En el encuentro, participaron destacados panelistas del mundo legal, quienes expusieron su visión sobre la aplicación de Ley Antiterrorista en controvertidos litigios nacionales como son el Caso Cañete y el Caso Bombas.
Foto: Lorena Fries, Directora INDH
Fuente: INDH
En el Seminario Internacional “Terrorismo y estándares en Derechos Humanos” realizado el 15 de noviembre en el Ex Congreso Nacional, se debatió sobre la correcta conceptualización de los atentados ideológicos contra la vida de las personas, pero además se discutió sobre una realidad jurídica nacional: la pertinencia de la Ley Antiterrorista (Ley 18.314).
En el encuentro, participaron los representantes de las entidades organizadoras, Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y Amérigo Incalcaterra, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Latina, quienes dieron inicio al evento.
La Directora del INDH hizo referencia a la resolución de la Corte Suprema en el juicio de Cañete, que condenó a cuatro comuneros mapuche, recordando que dicha normativa “en un estado democrático debería ser corregida, atenuada y ajustada al debido proceso”. Lorena Fries, añadió que el terrorismo “en materia de debido proceso, permite largos periodos de privación de libertad y bajos estándares de prueba, además de vulneraciones al principio de no discriminación, por su aplicación selectiva a grupos discriminados”, finalizó.
Posteriormente, se inició el debate entre los académicos expertos en Derecho Penal, Mirna Villegas y Manuel Cancio; junto con la participación del representante de la ONU, Humberto Henderson y del senador, Antonio Horvath, quienes expusieron sobre una perspectiva del terrorismo desde la mirada del Derecho Penal e Internacional.
En su exposición, Myrna Villegas, expresó que para avanzar legislativamente en el tratamiento al terrorismo, se debieran “incorporar tipos penales específicos de terrorismo, a fin de evitar que el derecho penal se utilice como cajón de sastre donde pueda caber de todo y esto se utilice para la criminalización de movimientos”.
Ley Antiterrorista
Luego vino el turno del panel compuesto por Georgy Schubert, Defensor Nacional; Pablo Ortega, abogado defensor de los comuneros mapuche condenados en el “Caso Cañete”; Mauricio Daza, abogado defensor en el “Caso Bombas”, y Raúl Guzmán – fiscal Metropolitano Sur- todos quienes relataron sus diversas experiencias en cuanto a las causas relacionadas con la temática del encuentro.
Por su parte, Georgy Schubert explicó la dificultad que enfrenta la Defensoría Pública en estos casos, dada la desconfianza que provoca en las comunidades el hecho de que “el mismo Estado que persigue a los imputados sea el que los defiende, lo que nos obliga a un trabajo más amplio con toda la comunidad afectada”.
“Lo segundo es que la calificación de delito terrorista la hace exclusivamente el Ministerio Público, en una decisión por sí y ante sí, sin control jurisdiccional. Eso implica, entonces, que todo el poder del Estado se aplica precisamente contra personas -en este caso los comuneros mapuche- que carecen precisamente de todo poder para defenderse adecuadamente”, explicó Schubert.
Finalmente, le correspondió al tercer panel exponer sobre reformas a la Ley 18.314. En esta mesa participaron Hugo Dolmestch, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile; Juan Domingo Acosta, abogado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y Claudio Fierro, en representación de la Defensoría Penal Pública. Este último, concluyó el encuentro señalando que “la Ley Antiterrorista debe ser derogada”.
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