Pueblos Indígenas: Algunas Contradicciones Del Discurso Presidencial (Mario Ibarra)

M. Ibarra.

El discurso presidencial del 21 de mayo de cada año, es el momento en que SE el Presidente de la República, ante el Congreso Pleno, entrega al país una cuenta de su gestión y traza las grandes líneas del accionar gubernamental. El último discurso no dejó de ser tradicional, pues, los personeros gubernamentales lo encontraron excelente y los opositores malo.

En lo que se refiere a los pueblos indígenas (cinco párrafos, estructurados en doce frases), la alocución es contradictoria en su terminología y clara en sus objetivos políticos; por lo demás, repite la promesa de reforma constitucional, anuncia el «funeral» de la CONADI y aclara lo que es el Plan Araucanía. Por la redacción y los conceptos utilizados, los asesores, redactores y revisores del texto no merecen una medallita.

Algunas frases (en bastardillas) del discurso estimulan varias preguntas, ameritan ciertos comentarios y/o necesitan algunas precisiones.

«En nuestro país, más de un millón de compatriotas se identifican con las comunidades aymara, atacameña, quechua, diaguita, colla, rapa nui, mapuche, kawashkar o yagan, entre otras». Dejando de lado la cifra entregada, se debe tomar nota que esos compatriotas no se identifican con «pueblos», se identifican con «comunidades». Se mencionan ocho «comunidades», y agrega «entre otras», es decir, no están todas, entonces ¿cuáles son las «comunidades» no nombradas?

«Nos sentimos muy orgullosos de ser una nación multicultural». Hasta ahora, el «orgullo» no se ha traducido en una proposición –clara y justa– de reforma constitucional ni se ha expresado en el respeto –cotidiano– de la multiculturalidad de la «nación».

«Pero no sentimos lo mismo al constatar que, por siglos, las oportunidades para su progreso material y espiritual no han estado a la altura de sus necesidades ni de nuestras potencialidades como país». A primera vista, parece que la frase está haciendo una simple perogrullada porque, la alocución, no entrega precisiones sobre «las oportunidades» para el «progreso material» que –se debe suponer– propone para responder a las «necesidades» de los pueblos indígenas de conformidad con las «potencialidades» de Chile. En caso que el «progreso espiritual» no sea un condimento del discurso, necesita una explicación a la luz de las disposiciones de –al menos– cinco instrumentos internacionales de derechos humanos.

«Se trata de una población que vive en condiciones precarias, con tasas de desempleo y pobreza superiores a la media nacional, y con salarios y escolaridad por debajo del resto del país». La constatación central de esta frase (precariedad, desempleo y pobreza) no se divorcia de la comentada anteriormente, pero, se debe tomar nota que las «comunidades» mencionadas constituyen una «población».

«Para recuperar el tiempo perdido y hacer justicia, pusimos en marcha una agenda a favor de nuestros pueblos originarios, que incluye su reconocimiento constitucional y deja atrás la estrategia de asimilación, reemplazándola por una de integración, que significa valorizar y proteger su cultura, idioma, tradiciones y valores». En esta frase está el meollo de la política gubernamental a propósito de los pueblos indígenas y –su contenido– tiene contradicciones que justifican preguntas y comentarios:

a) «Para recuperar el tiempo perdido» y, en particular, para «hacer justicia», ¿es justo implementar la integración como estrategia?

b) ¿Se debe suponer que los «pueblos originarios» equivalen a lo que el derecho internacional de los derechos humanos designa como «pueblos indígenas»?

c) De los debates y del proyecto (publicado en la prensa), no se desprende ni se puede concluir que se trata de un «reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios», pues corresponde –simplemente– a una caracterización del Estado.

d) El prometido reconocimiento «deja atrás la estrategia de asimilación, reemplazándola por una de integración, que significa valorizar y proteger su cultura, idioma, tradiciones y valores», y (aunque falta una «s» a cultura e idioma), esto es el aspecto ideológico central de la política gubernamental a propósito de los pueblos indígenas: se trata de integrarlos.

e) Dada la redacción de la frase, se desprende que el «reconocimiento» propuesto –en sentido estricto– es para darle rango constitucional a la «estrategia de la integración». Dicha «estrategia» fue anunciada, internacionalmente, por SE el Presidente de la República en su discurso ante la Asamblea General de la ONU y tuvo el efecto de alertar los respectivos mecanismos de control y vigilancia de algunos tratados internacionales de derechos humanos porque –abreviando– la «integración» es considerada como una forma de discriminación.

f) La «integración» es discriminatoria porque se funda, construye y proyecta a partir de un supuesto (que no tiene ninguna base científica y carece de asidero en el derecho internacional de los derechos humanos): la cultura integradora es superior, en consecuencia, la cultura que debe integrarse es inferior.

g) La historia, en el continente americano (desde 1940 hasta ahora), ha mostrado que la «integración», como política estatal, (que, inevitablemente, termina en «asimilación») niega derechos (políticos, civiles, económicos, sociales y culturales) y no valoriza ni protege las culturas, idiomas, tradiciones y valores de los pueblos indígenas.

h) La «integración» (en todas sus dimensiones) viola disposiciones medulares del Convenio No.169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (en adelante, C.169), de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas (en adelante, DDPI) y de varios instrumentos (tratados y declaraciones) de la UNESCO.

i) Tanto el convenio como la declaración mencionados fueron elaborados –precisamente– para, entre otros asuntos, combatir las políticas de integración porque –en esencia– son «asimilacionistas», discriminatorias, niegan todas las dimensiones y expresiones de las culturas de los pueblos indígenas e ignoran, restringen y/o limitan derechos (claramente establecidos) de dichos pueblos.

«También estamos incorporando su medicina tradicional a nuestros programas de salud, creando establecimientos de educación multiculturales, incluyendo los liceos de excelencia Indómito de Purén y Araucanía de Villarrica, y una completa reforma y fortalecimiento de las instituciones y programas orientados hacia ellos, como la Conadi, el Programa Orígenes y los Fondos de Desarrollo Indígena». Poco vale la incorporación de las medicinas de los pueblos indígenas y la creación de establecimientos educacionales si el objetivo es la «integración». La reforma de la CONADI y del Programa Orígenes se desprende de la ratificación del C.169 porque, según ese tratado, los pueblos indígenas tienen el derecho a implementar sus propios modelos (opciones, programas y proyectos) de desarrollo y a participar en los debates y a ser consultados en todos los asuntos (legislativos, administrativos y otros) que –directamente– les afecten; es decir, desaparecen los padrinos que –lógicamente– no necesitan «fortalecimiento». Según el C.169 y la DDPI, la discusión relativa a los fondos de desarrollo (y sobre todos los asuntos relacionados con el derecho al desarrollo) tiene que darse en un debate consultivo en torno al modelo de desarrollo y de los proyectos propios de los pueblos indígenas.

«También cambiamos la política de tierras para que ella sea más transparente y justa y siempre vaya acompañada de apoyo productivo». La transparencia, la justeza y el apoyo productivo –por el momento– no se pueden medir ni evaluar, pero, todo cambio de política –con mayor razón si se trata de tierras– debe hacerse dentro del marco del C.169, otros tratados ratificados, la DDPI y varios compromisos internacionales adquiridos por Chile que –inter alia– contienen disposiciones precisas relativas a tierras y territorios, además –como se ha dicho– contemplan las consultas y la participación de los pueblos indígenas. En el cambio mencionado, todo indica que no se realizaron las –obligatorias– consultas ni hubo participación.

«En septiembre, en el cerro Ñielol constituimos una Mesa Amplia de Diálogo para el Reencuentro Histórico, integrada por el gobierno, las iglesias, la sociedad civil y, naturalmente, representantes del pueblo mapuche, la que estamos extendiendo a otras etnias». Es necesario tomar nota de la constitución de una mesa de diálogo, pero –en el discurso– no hay ninguna indicación sobre los resultados o los efectos de ésta, sin embargo la novedad es que –la misma mesa– está extendiéndose a «otras etnias»; ¿qué debe entenderse por «etnias» en este caso?

«El Plan Araucanía es la iniciativa más ambiciosa de las últimas décadas para empezar a mejorar de verdad la calidad de vida y las oportunidades del pueblo mapuche». Aquí queda claro que lo que se conoce como «Plan Araucanía» es, simplemente, una «iniciativa ambiciosa». Dada la formulación de la frase, es necesaria una explicación para poder entender lo que significa «empezar» y «mejorar de verdad». En el contexto del discurso, no caben dudas que el mencionado plan es el pivote articulador de la «estrategia» para «la» integración del pueblo mapuche.

«En educación, hemos aumentado en un 34 por ciento el presupuesto para becas indígenas, en un 20 por ciento el fondo para promover su cultura y educación y casi en un 60 por ciento el Fondo de Desarrollo Indígena de la Conadi». En un discurso, las informaciones porcentuales (sin otros datos) tienen poco impacto real y pueden significar cualquier cosa.

«Pero el respeto se demuestra también con símbolos. El 4 de agosto pasado emití un instructivo presidencial para que las autoridades de nuestras etnias originarias reciban la debida consideración en todas las ceremonias oficiales de los gobiernos regionales y provinciales». Aunque, comúnmente, la política no es (ni debe ser) sólo símbolos, es indudable que éstos tienen una gran importancia cuando se trata de elaborar políticas para los pueblos indígenas, pero, en el contexto de la frase ¿qué simboliza y significa «nuestras etnias originarias»?

En resumen, en lo que respecta a los pueblos indígenas, el discurso: a) propone una política «integracionista» que está en abierta y clara contradicción con el C.169, la DDPI y otros instrumentos internacionales; política que, además, en todo el continente americano, ha evidenciado que nació fracasada porque es discriminatoria, no respeta los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas, niega la historia, traba el futuro y desemboca en asimilación; y b) refleja las imprecisiones propias de una sociedad que, mayoritariamente, está convencida de la existencia de un «problema indígena».