Las redes de poder en el sector forestal chileno

Por Cristián Frêne Conget

Ingeniero forestal

Fuente: El Ciudadano

Después de conocer las oscuras intenciones del señor Matte para favorecer al pedófilo Karadima resulta interesante y hasta necesario indagar y reflexionar acerca de las redes de poder que ciudadanos chilenos manejan sobre las autoridades políticas y el sector público en general. Estas redes generalmente están concebidas para favorecer a un pequeño grupo de familias y operan a todo nivel, con un énfasis productivista y pensando a corto plazo y en beneficio propio, pero sin pensar en las comunidades locales ni la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales donde desarrollan sus actividades, muy a la chilean way.

Un caso digno de análisis es lo que ocurre en el sector forestal chileno, donde patrimonio e industria están concentrados en dos grupos económicos, CMPC de la familia Matte y Arauco de la familia Angelini. Estos grupos controlan todo el circuito forestal exportador, el segundo en importancia después de la minería: desde las plantaciones forestales, ubicadas principalmente en el centro sur de Chile, hasta los puertos de embarque de los productos, siendo el mayor volumen de éstos de poca elaboración (commodities como celulosa y astillas). Tienen utilidades anuales enormes, que sobrepasan los 600 millones de dólares para cada grupo (de acuerdo a lo señalado por El Mercurio el 7 de marzo del presente año) y en constante alza según indican las memorias anuales de ambas corporaciones. Pero este espectacular crecimiento ha sido y sigue siendo a costa de enormes daños a los ecosistemas naturales y a las comunidades locales que han habitado ancestralmente (pueblo mapuche) o que viven desde hace poco más de un siglo (comunidades campesinas y colonos) en los territorios donde se concentran las plantaciones forestales (VII a X regiones). Solo para graficar podemos mencionar: a) la sustitución de cientos de miles de hectáreas de bosques nativos de gran diversidad por monocultivos de árboles, b) el detrimento de la calidad del agua por la contaminación industrial y la erosión provocada por las prácticas productivas de cosecha, c) la disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano y riego, producto del alto consumo de los monocultivos forestales con especies exóticas de rápido crecimiento (pino y eucalipto) y; d) el desplazamiento o desmembramiento de miles de familias rurales que migran a ciudades cercanas, que pasan a formar parte de los círculos de pobreza urbana, y la generación de enormes conflictos sociales para llevar adelante sus proyectos de inversión.

Para lograr este verdadero “imperio” forestal, los grandes consorcios aprovecharon las funestas privatizaciones de las empresas estatales en el último régimen militar y han sido favorecidos desde 1974 con bonificaciones estatales a la forestación, que facilitaron la instalación de cerca de 1 millón de hectáreas de plantaciones forestales con dineros de todos los chilenos. Esta situación no cambió en absoluto con la llegada de la Concertación al poder, manteniéndose los subsidios hasta nuestros días y promoviendo el modelo de desarrollo forestal instalado en dictadura y controlado por las familias Matte y Angelini.

Resulta interesante entonces entender como estas familias logran tantas regalías en un periodo sostenido de tiempo y pese a los cambios político administrativos que ha vivido Chile en los últimos 40 años. Se pueden reconocer al menos cuatro formas utilizadas por estas corporaciones para incidir en el sector público:

1. Financiamiento de campañas políticas: esta actividad regulada en Chile, pero fácilmente eludible, implica la donación de dineros u otros medios para financiar las campañas políticas de personas que aspiran a cargos legislativos, municipales e incluso a la presidencia de la República. Son conocidos los apoyos económicos de Anacleto Angelini a los ex presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar, pero se desconoce el detalle (aunque se sabe que ocurre) de otras donaciones para campañas, que cruzan todo el espectro político con tal de ver favorecidas sus actividades empresariales. Esta situación nos entrega evidencia de las reales intenciones de estas familias. Si fueran objetivos políticos entonces el financiamiento se haría solo al sector político con el que comparten ideales y misión, pero el hecho de “disparar” para todos lados evidencia el ánimo de tener influencias en el poder, ¿para qué? para influir en las decisiones del Estado en beneficio propio.

2. Influencia personal o lobby: Muchas veces nos hemos informado de las visitas y llamados telefónicos de éstos y otros señores del dinero (o sus enviados) a las oficinas del Poder Ejecutivo, con el fin de proponer medidas sectoriales que, en el discurso, pretenden generar empleo y contribuir al desarrollo del país, pero en realidad son presiones para favorecer sus propios negocios. Los casos más conocidos en el sector forestal son la construcción de la planta de celulosa Valdivia del grupo Arauco, que el ex presidente Frei inauguró durante su mandato, y la decisión de construir un ducto al mar en Mehuín para descargar las aguas contaminadas de la misma planta industrial, que el ex presidente Lagos anunció en visita por la ciudad de Valdivia durante su mandato, en el marco del desastre ambiental en el Santuario del Río Cruces y posterior a una conversación con Anacleto Angelini.

3. Creación y/o manipulación de instancias gremiales para validar su discurso y demandas: en el sector forestal la creación de la Corporación de la Madera (Corma), que aglutinó en sus inicios a los grandes consorcios forestales Arauco y CMPC, además de muchas empresas medianas y pequeñas, influyó de manera decisiva en las políticas públicas y en la tramitación de proyectos de ley, como la Ley de Bosque Nativo que tuvo una tramitación de más de 15 años (la más larga para un proyecto de ley en Chile) debido a que representaba intereses contrarios a los de las grandes empresas exportadoras. En los últimos años pequeños y medianos empresarios forestales se han retirado de la Corma por los tratos abusivos en términos económicos de las dos grandes corporaciones y han generado su propio gremio. Por otra parte, el Colegio de Ingenieros Forestales A.G. ha sido “tomado” en diversas ocasiones por estos grupos económicos, a través de una entrada masiva de ingenieros forestales de sus compañías, con la finalidad de apoyar desde este importante gremio el discurso de las empresas. Esto sin duda hace corresponsables a los profesionales forestales que dejan que esto ocurra, pero también genera un enorme daño a la imagen de todos los ingenieros forestales ante la ciudadanía.

4. Implementación de campañas comunicacionales engañosas y contratación de científicos y figuras públicas: la aparición en todos los medios de comunicación de la campaña “Bosques para Chile” es un evidente ejemplo de engaño a la ciudadanía, donde se pretende mostrar un sector forestal sustentable y comprometido con el desarrollo sustentable, cuestión que es absolutamente falsa al contrastar el discurso con el paisaje que se observa en el centro sur de Chile y las evidencias científicas que demuestran los impactos de las prácticas forestales e industriales sobre el territorio nacional y las comunidades locales. La contratación de científicos y figuras públicas para lavar la imagen de las empresas y evadir responsabilidades ambientales y sociales han resultado ser burdos intentos desenmascarados por la ciudadanía. Este tema también tiene fuertes implicancias éticas y hace corresponsable a científicos e instituciones de la academia, ya que resulta inaceptable que en Chile la ciencia esté al servicio del dinero.

Los ciudadanos chilenos comunes y corrientes no tenemos la oportunidad de ser escuchados por las más altas autoridades políticas, mientras estos señores (o sus enviados) se pasean por pasillos de palacio y del Congreso palmoteándose y haciendo guiños a quienes deberían velar por el bienestar de todo el territorio nacional y su gente. Cuando estos señores son descubiertos o enrostrados por sus obscenas influencias, aparecen dando excusas públicas pagadas en los medios masivos (coludidos con estas redes de poder) y mostrándose como víctimas de la situación o aclarando supuestos “malos entendidos”. No basta, por ejemplo, que el señor Matte reconozca que fue un “error” pedir audiencia con el Fiscal Nacional por el caso Karadima (El Mercurio, 5 de abril de 2011). Los ciudadanos cada vez más informados y conscientes exigimos a nuestra autoridades que propendan al bienestar de todos los chilenos y no a los intereses de unos pocos, que por lo demás ya tienen mucho y no debieran seguir con sus aspiraciones codiciosas. Es claro además que estas situaciones ocurren no solo en el sector forestal, sino en todas las actividades económicas (minería, pesca, acuicultura, agricultura, energía, entre otras) y con muchos otros grupos de influencia que, muchas veces, están en varios sectores productivos a la vez.

Es imprescindible terminar con este modelo de desarrollo forestal para instalar uno que sea más equitativo, que respete y mejore las condiciones de vida de la población en regiones forestales, que obligue a la sustentabilidad del sector forestal exportador, que desarrolle y fortalezca el mercado interno, basado en aspectos estratégicos como el reemplazo de importaciones, la mitigación y adaptación al cambio climático y la valoración social de los bienes y servicios que proveen los bosques nativos y plantaciones.