Por Raimundo López
Fuente: Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina
A diferencia de otras capitales latinoamericanas, en San Salvador la presencia de los pueblos indígenas parece ser invisible, confinada al anonimato por siglos de discriminación y un atroz genocidio en 1932. Es la conclusión que se llega sólo al asomarse a la historia de la nación.
El presidente, Mauricio Funes, planteó con claridad esa dolorosa historia el 12 de octubre pasado, al inaugurar el Primer Congreso Nacional Indígena y cuando anunció un cambio de la política hacia esa población.
Nuestro país arrastra una larga historia de discriminación contra nuestros hermanos y hermanas indígenas, que se manifestó en sus peores formas: esclavitud, primero, persecución y exterminio, después, explicó.
Ese mismo día el mandatario, a nombre del estado y el pueblo salvadoreños, pidió perdón a las comunidades indígenas “por la persecución, por el exterminio de que fueron víctimas durante tantos y tantos años”.
Funes citó dos acontecimientos claves en la vida de esos pueblos, después de lograda la independencia de España.
“En 1832 el primer alzamiento indígena, motivado por el modelo de opresión imperante, fue sofocado con la represión y la fuerza. Cien años más tarde, en 1932, la historia se repitió”.
El gobierno de turno, de ese entonces, dio la misma respuesta brutal y violenta a las demandas de los pueblos originarios, como había sido 100 años atrás, aniquilando brutalmente a más de 32 mil hombres y mujeres, según cuentan los más serios historiadores del país.
“Tal fue la persecución, tal fue el genocidio que se llevó a cabo, que aquellos que sobrevivieron a la matanza se vieron obligados, fíjense bien, se vieron obligados a comprar nombres y apellidos, a ocultar su identidad y esparcirse por el territorio salvadoreño para no ser perseguidos”.
“Debieron cambiar, además, su forma de vestir, hablar y expresar sus costumbres, ya que al ser identificados como indígenas eran castigados, perseguidos y asesinados”.
“Así se desarrolló el proceso de exterminio de los pueblos originarios y con él se demostró, una vez más, que los gobiernos no eran más que el instrumento de protección de unos pocos y nunca el garante de los derechos de las grandes mayorías”.
Miguel Mármol, un dirigente comunista sobreviviente, pese a graves heridas, a un fusilamiento colectivo en 1932, escribió muchos años después que los grupos dominantes de la época “desarrollaron un racismo paranoico”.
Ese año, en zonas del occidente, donde floreció el pueblo pipil hasta la llegada de los españoles, los indígenas y campesinos desataron una insurrección para tratar de recuperar sus tierras, arrebatadas por terratenientes.
Las desdichas de las naciones originarias comenzaron con la invasión española a comienzos del siglo XVI.
Para ese entonces, de acuerdo con textos de historia, había bien establecidos en lo que ahora es El Salvador, con ramificaciones a países vecinos, tres pueblos aborígenes: los pipiles, en el occidente; los chortis -mayas-, en el norte; y los lencas, en el oriente.
La conquista la inició Pedro de Alvarado en junio de 1524, quien incluso en una batalla con un “ejército” pipil, cuando avanzaba por el Señorío de Cuscatlán, resultó gravemente herido por una flecha.
Alvarado debió dejar la tarea a otros capitanes, a quienes, pese a la abismal superioridad en armamentos y el aprovechamiento hábil de las rivalidades de esos pueblos, les tomó 16 años someter a las naciones originarias.
Gran parte de la historia -para no decir toda- fue escrita por los vencedores, y la situación de esclavitud y servidumbre feudal de los indígenas quedó envuelta en la bruma interesada de esos siglos.
La independencia de la corona española no significó un cambio relevante en sus vidas.
El hecho fue apuntado por Funes, en otro discurso, el viernes 7 de enero de este año:
“Ya desde los primeros movimientos independentistas los pueblos indígenas fueron marginados de la toma de decisiones y, durante todo el siglo XIX y gran parte del XX, la historia la escribieron las minorías dominantes”.
“Fuimos creciendo en el enfrentamiento entre hermanos, en la injusticia, en la exclusión y en la idea de que el destino de la pequeña patria salvadoreña era el destino de minorías que se servían del conjunto y lo ignoraban”.
En 1833, en medio de los frecuentes conflictos entre liberales y conservadores, ocurrió la primera insurrección indígena, liderada por el cacique Anastasio Aquino, quien tras varias batallas fue capturado y decapitado.
En 1881-1882, los terratenientes de la época se apoderaron de las tierras que aún estaban en manos de las comunidades indígenas para dedicarlas al café, la caña de azúcar y la ganadería.
Medio siglo después, en 1932, ocurrió el levantamiento campesino e indígena, en el cual tuvo también participación el naciente Partido Comunista Salvadoreño (PCS).
La expropiación de tierras por parte del gobierno, el maltrato inhumano y la extrema explotación de los originarios, fue la semilla de la discordia que desembocó en la insurrección indígena y en donde la fuerza armada cometió el peor etnocidio del siglo XX, explicó Mármol.
Los líderes del levantamiento, el cacique de Izalco, José Feliciano Ama y Agustín Farabundo Martí, fundador del PCS, entre otros, fueron fusilados, en tanto otras decenas de miles de personas murieron durante la brutal represión.
La matanza fue ordenada por el general Maximiliano Hernández Martínez, quien, el 2 de diciembre de 1931, mediante un golpe de estado, inició la oscura época de las dictaduras militares que sufrió la nación la mayor parte del siglo XX.
Ahora, con la tenacidad del infortunio, han comenzado a ser visibles, poco a poco.
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