especial para la isla sólo está acreditando las tierras precarias entregadas por la Armada o administradas por CORFO, pero no las ancestrales, las que se originan en la ocupación histórica de la isla por clanes. Creemos que hay una estrategia para confundir a los pueblos, a darles información sesgada o falsa”.
Francisco Vera Millaquén, werkén huilliche aseveró que “el fiscal de la CONADI está en el filo de la navaja, y esperamos que lo que está en el papel no se convierta en práctica usual. Aquí hay una negación del derecho ancestral, una resistencia inapropiada para el fiscal de CONADI. No puede asumir como fiscal una persona que niegue los derechos indígenas\".
La RILPP llamo “a todas las comunidades y asociaciones a no dejar que les pasen gato por liebre, y a seguir reivindicando las tierras ancestrales, que es un derecho irrenunciable de los pueblos, que no prescribe, que está protegido por el derecho internacional y que tiene al Estado en una intolerable mora por su incumplimiento”
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