Después de dos años de papelerío, la primera instancia del sistema interamericano de derechos humanos escuchará los reclamos de los mapuches de Villa La Angostura (Neuquén). La cita se pactó para el próximo 21 de marzo.
POR ADRIÁN MOYANO - BARILOCHE, PAÍS MAPUCHE
Fuente: Azkintuwe
Hubo que soportar dos años de trámites y postergaciones para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuche los planteos de la comunidad mapuche Paichil Antriao. El organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) concedió una audiencia a los mapuches de Villa La Angostura (Neuquén) el próximo 21 de marzo, encuentro que tendrá lugar en Washington.
Los abogados aguardan que después de la declaración, la CIDH reclame “medidas de protección” al Estado argentino.
Juan Manuel Salgado, director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODPHI) trazó una pequeña historia de la presentación. “Nosotros hemos denunciado ante la CIDH, primer paso en el sistema interamericano de derechos humanos, la persecución que sufre la Paichil Antriao en Villa La Angostura, por parte del juez Jorge Videla, del fiscal y de los (empresarios) privados que quieren apropiarse de las tierras de la comunidad, junto con la benevolencia del gobierno municipal y provincial”.
Recordó el abogado que “esta denuncia lleva más de dos años. Fue y volvió varias veces hacia la cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores) de la República Argentina, porque la CIDH le requería informes. Ahora nos han dado una audiencia para dentro de dos semanas en Washington, para ir y exponer verbalmente cuál es la situación y contestar lo que dice el Estado argentino”.
En ese sentido, apuntó Salgado que “el Estado dijo hace más de un año que en unos meses comenzaba el relevamiento territorial y eso no sucedió. La persecución a la comunidad continúa, los juicios y las causas penales continúan, el señor (William) Fisher continúa construyendo y haciendo cosas en el territorio comunitario... Todo esto lo vamos a exponer en la CIDH porque hay un entramado de intereses y de corrupción del cual la primera víctima es la comunidad”, enfatizó.
- ¿Y qué puede pasar una vez que se exponga el caso en la CIDH?
La CIDH puede solicitarle al gobierno argentino que aplique determinadas medidas de protección frente a la represión que viene sufriendo la comunidad. También le puede pedir que como medida urgente, restablezca la situación y resguarde a la comunidad o también puede continuar el caso, seguir y es posible que salga una condena al Estado argentino para que tome las medidas que no ha tomado en resguardo del territorio de la comunidad Paichil Antriao.
El relevamiento al que hace referencia Salgado es el que dispuso la Ley 26.160, norma que declaró la emergencia “en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. La ley en cuestión también suspendió “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1ro”, es decir, las indígenas en jurisdicción de la Argentina. Además, dispuso la realización de un “relevamiento técnico, jurídico y catastral” sobre “la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”.
Si bien en otras porciones del territorio mapuche de Puelmapu, como Río Negro y Chubut, el relevamiento está en marcha, en Neuquén no ocurre otro tanto. “Acá no se está llevando a cabo ni se está cerca, el gobierno provincial es cerradamente opositor a que se haga este tipo de relevamiento, sobre todo porque éste constituye una historia de cómo se han apropiado de los territorios indígenas y en muchos casos, es hacer la historia de cómo se fue haciendo el poder político. Los gobiernos de (Jorge) Sobisch y de (Jorge) Sapag se oponen de manera terminante”.
- ¿Hasta qué punto una provincia puede oponerse a una ley de la Nación? ¿Cómo puede ser que funcione como un feudo?
Las provincias funcionan como feudos porque los que tienen que hacer cumplir esta ley tienen intereses en esto, son parte de este entramado. En la provincia de Neuquén, salvo algunas excepciones y sobre todo en La Angostura, los jueces son súbditos del Poder Ejecutivo y del entramado de intereses. Por ejemplo, Videla se niega sistemáticamente a aplicar nada de la legislación a favor de los pueblos indígenas: ni el Convenio 169 de la OIT, ni la 26.160, ni la jurisprudencia de la Corte Suprema. Es una forma abierta de negar el cumplimiento de la ley y cuenta con la impunidad de parte del resto de los poderes públicos.
Es precisamente ante la negación de justicia en el fuero provincial y la indiferencia del nacional, que la comunidad Paichil Antriao decidió recurrir a instancias jurídicas internacionales. “Vamos a viajar para llevar la documentación ante la CIDH”, ratificó Salgado. La presencia en Washington implicará un paso más en el interminable peregrinar de los mapuches de Villa La Angostura, quizás los más castigados en Puelmapu por la sistemática negación del poder winka.
* con el aporte de Samanta Guiñazú y la producción de Radio El Arka (Bariloche).
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