Cuando se aprobó la Ley de Radios Comunitarias bajo el gobierno de Michelle Bachelet, se perdió una valiosa oportunidad para acabar con la persecusión penal a quienes transmiten sin licencia. La nueva norma hecha a la medida de la ARCHI, e impulsada por ANARCICH, aún no se puede aplicar, y quienes quieren levantar en estos momentos un proyecto de comunicación comunitaria no tienen más opción que arriesgarse a un juicio o esperar indefinidamente...
Fuente: Radio Tierra
Cuando se aprobó la Ley de Radios Comunitarias bajo el gobierno de Michelle Bachelet, se perdió una valiosa oportunidad para acabar con la persecusión penal a quienes transmiten sin licencia. La nueva norma hecha a la medida de la ARCHI, e impulsada por ANARCICH, aún no se puede aplicar, y quienes quieren levantar en estos momentos un proyecto de comunicación comunitaria no tienen más opción que arriesgarse a un juicio o esperar indefinidamente... Entre quienes optaron por el juicio están Radio Tentación de Paine, y Radio Kimche Mapu, la cual además ha recordado las obligaciones del Estado derivadas del Convenio 169 y la Ley Indígena.
AMARC Chile, junto a un conjunto de organizaciones promovieron en su día una indicación al proyecto de Ley de Radios Comunitarias para poner fin al artículo 36 letra B a, de la Ley General de Telecomunicaciones que sanciona con hasta cinco años de cárcel a quienes cometan el delito de "radiodifusión ilegal".
La iniciativa no prosperó debido a la oposición de la Asociación de Radiodifusores (comerciales) de Chile ARCHI, quienes habitualmente efectúan las denuncias en contra de las radios comunitarias que no tienen licencias. El lobby de la industria de la radiodifusión encontró amplio eco en todo el espectro político, incluido el gobierno de Michelle Bachelet que impulsó el proyecto, incluso con una "radio abierta" desde La Moneda.
La promesa de la ley de abrir nuevas frecuencias y aumentar la potencia hasta ahora se ha visto frustrada por completo, debido a que existe saturación de espectro en mútiples áreas de cobertura, y por lo tanto se debe esperar el resultado de un acucioso estudio oficial que determine la factibilidad con imprevisibles conclusiones. Haciendo imposible que los radiodifusores que carecen de concesión puedan mientras tanto regular su situación, y que los nuevos proyectos comunicacionales se concreten sin arriesgar la sanción penal, que tanto las relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA han considerado como desproporcionada.
Generalmente los allanamientos a las radios concluyen con la incautación de los equipos y con la aceptación de los cargos para evitar el juicio. Sin embargo, hasta ahora sólo dos emisoras han manifestado una voluntad diferente, al pretender en cambio agotar las instancias judiciales, y aprovechar los procesos para argumentar los derechos humanos que están en juego, y el respaldo jurídico que los sustenta.
Se trata de Radio Kimche Mapu de Lanco en la Región de los Ríos, donde Mireya Manquepillán aceptó ir a juicio, y además argumentó que su proyecto se sustentaba en el ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales que el Convenio 169 obliga a reconocer y promover a los Pueblos Indígenas que viven dentro de Chile, así como también en la Ley Indígena de 1993, que prevé la existencia de medios de comunicación para las etnias originarias.
Mireya Manquepillán
"Es una persecución que tenemos desde que empezamos a transmitir acá en Lanco, a raíz de constantes denuncias que viene haciendo un concejal de Renovación Nacional de la comuna que tiene un medio de comunicación comercial. Nosotros consideramos que no estamos haciendo daño a nadie, al contrario estamos haciendo un aporte al sector, a las organizaciones, acá hay cinco comunidades mapuches en este territorio, y creo que es super importante para todas las personas que vivimos acá. Nuestra radio es un medio que construye, nuestra radio no destruye no hace daño alguno", señaló enfática Manquepillán.
Por su parte Marcelo Nuñez, director de Radio Tentación de Paine, denunció que "los procedimientos y los estándares internacionales acá no se están cumpliendo". La fiscalía pidió desde ya para Núñez una pena de 300 días de prision en su grado mínimo, la cual si es aceptada por el Tribunal Oral en lo Penal podría ser remitida, dada su irreprochable conducta anterior.
"El día viernes que se aproxima se viene la solicitud de medios de prueba. Invito a venir a todas las radios que tengan antecedentes por el punto que nosotros peleamos, que es el eje fundamental de nuestra legitima defensa en la libertad de Expresion", manifestó Núñez, quien también reiteró su voluntad de que el proceso pueda transformarse en un caso para enjuiciar al Estado. "Es una herramienta que en este momento tenemos, Aquí tenemos un escenario que puede ser desfavorable en el juicio, pero tengo claro que el presidio de un radialista es algo muy grande que tendría que asumir este país", advirtió.
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