El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres y sus organizaciones del Cono Sur realizaron diversas acciones para defender sus derechos y exigir a los gobiernos avances que permitan acabar con la desigualdad de género.
Con marchas, manifestaciones, y encuentros las mujeres de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, salieron a las calles para demostrar la fuerza de su movimiento y la importancia de que estos temas sean instalados en las agendas públicas de sus países.
Por Rocío Alorda desde Santiago
Comunicaciones Aliadas
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En Argentina y Brasil se presentan un hito importante de avance para las mujeres, con Cristina Fernández y Dilma Rousseff como mandatarias, sin embargo, las desigualdades y la violencia hacia las mujeres son temas que preocupan a los movimientos feministas.
La legalización del aborto y la tipificación del feminicidio en el Código Penal son las principales luchas del movimiento de mujeres en Argentina. Con 260 feminicidios registrados el 2010, según datos del grupo feminista Casa del Encuentro, en este país la violencia es uno de los temas centrales de las movilizaciones. A pesar de que han existido avances como la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde se desarrollan sus relaciones interpersonales —aprobada en el 2009 y que entró en vigencia un año después— el flagelo de la violencia se sigue reproduciendo. Así lo explica Raquel Vivanco del Colectivo de Mujeres Juana Azurduy, quien señala que en lo que va de este año ya hay 10 casos de feminicidios.
Sin embargo, los abortos clandestinos “son la principal causa de mortalidad materna en Argentina”, señala Vivanco, y las cifras son alarmantes: 500,000 interrupciones voluntarias del embarazo se realizan cada año —según datos de las Naciones Unidas— un aborto por minuto y US$300 millones anuales genera el negocio del aborto clandestino.
“Cada dos días muere una mujer por complicaciones derivadas del aborto clandestino, mientras que 80,000 son las mujeres que ingresan a hospitales públicos por complicaciones derivadas del aborto clandestino”, afirma Vivanco.
En Brasil, el movimiento feminista está viviendo un periodo de definiciones por las señales que el gobierno de Rousseff entregue, donde el debate central es superar la desigualdad, problema estructural en ese país.
Tica Moreno, parte de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) de Brasil, indica que “el debate actual es sobre la intención del gobierno Rousseff de erradicar la pobreza extrema”.
“Tenemos un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo, que debe cambiar de lógica y tener como centro la sostenibilidad de la vida. Para nosotras es central avanzar en la garantía de guarderías infantiles para la autonomía de las mujeres, acumular fuerzas en la lucha por la legalización del aborto, luchar contra la mercantilización del cuerpo y la vida de las mujeres”, agrega.
Para este año está prevista la realización de la III Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres, convocada por la estatal Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres, un proceso de participación popular que debate, evalúa y define la dirección de las políticas para las mujeres en Brasil.
“En estos espacios queremos acumular fuerzas y conquistas en las luchas por la autonomía económica de las mujeres, en la lucha por la legalización del aborto e incidir en los debates de los movimientos sociales por transformaciones estructurales en el modelo de desarrollo”, explica Moreno.
Avances y temas pendientes
En Uruguay la tradición de organización social se mantiene y se refleja en el movimiento de mujeres, que ha logrado instalar una agenda política que es parte del debate público.
“Se ha entendido públicamente que las demandas de las mujeres son válidas y han sido adoptadas en el discurso de actores políticos, lo que ha permitido avances de legislación y políticas públicas”, señala Lilian Abracinskas, directora de la organización no gubernamental Mujer y Salud.
“En Uruguay las organizaciones de mujeres tenemos una traición de trabajar articuladamente” agrega. “La lucha por la reconstrucción de la democracia, siempre ha habido agrupamiento entre mujeres de los partidos políticos, con mujeres de gobierno, mujeres de sociedad civil y mujeres de la central sindical”.
Sin embargo, en materia de participación política, sólo 12% de los cargos legislativos son ocupados por mujeres.“No hay intensión en los partidos de impulsar el liderazgo de mujeres ni tampoco a nivel gubernamental de designar a mujeres que no sean funcionarias del sistema. Hay que tener en cuenta además, que el 70% de la matrícula universitaria en Uruguay es femenina”, dice Abracinskas. “La democracia uruguaya sigue en deuda con las mujeres. Esa ha sido la consigna que hemos puesto hace algunos años”.
En Paraguay la situación a favor de las mujeres avanza lentamente. Uno de los sectores más afectados son las campesinas e indígenas quienes viven bajo condiciones de pobreza.
“Las mujeres rurales están en el grupo de mayor vulnerabilidad de sus derechos”, explica Perla Álvarez, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI). “Hay una constante amenaza de violación de sus derechos, como se devela a través de la migración forzosa o la trata de personas”.
La migración campo-ciudad se produce debido a las condiciones generadas por los agronegocios, que obliga a las familias a abandonar sus tierras y refugiarse en los sectores pobres de las ciudades.
“Las mujeres forman parte del servicio doméstico, sufriendo a su vez una discriminación salarial —sólo perciben el 40% del salario mínimo, cuando lo legal es 60%—, el mercado laboral internacional ofrece otras modalidades de precariedad cuando salen del país en busca de trabajo”, sostiene Álvarez.
Desde el movimiento de mujeres y feministas paraguayas, las demandas al gobierno son múltiples y algunas de carácter urgente. Cerca de 25 organizaciones y redes de mujeres de Paraguay, incluyendo a Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir, el Movimiento por el Derecho a la Salud, Servicio de Paz y Justicia, entre otras, demandaron este 8 de marzo que exista “igualdad real y derechos humanos para todas”.
Entre las exigencias se encuentran el veto presidencial a la ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social y que elimina la Secretaría de la Mujer, acceso de las mujeres campesinas a la tierra y la reforma agraria con equidad de género, políticas públicas que garanticen el derecho a la vida y a un ambiente sano, aprobación de la ley de salud sexual, reproductiva y cero tolerancia al feminicidio, entre otros puntos.
Peligrosa es la situación que las mujeres viven en Chile. El débil escenario en materia de derechos dejado por los gobiernos de la Concertación por la Democracia —que condujo el país entre 1990 y el 2010— potenciado con el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, presenta un escenario complejo para las mujeres quienes se enfrentan a un modelo económico depredador junto a un conservadurismo extremo.
Así lo explica, Gloria Maira, integrante de la Articulación Feminista de Chile y la Coordinadora 8 de Marzo, quien señala que dicha conjunción deja a las mujeres en una situación de desprotección.
“El escenario es de peligro porque la propuesta que el gobierno está haciendo refuerza los roles de las mujeres en la casa, trabajando pero con trabajo precario y a cargo de muchos niños y niñas. Tenemos grandes demandas y resistencias en este momento, que es no retroceder por los derechos ganados”, señala Maira. “Los anticonceptivos han empezado a desaparecer de los centros de atención, la anticoncepción de emergencia no está en esos centros como dice la ley que debería estar”.
Que este 8 de marzo, dice Maira, “sea un punto de partida para establecer una especie de frente amplio de mujeres que nos permita hacer la resistencia al escenario que tenemos”. -Noticias Aliadas.
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