Fuente: Servindi
Indígenas de diversas etnias del país reiteraron su disposición a luchar por la demarcación de los territorios originarios, y denunciaron a la ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, por promover la agresión hacia las organizaciones indígenas que apoyan este proceso.
Estos aspectos se incluyen en un documento dirigido al gobierno que fue el resultado de una reunión realizada en Caracas el pasado martes, con la presencia de representantes indígenas agrupados en el Consejo Nacional Indio de Venezuela (Conive) y más de 30 organizaciones de base.
En el texto, rechazan el decreto presidencial 7855 (noviembre del 2010), que promueve la reestructuración y reorganización de la Comisión de Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas. Señalan que esa modificatoria no fue sometida a un proceso de consulta y participación ciudadana, por lo que es inconstitucional.
Asimismo, denuncian a la ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, por “promover la división, el enfrentamiento y la agresión hacia las organizaciones sociales indígenas que apoyan este proceso, a través de su descalificación y deslegitimación”.
Piden además al presidente Hugo Chávez que “considere remover” a la funcionaria.
El documento, también suscrito por los diputados a la Asamblea Nacional José González y José Díaz (Conive), ratifica su exigencia de que las etnias originarias sean sometidas a la justicia indígena, según lo previsto en la Constitución, y no a los tribunales ordinarios, como sucede en la actualidad.
Maltrato penitenciario
Durante la reunión del martes el cacique de la comunidad Kuce, Sabino Romero -de la etnia yukpa- denunció que fue torturado por los militares durante el tiempo que estuvo preso acusado de homicidio.
“En Machiques, los soldados me golpearon y amenazaron con violar a mi mujer y a mi hija. Además, me servían comida en mal estado y me daban de beber agua con gasolina y cal; incluso, me servían agua sucia de la que sobraba luego de bañar a los animales”, refirió.
Añadió que no seguirá acatando un régimen de presentación inconstitucional que se rige por la justicia ordinaria y no por la indígena.
Romero estuvo 17 meses preso acusado de homicidio, pero fue excarcelado el 15 de marzo. A la fecha, se encuentra bajo régimen de presentación cada 15 días ante la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Machiques
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