Por Andrés Figueroa Cornejo
1. Como el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE) anunció el 5 de abril que las cifras de delincuencia general del país bajaron el 2010 (5,4 % respecto del año anterior), el Presidente Sebastián Piñera afirmó al día siguiente que se construirán 4 nuevas cárceles en la zona central de Chile, todas muy bien equipadas. Eso es dialéctica.
Mientras tanto, la Concertación se hace trizas, unos llamando a recomponerla, otros a refundarla, a cambiarle de nombre, a ampliarla a la derecha y a la izquierda (siempre por arriba, eso sí), y confiando, Deus ex machina, en la aparición salvadora de Michelle Bachelet –salvo que pretendan suicidarse anticipada y precautoriamente, fortaleciendo las maniobras, publicidad y candidaturas de Ricardo Lagos Escobar o Carolina Tohá o algún DC, como el alcalde Claudio Orrego-. En la otra ala, la concesionaria que administra actualmente el capitalismo de vanguardia en Chile encabezada por Piñera, ha sido asaltada por la ultraderecha y súper pragmática UDI, con la llegada del Mesías de penetrante mirada, Pablo Longueira, al Comité Político de La Moneda. Aquí el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, comenzó a oler a cadáver político. Pobre, no iba tan mal en las encuestas.
Por abajo, las alzas de los alimentos, servicios básicos y derechos sociales privatizados; el congelamiento y encogimiento de los salarios ante una ascendente inflación proyectada para el año de un 4,3% por el Banco Central (autónomo sólo de los intereses de las grandes mayorías), un eventual reajuste del salario mínimo de un 2%, y un crecimiento estimado muy cercano a la inflación; horada con saña la sobrevivencia de los trabajadores y el pueblo, que continúan nutriendo, junto al altísimo consumo de la minoría pudiente, los números del comercio a costa del sobreendeudamiento plástico.
2. El llamado “Caso Bombas”, se trata de un operativo jurídico-policial iniciado en agosto de 2010, que tras un espectacular despliegue de las policías, detuvo a 15 jóvenes supuestamente implicados en la colocación de extintores con mezcla de pólvora y un arcaico sistema de relojería en sucursales bancarias, sedes partidistas y otros sitios en las madrugadas. Muchos extintores no estallaron y otros quebraron el frontis de vidrio de locales vacíos. No hubo heridos y menos muertos. Pero lo más enigmático corresponde a la primera parte del proceso, donde tampoco hubo pruebas contundentes que implicaran a las muchachas y muchachos convertidos en prisioneros políticos, bajo la Ley antiterrorista heredada de la dictadura militar. De los 15 presos iniciales, quedan 10 en la Cárcel de Alta Seguridad, quienes llevan 8 meses encerrados y casi 50 días en huelga de hambre. Su pecado: que algunos vivían en casas ocupa, que el fiscal regional del caso, Alejandro Peña, llama “centros de poder”. Claro que de poder reunirse a realizar talleres culturales, música, cine y postular una forma de vida a contracorriente de lo que debe ser un joven promedio en Chile: un trabajador barato, domesticado y disciplinado para bien de la salud y utilidades del empresariado.
3. Pero las cosas han pasado dramáticamente de gris a negro en los últimos días. En su afán de probar la culpabilidad de los imputados y una pretendida “asociación ilícita”, cuestionada por varios juristas vinculados a los Derechos Humanos, el fiscal Peña, apoyado fundamentalmente por la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), logró un récord histórico de acumulación de “pruebas”. En 610 páginas presentadas ante el Octavo Juzgado de Garantía, se recopilaron 6.744 documentos, 794 testigos y 211 peritos para sustentar las extraordinarias condenas que solicita. Entre las pruebas están, por ejemplo, la tenencia del multi galardonado documental “La Batalla de Chile” de Patricio Guzmán; trozos de cartón; escuchas telefónicas que se prestan para las interpretaciones más diversas; y literatura: esos artefactos peligrosos repletos de letras que usualmente fueron y son quemados por los amigos de la ignorancia, la esclavitud y el envilecimiento humano desde que se inventó la imprenta, y mucho antes.
Con esos antecedentes, el fiscal Peña –resumen de la estrategia estatal y gubernamental antisocial y la criminalización de todo a lo que no sea egoísmo, alienación y mansedumbre- pide, muy suelto de cuerpo, que los prisioneros políticos Rodolfo Retamales y Pablo Morales –supuestos ‘líderes’ de la supuesta ‘asociación ilícita’- queden encarcelados de por vida, mientras el resto de los prisioneros purguen sus culpas improbadas con presidios que van entre 10 a 3 años. Todo esto, en un paisito donde los agentes asesinos archi probados mundialmente de la dictadura pinochetista andan tranquilos por la calle, y unos pocos genocidas ‘emblemáticos’ están a punto de salir de cárceles de 5 estrellas, luego de condenas ridículas ante la tortura, la desaparición forzada de personas y el crimen. ¿Será cuestión de correlaciones de fuerza?
4. La vocera de los prisioneros políticos en huelga de hambre, Ximena Muñoz, ha relatado en medios independientes que los jóvenes “están muy débiles físicamente, con mareos, taquicardia, calambres, jaquecas”. La salud de Andrea Urzúa y Mónica Caballero ha empeorado, y Ximena indicó que la operación jurídico-policial “es una persecución a formas de vivir”.
El 6 de abril, como todos los miércoles, los familiares y amigos de los imputados efectuaron una manifestación pacífica en el centro de Santiago. Quienes participaron, declararon que los carabineros “detuvieron a personas sin motivo alguno y golpearon a otras impunemente, tratando de quitar los lienzos, propaganda, megáfono y bicicletas”. Cuando alrededor de 30 manifestantes que no fueron detenidos partieron a la tercera comisaría de Santiago a esperar al bus policial para cautelar el buen trato y derecho de los arrestados, mientras estaban en la vereda, fueron víctimas del ataque de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, “dándonos golpes de puño y patadas”. Una muchacha resultó inconciente debido a un puntapié policial recibido en el estómago. A otros le destrozaron las ropas, e intentaron “ahorcar a uno mientras trataban de llevarlo detenido”. También los policías “exhibieron armamento de guerra”. Después de estos hechos, fueron apresadas 10 personas más.
5. El mismo 6 de abril, saltando toda filosofía democrático burguesa respecto de la independencia de los poderes del Estado, el fiscal Alejandro Peña aceptó integrarse al Ministerio del Interior para hacerse parte de “un equipo técnico”, donde se dedicará al análisis y revisión de los distintos planes policiales que hagan Carabineros e Investigaciones (PDI), y de la estructuración de políticas contra ‘ilícitos complejos’. Es decir, abandonó de golpe el denominado “Caso Bombas”, quedando como suplente el fiscal Héctor Barros.
Según algunas publicaciones, el pronto ex fiscal Peña, es hombre de armas tomar: capitanea los operativos, usa chaleco antibalas y patea las puertas de los traficantes; y también tendría una denuncia de violencia intrafamiliar por parte de su esposa y una sanción administrativa por prácticas antisindicales. Todo un personaje. De ahí su ascenso, por cierto.
6. Naturalmente, y más allá de todas las distancias ‘ideológicas’ que se tengan con el pensamiento libertario, resulta un deber insoslayable participar activamente de la solidaridad y la exigencia de la libertad de los prisioneros políticos del llamado “Caso Bombas”, como de los 4 comuneros mapuche condenados a 25 y 20 años de cárcel. Como nada se puede esperar de arriba, el asunto central es cómo los familiares y amigos de los presos son capaces, de la mano con todas las fuerzas jugadas por los derechos humanos en el territorio chileno, de ampliar la convocatoria de sus movilizaciones, hasta ahora, demasiado limitadas. Si el objetivo es lograr la justa libertad de los prisioneros políticos, esa es la única condición para que cualquier persona conciente y sensible ante los abusos y atropellos del Estado y el gobierno quiera y pueda participar en las manifestaciones. Esa estrategia debe considerar todas las formas, todas las agrupaciones, todas las gentes de buena voluntad a escala nacional e internacional. Experiencias anteriores en materia de Derechos Humanos indican que mientras más ancho sea el arco de fuerzas nativas e internacionales que se manifiesten tras un fin común, más posibilidades existen de alcanzar el objetivo. Porque no es suficiente la razón: se requiere de la fuerza. Y resultaría una derrota vergonzosa para quienes luchan, se desvelan, acarician la construcción de una sociedad donde prime la humanidad sobre el capital que las condenas contra los prisioneros políticos se hagan efectivas. No sólo por el dolor de los propios encerrados y sus más cercanos. Sino por el decoro, la estatura, las posibilidades concretas de que mañana pueda crearse una alternativa política distinta a la derecha y la Concertación. Es más; ¿Cómo hacer bravatas sobre la nacionalización del cobre, la banca, la asamblea constituyente, la defensa de los recursos naturales, la transformación del orden que organiza la miseria, si ni siquiera somos capaces de hacer las fuerzas para liberar a los luchadores sociales de las cárceles de los que aún mandan?
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