Publicado en la Revista Internacional FRONTERAD
El Lago Neltume posee una belleza de cuento de hadas y bosque con duendes, con el imponente volcán Choshuenco a lo lejos. No extraña que turistas llegados de todo el mundo se acerquen a este lugar virgen, que transmite una tranquilidad eterna. La mayor parte de los lugareños, muchos de ellos de etnia mapuche, vive de un turismo relajado, de casas bajas y tiendas de campaña a la orilla del agua. Es el caso de Guido Melinao: él y su familia se oponen a la represa que inundaría el terreno que hoy alberga su camping, su fuente de sustento.
Por Nazaret Castro
Imagen: Lago Neltume, lugar ceremonial Mapuche, foto el Puelche
Como otros miembros de la comunidad mapuche, Valeriano Cayicul, don Guido, cree que la represa es pan para hoy y hambre para mañana: por eso mira con recelo la compensación económica que se le ofrece a cambio de permitir que sus tierras sean inundadas para llenar el embalse. En juego está la construcción de una megarrepresa de 490 megavatios de capacidad instalada, con un coste de 781 millones de dólares. El proyecto es de Endesa Chile, la filial chilena de Enersis, que es una multinacional subsidiaria de la española Endesa. Ésta, a su vez, está controlada desde 2009 por la italiana Enel. Una sopa de letras.
Para muchos integrantes de las seis comunidades mapuche afectadas, la central hidroeléctrica de Neltume es la nueva amenaza que pende sobre Panguipulli, el municipio al que pertenece Neltume, en la Región de los Ríos, unos 800 kilómetros al sur de Santiago de Chile. La represa llega ahora que la población ha conseguido que sea declarada reserva ecológica y preservada así del avance del eucalipto, en una región donde las plantaciones destinadas a la industria maderera se han convertido en un pilar de la economía y una constante del paisaje. Además, cientos de mapuches deberán abandonar sus territorios y ser realojados. Sufrirán además otras consecuencias sobre sus modos de vida, comenzando por la inundación de el Palenque, un enclave sagrado donde las comunidades celebran ritos religiosos. Endesa propone trasladar el Palenque a otro lugar; para el pueblo mapuche, es inconcebible: ese territorio es ancestral.
El proyecto de Neltume ha sido aprobado ya por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero los movimientos sociales y una parte de los afectados exigen un nuevo estudio. “La ley ambiental se concibió como garantía para las empresas antes que para la conservación del medio. Cuando una empresa presenta un proyecto deficiente ante la SEIA, las autoridades, en lugar de evaluar y desechar el proyecto, lo que hacen es mejorarlo, aportando información e ideas para que la iniciativa empresarial salga adelante: está diseñado para que los proyectos salgan”, asegura Mauricio Durán, editor del medio alternativo Puelche Comunicaciones y asesor de una de las comunidades afectadas por la represa. De hecho, antes de aprobar el Estudio de Impacto Ambiental , el SEIA había publicado estudios que detallaban los efectos adversos de la represa sobre el suelo, el agua y el aire en la zona; más tarde, el organismo dio el visto bueno al proyecto.
Después, el organismo aprobó el proyecto, pero las obras fueron suspendidas para iniciar el proceso de consulta, como exigía el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el acuerdo internacional más importante del que disponen las pueblos originarios para preservar sus territorios ancestrales. Hasta 22 países, entre ellos España y la mayor parte de América Latina, han firmado el convenio. Chile lo hizo en 2008, pero hasta ahora no lo había puesto en práctica. Por eso pararon las obras de la represa de Neltume: el acuerdo obliga a que las comunidades indígenas afectadas sean consultadas sobre el proyecto. Paralelamente, se les consultará sobre la extensa línea de alta tensión que, previsiblemente, atravesará la región –y más de la mitad del país– para llevar hasta la capital, Santiago, la energía que se produce en el sur.
Mapa de Chile. Mapa modificado por FronteraD en base a original de Wikimedia Commons
Un proceso de consulta para los mapuches
El 5 de octubre de 2013 asistí al primer encuentro de una serie de reuniones preparatorias para definir cómo se realizará la primera consulta indígena en Chile. El Convenio 169 establece que las comunidades deben escoger en qué condiciones se desarrollará la consulta, y en Chile todavía no se ha detallado ningún reglamento: por eso lo que en estos meses suceda creará precedente en el país, y de ahí que militantes mapuches se resistieran al inicio de estas reuniones. Finalmente, cuatro de las seis comunidades afectadas decidieron dar su visto bueno a la consulta, y en esta cita están presentes representantes de esas cuatro comunidades. Está también Rosa, que habla por la comunidad Inalafquen, que todavía no se ha sumado a la consulta.
Las distintas comunidades arrojan visiones muy distintas: unos creen que traerá progreso a la zona, otros temen por el futuro del turismo y algunos pretenden ser incluidos en una lista de afectados que los dejó fuera. Las disensiones ya han tenido consecuencias profundas: las treinta familias que componen Inalafquen, sin ir más lejos, son una escisión de la comunidad Juan Quintulam que se debió a la divergencia de opiniones sobre la central.
“Nos van a robar nuestra tranquilidad. El lago es nuestra fuente de ingresos, es también el lugar donde nuestros niños se bañan. Muchas cosas van a cambiar. La empresa ha venido con mentiras. Nos dicen que no nos va a afectar, pero no nos detallan hasta qué nivel se va a inundar”, me cuenta Rosa antes del encuentro. Ella cree que la empresa, con la ayuda de las autoridades estatales, ha contribuido a esa división. Si es así, parece que lo han conseguido: de las cinco comunidades presentes, cada una defiende planteamientos muy diferentes. Unos pretenden conseguir mejores compensaciones; otros se oponen tajantemente al proyecto; unos pocos pretenden sumarse a la lista de afectados que les ha dejado fuera.
La tensión puede cortarse con un cuchillo, tanto que aún me pregunto cómo me dejaron pasar. Intento pasar inadvertida y afinar el oído:
—La empresa da diferentes versiones del proyecto en cada comunidad para provocar divisiones. Por eso creemos que es mejor que la consulta sea colectiva –dice la representante de una de las comunidades.
—Hasta ahora, la empresa no ha querido conversar con nosotros –apunta otro.
—Esta situación se debe a un error del Estado: llegó después que la empresa, cuando Endesa ya había comprado voluntades entre las comunidades, y ahora vienen a consultarnos –añade una de las voces más críticas.
Edmundo Pérez Larraín, director del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la Región de Los Ríos, corta cualquier apelación de este tipo para devolver la reunión al cauce que él considera más oportuno: definir los detalles más puramente técnicos de cómo se celebrarán estas reuniones preparatorias. Mauricio Durán, que participa del encuentro con mucha discreción, no puede menos que intervenir: le inquieta que el SEIA vacíe de contenido el encuentro, que lo aleje de la discusión cualitativa, que pretenda imponer como condición necesaria la presencia de Endesa en la consulta. Así que toma la palabra para aclarar un par de cuestiones clave:
—Opino que, antes de entrar en esos detalles de forma, convendría dirimir la naturaleza de la consulta. Según el Convenio 169, si un proyecto afecta al modo de vida de una comunidad ésta debe dar su consentimiento, y entonces no hablamos tan sólo de establecer compensaciones sino de la posibilidad de decir no al proyecto. Lo comento porque de lo contrario se podría desvirtuar el espíritu del Convenio…
El Convenio dispone que el proceso de consulta se debe aplicar de buena fe, respetando los tiempos y las decisiones de las comunidades indígenas, y que el Estado tiene la obligación de proporcionar a las comunidades toda la información necesaria. Mauricio duda de la buena fe del Estado chileno. También los militantes mapuches del Parlamento de Koz Koz, una organización creada en 2007 en Panguipulli, que hace hincapié en la defensa del territorio y de la identidad cultural mapuche.
Dos días con don Humberto
Aunque la historia oficial lo dejó fuera de los libros, a ellos no se les olvida que el pueblo mapuche conservó su autonomía durante los siglos de la dominación española sobre las Américas. Pueblo guerrero y orgulloso, los mapuches, a ambos lados de la cordillera andina, consiguieron firmar varios tratados con la Corona española que defendían la autonomía de Walmapu, la Tierra Mapuche. Fue a mediados del siglo XIX cuando los recién constituidos estados de Argentina y Chile emprendieron sendas campañas militares para doblegarlos. Esta vez sí fueron derrotados y lentamente asimilados a estados que los empujan a la adopción de la cultura huinca (blanca) al tiempo que los marginan por su color de piel.
Los mapuche –“gente de la tierra” en su lengua, el mapudungún– llevan grabado en la sangre el recuerdo de esa resistencia y, en los últimos años, se palpa un deseo creciente de recuperar sus raíces culturales, sagradas, sociales, y también políticas. A principios del siglo XX nació en Panguipulli el Parlamento de Koz Koz con el objetivo de recuperar la autonomía política y cultural. Un siglo después, en 2007, un grupo de personas decidió revitalizar esa iniciativa. Entre ellos estaba Jorge Weke, y, a su regreso de un largo exilio en Bélgica, pronto se sumó Humberto Manquel.
Conocí a don Humberto en la sede de este peculiar parlamento, una típica ruca (casa) de tradición mapuche: amplia, diáfana, construida con materiales naturales de la zona y con la única entrada orientada al este. La ruca del Parlamento se ha convertido en punto de encuentro, discusión de los problemas locales y aprendizaje del mapudungún. Don Humberto me acompañará durante dos días: me alojará en su casa, junto a los suyos, una sencilla ruca a las afueras de Panguipulli donde reina la armonía que ha sabido construir este hombre de ojos serenos y sabios a quien la dictadura de Pinochet obligó a un exilio de más de 30 años. “Los líderes nacen, no se hacen”, cree don Humberto. Esa noche, durante horas me habla de su juventud de militancia en el Partido Socialista, de su marcha en 1976, de lo lejos que quedan aquellos años de nostalgia, de lo prometedor que le parece hoy el movimiento estudiantil.
Mapa modificado por FronteraD en base a original de Wikimedia Commons
Al día siguiente madrugamos para recorrer la comuna de Panguipulli. Pasamos frente a la central hidroeléctrica de San Pedro, de la empresa chilena Colbún, controlada por los Matte, una de las familias más poderosas de Chile. El proyecto salió adelante pese a las dudas técnicas que provocaba por asentarse sobre una falla tectónica. Nuestra próxima parada es la comunidad mapuche Dioniso Manquel Chepo. Allí hablamos con don Miguel, uno de los afectados directos por la construcción de la represa de Colbún. En su día, confió en la empresa y apoyó el proyecto. Hoy se arrepiente: “La empresa no cumplió sus compromisos; nos tiraron migajas, y hoy, ni luz tenemos. Pero fue nuestra culpa por aceptar lo que venían a imponernos; por no resistir, hemos traicionado a nuestra propia raza”.
El último punto de nuestro periplo es la ruca de Jorge Weke, fundador y dirigente del Parlamento de Koz Koz. Su casa, en la que vive con su mujer y sus cuatro hijos a las afueras de Panguipulli, con unas vistas privilegiadas del pueblo, el lago y el volcán, es cálida y sencilla. La esposa de Weke, mientras ceba el mate, nos sirve una de las delicias locales más apetecidas: los pequeños hongos digüeñes. Durante horas, conversamos con Jorge Weke y don Humberto del nacimiento del Parlamento de Koz Koz, de la bandera mapuche que simboliza este nuevo proceso político de recuperación de la autonomía, y de por qué las represas son hoy la gran amenaza para el pueblo mapuche, así como ayer lo fueron las industrias forestales.
Mapas modificados por FronteraD en base a original de Wikimedia Commons
Para el Parlamento de Koz Koz, la consigna es una: la defensa del territorio. Los nuevos proyectos encaran ahora más resistencia que la que encontró la represa de Pangue, pero sigue siendo una lucha tremendamente desigual: “la opulencia del invasor”, lo llama Jorge Weke. Y alude a la “complicidad entre Gobierno y Endesa” que termina de complicar ese desequilibrio de fuerzas. Para contrarrestar tal desigualdad, Weke viajó a Italia junto al movimiento italiano Stop Enel, que ha articulado una manera diferente de lucha social: la compra de acciones de Enel Endesa, que otorga derecho a participar en las juntas de accionistas. Allí coincidió con el investigador colombiano Miller Dussán, que viajó a Italia para impedir la construcción de la represa de El Quimbo sobre el río Magdalena, en Colombia.
Jorge Weke asegura que su preocupación por las represas viene de lejos, de cuando, siendo él muy joven, se comenzó a hablar de la central hidroléctrica de Pangue en la región del Alto Bío Bío, una región cordillerana a unos 200 kilómetros al noreste de Panguipulli. Los temores de Jorge no fueron escuchados por buena parte de un pueblo que hizo caso a las promesas de progreso que ofrecía el proyecto, a cargo de la filial de Endesa. Pangue comenzó a funcionar en 1996, y Ralco, en 2003. Ahora las cosas son distintas: el pueblo mapuche sabe que ese progreso que traen las represas tiene una cara muy amarga, la de los desplazamientos y los daños irreversibles a la Naturaleza y al clima. Allí me desplazo, para ver qué ha sido del Alto Bío Bío veinte años después.
Las represas en el Alto Bío Bío
En el Alto Bío Bío se respira montaña. El río Bío Bío fue un día la frontera natural de laWalmapu, la tierra mapuche, cuando los mapuches negociaron su autonomía con la Corona española. Del río hacia el sur, era territorio mapuche, y los pehuenche –la etnia mapuche de la región– vivían en la montaña y encontraban en el pastoreo su principal fuente de manutención. Todo fue cambiando muy rápido en el siglo XX, cuando las plantaciones de pino y eucalipto comenzaron a devastar los bosques nativos en beneficio de la floreciente industria forestal. El proceso se aceleró cuando llegaron las represas.
Mapa modificado por FronteraD en base a original de Wikimedia Commons
En Ralco, en las aguas del embalse que durante años combatió, encontraron el cuerpo de Nicolasa Quintremán el 26 de diciembre de 2013. Tenía 73 años y era, junto a su hermana Berta, un símbolo de la resistencia mapuche. Su trágico final obligó a los chilenos a volver la vista hacia la olvidada provincia del Bío Bío y recordar la pelea que un grupo que ochoñañas (hermanas) pehuenches libraron contra la multinacional Endesa. Ralco salió adelante pese a que tanto la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) se opusieron inicialmente al proyecto; de hecho, tres directores del Conadi fueron apartados del cargo. El proyecto recibió un cerrado apoyo del Gobierno, tal vez por la vinculación de algunos de sus miembros con las empresas implicadas en las obras. El entonces presidente, Eduardo Frei, aprovechó su último día de mandato, el 10 de marzo de 2000, para despachar el decreto que otorgaba la construcción de la central, aunque había recursos judiciales pendientes.
Mapa modificado por FronteraD en base a original de Wikimedia Commons
Mientras las ñañas resistían, la mayor parte de las 93 familias afectadas fueron cediendo: setenta fueron reubicadas y aceptaron permutar sus tierras a cambio de la promesa de progreso y empleo que traía Endesa. Sin embargo, una vez construida la represa ningún pehuenche trabajó en la central, y tampoco el Estado ha cumplido su compromiso de fomentar el turismo en la región. Lo que sí ha provocado la represa es daños ambientales y mayores dificultades para el pastoreo, el sostén de muchos pehuenches. Otras 38 familias fueron ubicadas en el fundo El Barco, situado en los confines de la cordillera, en terrenos donde las heladas imposibilitan los cultivos. La región sigue siendo, según cifras oficiales, la más pobre del país, con cerca del 45% de su población por debajo del umbral de pobreza. Por eso Carmelo Levi, lonko (autoridad política) de la comunidad de Quepuca-Ralco desde hace tres décadas, se arrepiente hoy del firme apoyo que dio a la construcción de Ralco. “Nos engañaron por no tener educación, por la pobreza. No queremos más represas en la zona: provocan daños ambientales y no dejan nada para la gente de aquí”, asegura Levi. Con todo, reconoce un aspecto positivo de la llegada de Endesa: “Trajeron caminos y desarrollo de las comunicaciones: antes tardábamos una semana en llegar a Santa Bárbara”. El trayecto en coche dura hoy de alrededor de una hora.
En 2003, Nicolasa y Berta terminaron negociando con la empresa y obteniendo así mayores terrenos que el resto. Eso les valió a las hermanas el reproche de algunos, si bien muchos otros aluden a las fuertes presiones que recibieron de la compañía y de los sucesivos gobiernos. Sea como fuere, gracias a su presión, el Estado chileno suscribió un acuerdo amistoso en el que se comprometía, entre otras cosas, a crear protocolos para evitar la instalación de nuevos megaproyectos hidroléctricos. No ha sido así: avanza en el Alto Bio Bío la construcción de la central Angostura, de la chilena Colbún, y existen ya otros proyectos. Tampoco el embalse de Ralco ha cumplido, como se prometía, su obligación de atenuar las crecidas generadas por el río Bío Bío.
Respirando los árboles
Una de las mujeres luchó junto a las hermanas Quintremán sigue resistiendo: la ñaña Anita, que hasta hoy vive en la humilde ruca que comparte con su hermano Manuel. Allí me recibe y, mientras calienta al fuego de la leña el agua para el mate, me habla de su larga guerra contra Endesa, de la opacidad que rodeó al proyecto, de los regalos y promesas con los que la empresa fue ganándose a la comunidad y las amenazas que recibieron quienes prefirieron oponerse. A ella la detuvieron, allanaron su casa, la acusaron de actos vandálicos. Pero sigue obstinada en resistir, como obstinada está en vivir en una austeridad escogida.
“Fue una lucha de mujeres: los hombres tenían más miedo”, narra la ñaña Anita. Ya anciana, pero ágil y vivaracha, cada poro de su piel transmite conocimiento. “Los mapuches de la cordillera respirábamos los árboles. Teníamos poca ropa, vivíamos con poco, y sin embargo estábamos saludables: disponíamos de la energía de los árboles y de nuestras medicinas. Hoy, todo eso nos lo han arrebatado porque no lo supimos defender”. Para Anita, el realojamiento de los pehuenches en tierras dispersas contribuyó a dividir a la comunidad y perder una identidad como pueblo que está indisolublemente unida al territorio. Por eso juzga con dureza a Carmelo Levi y a quienes lo siguieron: “Entregaron para siempre sus derechos a cambio de nada, o muy poco. Muchos se arrepienten ahora. Esta tierra es mapuche y la tenemos que recuperar”.
El propio Banco Mundial, que financió 150 de los 340 millones de dólares que requirió el proyecto de Pangue, reconoció a comienzos de los años 2000 el error de planeamiento que supuso la represa. El entonces presidente del BM, James Wolfensohn, admitió que el apoyo prestado por el Banco al proyecto fue “un error”, que hizo un “mal trabajo” durante la evaluación del impacto ambiental y que no se consultó ni se tuvo en cuenta a los indígenas Pehuenche ni tampoco el riesgo sísmico y volcánico de la región.
Para Jorge Weke, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Estado chileno y la empresa han actuado conjuntamente para “sembrar cizaña, cooptar liderazgos y desarticular a las comunidades”. Según Weke, la empresa lo ha hecho a través de la Fundación Pehuén, el principal eje en la zona de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Endesa. La fundación nació en 1993, con el objetivo de “mejorar la vida y las condiciones económicas y sociales” de las familias pehuenches; para Weke, lo que intentan es “dividir y visibilizar” los procesos de resistencia comunitarios. Según detallaron las ñañas en una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Endesa intentó otorgar proyectos productivos a cambio del compromiso de los beneficiarios de renunciar a cualquier otra demanda. Endesa se negó dar su versión de los hechos para este reportaje.
La Patagonia, amenazada
La Patagonia chilena sigue siendo un paraíso de hielo. La región de Aysén, al sur del sur del mundo, es la tercera reserva de agua dulce del planeta y alberga dos parques y tres reservas naturales, en un ecosistema muy vulnerable ante las incertidumbres del cambio climático. No es de extrañar la alarma que provocó entonces el proyecto de construir cinco grandes represas sobre los ríos Baker y Pascua. Tras el proyecto, que inundaría cerca de 6.000 hectáreas, está Hidroaysén, una coalición empresarial formada por Endesa y Colbún.
Mapa de Chile. Mapa modificado por FronteraD en base a original de Wikimedia Commons
En Aysén no viven comunidades de pueblos originarios, por lo que la resistencia no se articula en torno a las comunidades de base, sino a las organizaciones ecologistas –algunas de ellas extranjeras–, con el apoyo de los empresarios del sector turístico. Hasta 68 organizaciones integran la Campaña Patagonia Sin Represas (PSR), que ha conseguido involucrar a la sociedad chilena: en 2011, decenas de miles de personas se manifestaron en la capital, Santiago, un hecho inédito en un país hasta entonces poco acostumbrado a tomar las calles. Ese mismo año, las encuestas situaban en más del 70% el rechazo ciudadano al proyecto de Hidroaysén. Posiblemente esa es la razón de que el presidente saliente, Sebastián Piñera, no diera el último paso burocrático que requería el proyecto: la autorización en el Consejo de Ministros.
La reelección de Michelle Bachelet plantea un nuevo escenario y arroja nuevas incertidumbres. Bachelet fue categórica durante la campaña electoral: “Hidroaysén no es viable”. Una vez electa, su futura administración plantea la necesidad de “viabilizar” los proyectos hidroeléctricos con mejoras técnicas que mitiguen el impacto medioambiental. Los ecologistas desconfían: en su anterior mandato, la presidenta chilena no frenó el proyecto. Además, Endesa, su filial Enersis y Colbún se encuentran entre los donantes a la campaña de Bachelet.
El largo proceso de aprobación de las represas patagónicas ha estado plagado de irregularidades. A esa conclusión llegó, en enero de 2012, la Comisión Investigadora de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados: “Todo el proceso está viciado, desde su inicio, por lo cual nunca debió entrar siquiera en el SEIA”. El Consejo de Defensa de la Patagonia presentó siete recursos ante las autoridades y llegó hasta la Corte Suprema; el proyecto salió adelante, si bien algunos magistrados, en un voto particular, estimaron que el proyecto era ilegal.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) está también en el punto de mira, acusada de modificar los criterios de los ingenieros forestales en el Informe de Impacto Ambiental, que establecían la necesidad de no inundar parques nacionales. El proyecto de Hidroaysén contempla la inundación de tres áreas protegidas: el Parque Nacional Laguna San Rafael, el Parque Nacional Bernardo O’Higgins y la Reserva Forestal Lago Cochrane. En su página web, Hidroaysén detalla las medidas que el proyecto incluye para mitigar el impacto ambiental, como la reforestación de algunas zonas y la creación de áreas de conservación. Los ecologistas desconfían, y argumentan que, sin un estudio sólido del verdadero impacto sobre el terreno y sin órganos fiscalizadores, las buenas intenciones de la empresa no garantizan la solvencia del proyecto.
¿Soberanía energética?
El principal argumento de las empresas y del Estado se refiere a la soberanía energética del país. Hidroaysén sostiene en su web que el proyecto garantizará la “independencia energética” de Chile a través de un “recurso limpio, renovable y chileno”, como es el agua. El ecólogo Juan Pablo Orrego, presidente de la ONG Ecosistemas, cuestiona ese argumento: “Las 45.000 grandes represas que existen en el mundo fueron construidas sin considerar la errática hidrología que está generando el cambio climático”, reflexiona. Y añade que, como en los casos de Panguipulli y el Bío Bío, Hidroaysén no ha considerado con rigor los riesgos sísmicos y volcánicos de la región de Aysén.
Pero entonces, ¿cómo resolver el problema de déficit energético? Ecologistas y organizaciones mapuches cuestionan la necesidad de producir más energía: “La necesidad de energía barata es para la gran minería, que ha visto bajar sus beneficios por el incremento relativo en los costos de la energía. Las represas de Aysén son para las minas, no para la gente”, resume Sergio Millamán, periodista de la web de información mapucheMapuexpress. Para ello se requerirá una gran línea de transmisión de 2.000 kilómetros que lleve la energía desde Aysén hasta Santiago y el norte del país, donde se encuentran las minas. De acuerdo con los planes de transmisión, 6.000 torres de alta tensión atravesarán 17 parques y reservas naturales y 26 humedales y pasarán por 67 comunas, entre ellas Panguipulli, donde se celebrará un proceso de consulta a las comunidades indígenas sobre esta megaobra
El mercado del agua
El caso del agua y las represas es uno de los ejemplos más palpables de hasta qué punto Chile es “el modelo del modelo” neoliberal, como señala Lucio Cuenca, presidente delObservatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Con la asesoría del economista Milton Friedman y sus Chicago Boys, el dictador Augusto Pinochet impuso en Chile un modelo neoliberal que aseguraba mayor libertad de movimiento a las empresas transnacionales –menos impuestos, menos regulación– al tiempo que impulsó una legislación laboral débil, incluyendo el aniquilamiento del movimiento sindical –hasta hoy,el derecho a huelga es muy restrictivo en Chile–. Quedaba así configurado, y plasmado en la propia Constitución, un marco jurídico estable y atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED), mientras las privatizaciones de empresas públicas ofrecían oportunidades de negocio.
Como mínimo, las multinacionales extranjeras que operan en Chile se han beneficiado de ese contexto. Es el caso de Telefónica, que llegó a Chile de 1990, cuando se consolidó la privatización del sector de las telecomunicaciones en el país. Telefónica encontró unos sindicatos fragmentados y debilitados e impuso una mayor flexibilidad laboral. El Instituto de Ciencias Alejandro Lipschoutz (ICAL) acusó a Telefónica Chile de violar la libertad sindical en el Tribunal Permanente de los Pueblos celebrado en Madrid en 2010. Entre sus argumentos, el ICAL evocó las sanciones de la Dirección del Trabajo en 2006, 2007 y 2008 por las “prácticas de persecución sindical” contra los trabajadores organizados que se enfrentaban a las reestructuraciones.
La privatización de empresas estatales y bienes públicos era otro de los pilares de la revolución neoliberal. En Chile, ni siquiera el agua se libró: la gestión de los recursos hídricos se colocó bajo la lógica del mercado y, para que no hubiera lugar a dudas, se plasmó en la propia Constitución, aprobada en 1980, todavía bajo la dictadura de Pinochet. Dice el artículo 19, apartado 24º, de la Carta Magna: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Un artículo polémico para el que se han planteado ocho propuestas de reforma en los últimos doce años. Ninguna ha salido adelante.
El precepto constitucional se reguló a través del Código de Aguas de 1981 y motivó que, en muy pocos años, unas pocas empresas acaparasen los derechos del agua en Chile: se estima que tres empresas (la italo-española Enel Endesa, la chilena Colbún y la estadounidense AES Gener) controlan el 80% de los recursos hídricos disponibles en Chile. En cuanto a los derechos no consuntivos –una figura legal concebida para el desarrollo de la energía hidroeléctrica–, Enersis controla el 80%, y el 96% en la región de Aysén. Es la más refinada expresión del modelo neoliberal: el mercado, concebido como el asignador de recursos más eficiente, debe gestionar el agua, mientras el Estado se aparta. Sin embargo, sin contención estatal alguna, “el libre mercado no se autorregula: se autodestruye”, ironiza Samuel Leiva, de Greenpeace.
“La opinión pública en Chile percibe que las empresas multinacionales están aprovechándose de las legislaciones ultra neoliberales que fueron promulgadas durante la dictadura (1973-1990)”, sostiene Juan Pablo Orrego. Si esto es así, el caso más claro es el de Endesa, que ha hecho de Chile el eje de su estrategia latinoamericana. Conviene aquí aclarar que comparten nombre Endesa la empresa pública chilena que fue privatizada en 1997 –no sin polémicas y escándalos, comenzando por el bajo precio de venta–, y la transnacional española que la compró, que a su vez fue el resultado de la privatización en los años 90 de la empresa eléctrica del Estado español. En 2009, la italiana Enel compró el 92% de las acciones de Endesa-España; a su vez, el 31% de las acciones de Enel son propiedad del Estado italiano.
Mapa de Chile. Mapa modificado por FronteraD en base a original de Wikimedia Commons
En su web, la firma se declara “la primera multinacional eléctrica privada de América Latina, la mayor compañía eléctrica de Chile, Argentina, Colombia y Perú y cuenta con una sólida posición en Brasil”. Es además “propietaria de la línea de interconexión entre Argentina y Brasil (CIEN) y participa en el proyecto de interconexión que unirá las redes eléctricas de seis países centroamericanos (SIEPAC)”. Enel Endesa avanza en la región con su presencia creciente en un entramado de filiales y accionistas. Las subcontrataciones y las participaciones convierten los grupos empresariales en una suerte de laberinto que dificulta seguir la pista a las acciones de la empresa.
Mapa de Chile. Mapa modificado por FronteraD en base a original de Wikimedia Commons
Pese a ello, Endesa no ha evitado convertirse en una de las transnacionales más cuestionadas en América Latina, antes y después de Enel. “Allá donde está Endesa, hay un problema”, afirma el activista de Greenpeace Samuel Leiva. Además de en Aysén y el Lago Neltume, los ojos de los movimientos sociales están puestos en Punta Alcalde, al norte de Chile, donde la empresa prevé instalar una central termoeléctrica. El problema es que la zona estaba ya saturada de contaminación y había sido declarada zona de latencia, así que el proyecto no fue autorizado; entonces, la empresa reclamó ante el Consejo de Ministros, que les buscó una solución a la medida: otra empresa rebajaría su nivel de emisiones contaminantes para que Endesa pudiera operar. Tanto Greenpeace como el OLCA observan un interés especial de las autoridades por sacar adelante el proyecto, más aún cuando otra central termoeléctrica –el proyecto Castilla– había sido previamente rechazada, poniendo así en riesgo el abastecimiento energético de la industria minera en la región. Las organizaciones vecinales optaron por la vía legal: el caso está en la Corte Suprema.
Denuncias y resistencias
Más de dos décadas después del fin de la dictadura, los diferentes gobiernos, a izquierda y derecha, evitaron acometer reformas estructurales, comenzando por la Constitución que, pese a las múltiples reformas propuestas, sigue incólume desde 1980. La izquierda chilena, agrupada en la llamada Concertación, gobernó entre 1990 y 2010, pero no alteró las bases económicas del modelo. “La izquierda chilena fue cooptada por las multinacionales”, sentencia Lucio Cuenca. Así, Chile ofrece, un marco legal inmejorable para el avance de un modelo extractivista que ha cuajado en todo el continente latinoamericano. El extractivismo se basa en la explotación intensiva y a gran escala de recursos naturales, que casi siempre se exportan con poco o ningún valor añadido.
“En Chile, el modelo extractivista se basa en tres pilares: monocultivo forestal, minería y energía; en Argentina y Brasil, avanza la soja; en Colombia, la llamada locomotora minero-energética. Es una nueva forma de colonialismo”, concluye Cuenca. Y, si lo que define al extractivismo es la escala, la pesca ejemplifica en Chile la capacidad de destrucción de un mercado desregulado. La explotación a gran escala orientada a las exportaciones había provocado, en 2010, la sobreexplotación del 67% de los caladeros chilenos, según datos de Greenpeace. Antes de la aparición de una ley más sostenible en 2012, las firmas transnacionales hicieron un lucrativo negocio de actividades tan cuestionadas por los ecologistas como la cría de salmón. Entre esas multinacionales estaba Pescanova, de la mano de su filial chilena, Pescachile. Creada en 1983, llegó a ser la flota pesquera más pujante del país. La empresa española presentó en marzo de 2013 el preconcurso de acreedores y protagonizó un sonado escándalo contable, pero en su web se jacta de seguir siendo “uno de los diez primeros grupos de la industria pesquera mundial”, con 85 buques factoría y 25 plantas de procesado en todo el mundo.
Durante la pujanza económica de los años 2000, la empresa provocó “impactos sociales y ecológicos muy negativos” de los que no se hizo responsable, según el informePescanova en Chile, del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). Entre esos impactos están la precarización laboral en Pescachile y los problemas ambientales derivados de la pesca extractiva. Un estudio de Greenpeace documenta además que filiales de la firma han estado involucrados en conflictos por la gestión de residuos en la zona austral: “En Aysén, los miles de kilos de basura que se generan son almacenados en lugares que no reúnen condiciones y sanitarias, y esto ha generado enfrentamientos con las comunidades y autoridades locales”. También el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) acusó a Pescanova por la destrucción ambiental y social provocada en Nicaragua. Entre las acusaciones figuran daños en los manglares, sobreexplotación y extinción de especies, contaminación de las aguas y explotación de sus trabajadores, con jornadas diarias de doce horas; paralelamente, los pescadores artesanales tienen que alejarse cada vez más de una orilla sobreexplotada.
El Observatorio de la Deuda pidió al Estado español que se replantease el apoyo a Pescanova a través de beneficios fiscales y de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides). El Observatorio pone el dedo en la llaga al denunciar “las deficiencias en los sistemas de control y de ayuda a la inversión exterior”. Si las empresas reciben, directa o indirectamente, ayuda pública, ¿no deberían ser fiscalizadas con más ahínco?
Esa falta de fiscalización y control a la acción de las empresas es una de las principales denuncias de los movimientos sociales que, con mayor o menor grado de organización, se hacen escuchar cada vez más a lo largo y ancho de América Latina. “Las garantías a las inversiones de las transnacionales son en desmedro de los derechos de la ciudadanía chilena, y especialmente de las comunidades más vulnerables, como campesinos e indígenas”, sostiene Lucio Cuenca.
“Cada día surgen nuevos proyectos, y cada día se articulan nuevas luchas en defensa del territorio”, afirma Lucio Cuenca. Desde su trabajo en el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales ha venido observando en los últimos años una creciente “toma de conciencia” sobre el impacto social y ambiental de este tipo de proyectos: sólo en Chile, el Instituto de Derechos Humanos cartografió cerca de 100.000 conflictos ambientales en 2011-12; el 70% de ellos se debía a proyectos mineros o energéticos. Si hay un elemento que aglutina esas luchas, señala Cuenca, es el elemento esencial de la vida: el agua.
“La gente percibe que el modelo económico de desarrollo compromete la vida”, concluye Lucio Cuenca. “En casos como el agua y las semillas, entienden que se están privatizando conocimientos y recursos que son patrimonio colectivo, o que fueron usurpados en momentos de extrema vulnerabilidad social”, como sucedió en tiempos de la dictadura chilena. O en los años 2000 en Colombia, donde no hizo falta una dictadura militar para que una violencia al servicio de las oligarquías se desplegase con brutalidad.
Nazaret Castro es periodista y vive desde hace cinco años en América Latina. Este artículo forma parte de la investigación Cara y cruz de las multinacionales españolas en América Latina, financiado por los lectores de FronteraD a través de uncrodwfunding en la plataforma Goteo. En FronteraD ha publicado reportajes como Una flor en medio del asfalto, La matanza de Carandiru o La sociedad carioca, en estado de apartheid, y mantiene el blog Entre la samba y el tango.
Cara y cruz de las multinacionales españolas en América Latina
1. Grandeza y miserias del río Magdalena. El desembarco de las multinacionales españolas en Colombia
3. El modelo del modelo: las represas al sur de Chile. Una hidroeléctrica sobre el Lago Neltume
En la próxima y última entrega de la serie repasará casos como las expropiaciones en Bolivia (Sabsa, Iberdrola) y Argentina (Repsol), el debate interno sobre el modelo extractivista en Ecuador y la polémica entre Sacyr y el gobierno de Panamá por las obras del Canal. A modo de broche final, intentaremos ofrecer una panorámica de la situación en la región y recabaremos algunas opiniones de expertos.
Para más información:
Los nuevos conquistadores, Greenpeace, 2007.
Represas. La lucha contra los modernos dinosaurios. Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2003.
Pescanova en Chile. Impactos españoles sobre el sector de la pesca en Chile.Observatorio de la Deuda en la Globalización/ Cátedra UNESCO de Sostenibilidad. Universitat Politècnica de Catalunya. Noviembre de 2006.
Jorge Moraga, Aguas turbias. La central hidroeléctrica Ralco en el Alto Bio Bio. OLCA, Santiago, 2001. Se encuentra on line.
Energía en Chile, ¿Para qué y para quién? Chile Sustentable, 2013.
Referencias web
Documental Apaga y vámonos sobre la disputa entre Endesa y miembros de la comunidad mapuche.
El último pez: La depredación del Pacífico Sur, por Mort Rosenblum y Mar Cabra
Cuaderno de bitácora (artículos del blog relacionados):
http://mapuexpress.org
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