Heridas de balines a niños y niñas entre 9 meses y 16 años, asfixias por bombas lacrimógenas, encañonamiento con armas de fuego, golpes y patadas, golpes con armas de fuego, tortura, amenaza de muerte por inmersión, tratos degradantes, persecución, allanamientos a establecimientos educacionales, tratos inhumanos durante la detención, hostigamiento, rapto e incluso el homicidio de Alex Lemún Saavedra, de sólo 17 años, el año 2002, son algunas de las acciones de violencia policial que han sufrido niños, niñas y adolescentes mapuche durante los últimos diez años, y que serán presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Imagen: Conferencia de prensa 17 Marzo
Gentileza: Fundación ANIDE
En un completo informe, la Fundación ANIDE, en alianza con la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), gracias al auspicio de Kindernothilfe, y con el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), exponen la grave situación de violencia que las instituciones del Estado chileno ejercen hacia niños, niñas y adolescentes mapuche pertenecientes a comunidades movilizadas en el marco de la protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales.
Heridas de balines a niños y niñas entre 9 meses y 16 años, asfixias por bombas lacrimógenas, encañonamiento con armas de fuego, golpes y patadas, golpes con armas de fuego, tortura, amenaza de muerte por inmersión, tratos degradantes, persecución, allanamientos a establecimientos educacionales, tratos inhumanos durante la detención, hostigamiento, rapto e incluso el homicidio de Alex Lemún Saavedra, de sólo 17 años, el año 2002, son algunas de las acciones de violencia policial que han sufrido niños, niñas y adolescentes mapuche durante los últimos diez años, y que serán presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Fundación ANIDE y la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), con el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), y gracias al auspicio de Kindernothilfe y Save the Children.
El Informe sobre Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile, además da cuenta de las detenciones arbitrarias, interrogatorios que no respetan el debido proceso, detenciones de personas menores de edad sin aviso a los padres y madres ni información sobre su paradero, hostigamiento y amenazas durante los horarios de clases y en los recintos escolares, amenazas de muerte, registro de huellas digitales y pruebas para registro de ADN a niños y niñas sin consentimiento de los padres y madres.
Las organizaciones que acuden a la CIDH, advierten sobre la gravedad de la acción de las fuerzas policiales, violenta y desproporcionada, que actúa ajena a procedimientos que garanticen el respeto y la protección de la niñez y adolescencia conforme a los compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado de Chile.
Existen innumerables casos documentados entre el año 2001 y 2011, por diversas organizaciones de derechos humanos que denuncian violaciones graves a los derechos de la niñez mapuche, como consecuencia de violencia innecesaria, desmedida y brutal, ejercida por las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, y por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a niños, niñas y adolescentes mapuche en sus comunidades, escuelas y espacios públicos, con sus consecuentes secuelas físicas y psicológicas.
No existe por parte del Estado un reconocimiento público de la violencia institucional contra la niñez mapuche, y éste no ha implementado medidas reparatorias que apunten a la construcción de las condiciones de protección especial de derechos de la niñez mapuche en los protocolos policiales, ni ha generado sistemas de protección frente a la tortura, como acciones mínimas de gran urgencia. Esto ha favorecido que la situación de violencia institucional se mantenga inalterable por más de 10 años.
Múltiples informes y declaraciones de instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales mapuche y chilenas, así como las organizaciones solicitantes de la Audiencia en la CIDH, han constatado que los procedimientos policiales no garantizan ni resguardan la integridad de los niños, las niñas ni adolescentes en sus contextos comunitarios ni escolares. Por el contrario, éstos son objeto de violencia desmedida y acciones policíacas no reguladas ni enmarcadas en el debido proceso.
El Informe se nutre además, por una serie de testimonios de dos comunidades mapuche de la Región de la Araucanía, en Chile. Aquí se incluyen relatos y denuncias de niños, niñas y adolescentes mapuche, sus familias y autoridades tradicionales mapuche, que hablan de sus experiencias particulares y los recursos propios de sobrevivencia y resistencia de sus comunidades.
Los niños, niñas y adolescentes mapuche ponen énfasis en la brutalidad de las acciones policiales. Todos ellos han sido víctimas y/o testigos directos de violencia policial en sus propias comunidades y escuelas.
“… tenía 13 años le vinieron a pegar en la casa, le quebraron la culata de la escopeta aquí en la frente, ahora lo último este año, tampoco no lo dejaron estudiar, lo fueron a buscar en el liceo y ahí lo tienen no más, preso. No hay ni una prueba, no hay ni una prueba y lo tienen ahí. Casi le fracturaron aquí la mandíbula. Le pisaron la cabeza, todo raspillado, lo arrastraron todo aquí. Eso es lo que hacen los policías”, se lee en uno de los casos expuestos en el informe.
Otro elemento preocupante es el desconocimiento de las leyes nacionales y convenios internacionales que protegen los derechos de adolescentes y jóvenes privados de libertad, por parte del sistema de justicia, en particular lo relativo a la aplicación de la Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref. 20.467) a personas menores de 18 años.
La ilegal e ilegítima aplicación de la Ley Antiterrorista
El Estado Chileno celebró la promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que significó el reconocimiento, después de casi 20 años de firmar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de que los niños y niñas en conflicto con la ley requieren de un tratamiento especial.
Sin embargo, desde el año 2008, la Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref. 20.467) ha sido invocada en 5 casos de personas menores de 18 años. A la luz de la anteriormente mencionada Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la aplicación de la Ley Antiterrorista no sólo sería contradictoria legalmente, sino que además contradice la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Cabe recordar que después de la prolongada huelga de hambre que sostuvieran 34 comuneros mapuche el año 2010, entre los cuales se encontraban dos imputados por Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref. 20.467) por supuestos delitos que habrían cometido siendo personas menores de 18 años, el Poder Legislativo modificó la Ley Antiterrorista excluyendo su aplicación a los casos en que estén involucrados personas menores de 18 años.
Sin embargo, el Ministerio Público ha insistido en la invocación de esta legislación de excepción en casos de personas menores de 18 años, haciendo caso omiso de la legislación vigente.
Así, el Informe que será presentado a la CIDH, da cuenta de un patrón común de violencia institucional caracterizado por la criminalización de la protesta social mapuche, el empobrecimiento de las comunidades y la persecución persistente a niños, niñas y adolescentes mapuche.
Audiencia temática en la CIDH y Petitorio
A la audiencia ante la CIDH, que se realizará el viernes 25 de marzo de 2011, en período ordinario de sesiones Nº141 en Washington DC, concurrirán Carlos Muñoz Reyes, Vocero Nacional de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile; Ana Cortez Salas, coordinadora del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE; y Lorenzo Morales Cortés, abogado asesor del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE.
Los objetivos para la solicitud de esta audiencia temática son:
1) Poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave situación de violencia que las instituciones del Estado chileno ejercen hacia niños, niñas y adolescentes mapuche perteneciente a comunidades movilizadas en protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales.
2) Solicitar el arbitrio de las medidas necesarias a fin de que el Estado chileno adecue el régimen legal a las pautas básicas establecidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y la implementación de políticas públicas acordes para hacer efectivos los derechos contemplados por dicho sistema, ya que las condiciones que padecen los niños, niñas y adolescentes indígenas, en particular pertenecientes al pueblo mapuche, son violatorias de diferentes derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las instituciones que solicitaron la audiencia en la CIDH plantean una serie de peticiones para el Estado de Chile, como cambios de normativas internas que garanticen la protección de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos de las fuerzas policiales; la existencia de mecanismos transparentes para la vigilancia y monitoreo de estos procedimientos; la creación urgente de un mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos degradantes; la tramitación en el Congreso de una moción que indique la total exclusión de la aplicación de la Ley Antiterrorista a personas menores de18 años; que se generen mecanismos de capacitación en enfoque de derechos para todos los funcionarios públicos del país; y que el Estado genere, en conjunto con la sociedad civil, y con la participación activa de los niños y las niñas, una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez.
Por su parte, las comunidades mapuche consultadas tienen entre su petitorio la restitución de los territorios ancestrales, el respeto al Convenio 169 de la OIT, el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista al pueblo mapuche y la liberación de sus presos políticos, así como el retiro de las fuerzas policiales y de las empresas forestales de sus comunidades, la implementación de políticas que permitan superar la pobreza.
(Fin/ANIDE/marzo/2011)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire