Las comunidades reiteraron que la actual iniciativa que está en el Congreso no cumple con los estándares internacionales y enfatizaron que la consulta anunciada por el ministro Felipe Kast debe realizarla el Gobierno con los dirigentes relevantes del pueblo mapuche: "En Lumaco se han hecho consultas a través de Mininco, por ejemplo", acusan.
Fuente: http://radio.uchile.cl/noticias/105617/
Se está discutiendo en el Congreso la forma en la que se implementará la consulta a los pueblos originarios anunciada por el ministro de Planificación, Felipe Kast, que busca llegar a acuerdos sobre dos grandes temas: la creación de una nueva institucionalidad indígena en nuestro país y el reconocimiento constitucional, en vías de un reencuentro histórico.
Sin embargo, existen dudas sobre la implementación de este mecanismo, uno de los principales requisitos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se trata principalmente de quiénes serán los interlocutores válidos de la consulta, tanto por parte del Gobierno, como de las comunidades.
El werkén de la Comunidad Juan Paillalef y coordinador del Defensor Autónomo Mapuche, Antonio Cadín, señaló que la consulta debe hacerse de forma directa y respetando a las autoridades tradicionales: “Debemos hacer una consulta a las comunidades mapuche, no solo enviar a un funcionario público, como se ha hecho hasta aquí. O enviar a las empresas forestales, como en algunos casos. Tenemos un precedente en la zona de Lumaco, por ejemplo, donde se han hecho consultas a los pueblos indígenas a través de las empresas forestales: Mininco, por ejemplo. Creemos que ésa no es la vía: debe ser el Gobierno central con los actores del pueblo mapuche, que son las autoridades tradicionales, los lonkos, machis, werkenes y dirigentes que han destacado dentro del movimiento mapuche. Eso es lo que esperamos”, dijo.
También genera resistencia la intención de revisar el proyecto de reconocimiento de los pueblos tal como está, ya que es el mismo documento que lleva años de discusión y no satisface los estándares de derechos que les han sido reconocidos a los pueblos indígenas a nivel internacional.
Según la abogada del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez, “la gran objeción que cabe hacerle a ese proyecto de reforma constitucional es que se trata de un reconocimiento simbólico, que no tiene efectos fundamentales en el reconocimiento de derechos esenciales de tipo político y territorial para los pueblos indígenas. Lo que finalmente puede incluso ser considerado una regresión, respecto a los estándares del Convenio 169, que se entiende incorporado al texto constitucional”.
En esta línea, Francisco Vera Millaquén, werkén de la comunidad mapuche-huilliche Pepiukelén, envió a inicios de marzo una carta en rechazo a la iniciativa, por su calidad de inconsulta, y exigió que el proyecto sea modificado, incorporando las inquietudes de los representantes de todos los pueblos.
Vera Millaquén sostuvo que “el reconocimiento que hay en este momento es poético, en el fondo. Porque el proyecto ni siquiera alcanza para ser folklórico, sino que es una pura y simple justificación que el gobierno chileno quiere dar a los organismos internacionales. Claramente, no alcanza para que al menos una comunidad en Chile quede satisfecha. Yo, particularmente, vivo en una comunidad en el sur de Chile, en Pargua, donde nos instalaron una planta que hace alimentos para salmones a 25 metros de la casa, violando toda la legislación ambiental e indígena”.
El werkén añadió que el procedimiento de consulta está muy bien delineado en el informe que realizó el relator especial de Naciones Unidas, James Anaya, pero advirtió que llama la atención la insistencia del Estado de buscar otras formas de generar diálogo.
Más allá del procedimiento de consulta, las distintas comunidades a lo largo del país esperan que se escuche a sus líderes directos y se consideren las demandas históricas de participación política y derecho al territorio.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire