No se sabe el número exacto de cuerpos que hay en el llamado Panteón Quepuca. Según los mapuche-pehuenche, podrían llegar a 700. Lo que sí está claro es que el Estado chileno entregó los permisos a Endesa para construir la central hidroeléctrica. Y que esos permisos le exigían a la empresa sacar los cuerpos del cementerio antes de la inundación. Pero nada de eso ocurrió e incluso el llenado se adelantó inesperadamente. María Curriao dice que Endesa nunca ha asumido su responsabilidad.
Imagen: http://www.diariolatribuna.cl
Texto … Rodolfo Garate http://www.distintaslatitudes.net/?p=1185
María Curriao es pehuenche y su pueblo es parte de la Nación Mapuche. Ella vive en el sur de Chile, internada en la Cordillera de los Andes en una zona conocida como el Alto Bío-Bío. Desde allí, María preside su comunidad, llamada Aukin Wallamapu, y desde 2004 lidera una lucha por recuperar los restos de los suyos. De sus tíos, de los abuelos de sus padres, de sus tíos abuelos y de los hermanos, tíos, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos del resto de su comunidad; la historia de Aukin Wallamapu fue inundada hace siete años por las aguas de la represa Ralco, propiedad de la compañía transnacional Endesa. Los antepasados de 25 familias quedaron bajo el agua. Esos cuerpos son los que María intenta salvar. Los que quedaron en el antiguo cementerio Quepuca, una zona que ya perdió cualquier vestigio de la identidad indígena que antes tenía y que hoy es conocida como “Sitio 53”. Así lo clasificó la burocracia chilena.
No se sabe el número exacto de cuerpos que hay en el llamado Panteón Quepuca. Según los mapuche-pehuenche, podrían llegar a 700. Lo que sí está claro es que el Estado chileno entregó los permisos a Endesa para construir la central hidroeléctrica. Y que esos permisos le exigían a la empresa sacar los cuerpos del cementerio antes de la inundación. Pero nada de eso ocurrió e incluso el llenado se adelantó inesperadamente. María dice que Endesa nunca ha asumido su responsabilidad.
El verano de 2009, arqueólogos subacuáticos ubicaron el cementerio y concluyeron que es posible recuperar los cuerpos. El estudio se hizo gracias a que María luchó por años para que el gobierno de Chile pagara la investigación. Por supuesto, los pehuenche nunca hubieran podido financiar algo así. Desde entonces, María asumió una misión revelada entre sueños: recuperar los cuerpos del cementerio sumergido. Ella ahora exige que los responsables de la inundación se hagan cargo y financien el costoso rescate. Pero esta tarea será muy difícil para ella.
La historia de María y la lucha por sus muertos es la que sustenta el documental “Sitio 53”, del cual soy director. Su caso muestra nítidamente el problema que tiene el pueblo mapuche: ellos se enfrentan a una nueva colonización constituida por la instalación en sus tierras de grandes emprendimientos productivos, como hidroeléctricas, grandes forestales y procesadoras de celulosa. Cada una de ellas con fuerte impacto en el medioambiente. En la tierra. Y “mapuche” significa “gente de la tierra”. Y ellos, dicen, luchan por cuidar la tierra. Su tierra.
Esta lucha ha implicado que los comuneros mapuches más decididos se hayan enfrentado al Estado de Chile y a las corporaciones propietarias de las tierras que los indígenas alegan como propias por derecho ancestral. Se les acusa de robar madera y quemar camiones, maquinara y predios de las forestales, además de enfrentarse con las fuerzas policiales. En esta lucha ya van tres mapuche muertos versus ningún agente.
Lo que sucede con los mapuche es materia fija en los informes internacionales sobre la situación de Derechos Humanos en Chile. A los mapuches revelados se les aplicó la Ley Antiterrorista chilena. Esta medida implicó que durante el año 2010, 34 mapuches detenidos -mientras se les investigaba- realizaran una huelga de hambre por 82 días. Así buscaban presionar al gobierno y a la justicia chilena a cambiar las condiciones procesales que se les aplicaban. Pedían que no se empleara la Ley Antiterrorista ni que fueran enjuiciados por los tribunales militares. Ellos exigían ser tratados como un ciudadano más: sólo pedían ser juzgados por la justicia ordinaria. Alegan, sencillamente, que ellos no son terroristas. Los comuneros presos ven en estas diferencias de trato legal señales de discriminación y de represión a su protesta social por el hecho de ser indígenas. Finalmente, y después de una presión ciudadana y la mediación de la Iglesia Católica en el conflicto, la huelga dio resultados: ya no se les aplicará la Ley Antiterrorista que contemplaban las querellas del gobierno hacia los mapuches acusados. Pero varios de los huelguistas siguen detenidos en investigaciones que se extienden más de la cuenta y esperando sus juicios en los patios de las cárceles del sur de Chile.
Uno de los juicios más emblemáticos que afecta al movimiento mapuche es el que se lleva a cabo en el tribunal de la localidad de Cañete. Ahí está el proceso judicial que acusa a miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) –los que según algunos informes de inteligencia tendrían vínculos con las FARC y ETA– de atentar contra un fiscal. Esta organización mapuche ha sido catalogada de terrorista durante años por fiscales, terratenientes y abogados de las corporaciones forestales. Recientemente a todos los mapuches imputados por este tribunal se les absolvió del gravísimo delito de asociación ilícita terrorista contemplada en la Ley Antiterrorista. Solo cuatro de los mapuches acusados (Héctor Lleitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical) seguirán enjuiciados, ya que fueron encontrados culpables del delito de homicidio frustrado en contra del fiscal Mario Elgueta. La acusación se debe al enfrentamiento de los mapuches con un grupo de policías que acompañaba al fiscal cuando este hacía diligencias judiciales en comunidades mapuches. Los acusados se defienden argumentando que el supuesto atentado sería un montaje con pruebas llenas de vicios legales, escuchas telefónicas ilegales y testigos encubiertos. Además Jonathan Huillical afirma que las declaraciones en que acusa a sus compañeros se obtuvieron bajo tortura.
Los abogados defensores de los mapuches siempre han dicho que los juicios en contra de los indígenas revelados están llenos de conjeturas y pocos hechos. Por su lado los mapuches insisten en que todo el tejido legal que los persigue busca frenar su lucha política y legítima para la recuperación de sus tierras.
Mientras ocurren los juicios, el día a día de las comunidades en lucha sigue siendo complejo. La falta de oportunidades y la pobreza son la constante. En los índices de pobreza en Chile, los mapuche suelen estar en el escalafón más bajo. A esto se suma el hecho de que son acosados judicialmente, seguidos por agentes de civil y vigilados de cerca por la policía militarizada. Llega a tanto el nivel de violencia en estos lugares que los niños mapuches viven con miedo y retratando en dibujos los allanamientos donde la policía se lleva detenidos a sus padres, hermanos, tíos y amigos. Incluso la UNICEF ha manifestado su preocupación por este tema.
Hablar de esto en Chile no es fácil. Los mapuches tienen escasos canales de comunicación para plantear sus demandas y sus razones. Son pocos los medios que profundizan en sus problemas y que se hacen eco de los abusos que se cometen en su contra. Los grandes medios (TV y prensa escrita principalmente) dejaron pasar más de 40 días antes de poner atención en la huelga de hambre. Son invisibles, no los escuchan, sus muertos valen menos que los demás. Y cuando apuntas tu cámara o tu grabadora para registrar el “conflicto mapuche”, te pueden aplicar controles policiales sin razón, te pueden seguir, te pueden quitar las cámaras, tus cintas, te pueden, incluso, expulsar del país. Así ha pasado. Ocasionalmente el problema se visualiza masivamente y no precisamente a través de la prensa chilena. En el último Festival de la Canción de Viña del Mar, Residente, frontman de “Calle 13” saltó a escena como de costumbre a torso desnudo. En su espalda rezaba el siguiente mensaje: “Fuerza Mapuche”.
Todo este escenario adverso ha calado hondo en el pueblo mapuche. Sienten frustración, rabia, pena. Esa pena tiene que ver con que el desarrollo económico de nuestro país tiene una zona gris ligada a los costos que ha significado y a los derechos que no se han respetado. Y esos costos, en este lado del continente, lo pagan siempre las personas menos influyentes y más vulnerables.
En Chile, la tendencia es que muchas veces sean los pueblos originarios los afectados. Mega-mineras, mega-represas y mega-forestales, constituyen su poder económico en instalaciones que invaden tierras indígenas. Así nomás es. Así nomás ha sido.
Y aquí entramos en lo relevante del asunto. Los intereses en conflicto. Por un lado los mapuches definiendo a la tierra, es decir, a su cultura. Por el otro, el desarrollo económico en busca de la ultra rentabilidad… y de más tierra. Estas visiones del mundo fueron las que chocaron dramáticamente en el Alto Bío-Bío, terminando con el valle bajo el agua y el cementerio inundado. ¿La razón? generar energía en busca de más potencia eléctrica para el crecimiento económico de Chile. Paradójicamente este “crecimiento” no llega a los mapuche, quienes se encuentran entre las personas más pobres de nuestro país.
En tanto, María sigue mirando desde la orilla del embalse el lugar donde estaban sus muertos. En silencio. Esperando poder rescatarlos y gritar -como dicen los mapuches- ¡Marichiweu! (Diez veces venceremos).
Para ver tariler del documental cementerio inundado, acceder:
http://www.youtube.com/watch?v=24J1TMoeLrs
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