De 17 presos comuneros mapuche, 13 resultaron absueltos en el emblemático juicio oral de Cañete. Otros cuatro fueron declarados culpables del supuesto ataque a un fiscal del Ministerio Público. En el medio, el debate sobre la criminalización de la lucha del Pueblo Mapuche y la promesa del gobierno de Piñera de no recurrir a la polémica Ley Antiterrorista. De ello conversó Pagina12 con Pamela Pessoa, esposa del dirigente Héctor Llaitul.
POR AILIN BULLENTINI
Fuente: Azkintuwe
El análisis del resultado que tuvo la huelga de hambre que 34 integrantes de comunidades mapuches presos sostuvieron durante más de 80 días en 2010 es complicado de realizar. Es que depende de los elementos que caigan bajo la lupa, la conclusión es positiva o nula. El final del juicio iniciado a 17 de esos huelguistas hace más de tres meses es ejemplar para comprender tal complejidad: el Estado y el Ministerio Público retiraron las acusaciones que habían impuesto a los originarios basadas en la ley antiterrorista, principal reclamo de la huelga. Trece de ellos resultaron absueltos. Pero los cuatro restantes fueron condenados por supuestamente haber emboscado a un fiscal y a tres oficiales de la Policía, en el marco de un caso considerado por el gobierno chileno como usurpación de tierras.
“La situación es complicada. El Estado desestimó el uso de la ley y eso presionó al Poder Judicial. Pero en los hechos, la antiterrorista continuó utilizándose hasta el final”, señaló Pamela Pessoa (En la Foto), en diálogo telefónico con Página/12. Su compañero, Héctor Llaitul, dirigente mapuche, es uno de los condenados por el Tribunal de Cañete. Sabrá el tamaño de su pena el próximo 22 de marzo.
¿Por qué asegura que el juicio se basó en la Ley Antiterrorista?
El juicio fue un proceso abiertamente direccionado a castigar y encerrar a militantes mapuches. Y no hubiera podido llevarse a cabo esa misión a no ser a través de la aplicación de la ley. Mi compañero y los otros tres mapuches que fueron condenados son los únicos del total de acusados que integran la Coordinadora Arauco Malleco (CAM, que reivindica la autonomía de las comunidades mapuches en Chile). Quedó demostrado que la intención del Ministerio Público Fiscal fue siempre criminalizar la lucha mapuche. Trece hermanos de comunidades originarias fueron absueltos, pero las condenas que recayeron sobre mi compañero y los otros tres hombres no tienen razón de ser, más que para enviar un mensaje a la organización ideológica y política que lucha de manera más radical contra las inversiones capitalistas en territorios mapuches en Chile. Las acusaciones de la fiscalía fueron realizadas con el aporte de testigos “sin rostro”, secretos. Ni la defensa ni el tribunal pudieron acceder a esos testigos. Tal mecanismo se tiene en cuenta por la ley antiterrorista. Eso es lo que se hizo, y el Estado chileno no hizo demasiado por impedirlo.
Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche fueron considerados culpables de homicidio frustrado al fiscal Mario Elgueta y lesiones en contra de tres funcionarios policiales, en el marco de una supuesta emboscada que esos funcionarios denunciaron en 2008. Entonces, un grupo de comunidades a las que pertenecen los 17 mapuches que ocuparon el banquillo de los acusados frente al Tribunal Oral de Cañete acampaban en los terrenos donde ancestralmente se localizaban y que, por estos años, son ususfructuados por una empresa forestal. Además, fueron condenados por robo con intimidación en perjuicio de José Santos Jorquera, un agricultor chileno acusado por los organismos defensores de los pueblos originarios de ceder su estancia a miembros de las fuerzas de seguridad pública en épocas de la dictadura de Pinochet con fines de tortura y secuestros clandestinos. Ninguno de esos cargos tiene la carga de terrorismo que poseían al inicio del proceso.
¿Cuáles fueron esas pruebas?
Una es el testimonio de uno de los cuatro condenados, a quien la policía mantuvo 16 horas detenido de manera ilegal, durante las cuales fue torturado. Bajo tortura, el hombre firmó una declaración en la que se asume como atacante del fiscal y los acompañantes en la noche de la supuesta emboscada. Hoy, Jonathan Huillital Méndez sostiene una denuncia contra la policía de investigación chilena por torturas, que se encuentra en proceso. La otra prueba es el testimonio del testigo secreto nº 26 –la Fiscalía presentó 36 pero sólo declararon siete–, una persona que estuvo imputada durante el inicio del proceso judicial, pero que quedó fuera del juicio al haber colaborado con la versión oficial de la emboscada. Como declaró que Héctor había ideado todo el ataque al fiscal y a la policía, el Ministerio Público dejó de perseverar en su acusación.
¿Por qué considera que ambas pruebas no son suficientes para determinar las condenas?
No son justas. Pero además, que esos dos elementos hayan sido los tomados en cuenta para determinar la existencia del delito y la culpabilidad certifica que la Justicia sigue aplicando la ley antiterrorista. Sólo esa norma permite la presentación de testigos sin rostro. La tortura es inadmisible. Incluso la Defensoría Pública consideró el fallo como un retroceso de la Justicia chilena a la época de la dictadura de Pinochet.
¿Cómo considera la absolución de los otros 13 mapuches que fueron sometidos a juicio?
Es un hecho muy significativo y sin duda hay que leerlo como una victoria del pueblo mapuche. En gran parte se debió a la huelga de hambre del año pasado, que sirvió para descomprimir la situación. Ahora restan otros dos grandes y emblemáticos juicios en los que se intentará criminalizar a hermanos que no hicieron más que reclamar por sus territorios: uno en Angol y otro en Temuco.
¿Consideran que a resolución del juicio responde al reclamo de ustedes respecto de la ley?
El gobierno cumplió con su parte del acuerdo surgido luego de la huelga. Prometió eliminar de su querella la ley y cumplió. Las acusaciones por las que condenaron a los mapuches son penales. Sin embargo, la ley se utilizó de hecho durante todo el juicio. El veredicto está basado en fragmentos de esa ley, incluso. En ese sentido, la lucha será más larga.
El efecto del ayuno mapuche
Pablo Andrés Muñoz Guzmán es miembro de la comunidad Lov Choque, que ancestralmente existió como pueblo mapuche en la zona del Lago Lleu Lleu, en el centro chileno. Pasó los últimos dos años de sus 26 de vida preso en la cárcel de Lebu, y fue uno de los imputados en el juicio de Cañete por atentado a funcionario público y robo de maderas. “En perspectiva, la huelga dio resultados. Si no la hubiésemos sostenido con fuerza, estaríamos condenados a más de 50 años de prisión”, expresó. Pablo Andrés fue uno de los 13 absueltos.
El juicio comenzó el 8 de noviembre de 2010 y constó de 61 audiencias. En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al gobierno de Sebastián Piñera sobre la contradicción de la ley antiterrorista y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al que el país andino aplicó. Ese documento plantea que la aplicación de justicia sobre los pueblos originarios y tribales debe tener en cuenta las formas económicas, políticas y culturales de cada comunidad. “Fue todo un montaje político, sobre todo por parte del Ministerio Público Fiscal”, sentenció Glady Huenuman Lencura, mamá de Pablo Andrés y cuñada de Alberto Parra, de 35 años, también absuelto. Según el olfato de la mujer, “la absolución en este proceso no significa que no vaya a caer en cualquier momento otro mapuche condenado por defender sus derechos”.
El Poder Judicial chileno mantuvo los cargos basados en la ley antiterrorista contra los 17 acusados hasta pocos días antes de la etapa de alegatos. Las fuentes de esa cartera se negaron a dialogar con Página/12.
“Los años en prisión fueron realmente angustiantes. No sólo por el encierro, sino porque no sabíamos qué iba a ser de nosotros”, añadió Pablo Andrés, quien luego de recibir su absolución regresó a la casa que la familia alquila en Puerto Choque, a pocos kilómetros del Lleu Lleu, pero no pasa un día sin visitar a los cuatro compañeros que debieron regresar a prisión. “Siguen con el ánimo en alto, a la espera de la fijación de pena para poder apelar”, rescató. Si bien consideró positiva la huelga de hambre, Pablo Andrés opinó que el Estado cumplió su parte del trato a medias: “Tendría que haber intervenido en la postura del Ministerio Público”, apuntó.
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