El Relator Especial James Anaya comenzó su recorrida por Argentina. Cuestionó el avance de las industrias extractivas con relación a los Derechos Humanos y denunció el incumplimiento de la normativa indígena.
* Por Darío Aranda para ODHPI.
http://odhpi.org/2011/11/entrevista-a-la-maxima-autoridad-de-la-onu-en-materia-indigena/
“Las industrias extractivas son la más grave amenaza para el cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, denunció el Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya, de visita en Argentina, donde ya se reunió con funcionarios nacionales y donde hoy comienza la recorrida por comunidades de Neuquén, Salta, Jujuy y Formosa. Anaya denominó “tragedia evitable” el asesinato de cuatro indígenas y campesinos sucedidos en los últimos dos años en Argentina.
En diálogo con el ODHPI, Anaya remarcó que uno de los mayores logros del Estado argentino fue el reconocimiento de derechos en la Constitución Nacional de 1994 (artículo 75, inciso 17) y la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce derechos a los pueblos indígenas (entre otros, al territorio).
“La gran dificultad, y en lo que hay que seguir trabajando, es en el cumplimiento y la aplicación de esas normas. Hay muchas dificultades en el reconocimiento efectivo de derechos, es un patrón que se repite en toda la región”, reconoció el Relator Especial.
Consultado respecto a quiénes son los responsables del incumplimiento de derechos, Anaya apeló a su mejor diplomacia y evitó apuntar a personas o instituciones. “El incumplimiento se debe en buena parte a las raíces históricas de la región, donde se ubicó y ubica a los pueblos indígenas como los más marginados, son culturas históricamente amenazadas y donde están vigentes patrones de desigualdades”, señaló.
Se remontó a la historia, mencionó el impacto de la “época colonial” a lo largo de la historia y remarcó el presente de “patrones de discriminación que excluye a los pueblos indígenas de sus derechos más básicos, como educación, salud y territorio”.
James Anaya es Relator Especial para la Situación de los Derechos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, la más alta autoridad de Naciones Unidas en la materia. Es la primera vez que un funcionario de su cargo visita la Argentina y su llegada es producto del “diálogo entre comunidades y Gobierno, un año de gestiones”, según explicó.
El domingo 27 tuvo reuniones con comunidades y organismos de derechos humanos. El lunes se entrevistó con funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Calificó a la reunión como “fructífera”, pero no brindó detalles.
La oficina de prensa de la ONU había alertado que, por protocolo, en Relator no puede brindar detalles de sus reuniones ni realizar evaluaciones de su visita en el corto plazo. Sí habrá una conferencia de prensa al finalizar su recorrida (la semana próxima) y un informe oficial en el mediano plazo.
En línea con su informe de julio pasado, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Anaya fue muy duro con las industrias extractivas que avanzan sobre los pueblos originarios. No dudó en sindicarlas como la “más grave amenaza” y llamó al diálogo.
-¿Puede haber coexistencia entre el avance extractivo y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas? (preguntó el ODHPI).
El Relator volvió a apelar a la diplomacia. “Debe haber diálogo, pero ante todo respeto a los derechos a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado. Y el reconocimiento de territorios, de los recursos naturales en territorios indígenas y a la libre determinación de los pueblos indígenas”.
En sólo dos años fueron asesinados en Argentina cuatro indígenas y campesinos (Javier Chocobar, Sandra Juárez, Roberto López y Cristian Ferreyra). “Es una tragedia evitable, como otras que se repiten en la lucha lucha social vinculada al derecho básico al territorio”, advirtió.
El juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni había afirmado en 2008 que el “el genocidio actual de los pueblos indígenas se produce invisibilizando, omitiendo, dejando que se mueran, es un genocidio por omisión”1. Anaya se mostró sorprendido por la denuncia de Zaffaroni. “Respeto mucho al juez, pero ojalá no sea así. Y si luego de esta visita confirmara que así lo es, trabajaremos para revertir esa situación”, señaló.
Las industrias extractivas que avanzan en Argentina sobre territorio indígena son la megaminería, hidrocarburos, agronegocios (soja y ganadería intensiva, entre otros) y monocultivo de árboles. También la especulación inmobiliaria y el turismo cinco estrellas (complejos exclusivos en Misiones, Patagonia y Jujuy, entre otros).
Anaya viajó hoy Neuquén alertado por la criminalización de la lucha mapuche, el avance petrolero y la especulación inmobiliaria en Villa la Angostura. Luego será el turno de Jujuy y Salta, donde se entrevistará con comunidades que resisten el avance minero y sojero. Y cerrará su recorrida la próxima semana en Formosa, junto a la comunidad qom “Potae Napocná – Navogoh” (“Puño de oso hormiguero – La Primavera”), donde en noviembre pasado fue asesinado el qom Roberto López.
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