Desde el inicio del 2012, se ha desatado en México una ola de agresiones contra liderazgos indígenas./ Las agresiones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por parte del gobierno federal, van desde intimidaciones, hostigamiento, espionaje, e incluso detenciones arbitrarias, acusan, dirigentes indígenas.
Escala de agresiones en distintos puntos del país
Pide Naciones Unidas frenar abusos
Por Genaro Bautista / AIPIN
Desde el inicio del 2012, se ha desatado en México una ola de agresiones contra liderazgos indígenas.
Las agresiones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por parte del gobierno federal, van desde intimidaciones, hostigamiento, espionaje, e incluso detenciones arbitrarias, acusan, dirigentes indígenas.
Tal como ocurrió el 22 de febrero de 2012, a las 15:30 de la tarde, cuando la Procuraduría General de la República (PGR), detuvo a la defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.
La aprehensión, se dio en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Bettina Cruz, es una luchadora del pueblo zapoteco en la región, defensora de los derechos de los pueblos indígenas y reconocida opositora a la imposición del establecimiento y desarrollo de las empresas eólicas en la zona del Istmo oaxaqueño y también por las altas tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Su detención, detonó el sentimiento de inconformidad de la comunidad nacional e internacional, quien fue liberada un par de días más tarde.
“Este es un acto más de criminalización contra los luchadores sociales y defensoras de los derechos humanos”, sentenció Saúl Vicente, también del pueblo zapoteco de esta región y quien actualmente forma parte del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.
El diplomático indígena obtuvo de inmediato el respaldo del Foro Permanente, ya que se realizaba en esos momentos una reunión previa en Managua, Nicaragua.
Así, el Foro Permanente de la ONU, se pronunció por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, y pidió a México, garantizar la integridad de Bettina Cruz, de sus familiares y pueblos de la región, así como de su inmediata liberación.
Los diplomáticos de Naciones Unidas, indicaron que estarán pendientes de este caso, pero además de otros, como el de los indígenas que se defienden y se resisten a la intromisión de las mineras de capital canadiense en sus territorios y que ponen en riesgo su integridad física y cultural haciendo énfasis en los pueblos nahuas, zapotecos, mixtecos, Wirarika.
El encarcelamiento de Bettina, forma parte de la represión de la Procuraduría General de la República y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en contra de los movimientos de usuarios de la energía eléctrica que han expresado su descontento por el mal servicio, la prepotencia y los altos costos de la electricidad.
La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), MAIZ, el Frente Regional de Pueblos Indígenas del Bajo Mixe-Choapam, se movilizaron de inmediato demandando la inmediata liberación de la dirigente Zapoteca.
El trasfondo de esta detención, señalaron, es la actual resistencia y negativa de los pueblos de Unión Hidalgo, San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar a la construcción de parques eólicos y su negación a pagar las altas tarifas impuestas por la CFE.
También expresaron su apoyo a Bettina, las organizaciones del Movimiento Indígena Nacional (MIN).
Exigieron al Gobierno Federal y a la Procuraduría General de la República (PGR), la presentación y liberación inmediata de la activista indígena, Lucila Bettina Cruz Velázquez, detenida en el municipio de Santa María Xadani, Oaxaca, por agentes de la PGR.
El MIN, manifestó que a Lucina Bettina se le adjudican delitos del orden federal como: privación ilegal de la libertad, daños a los bienes nacionales como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por el delito contra la generación de la riqueza nacional.
La PGR argumentó que está detención está relacionada con una protesta ocurrida el 13 de abril de 2011, cuando un grupo de personas, tomaron las oficinas de la CFE, ubicadas en el kilómetro 821 de la Carretera Panamericana, en Juchitán, donde hicieron el llamado a la población a negarse a pagar el servicio de energía eléctrica.
El MIN señaló que no se puede criminalizar a una defensora de derechos humanos, la cual es una digna representante de la mujer indígena y una persona muy importante para los pueblos y comunidades indígenas de la Región del Istmo de Tehuantepec.
Desde 2005 a la fecha, se han dado en el Istmo de Tehuantepec, importantes luchas de resistencia indígena y civil contra las altas tarifas de la CFE y contra el despojo que las empresas transnacionales españolas como: Iberdrola, Preneal, Endesa, Gamesa, Acciona, Eurus, DEMEX, indica el MIN en su pronunciamiento.
El ejemplo de Bettina, lo siguieron indígenas de 39 municipios de la región de la Montaña, Costa Chica, y parte de la zona Centro del estado de Guerrero, a quienes la Comisión Federal de Electricidad, les pretendía cobrar 103 millones de pesos.
Aunque destacan que la aprehensión, se dio por la resistencia mostrada por los pueblos de Unión Hidalgo, San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar contra la construcción de parques eólicos.
En noviembre pasado Bettina en la reunión del Movimiento Indígena Nacional, “Desafíos indígenas en el siglo XXI. Encuentro entre Pueblos, manifestó y denunció el hostigamiento y los riesgos de ser encarcelada por el gobierno del presidente Felipe Calderón, debido a su férrea postura contra las empresas españolas, quienes con complicidad gubernamental, están despojando a los pueblos zapotecos e ikoots, de su territorio.
Por su parte, el Grupo de Acción Revolucionaria, emplazó al gobierno de México, a cancelar las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión contra los indígenas, así como la cancelación del Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec que violenta los derechos de los pueblos indígenas.
Pero la historia de agravios no es exclusiva del istmo oaxaqueño. En Morelos a escasas dos horas de la ciudad de México, la comunidad nahua de Tetelpa, está defendiendo al cerro de la Tortuga, ya que corren el riesgo de ser despojados de su territorio ancestral.
Aunque otra de las regiones donde la persecución, el hostigamiento, la infiltración, el espionaje, es una constante, se encuentra en la Huasteca y Sierra Oriental.
El 13 de febrero, el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ), protestó por el citatorio del Ministerio Público, a los adolescentes, Fernando Hernández y Pedro Hernández, de la comunidad de Tohuaco II.
El Fdomez, estima que la acción judicial, es parte de la criminalización de la pobreza, protesta social, como política de Estado.
La organización, integrada en su mayoría por indígenas nahuas y totonacos, había evidenciado el pasado mes de enero, ser objeto de espionaje, al descubrir un campamento militar ex profeso para detectar operativos contra comunidades huastecas.
En un reporte, distribuido por el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata, que también es parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), denuncia de la intensificación del acoso policiaco-militar por medio de las estructuras de inteligencia del Estado mexicano en contra de pueblos organizados y de manera particular hacia autoridades comunitarias, representantes locales y nacionales de dicha región.
Los dirigentes huastecos, subrayan ser objeto de infiltraciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la agencia de inteligencia de México, de Servicios Secretos, dependiente de la Secretaría de Gobernación además de la inteligencia militar.
Acusan hostigamiento policiaco en sus actividades políticas-organizativas, incrementándose, afirman, desde el arribo de Felipe Calderón a la presidencia de la República.
La organización huasteca, menciona que el 2 de Octubre del 2011, una partida del ejército mexicano arribo a Chapopote, Chalma, Veracruz, disparando a una casa. Muy cerca, apuntan, se ubica la Casa Campesina-Popular ubicada en Tecoluco, Calpan, Municipio de Huautla, Hidalgo.
Esta acción, sirvió para justificar el establecimiento de retenes castrenses alrededor de las distintas comunidades afines al Fdomez, además de que se realizan interrogatorios a los habitantes de esta región.
En el mes de diciembre, agentes del CISEN pretendieron infiltrarse en un transporte que serviría para llevar a participantes de un festival político cultural de la comunidad el Mezquite, a fin de tener de primera mano conversaciones de asistentes a tal evento.
La intimidación hacia los dirigentes indígenas es constante.
El 9 de enero del 2012, se publicó del presunto fallecimiento de Alejandro Hernández Dolores.
Alejandro Hernández Dolores, es identificado por las fuerzas de seguridad mexicano como uno de los principales creadores del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata, desde la década de los ochentas y al cual los servicios de inteligencia no han podido ubicar, por eso esparcieron el rumor sobre su fallecimiento.
Mediante una conferencia de prensa, el 16 de enero el Fdomez, desmintió la versión de la muerte de Hernández Dolorez e informó que habitantes de las comunidades de Tohuaco II y Tohuaco Amatzintla, descubrieron un campamento militar y paramilitar en la cúspide del cerro Tres Cruces.
El lugar donde se encontraban acantonados las fuerzas castrenses, es un lugar estratégico para vigilar desde ese punto las actividades políticas, sociales, culturales y deportivas del Campo Mártires Agraristas
El 21 de enero pasado, una comisión de representantes de las comunidades organizadas, el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO), la Red de Los Derechos Humanos acudieron al lugar a constatar la presencia de los militares.
Entre los comisionados estuvieron reporteros de los diarios de las Huastecas, Juan Hernández, periódico Zu-Noticia, Roberto Meza y Eulalio Ramírez de la Radio 93.9.
El FDOMEZ, mostró, así, cómo el Estado mexicano a través de la militarización y el impulso de las bandas paramilitares, se cometen crímenes de lesa humanidad contra organizaciones disidentes y luchadores sociales.
Con la acción de estos grupos de choque México, busca evadir su responsabilidad, como ha ocurrido en Acteal y en el Bosque, Chiapas, las masacres en Aguas Blancas y en el Charco en Guerrero, entre otros.
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