Fuente: Meli Wixan Mapu
Con gran éxito se realizó el Coloquio de las Lenguas
¿Qué Lengua se hablará en el Wallmapuche?
La revitalización de nuestra lengua es un tema de necesario interés, sobre todo en los marcos de una lucha por la autodeterminación y por el territorio. El diagnóstico sobre las consecuencias del colonialismo en la pérdida del mapudugün hoy en día es terrible, por lo tanto, se hace necesario sentar en la mesa las diferentes posturas que hoy existen.
¿Cómo le damos vida a nuestra lengua pensando en un futuro autonómico?
¿Cómo nos hacemos cargo de temas que andan flotando como políticas públicas, el rol (o no rol) de Estado, la autogestión y un largo etcétera?.
Por eso es necesario conversar, más allá de tener posturas distintas, por lo menos encontrarnos y debatir.
samedi 30 octobre 2010
vendredi 29 octobre 2010
VIDEOS. Solidaridad con Camilo Aguas joven Mapuche Preso y judicializado por la Justicia Militar en Osorno
Ver Nota
OSORNO: Mapuche Huilliche realizan ayuno solidario para exigir libertad de Camilo Aguas judicializado por justicia Militar Desde ayer, familiares, amigos y adherentes asumieron como forma de protesta el dejar de comer por 12 horas, como medida de presión ante la justicia militar.
Camilo Aguas aún se encuentra recluido en la Cárcel de Osorno y ante ello familiares y comuneros, así como amigos y adherentes a la causa mapuche han realizado una serie de manifestaciones para exigir su libertad. En ese contexto es que desde ayer se realiza un ayuno solidario en las afueras de la Catedral de la ciudad, en el cual una decena de jóvenes ha dejado de comer por 12 horas, en turnos rotativos, con tal de hacer conciencia ante otra situación injusta de prisión política frente a los mapuche.
Por Dennys Salazar Ñirial
El peñi Aguas fue detenido hace casi un mes, durante una marcha realizada en la ciudad de Osorno en apoyo a los prisioneros políticos mapuche, en ese entonces, en huelga de hambre, siendo procesado por la Justicia Militar por un supuesto maltrato de obra cometido contra un funcionario policial.
Según el vocero de los movilizados Javier Aguas, , la situación procesal de Camilo es totalmente confusa, al no existir fechas claras respecto a audiencias ni un respeto a las garantía constitucional ni al debido proceso. De ahí a que se encuentren movilizados, atentos a la situación del mapuche Huilliche, pues según dijo no se trata de una encerrona particular, sino de una persecución a todo el pueblo mapuche.
Las movilizaciones continuarán durante todo el tiempo que dure el proceso, teniendo como próxima actividad el realizar una ceremonia mapuche al interior de la cárcel, con tal de apoyar espiritualmente a Camilo Aguas, sin duda, otro prisionero político mapuche, ahora en Osorno.
En el siguiente video Javier Aguas nos cuenta más acerca de la movilización en Osorno.
VER:
Url: http://www.youtube.com/watch?v=h9c-0gpefqY
VIDEOS: La Persecución y Criminalización a Niños-as Mapuche. Los casos de Vania y Patricio Queipul
Por Agrupación Liberar
Vania Queipul
Patricio Queipul http://www.youtube.com/profile?user=liberarong#p/u/5/xRtPpsty6QM
Vania Queipul
Patricio Queipul http://www.youtube.com/profile?user=liberarong#p/u/5/xRtPpsty6QM
Denuncian Violencia contra Mujer Mapuche Embarazada en Allanamiento de Fuerzas Militarizadas de Carabineros
Una mujer sufrió un violento allanamiento hoy en la mañana en la comunidad Pancho Curamil de Victoria. Su familia es parte de la movilización por los derechos mapuche convocada en la Alianza Territorial Mapuche, según denunció la misma organización / La mujer habría acudido de urgencia a Hospital de Victoria para obtener asistencia médica. Trascendió que se estaría evaluando una cesaria.
FUENTE: PU LOF XAWVN
ALIANZA TERRITORIAL MAPUCHE
Unos 20 policias allanaron la casa del líder mapuche Pascual Alberto Curamil durante esta mañana, en el sector rural de Victoria. Allí golpearon y amenazaron a la esposa de este, la que se encontraba sola y presenta con un embarazo de seis meses. El grupo actuó por orden del fiscal de Collipulli Claudio Campos. Aparentemente este sólo había ordenado buscar información administrativa de la organización comunitaria, lo que fue utilizado por los policias para torturar a la mujer, amenazándola con seguir la golpiza si no decía donde su esposo mantendría unas supuestas armas. Uno de los policias mas violentos ha sido indentificado como un hombre rubio hijo de un terrateniente de la zona.
Para la Alianza Territorial Mapuche el hecho constituye un nuevo amedrentamiento sin motivo alguno para bajar la actividad del único grupo mapuche que no ha negociado con el gobierno chileno debido a que este no responde a las demandas efectivas de los territorios. En este momento la esposa de Curamil intenta obtener atención médica en el Hospital de Victoria.
MEDICOS EVALUAN CESAREA URGENTE A MUJER MAPUCHE EMBARAZADA DE 8 MESES GOLPEADA POR POLICIAS EN SECTOR RURAL DE VICTORIA.
La esposa de Pascual Curamil podría ser operada de urgencia producto de la golpiza de policias esta mañana. Alianza Territorial Mapuche convoca a todos los mapuche a manifestar su rechazo a esta nueva agresión wigka.
Actualizando la noticia reciente, se nos informa que la esposa de Pascual Curamil tiene 8 meses de embarazo y está en el Hospital de Curacautin. Los médicos evalúan una cesárea de urgencia, debido a que en la valiente acción de la Policia de Investigaciones de Victoria fue lanzada contra la pared y estrelló contra la pared su vientre lleno de vida mapuche digna.
Unos 20 policias allanaron la casa del líder mapuche Pascual Alberto Curamil durante esta mañana, en el sector rural de Victoria, en el territorio mapuche de la comunidad Curamil. Allí golpearon y amenazaron a la esposa de este, la que se encontraba sola y presenta con un embarazo de ocho meses. El grupo actuó por orden del fiscal de Collipulli Claudio Campos.
Aparentemente este sólo había ordenado buscar información administrativa de la organización comunitaria, lo que fue utilizado por los policias para torturar a la mujer, amenazándola con seguir la golpiza si no decía donde su esposo mantendría unas supuestas armas. Uno de los policias mas violentos ha sido indentificado como un hombre rubio hijo de un terrateniente de la zona.
Para la Alianza Territorial Mapuche el hecho constituye un nuevo amedrentamiento sin motivo alguno para bajar la actividad del único grupo mapuche que no ha negociado con el gobierno chileno debido a que este no responde a las demandas efectivas de los territorios. Por ello, se convoca a todos los mapuche a manifestar su rechazo a esta nueva agresión wigka
OSORNO: Mapuche Huilliche realizan ayuno solidario para exigir libertad de Camilo Aguas judicializado por justicia Militar
Desde ayer, familiares, amigos y adherentes asumieron como forma de protesta el dejar de comer por 12 horas, como medida de presión ante la justicia militar.
Camilo Aguas aún se encuentra recluido en la Cárcel de Osorno y ante ello familiares y comuneros, así como amigos y adherentes a la causa mapuche han realizado una serie de manifestaciones para exigir su libertad. En ese contexto es que desde ayer se realiza un ayuno solidario en las afueras de la Catedral de la ciudad, en el cual una decena de jóvenes ha dejado de comer por 12 horas, en turnos rotativos, con tal de hacer conciencia ante otra situación injusta de prisión política frente a los mapuche.
Por Dennys Salazar Ñirial
El peñi Aguas fue detenido hace casi un mes, durante una marcha realizada en la ciudad de Osorno en apoyo a los prisioneros políticos mapuche, en ese entonces, en huelga de hambre, siendo procesado por la Justicia Militar por un supuesto maltrato de obra cometido contra un funcionario policial.
Según el vocero de los movilizados Javier Aguas, , la situación procesal de Camilo es totalmente confusa, al no existir fechas claras respecto a audiencias ni un respeto a las garantía constitucional ni al debido proceso. De ahí a que se encuentren movilizados, atentos a la situación del mapuche Huilliche, pues según dijo no se trata de una encerrona particular, sino de una persecución a todo el pueblo mapuche.
Las movilizaciones continuarán durante todo el tiempo que dure el proceso, teniendo como próxima actividad el realizar una ceremonia mapuche al interior de la cárcel, con tal de apoyar espiritualmente a Camilo Aguas, sin duda, otro prisionero político mapuche, ahora en Osorno.
En el siguiente video Javier Aguas nos cuenta más acerca de la movilización en Osorno.
VER:
Url: http://www.youtube.com/watch?v=h9c-0gpefqY
Ver También Video y Nota Original- Fuente: http://www.elvacanudo.cl/admin/render/noticia/23786
Camilo Aguas aún se encuentra recluido en la Cárcel de Osorno y ante ello familiares y comuneros, así como amigos y adherentes a la causa mapuche han realizado una serie de manifestaciones para exigir su libertad. En ese contexto es que desde ayer se realiza un ayuno solidario en las afueras de la Catedral de la ciudad, en el cual una decena de jóvenes ha dejado de comer por 12 horas, en turnos rotativos, con tal de hacer conciencia ante otra situación injusta de prisión política frente a los mapuche.
Por Dennys Salazar Ñirial
El peñi Aguas fue detenido hace casi un mes, durante una marcha realizada en la ciudad de Osorno en apoyo a los prisioneros políticos mapuche, en ese entonces, en huelga de hambre, siendo procesado por la Justicia Militar por un supuesto maltrato de obra cometido contra un funcionario policial.
Según el vocero de los movilizados Javier Aguas, , la situación procesal de Camilo es totalmente confusa, al no existir fechas claras respecto a audiencias ni un respeto a las garantía constitucional ni al debido proceso. De ahí a que se encuentren movilizados, atentos a la situación del mapuche Huilliche, pues según dijo no se trata de una encerrona particular, sino de una persecución a todo el pueblo mapuche.
Las movilizaciones continuarán durante todo el tiempo que dure el proceso, teniendo como próxima actividad el realizar una ceremonia mapuche al interior de la cárcel, con tal de apoyar espiritualmente a Camilo Aguas, sin duda, otro prisionero político mapuche, ahora en Osorno.
En el siguiente video Javier Aguas nos cuenta más acerca de la movilización en Osorno.
VER:
Url: http://www.youtube.com/watch?v=h9c-0gpefqY
Ver También Video y Nota Original- Fuente: http://www.elvacanudo.cl/admin/render/noticia/23786
MEDICOS EVALUAN CESAREA URGENTE A MUJER MAPUCHE EMBARAZADA DE 8 MESES GOLPEADA POR POLICIAS EN SECTOR RURAL DE VICTORIA.
La esposa de Pascual Curamil podría ser operada de urgencia producto de la golpiza de policias esta mañana. Alianza Territorial Mapuche convoca a todos los mapuche a manifestar su rechazo a esta nueva agresión wigka.
28 Octubre de 2010 desde territorio mapuche invadido por Chile.
Actualizando la noticia reciente, se nos informa que la esposa de Pascual Curamil tiene 8 meses de embarazo y está en el Hospital de Curacautin. Los médicos evalúan una cesárea de urgencia, debido a que en la valiente acción de la Policia de Investigaciones de Victoria fue lanzada contra la pared y estrelló contra la pared su vientre lleno de vida mapuche digna.
Unos 20 policias allanaron la casa del líder mapuche Pascual Alberto Curamil durante esta mañana, en el sector rural de Victoria. Allí golpearon y amenazaron a la esposa de este, la que se encontraba sola y presenta con un embarazo de ocho meses. El grupo actuó por orden del fiscal de Collipulli Claudio Campos. Aparentemente este sólo había ordenado buscar información administrativa de la organización comunitaria, lo que fue utilizado por los policias para torturar a la mujer, amenazándola con seguir la golpiza si no decía donde su esposo mantendría unas supuestas armas. Uno de los policias mas violentos ha sido indentificado como un hombre rubio hijo de un terrateniente de la zona.
Para la Alianza Territorial Mapuche el hecho constituye un nuevo amedrentamiento sin motivo alguno para bajar la actividad del único grupo mapuche que no ha negociado con el gobierno chileno debido a que este no responde a las demandas efectivas de los territorios. Por ello, se convoca a todos los mapuche a manifestar su rechazo a esta nueva agresión wigka
PU LOF XAWVN
ALIANZA TERRITORIAL MAPUCHE
El brote de la Nueva Guerra de Arauco: El surgimiento de una nueva forma de hacer política en las organizaciones Mapuche
Por Fernando Pairicán*
Durante la década de los noventa irrumpieron cuatro organizaciones Mapuche fuera de la influencia de CONADI que tuvieron como discurso el considerarse autónomas. Dichas organizaciones se denominaron Consejo de Todas las Tierras (1990), Asociación Ñancuecheo de Lumaco (1996), Identidad Territorial Lafquenche (1999) y la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco‐Malleco(1999). Durante el transcurso del año 2009 emergió una nueva organización que lideró parte de las movilizaciones que azotaron el sur de Chile, la Alianza Territorial Mapuche.
De las nombradas orgánicas dos han tenido un papel preponderante en la politización y en la emergencia de la conflictividad, estas son el Consejo de Todas las Tierras (CTT) y la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM). En un tercer nivel se podría considerar a la Identidad Territorial Lafquenche (ITL) y en menor medida (por su poca claridad proyectual) la Alianza Territorial Mapuche.
Gran parte del siglo XX, las organizaciones Mapuche estuvieron lideradas principalmente por indígenas ilustrados, los que pocas veces vivían en comunidades, pero que sin embargo se acogían el derecho sobre estas para decidir y pensar su futuro. Se explica lo anterior, por la poca capacidad desde las comunidades de aglutinarse como un todo, que a su vez pudiera ser representativa y competitiva en una escena de disputa política, sobre todo entendiendo la particularidad subalterna que cohabitó el Pueblo
Mapuche desde la Ocupación de La Araucanía.
Dicho eje comenzó a variar desde la década de los noventa, principalmente en un ala que se escindió de Ad‐Mapu y que a partir de 1990 se conoció como Consejo de Todas las Tierras. Como señala Christian Martínez, esta orgánica fue una “rebelión” de parte de las comunidades territoriales a un tipo de organización sin representatividad comunitaria (1). Se fundamenta lo planteado, por la primacía cultural Mapuche, ya que al estar dominada una comunidad por un Lonco, esto generó históricamente una verticalidad social. Sólo en la década de los sesenta con la Reforma Agraria dicha diferenciación mermó como una consecuencia no prevista de este proceso. El efecto perdurable de esta democratización al interior de la comunidad fue lo que la élite política Mapuche comenzó a visionar a finales de los ochenta, es decir, la “producción de una política étnica a partir de las comunidades”(2).
Esta “transición a la democracia” se realizó no solo en un cambio político general, sino “en una nueva estructura de participación comunitaria” en que “estaban dadas las condiciones para que las comunidades exigieran un papel más protagónico en el conjunto del Movimiento Mapuche” (3).
A lo anterior se debe agregar toda una reconstrucción del mundo Mapuche de parte del CTT. Y en efecto, la primera medida tomada por esta organización fue la utilización del Mapudungun tanto en sus discursos públicos como en lo constructivo de su organización. Precisamente, un ejemplo notorio puede ser visto en el mismo nombre de la orgánica, Aukiñ Wallmapu Ngulam, que españolizado se traduce como Consejo de Todas las Tierras. Además, esta organización creó el primer emblema de la Nación Mapuche (la bandera nacional) e inició un proceso de autoafirmación indígena, re‐utilizando las mantas indígenas, trarilonco, wetruwes, etc. Mientras que la mujer Mapuche, comenzó también a utilizar su küpalme. Todo ambientado en una expresión romántica, donde el caballo cabalgando con jinetes y lanzas acompañaba las marchas o los meeting.
Estas autoafirmaciones generarían una suerte de politización subjetiva en los Mapuche de la década del noventa que explicaría una variable del ascenso de la conflictividad a partir de 1997. No obstante, se debe mencionar que el CTT recogió toda una discusión política de fines de los ochenta en el interior de Ad‐Mapu, nos referimos a la idea de autonomía y autodeterminación(4). Seguido de lo anterior, el Consejo realizó, cargado de nuevas ideas, toda una jornada de protesta para la conmemoración de los 500 años de la conquista de América, que mezclada con una serie de reivindicaciones de tierras, causó revuelo en la opinión política de Chile, instalando a lo que a futuro se llamó como “recuperaciones simbólicas” (5).
El 1 de enero de 1994 América Latina se ve sacudida por el alzamiento de un ejército indígena en la provincia de Chiapas en México. La insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) generó todo un ambiente pro indigenista en el continente, donde los Mapuche no fueron la excepción. En conjunto con esto, el ascenso político de la CONAIE en Ecuador y el inicio más notorio del movimiento indígena en Bolivia, insinuaban que lo políticamente correcto para la década del noventa eran las reivindicaciones indianas. En cierta manera, como dice Rodolfo Stavenhagen, las reivindicaciones de los pueblos indígenas ya no eran algo aislado y se inscribirían en el marco de lo que algunos llamaron los “nuevos movimientos sociales” (6).
Esta nueva perspectiva política del movimiento indígena en Latinoamérica, viene planteando según Stavenhagen como “un tercer enfoque que se basa en el principio del derecho de los pueblos a la libre determinación, que constituye uno de los pilares fundamentales de las Naciones Unidas” (7). Es por lo tanto, dentro de este ambiente, donde la politización Mapuche comienza a complementarse con la nueva forma de hacer política iniciada por el CTT, es esta organización la que crea una revolución al interior de este pueblo y que a futuro se consolidará con el surgimiento de la CAM, dando inicio a lo que hemos denominado la Nueva Guerra de Arauco (8), que no es más que el ascenso de la “movimientalidad” Mapuche desde 1997 en adelante y la respuesta de parte del Estado a este ascenso.
El primero de diciembre de 1997, tres camiones de Forestal Arauco fueron interceptados por comuneros que luego serían conocidos como integrantes de la CAM. Los comuneros los abordaron sistemáticamente, cortando las mangueras de aire que los detuvo inmediatamente. Acto seguido, premunidos de hachas “reventaron los neumáticos con golpes precisos” en tanto otros irrumpieron en las cabinas de los chóferes “atacándolos con palos e instándolos a huir a punta de escopeta después de golpearlos y dejarlos con contusiones serias en la cabeza y el cuerpo”. Una vez consumada la acción, los desconocidos arrojaron bencina sobre las tres máquinas, provocando un incendio “que consumió a dos de ellas en cosa de minutos”(9).
Desde esta acción de violencia política, las relaciones entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche han estado en una constante auto-reafirmación a la nueva forma de hacer política iniciada por el CTT. La CAM por su parte le agregaría condimentos nuevos, sobre todo en los aspectos milicianos. Empero, es necesario subrayar que esta acción política no es algo mecánico, es la continuación de la politización interna de un sector del pueblo Mapuche que se operativizó en la utilización de la violencia política (quema de camiones forestales, casas de latifundistas, cabañas de turismo, “toma” de tierras, quema de plantaciones forestales) para llevar a cabo las reivindicaciones de tierras ancestrales. Afirmamos de esta manera, que la Coordinadora Arauco Malleco, representó un salto cualitativo en la reconstrucción ideológica, política y miliciana de la movimientalidad Mapuche. Este salto cualitativo, a su vez, se apoya en la percepción que las comunidades han construido respecto del agotamiento de una determinada forma de relación con el Estado y la sociedad chilena (10).
Como complemento a su forma de concretizar la política, la CAM visionó al sistema capitalista como el principal culpable del retroceso económico, cultural y político del Pueblo Mapuche. A su vez, el capital al instalarse en lo que antiguamente era el territorio histórico indígena, fue arrebatando de poco en poco las tierras, las secó y contaminó; cosa similar ocurrió con las aguas principalmente a causa de la instalación de empresas forestales durante la Dictadura Militar. Este análisis hizo visionar a los miembros de la CAM que el pueblo Mapuche estaba en un proceso de exterminio que se agudizaba con el status de oprimidos en que se encontraba la Nación Mapuche en su entorno. Ante esto, se observó que la única manera de resistir el extermino, era resistiendo al sistema capitalista traducido en sus principales símbolos. Ello generaría una politización en los mismos indígenas que irían saliendo de la oscuridad sociopolítica al que fueron obligados a sumergirse, partiendo por la reconstrucción del ser Mapuche y a su vez del mundo que los conforma como tal.
Teóricamente la CAM convirtió en un programa político el análisis anterior. Para esta organización, el Pueblo Mapuche fue colonizado durante la Ocupación de La Araucanía, principalmente a causa de la expansión del capital hacia los territorios indígenas. Desde esa condición tendrían que edificar una primera etapa de acumulación de fuerza para comenzar un proceso de Liberación Nacional. Dicha acumulación de fuerza, se realizaría en tres aspectos: uno la resistencia al capital, es decir, las acciones de sabotaje a empresas forestales, expresiones turísticas, hidroeléctricas y latifundistas apostados en territorio Mapuche; segundo la reconstrucción sociocultural (nguillatunes, rogativas, medicina natural, etc.), unido con la reconstrucción del mismo Mapuche, que se expresará en el Weichafe (11) (guerrero); y tercero, en los aspectos políticos, lograr generar un Movimiento Político Mapuche Autónomo y cimentar las primeras expresiones ideológicas del Pueblo Mapuche en post de la Liberación Nacional.
Desde esta epísteme, la CAM generó un descontento social Mapuche, expresado en las recuperaciones de tierras, sabotajes, quemas de plantaciones forestales y manifestaciones sociales. Luego intentó conducir dicho descontento para finalmente contribuir en ingredientes ideológicos. La expresión más acabada de lo anterior, fue lo que denominaron el Control Territorial, el que consistió en llegar a un predio, botar las plantas forestales (eucaliptos y pino insigne para la construcción celulosa) o quemar casas, bodegas y cosechas de algún latifundista. Luego sembrar papas, tomates, trigo, etc., a ello se le denominó Siembra Productiva.
Lo anterior apuntaría fundamentalmente a realizar los primeros eslabones de la autonomía política, que se complementa con el derecho a la autodefensa del terreno en disputa. Este paso de la recuperación de tierra a la recuperación de territorio, es el avance cuantitativo y cualitativo que fortificaría la autodeterminación del Pueblo Mapuche e iniciaría la construcción de una segunda fase de una primera etapa por la Liberación Nacional Mapuche (12).
Podemos inferir, que las discusiones políticas de fines de la década de los ochenta en la dirigencia Mapuche fueron tomando cuerpo a partir de la década de los noventa y lograron consolidarse ya en los últimos diez años. El Consejo de Todas las Tierras heredó de Ad‐Mapu las primeras visiones de autodeterminación, las perfeccionó y las nutrió de concepciones subjetivas, revolucionando la política Mapuche hasta la irrupción de la Coordinadora Arauco Malleco, que afinó y agregó conceptos nuevos. En cierta manera, parafraseando a Regis Debray, la CAM realizó una “revolución en la revolución” en la epísteme del Pueblo Mapuche.
El Estado de Chile no visionó que la nueva problemática Mapuche era más amplia que la devolución de tierra, como también, que las respuestas de parte de los gobiernos llegaron más tardías a la siembra ideológica que fueron realizando las organizaciones indígenas en las tierras del sur. Por lo tanto hubo un momento histórico en que ambas partes se desencontraron, producto de ello, el Estado de Chile decidió denominar a las reivindicaciones indígenas como “Conflicto Mapuche”.
Aunque las respuestas estatales han sido variadas y de todo tipo, lo concreto es que no han podido resolver la problemática Mapuche, lo que no significa que no hayan podido descender la conflictividad o por lo menos detener lo que parecían inminentes nuevos brotes de violencia social (13). Sin embargo, la mejor expresión de la poca capacidad de dar una respuesta política al Conflicto Mapuche, han sido los procesos judiciales, persecución y encarcelamientos que han sufrido los comuneros principalmente ligados a la CAM. Es tal vez, esta organización el símbolo de la criminalización Mapuche, puesto que distintos militantes de ella han estado encarcelados, léase, voceros, Dirección Histórica, Dirección Colectiva (14). Como también, ha sido la única organización desde 1997 que ha sido enjuiciada por Asociación Ilícita Terrorista en el año 2002, forzándola a pasar a la clandestinidad.
Por su parte, el Pueblo Mapuche ha visto surgir un nuevo tipo de militante, el que podríamos denominar “mapuchista”. Éste sobrepasa las reivindicaciones netamente de tierras, enmarcándola dentro de un proyecto político estratégico que tiene como objetivo final la Liberación Nacional Mapuche. Para llegar a este clímax, el militante debe adoptar los principios de un “deber ser”: no tomar alcohol, no fumar, hacer deporte, estudiar y trabajar. Además de la recuperación del mapudungun, la cultura y la cosmovisión Mapuche.
A nuestro juicio, es el surgimiento de esta nueva forma de hacer política iniciada por el Pueblo Mapuche lo que hace vislumbrar el fracaso en parte de las políticas adoptadas desde el Estado. Existen dos mundos trabajando en paralelo sobre un mismo objetivo, los puentes se construyen sobre cimientos débiles que caen al poco tiempo de inaugurarlos. Además, la poca visión de futuro de parte de la elite gobernante en Chile, que han cerrado sus fuerzas en soluciones cortoplacistas por sobre las de largo plazo, sin duda que incentiva la criminalización de la protesta Mapuche. El tema de fondo, es una solución política y ella sólo se dará si las conversaciones entre estos mundos paralelos se centran en el derecho a la autonomía territorial como ejercicio directo para a libre autodeterminación como Pueblo Mapuche. Sólo así, los puentes entre estos dos mundos paralelos podrán construirse sobre cimientos firmes.
Durante la década de los noventa irrumpieron cuatro organizaciones Mapuche fuera de la influencia de CONADI que tuvieron como discurso el considerarse autónomas. Dichas organizaciones se denominaron Consejo de Todas las Tierras (1990), Asociación Ñancuecheo de Lumaco (1996), Identidad Territorial Lafquenche (1999) y la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco‐Malleco(1999). Durante el transcurso del año 2009 emergió una nueva organización que lideró parte de las movilizaciones que azotaron el sur de Chile, la Alianza Territorial Mapuche.
De las nombradas orgánicas dos han tenido un papel preponderante en la politización y en la emergencia de la conflictividad, estas son el Consejo de Todas las Tierras (CTT) y la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM). En un tercer nivel se podría considerar a la Identidad Territorial Lafquenche (ITL) y en menor medida (por su poca claridad proyectual) la Alianza Territorial Mapuche.
Gran parte del siglo XX, las organizaciones Mapuche estuvieron lideradas principalmente por indígenas ilustrados, los que pocas veces vivían en comunidades, pero que sin embargo se acogían el derecho sobre estas para decidir y pensar su futuro. Se explica lo anterior, por la poca capacidad desde las comunidades de aglutinarse como un todo, que a su vez pudiera ser representativa y competitiva en una escena de disputa política, sobre todo entendiendo la particularidad subalterna que cohabitó el Pueblo
Mapuche desde la Ocupación de La Araucanía.
Dicho eje comenzó a variar desde la década de los noventa, principalmente en un ala que se escindió de Ad‐Mapu y que a partir de 1990 se conoció como Consejo de Todas las Tierras. Como señala Christian Martínez, esta orgánica fue una “rebelión” de parte de las comunidades territoriales a un tipo de organización sin representatividad comunitaria (1). Se fundamenta lo planteado, por la primacía cultural Mapuche, ya que al estar dominada una comunidad por un Lonco, esto generó históricamente una verticalidad social. Sólo en la década de los sesenta con la Reforma Agraria dicha diferenciación mermó como una consecuencia no prevista de este proceso. El efecto perdurable de esta democratización al interior de la comunidad fue lo que la élite política Mapuche comenzó a visionar a finales de los ochenta, es decir, la “producción de una política étnica a partir de las comunidades”(2).
Esta “transición a la democracia” se realizó no solo en un cambio político general, sino “en una nueva estructura de participación comunitaria” en que “estaban dadas las condiciones para que las comunidades exigieran un papel más protagónico en el conjunto del Movimiento Mapuche” (3).
A lo anterior se debe agregar toda una reconstrucción del mundo Mapuche de parte del CTT. Y en efecto, la primera medida tomada por esta organización fue la utilización del Mapudungun tanto en sus discursos públicos como en lo constructivo de su organización. Precisamente, un ejemplo notorio puede ser visto en el mismo nombre de la orgánica, Aukiñ Wallmapu Ngulam, que españolizado se traduce como Consejo de Todas las Tierras. Además, esta organización creó el primer emblema de la Nación Mapuche (la bandera nacional) e inició un proceso de autoafirmación indígena, re‐utilizando las mantas indígenas, trarilonco, wetruwes, etc. Mientras que la mujer Mapuche, comenzó también a utilizar su küpalme. Todo ambientado en una expresión romántica, donde el caballo cabalgando con jinetes y lanzas acompañaba las marchas o los meeting.
Estas autoafirmaciones generarían una suerte de politización subjetiva en los Mapuche de la década del noventa que explicaría una variable del ascenso de la conflictividad a partir de 1997. No obstante, se debe mencionar que el CTT recogió toda una discusión política de fines de los ochenta en el interior de Ad‐Mapu, nos referimos a la idea de autonomía y autodeterminación(4). Seguido de lo anterior, el Consejo realizó, cargado de nuevas ideas, toda una jornada de protesta para la conmemoración de los 500 años de la conquista de América, que mezclada con una serie de reivindicaciones de tierras, causó revuelo en la opinión política de Chile, instalando a lo que a futuro se llamó como “recuperaciones simbólicas” (5).
El 1 de enero de 1994 América Latina se ve sacudida por el alzamiento de un ejército indígena en la provincia de Chiapas en México. La insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) generó todo un ambiente pro indigenista en el continente, donde los Mapuche no fueron la excepción. En conjunto con esto, el ascenso político de la CONAIE en Ecuador y el inicio más notorio del movimiento indígena en Bolivia, insinuaban que lo políticamente correcto para la década del noventa eran las reivindicaciones indianas. En cierta manera, como dice Rodolfo Stavenhagen, las reivindicaciones de los pueblos indígenas ya no eran algo aislado y se inscribirían en el marco de lo que algunos llamaron los “nuevos movimientos sociales” (6).
Esta nueva perspectiva política del movimiento indígena en Latinoamérica, viene planteando según Stavenhagen como “un tercer enfoque que se basa en el principio del derecho de los pueblos a la libre determinación, que constituye uno de los pilares fundamentales de las Naciones Unidas” (7). Es por lo tanto, dentro de este ambiente, donde la politización Mapuche comienza a complementarse con la nueva forma de hacer política iniciada por el CTT, es esta organización la que crea una revolución al interior de este pueblo y que a futuro se consolidará con el surgimiento de la CAM, dando inicio a lo que hemos denominado la Nueva Guerra de Arauco (8), que no es más que el ascenso de la “movimientalidad” Mapuche desde 1997 en adelante y la respuesta de parte del Estado a este ascenso.
El primero de diciembre de 1997, tres camiones de Forestal Arauco fueron interceptados por comuneros que luego serían conocidos como integrantes de la CAM. Los comuneros los abordaron sistemáticamente, cortando las mangueras de aire que los detuvo inmediatamente. Acto seguido, premunidos de hachas “reventaron los neumáticos con golpes precisos” en tanto otros irrumpieron en las cabinas de los chóferes “atacándolos con palos e instándolos a huir a punta de escopeta después de golpearlos y dejarlos con contusiones serias en la cabeza y el cuerpo”. Una vez consumada la acción, los desconocidos arrojaron bencina sobre las tres máquinas, provocando un incendio “que consumió a dos de ellas en cosa de minutos”(9).
Desde esta acción de violencia política, las relaciones entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche han estado en una constante auto-reafirmación a la nueva forma de hacer política iniciada por el CTT. La CAM por su parte le agregaría condimentos nuevos, sobre todo en los aspectos milicianos. Empero, es necesario subrayar que esta acción política no es algo mecánico, es la continuación de la politización interna de un sector del pueblo Mapuche que se operativizó en la utilización de la violencia política (quema de camiones forestales, casas de latifundistas, cabañas de turismo, “toma” de tierras, quema de plantaciones forestales) para llevar a cabo las reivindicaciones de tierras ancestrales. Afirmamos de esta manera, que la Coordinadora Arauco Malleco, representó un salto cualitativo en la reconstrucción ideológica, política y miliciana de la movimientalidad Mapuche. Este salto cualitativo, a su vez, se apoya en la percepción que las comunidades han construido respecto del agotamiento de una determinada forma de relación con el Estado y la sociedad chilena (10).
Como complemento a su forma de concretizar la política, la CAM visionó al sistema capitalista como el principal culpable del retroceso económico, cultural y político del Pueblo Mapuche. A su vez, el capital al instalarse en lo que antiguamente era el territorio histórico indígena, fue arrebatando de poco en poco las tierras, las secó y contaminó; cosa similar ocurrió con las aguas principalmente a causa de la instalación de empresas forestales durante la Dictadura Militar. Este análisis hizo visionar a los miembros de la CAM que el pueblo Mapuche estaba en un proceso de exterminio que se agudizaba con el status de oprimidos en que se encontraba la Nación Mapuche en su entorno. Ante esto, se observó que la única manera de resistir el extermino, era resistiendo al sistema capitalista traducido en sus principales símbolos. Ello generaría una politización en los mismos indígenas que irían saliendo de la oscuridad sociopolítica al que fueron obligados a sumergirse, partiendo por la reconstrucción del ser Mapuche y a su vez del mundo que los conforma como tal.
Teóricamente la CAM convirtió en un programa político el análisis anterior. Para esta organización, el Pueblo Mapuche fue colonizado durante la Ocupación de La Araucanía, principalmente a causa de la expansión del capital hacia los territorios indígenas. Desde esa condición tendrían que edificar una primera etapa de acumulación de fuerza para comenzar un proceso de Liberación Nacional. Dicha acumulación de fuerza, se realizaría en tres aspectos: uno la resistencia al capital, es decir, las acciones de sabotaje a empresas forestales, expresiones turísticas, hidroeléctricas y latifundistas apostados en territorio Mapuche; segundo la reconstrucción sociocultural (nguillatunes, rogativas, medicina natural, etc.), unido con la reconstrucción del mismo Mapuche, que se expresará en el Weichafe (11) (guerrero); y tercero, en los aspectos políticos, lograr generar un Movimiento Político Mapuche Autónomo y cimentar las primeras expresiones ideológicas del Pueblo Mapuche en post de la Liberación Nacional.
Desde esta epísteme, la CAM generó un descontento social Mapuche, expresado en las recuperaciones de tierras, sabotajes, quemas de plantaciones forestales y manifestaciones sociales. Luego intentó conducir dicho descontento para finalmente contribuir en ingredientes ideológicos. La expresión más acabada de lo anterior, fue lo que denominaron el Control Territorial, el que consistió en llegar a un predio, botar las plantas forestales (eucaliptos y pino insigne para la construcción celulosa) o quemar casas, bodegas y cosechas de algún latifundista. Luego sembrar papas, tomates, trigo, etc., a ello se le denominó Siembra Productiva.
Lo anterior apuntaría fundamentalmente a realizar los primeros eslabones de la autonomía política, que se complementa con el derecho a la autodefensa del terreno en disputa. Este paso de la recuperación de tierra a la recuperación de territorio, es el avance cuantitativo y cualitativo que fortificaría la autodeterminación del Pueblo Mapuche e iniciaría la construcción de una segunda fase de una primera etapa por la Liberación Nacional Mapuche (12).
Podemos inferir, que las discusiones políticas de fines de la década de los ochenta en la dirigencia Mapuche fueron tomando cuerpo a partir de la década de los noventa y lograron consolidarse ya en los últimos diez años. El Consejo de Todas las Tierras heredó de Ad‐Mapu las primeras visiones de autodeterminación, las perfeccionó y las nutrió de concepciones subjetivas, revolucionando la política Mapuche hasta la irrupción de la Coordinadora Arauco Malleco, que afinó y agregó conceptos nuevos. En cierta manera, parafraseando a Regis Debray, la CAM realizó una “revolución en la revolución” en la epísteme del Pueblo Mapuche.
El Estado de Chile no visionó que la nueva problemática Mapuche era más amplia que la devolución de tierra, como también, que las respuestas de parte de los gobiernos llegaron más tardías a la siembra ideológica que fueron realizando las organizaciones indígenas en las tierras del sur. Por lo tanto hubo un momento histórico en que ambas partes se desencontraron, producto de ello, el Estado de Chile decidió denominar a las reivindicaciones indígenas como “Conflicto Mapuche”.
Aunque las respuestas estatales han sido variadas y de todo tipo, lo concreto es que no han podido resolver la problemática Mapuche, lo que no significa que no hayan podido descender la conflictividad o por lo menos detener lo que parecían inminentes nuevos brotes de violencia social (13). Sin embargo, la mejor expresión de la poca capacidad de dar una respuesta política al Conflicto Mapuche, han sido los procesos judiciales, persecución y encarcelamientos que han sufrido los comuneros principalmente ligados a la CAM. Es tal vez, esta organización el símbolo de la criminalización Mapuche, puesto que distintos militantes de ella han estado encarcelados, léase, voceros, Dirección Histórica, Dirección Colectiva (14). Como también, ha sido la única organización desde 1997 que ha sido enjuiciada por Asociación Ilícita Terrorista en el año 2002, forzándola a pasar a la clandestinidad.
Por su parte, el Pueblo Mapuche ha visto surgir un nuevo tipo de militante, el que podríamos denominar “mapuchista”. Éste sobrepasa las reivindicaciones netamente de tierras, enmarcándola dentro de un proyecto político estratégico que tiene como objetivo final la Liberación Nacional Mapuche. Para llegar a este clímax, el militante debe adoptar los principios de un “deber ser”: no tomar alcohol, no fumar, hacer deporte, estudiar y trabajar. Además de la recuperación del mapudungun, la cultura y la cosmovisión Mapuche.
A nuestro juicio, es el surgimiento de esta nueva forma de hacer política iniciada por el Pueblo Mapuche lo que hace vislumbrar el fracaso en parte de las políticas adoptadas desde el Estado. Existen dos mundos trabajando en paralelo sobre un mismo objetivo, los puentes se construyen sobre cimientos débiles que caen al poco tiempo de inaugurarlos. Además, la poca visión de futuro de parte de la elite gobernante en Chile, que han cerrado sus fuerzas en soluciones cortoplacistas por sobre las de largo plazo, sin duda que incentiva la criminalización de la protesta Mapuche. El tema de fondo, es una solución política y ella sólo se dará si las conversaciones entre estos mundos paralelos se centran en el derecho a la autonomía territorial como ejercicio directo para a libre autodeterminación como Pueblo Mapuche. Sólo así, los puentes entre estos dos mundos paralelos podrán construirse sobre cimientos firmes.
jeudi 28 octobre 2010
Música del Grupo de Rock Mapuche PIRULONKO y antecedentes de su origen y propuestas
Pirulonko es un grupo musical conformado en sus inicios (mediados de los 90’s) por Cristian Collipal (voz), Sergio Caniuqueo (bajo), Gastón Pinto (guitarra), Paolo Castillo (guitarra), Edgardo Cisternas (batería) y Freddy Peña (chelo).
Su propuesta músical incursiona en el rock y el punk; integrando textos en mapuzugun, temáticas mapunches (de reivindicación, cosmología, identidad, etc.) y algunos elementos de los ritos ceremoniales.
La banda nace de la mano de Christian Collipal, quien es el creador de los textos, de las canciones. Ellos partieron desde esta lógica y ya con más años dentro del movimiento, Christian comienza con la idea de hacer música mapuche, pero no la música tradicional, asumiendo su identidad como mapuche urbano y las problemáticas que ello trae consigo; en un contexto de necesidad de participación y de debate, generado por el contra festejo de los 500 años de la Conquista de América.
El concepto con el que se identifican viene del campo, donde a veces los carneros, de tanto golpearse la cabeza, se la hieren: “Entonces, esas heridas se pudren y crían gusanos, los que terminan volviendo loco al animal”. Y al apropiarse del termino apelan una persona que rompe esquemas: un loco, un fallado. La idea de Pirulonko ha sido transgredir: ¿Por qué todo tenía que ser tan sacro? ¿Por qué todo tenía que ser tan ordenado?, repreguntaban en una entrevista realizada a un medio años atrás.
Es así como, el discurso de Pirulonko Básicamente ha sido replantear el tema de la identidad, en el sentido de que es válido identificarse con lo mapuche, pero eso no con una visión conservadora en cuanto a lo mapunche, es decir: recreando, innovando, transgrediendo; no viendo la cultura como un tema sacro.
Temáticamente, las letras de las canciones son alusivas al pueblo mapuche. Pirulonko musicalizó un poema de Elicura Chihuailaf (Meli Meli) y creó una atmósfera musical (ya alejada del punk) que fortalece el mensaje del poema que habla sobre el We Xi Pantu, el año nuevo mapuche. Otra canción destacada es el homenaje al último toqui, "Quilapán".
Hoy Christian Collipal continúa con la labor de difusión de contenidos de Pirulonko.
OSORNO: Solidaridad y Protesta ante persecución y Criminalización de Joven Mapuche Williche
Desde ayer, decena de jóvenes se tomaron pacíficamente el frontis de la Catedral de Osorno para protestar contra el proceso judicial que se está realizando al joven osornino mapuche, Camilo Aguas, donde es investigado por la Fiscalía Militar, por ser acusado de maltrato y agresión a Carabineros.
Ver También Video y Nota Original- Fuente:
El Vacanudo
Desde ayer, decena de jóvenes se tomaron pacíficamente el frontis de la Catedral de Osorno para protestar contra el proceso judicial que se está realizando al joven osornino mapuche, Camilo Aguas, donde es investigado por la Fiscalía Militar, por ser acusado de maltrato y agresión a Carabineros.
Su manifestación busca sumar firmas que solicitan que Aguas sea juzgado por tribunales civiles normales. Siendo esta petición incluso adoptada por el parlamentario DC, Sergio Ojeda.
Ojeda se entrevistó con el Fiscal Militar, Teniente Coronel, José Manuel Baquedano, con el objeto de conocer el estado actual del proceso del único detenido por la marcha convocada en Osorno en apoyo a la huelga de hambre de los Comuneros Mapuches de la Región de la Araucanía y ver las posibilidades de libertad provisional.
La Fiscalía, concedió la libertad bajo fianza a Aguas, pero como el delito merece pena aflictiva debió ir en consulta a la Corte Marcial, la que conocida fue rechazada por 4 votos contra 1.
Por otro lado, el Partido Humanista de Chile también expresó su apoyo a la familia del joven de veinte años Camilo Aguas.
CRÍTICAS A LA CONADI
Al ser consultados sobre las maneras convencionales de llegar acuerdo, tales como hablar con las autoridades ligadas al tema, tales como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), voceros mapuche de Osorno criticaron que no han tenido respuesta ni acercamiento con el organismo público.
Hicieron una crítica directa al Director Regional de la Conadi, Carlos Llancar por su no pronunciamiento frente a las protestas y el caso particular de Camilo Aguas.
ENOTPO: El Censo 2010 permitirá la visibilización de los pueblos indígenas de toda la Argentina
La pregunta sobre pueblos originarios fue incluida en el Censo de 2001. En el Censo 2010 se apunta, por una parte a la identificación de hogares que expresan su pertenencia a alguno de los pueblos originarios que habitan el territorio nacional y por otra, al reconocimiento de alguno de nuestros pueblos en particular.
El censo nos permite no solo lograr la visibilización de nuestros pueblos, ya sea en la urbanidad como en el interior. La visibilización, esto es, que la opinión pública en general registre la existencia de indígenas y pueblos originarios en la Argentina es de suma importancia para las 30 culturas que ocupan el actual territorio
La presencia indígena "es imprescindible y obligatoria" en el desarrollo del censo nacional que cada 10 años establece características habitacionales de los hogares, datos demográficos, económicos y sociales en la Argentina.
Este censo a diferencia de los anteriores corregirá en parte los errores anteriores pero será de suma importancia para comenzar encuestas complementarias y especificas para que sean de un real aporte para identificar las políticas públicas que el estado debe aplicar con el consentimiento y la participación de las organizaciones territoriales de los pueblos originarios.
En la estructura del relevamiento censal, participarán más de 650 mil personas, entre censistas, jefes de fracción, radio, asistentes de campo y jefes de departamento en todo el país.
Habrá dos cuestionarios, uno básico y otro ampliado. El primero tendrá 35 preguntas y será para las localidades con más de 50 mil habitantes (la mayor parte de la población); mientras que formulario ampliado, consta de 67 preguntas y se aplicará a los habitantes de barrios cerrados, villas y asentamientos, comunidades indígenas y el 10 por ciento de localidades con menos de 50 mil habitantes.
La información que se suministra es totalmente confidencial, por lo cual el censado no tendrá que dar su apellido, ni presentar su DNI, así como ningún tipo de documentación.
Las organizaciones territoriales de los pueblos originaros han logrado la incorporación de censistas, integrantes de las comunidades para garantizar el relevamiento que incide sobre las mismas. Esto se ha dado en un marco de acuerdos con directivos del INDEC a nivel nacional, pero que en algunas provincias no se ha podido llevar adelante exitosamente producto de la negación de las mismas a cumplir con los acuerdos, ya sea por diferencias con el gobierno nacional o la negación constante a las que son parte muchas organizaciones en el interior de argentina. Racismo?.
Por que es importante para nuestros pueblos?.
Cuando se habla de políticas publicas son aquellas que directamente inciden sobre nuestras comunidades como son la educación, vivienda, economía, desarrollo, comunicación, explotación de recursos naturales, minería y otras tantas que los estados sean nacional, provincial y municipal aplican sobre nuestros territorios. Y que como habitantes de esos lugares debemos intervenir por estar directamente relacionado con nuestra forma de vivir y de relacionarlos con cada uno de los elementos que conforman nuestro espacio territorial.
Argentina en su constitucional nacional establece El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional establece que el Congreso de la Nación reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando -concurrentemente con las provincias- el respeto a su identidad y “asegurando su participación en la gestión de los intereses que los afecten”.
Argentina, además, ratificó por ley 24.071/92, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales que establece que los Estados Miembros deben garantizar una amplia participación de las comunidades indígenas en todos los asuntos que los atañe, incluyendo los aspectos culturales y el respeto a sus tradiciones, creencias y costumbres (arts. 2,4,5,6,7, y conc.).
Por Territorio, Justicia, Cultura. Control Territorial, Autonomia, Libre y Autodermincacion
Si sos de una comunidad, un barrio, una villa o un country y escuchaste eso “de que mi abuela era indígena”, y de que es parte de la educación y asimilación que la billiken quiso de vos contéstale al censistas con orgullo que sos del pueblo originario……..
Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios
con enormes deudas aún de parte del Estado en la gestión de las políticas públicas concretas para los Pueblos Originarios. Esas políticas que impulsamos las organizaciones de los Pueblos Originarios son de incidencia real en nuestros territorios, de reparación histórica, de cumplimiento de los derechos de los pueblos, de interculturalidad y justicia social, de igualdad en la diversidad, de desarrollo con identidad, y de construcción de un Estado pluriétnico y plurinacional acorde a un país pluriétnico y plurinacional.Para todos y todas todo…
Pueblos Originarios
La incorporación de temáticas en el Censo como la discapacidad, pueblos originarios y afrodescendientes ubican a la Argentina en el conjunto de países que se han comprometido y han dado respuesta en el plano de las operaciones estadísticas, no sólo a los convenios internacionales, sino a una deuda, de larga data, existente con ciertos sectores de la población de Argentina.
La pregunta sobre pueblos originarios fue incluida en el Censo de 2001. En el Censo 2010 se apunta, por una parte a la identificación de hogares que expresan su pertenencia a alguno de los pueblos originarios que habitan el territorio nacional y por otra, al reconocimiento de alguno de esos pueblos en particular.
La inclusión de esta temática en el censo de población resulta de utilidad para la elaboración de posteriores estudios o encuestas que deseen profundizarla, con vistas a la realización de políticas públicas focalizadas.
Atentado A Los Derechos Humanos En Isla De Pascua: Funcionario Estatal Ordena Cortar Agua y Luz A Clanes Rapa Nui
El presidente de Sasipa (Corfo Isla de Pascua) Daniel Platovsky ordenó cortar servicios de luz y agua a las familias que mantienen ocupaciones territoriales en Isla de Pascua. / El Pueblo Rapa Nui exige al presidente Sebastián Piñera que lo destituya inmediatamente de su cargo porque de mantenerlo, se estará fomentando un clima de ingobernabilidad en la Isla.
Fuente: Prensa Rapa Nui
Esta medida, que comenzó a ejecutarse el 21 de octubre pasado, afecta a numerosas personas como a los miembros de la familia Hito –que recuperó las tierras del hotel Hanga Roa- así como a la familia Hey Tuki. La orden de Platovsky es cortar el agua a todas las demás ocupaciones.
Este lunes 25, funcionarios de Sasipa fueron sorprendidos intentando intervenir matrices de agua en avenida Pont, en las inmediaciones del mencionado ex-hotel. Días antes, el propio Platovsky –in situ- había estado dando instrucciones de cómo implementar esta operación.
Las acciones de Platovsky son un atentado a los derechos humanos del pueblo rapanui. Con sus acciones el Gobierno de Chile está transgrediendo un consenso universal en relación con la protección preferente de los derechos indígenas al agua para consumo humano.
Es importante señalar que de acuerdo a la legislación vigente en Chile y a los tratados internacionales firmados por este país, el Estado tiene la obligación de respetar el derecho al agua, lo que implica que no debe expropiar las fuentes de aguas tradicionales de comunidades rurales o indígenas que depende de dichas fuentes de agua para su subsistencia.
En el ordenamiento jurídico interno, la Ley 19.253 (Ley Indígena) establece en su artículo tercero que el Estado, a través de CONADI y la Dirección General Aguas, DGA, debe garantizar la protección, constitución y restablecimiento de los derechos de propiedad ancestral de las comunidades indígenas.
Sasipa inscribió hace algunos años todos los derechos de agua de Isla de Pascua como suyos.
"Ahora, aprovechando este poder, pretende estrangularnos con el fin que desistamos de nuestra justa lucha por nuestras tierras ancestrales, situación que está afectando a nuestros niños" enfatizó Marisol Hito, vocera del clan Hito.
Platovsky, además de ponerse al margen de la ley, está utilizando su alto cargo para defender los intereses de los grupos económicos a los que está vinculado, especialmente a los Schiess (Inversionistas del Hotel Hanga Roa) que, como él, quieren privatizar Isla de Pascua en su propio beneficio. Cabe tener presente que Platovsky es socio de los Schiess en Mellafe y Salas Ltda.
Más aún: él se ha transformado en el principal promotor del proyecto hotelero Hanga Roa, no considerando que el emplazamiento de éste en tierras rapanui constituye una violación flagrante de la legislación chilena (Ley Pascua) la que prohíbe que no rapanuis posean tierras en esta Isla.
Es importante señalar que Daniel Platovsky, en conjunto con Petero Edmunds (ex gobernador y ex alcalde de la Isla) están promoviendo y financiando manifestaciones que buscan atacar a los rapanui que demandan la devolución de sus tierras. También intentan sacar de su cargo a la actual gobernadora Carmen Cardinali, funcionaria que cuenta con el respeto del pueblo rapanui. "La actitud de Platovsky es la de un extremista" calificó Marisol Hito.
Debido a todo lo anterior, el Pueblo Rapa Nui exige al presidente Sebastián Piñera que lo destituya inmediatamente de su cargo porque de mantenerlo, se estará fomentando un clima de ingobernabilidad en la Isla.
En abril pasado, 14 de los 16 consejeros regionales de la Región de Valparaíso, solicitaron alejar de su cargo en Sasipa a Platovsky, sindicándolo a él como el principal responsable del enardecido ambiente que se vive en Pascua.
En 1914 los rapanui, encabezados por Maria Angata, protestaron por comida, dada la hambruna a la que estaban siendo sometidos. La Armada, negándose a este justo requerimiento, encarceló a Maria Angata –la primera revolucionaria de esta tierra. 96 años después, los empresarios hoteleros encabezados por Platovsky, quieren nuevamente aplastar al rapanui.
"¡Devuelvan nuestra tierra! Nuestras ocupaciones son pacíficas y cuentan que el absoluto respaldo del pueblo rapanui" finalizó la vocera.
Conflicto Salmonero Empresa Los Fiordos: Werkén fue declarado culpable en juicio por calumnias
Francisco Vera Millaquén, Werkén Comunidad Mapuche Huilliche "PEPIUKËLEN" de Pargua/Región de Los Lagos, del Territorio de la Futahuillimapu, fue condenado por querella por calumnias llevado por vecino y la Empresa Salmonera Los Fiordos en su contra / Anuncia apelación y campaña pro fondos para su defensa / “quieren echarnos del lugar donde siempre hemos vivido y donde tenemos derechos ancestrales a la tierra”, señala werkén, uno de los dirigentes emblemáticos en la lucha y denuncia contra esta empresa..
El caso es una querella por calumnias de parte de dicha empresa apoyado por algunos vecinos que, según palabras del werkén “quieren echarnos del lugar donde siempre hemos vivido y donde tenemos derechos ancestrales a la tierra y territorio, pero en donde se han instalado con el apoyo del Estado estas empresas que quieren ocupar todo nuestro territorio, ya que para sus negocios el lugar es estratégico”. En dicha querella participaron incluso, según denunció, como testigos, Carabineros del Retén de Pargua.
En esa querella se le acusa de haber insultado y proferido calumnias con publicidad y en presencia de testigos y Carabineros, en contra de un vecino que además es también mapuche aparte que trabaja para esta empresa salmonera que se encuentra casi a las puertas de nuestras casas”, señala el werkén.
Agrega “Esta misma persona es la que en reiteradas ocasiones me ha agredido, amparado por la impunidad que le brinda la empresa Los Fiordos; así ha estado presente en un seminario realizado en septiembre de 2008, ocasión en que delante de una gran cantidad de personas profirió calumnias en mi contra, las que debido a la intensa lucha contra esta empresa salmonera, no nos es posible atender en toda su real dimensión. Fue la misma persona que en setiembre de 2009 nos atacó cuando nos encontrábamos junto a un equipo de la TV Británica que se encontraba haciendo un documental sobre el impacto de la industria salmonera en nuestros territorios, para el cual me vinieron a entrevistar.
Esta misma persona participó en una sesión de un órgano del Estado llamado COREMA el que se encarga de la evaluación, aprobación y fiscalización de los proyectos de inversión a nivel regional; dicha sesión se realizó el 26 de octubre de 2009 y allí junto a otras personas también mapuches y del mismo sector, se hicieron pasar por miembros de la comunidad y me desacreditaron públicamente, ocasión en la que muchos de los integrantes de este organismo público, por tanto REPESENTANTES DEL ESTADO, que se encontraban presentes, sabían que se mentía groseramente, nada dijeron al respecto, incluso la propia secretaria ejecutiva de dicho organismo, quien además es la Directora Regional de la CONAMA, mintió públicamente, ya que nosotros, si bien no asistimos porque lo que se pretendía era crear un disputa verbal y un enfrentamiento entre vecinos del lugar como ya lo habían hecho el 26 de julio de 2006, sí enviamos información para que se presentara a la Asamblea, lo que no se hizo”….
Francisco Vera Millaquén fue declarado CULPABLE por una jueza que según indicó el werkén, sólo consideró los testimonio en su contra y no tomó en cuenta ni las pruebas muy contundentes que el tenía y que daban cuenta de un montaje burdo, ni aplicó las reglas de la sana crítica para determinar su culpabilidad o inocencia, según dijo ayer en la audiencia de lectura del veredicto, ...”no pude desvirtuar razonablemente el testimonio del testigo..." refiriéndose al testimonio de uno de los jefes de Los Fiordos, pese a que 3 de los testigos del werkén refutaron ese testimonio. “Pero esa es la justicia que tenemos en este país”…
La pena por el delito que le imputan es CARCEL, “creo que se le denomina PRESIDIO MENOR, donde la máxima pena son más de 500 días y la mínima 61 días de presidio, lo que de concretarse me inahabilita para muchas cosas y mancha mi hoja de vida, lo que me crea otra series de inconvenientes a futuro”, señala Francisco.
Francisco Vera Millaquén anunció que apelará a tal resolución que considera descriteriada y adelantó una campaña para recaudar dinero que le permita asumir de buena manera su defensa ya que estuvo desprovisto en ese sentido por la falta de recursos.
Contacto: heroes.nuevos@gmail.com
Minas abandonadas: Una amenaza letal para miles de seres Humanos en Chile
La tragedia de los 33 mineros atrapados a casi 700 metros bajo tierra dejó al descubierto la precaria seguridad laboral del sector. No es la única amenaza que provoca esta millonaria industria extractiva.
Una investigación de la periodista Carola Fuentes, revela el peligro mortal que representan las más de 200 faenas mineras abandonadas en Chile por sus desechos tóxicos y la inseguridad de sus instalaciones. No hay norma que regule su cierre. El pasado 27 de febrero el derrumbe de uno de esos relaves cobró cuatro vidas y hoy amenaza con contaminar importantes cauces de agua.
Ministros, empresarios y autoridades sabían del riesgo involucrado, pero nada se hizo. Aquí encontrarán el mapa del peligro confeccionado a partir de un Catastro de Sernageomin elaborado en 2005 y que nunca hasta ahora fue conocido.
Fuente: http://ciperchile.cl/2010/10/26/minas-abandonadas-una-amenaza-letal-para-miles-de-chilenos/
leer mas en http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=6190
Antonio Mamani, dirigente aymara: “La lucha de las comunidades aymara contra las mineras, es una pelea desequilibrada”
Ante la realización este jueves en la ciudad de Iquique del seminario “Defendamos nuestra Madre Tierra”, organizado por comunidades y organizaciones aymaras y quechuas de la Región de Tarapacá, entrevistamos al dirigente Antonio Mamani, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y miembro de la comunidad de Cancosa.
Por Comunicaciones Observatorio Ciudadano
27 de octubre de 2010
El objetivo del encuentro es analizar los desafíos que enfrentan hoy los pueblos indígenas del norte y las herramientas con las que cuentan para defender sus recursos naturales y culturales ante la masiva expansión de actividades mineras, geotérmicas y modelos de desarrollo económico que afectan sus territorios, considerando además la estrecha relación que existe entre los Pueblos Originarios del Abyayala y la madre tierra.
Entre las actividades previstas, se encuentra también el lanzamiento del libro “La gran minería y el derecho de los indígenas en el norte de Chile”, de la abogada y co directora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yánez, y del doctor en geografía, Raúl Molina, también miembro de dicha organización no gubernamental de promoción, investigación y defensa de derechos humanos.
- ¿Cuál es la situación actual que enfrentan las comunidades aymaras y quechua del norte país frente a la expansión minera?
La situación actual pasa fundamentalmente por una disputa, una pelea muy desequilibrada entre enanos y un gigante. Todas estas empresas tienen a su haber tecnología y equipos profesionales del más alto nivel, frente a comunidades que reclamamos derechos, pero que no tenemos las mismas condiciones para poder tener una conversación horizontal.
Este es el problema grueso en cada una de las comunidades que han sido intervenidas, si bien es cierto cada una tiene un mismo discurso para la defensa de sus derechos, no es posible que sean escuchadas desde la perspectiva de esta fundamentación, porque faltan todos esos antecedentes de apoyo. Desde ese punto de vista estas sistematizaciones significan un buen antecedente que está entregando para poder conversar con más argumentos en cada una de las disputas que se producen en las diferentes comunidades.
- ¿Qué importancia atribuye a la sistematización de casos de los que se da cuenta en el libro sobre la gran minería en el norte de Chile que será lanzado en el marco del seminario?
Para todo el norte de Chile, en especial para las comunidades aymaras y quechuas, es importante que se pueda tener material escrito sobre los casos que han venido ocurriendo en los últimos años respecto a la intervención de la actividad minera en nuestros territorios. Eso es lo fundamental, nos parece bien que se puedan ir acotando las realidades que se están viviendo en estos sectores, pues hay situaciones que han sido muy complicadas y decepcionantes para nuestras comunidades.
Este libro, además, de cuenta de algunos aspectos básicos como qué significa la relación del ser humano y del hombre con la naturaleza, bajo la mirada de los indígenas, es decir, su cosmovisión y la equivalencia entre el hombre y la naturaleza, dos conceptos que son diferentes. Ahí radica el tema de la discusión.
Para los empresarios mineros, en cambio, la tierra es un objeto del que sacan y sacan recursos, generándose los mejores dividendos a cuenta de la naturaleza. En circunstancias que para los indígenas ella es un ser vivo con quien convivimos, por tanto, estamos seguros que debemos cuidarla para que las futuras generaciones puedan mantener un lazo sano de convivencia en estos territorios.
- ¿Nota algún cambio con la implementación del Convenio N° 169 de la OIT?
En el caso del norte, todavía no, pues frente al Convenio 169, a pesar de que existe una mirada sobre su fuerza como instrumento legal, ello no se ha materializado en cuestiones concretas. Falta mucha capacitación y empezar a enfrentar estos hechos con esta nueva legislación internacional a la que se ha obligado Chile, para que se pueda ir sentando jurisprudencia al tenor de los casos que se han ido asumiendo.
Creo que eso está faltando aún, y en los próximos meses se van a iniciar algunos procesos por la necesidad de echar a andar este sistema. Los resultados no los podemos predecir, pero es un proceso que tiene que ir ascendiendo.
- ¿Cuál es la evaluación que haces sobre la relación entre las comunidades y el estado en este último tiempo?
La relación no ha variado mucho. Siempre se está hablando de la necesidad de incorporar a las comunidades dentro de un proceso nacional mayor, integrándolas o incorporándolas. Pero cuando hablamos de esa manera, estamos frente a un punto de partida equívoco, desde la negación de la cosmovisión indígena.
- ¿Qué faltaría para mejorar esta situación?
Hay mucho que trabajar y discutir para hacer entender a las autoridades del gobierno y al estado, que ese no es el camino. Hay que cambiar rumbo y tratar de que la gente sea capaz de entender estas otras miradas; cambiar las políticas de desarrollo y de participación, con información y consulta de buena fe.
Hoy no están dadas las condiciones para que el estado y el sector privado mejoren sus relaciones con los pueblos indígenas, pues hay mucha desconfianza del lado de las comunidades, ya que existen discursos y detalles que entorpecen los diálogos y el mejoramiento de las relaciones. Mientras eso no cambie, creo que este tema tendrá para mucho tiempo y va a depender de los representantes indígenas el seguir haciendo entender a las autoridades la mirada que debe existir, respetando los derechos de los pueblos originarios establecidos en el Convenio 169 de la OIT.
Por Comunicaciones Observatorio Ciudadano
27 de octubre de 2010
El objetivo del encuentro es analizar los desafíos que enfrentan hoy los pueblos indígenas del norte y las herramientas con las que cuentan para defender sus recursos naturales y culturales ante la masiva expansión de actividades mineras, geotérmicas y modelos de desarrollo económico que afectan sus territorios, considerando además la estrecha relación que existe entre los Pueblos Originarios del Abyayala y la madre tierra.
Entre las actividades previstas, se encuentra también el lanzamiento del libro “La gran minería y el derecho de los indígenas en el norte de Chile”, de la abogada y co directora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yánez, y del doctor en geografía, Raúl Molina, también miembro de dicha organización no gubernamental de promoción, investigación y defensa de derechos humanos.
- ¿Cuál es la situación actual que enfrentan las comunidades aymaras y quechua del norte país frente a la expansión minera?
La situación actual pasa fundamentalmente por una disputa, una pelea muy desequilibrada entre enanos y un gigante. Todas estas empresas tienen a su haber tecnología y equipos profesionales del más alto nivel, frente a comunidades que reclamamos derechos, pero que no tenemos las mismas condiciones para poder tener una conversación horizontal.
Este es el problema grueso en cada una de las comunidades que han sido intervenidas, si bien es cierto cada una tiene un mismo discurso para la defensa de sus derechos, no es posible que sean escuchadas desde la perspectiva de esta fundamentación, porque faltan todos esos antecedentes de apoyo. Desde ese punto de vista estas sistematizaciones significan un buen antecedente que está entregando para poder conversar con más argumentos en cada una de las disputas que se producen en las diferentes comunidades.
- ¿Qué importancia atribuye a la sistematización de casos de los que se da cuenta en el libro sobre la gran minería en el norte de Chile que será lanzado en el marco del seminario?
Para todo el norte de Chile, en especial para las comunidades aymaras y quechuas, es importante que se pueda tener material escrito sobre los casos que han venido ocurriendo en los últimos años respecto a la intervención de la actividad minera en nuestros territorios. Eso es lo fundamental, nos parece bien que se puedan ir acotando las realidades que se están viviendo en estos sectores, pues hay situaciones que han sido muy complicadas y decepcionantes para nuestras comunidades.
Este libro, además, de cuenta de algunos aspectos básicos como qué significa la relación del ser humano y del hombre con la naturaleza, bajo la mirada de los indígenas, es decir, su cosmovisión y la equivalencia entre el hombre y la naturaleza, dos conceptos que son diferentes. Ahí radica el tema de la discusión.
Para los empresarios mineros, en cambio, la tierra es un objeto del que sacan y sacan recursos, generándose los mejores dividendos a cuenta de la naturaleza. En circunstancias que para los indígenas ella es un ser vivo con quien convivimos, por tanto, estamos seguros que debemos cuidarla para que las futuras generaciones puedan mantener un lazo sano de convivencia en estos territorios.
- ¿Nota algún cambio con la implementación del Convenio N° 169 de la OIT?
En el caso del norte, todavía no, pues frente al Convenio 169, a pesar de que existe una mirada sobre su fuerza como instrumento legal, ello no se ha materializado en cuestiones concretas. Falta mucha capacitación y empezar a enfrentar estos hechos con esta nueva legislación internacional a la que se ha obligado Chile, para que se pueda ir sentando jurisprudencia al tenor de los casos que se han ido asumiendo.
Creo que eso está faltando aún, y en los próximos meses se van a iniciar algunos procesos por la necesidad de echar a andar este sistema. Los resultados no los podemos predecir, pero es un proceso que tiene que ir ascendiendo.
- ¿Cuál es la evaluación que haces sobre la relación entre las comunidades y el estado en este último tiempo?
La relación no ha variado mucho. Siempre se está hablando de la necesidad de incorporar a las comunidades dentro de un proceso nacional mayor, integrándolas o incorporándolas. Pero cuando hablamos de esa manera, estamos frente a un punto de partida equívoco, desde la negación de la cosmovisión indígena.
- ¿Qué faltaría para mejorar esta situación?
Hay mucho que trabajar y discutir para hacer entender a las autoridades del gobierno y al estado, que ese no es el camino. Hay que cambiar rumbo y tratar de que la gente sea capaz de entender estas otras miradas; cambiar las políticas de desarrollo y de participación, con información y consulta de buena fe.
Hoy no están dadas las condiciones para que el estado y el sector privado mejoren sus relaciones con los pueblos indígenas, pues hay mucha desconfianza del lado de las comunidades, ya que existen discursos y detalles que entorpecen los diálogos y el mejoramiento de las relaciones. Mientras eso no cambie, creo que este tema tendrá para mucho tiempo y va a depender de los representantes indígenas el seguir haciendo entender a las autoridades la mirada que debe existir, respetando los derechos de los pueblos originarios establecidos en el Convenio 169 de la OIT.
mercredi 27 octobre 2010
Puelmapu: Policía de Viedma asesina a joven mapuche por la espalda
Cuanto todavía no cerraron las heridas por la Masacre de Bariloche, los uniformados rionegrinos se cobraron otra víctima: Guillermo Trafiñanco. Ser pibe, pertenecer a los sectores populares y de condición mapuche, se torna cada vez más riesgoso en la provincia argentina. El crimen se produjo en Viedma, la capital de la provincia argentinas de Río Negro.POR ADRIAN MOYANO
Fuente: Azkintuwe
En la provincia argentina de Río Negro, ser joven, habitante de los barrios populares y mapuche, convierte a los poseedores de esas cualidades en automático blanco de la Policía. El último fin de semana, Guillermo Trafiñanco dejó de existir como consecuencia de un balazo policial que ingresó por su espalda. La similitud con los sucesos que tuvieron lugar en Bariloche el 17 de junio es demasiada como para insistir con la hipótesis de los “loquitos”, la poca capacitación de los efectivos o las armas que funcionan mal: estamos frente a una política gubernamental.
Para Hugo Aranea, referente del Consejo Asesor Indígena (CAI) Zona Atlántica, no hay duda alguna. “Puede decirse que esta política que viene llevándose a cabo hace varios años, de concentración de la riqueza en unos pocos que se van haciendo cada vez más ricos, no se puede sostener si no es con aparato represivo como el que hay”. El crimen que todavía duele se produjo en Viedma, la capital provincial. La familia de Guillermo reside en el barrio Lavalle, que reaccionó con indignación ante la muerte. El pibe contaba apenas con 16 años.
Con el correr de las horas, el repudio se hizo unánime. “Lo que expresa la mayoría de la gente de los barrios y de las organizaciones sociales es una profunda indignación y preocupación por esta situación. Ya no es una cuestión puntual, son hechos sistemáticos de la política y de la Policía de Río Negro”. Para quienes residan fuera de la jurisdicción argentina, digamos a raíz de la estructuración federal del Estado, cada provincia mantiene su fuerza policial.
El 17 de junio último, otro efectivo de la rionegrina ultimó a Diego Bonefoi, en este caso en Bariloche. En el marco de las reacciones populares que siguieron a ese asesinato, perdieron su vida otros jóvenes vecinos del Alto de la ciudad: Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. Sobre los autores materiales de los dos últimos crímenes, todavía nada se sabe. Y los responsables políticos no se dan por aludidos.
Foja de servicios intachable
Silvano Meza, el agente policial que ultimó a Trafiñanco, ya tenía antecedentes violentos. “Sí, es lo que se va conociendo a medida que pasan las horas. Es cierto, este policía que asesinó a Guillermo Trafiñanco tenía otras dos causas por lo mismo: maltrato y violencia con los pibes...
Acá estuvo la tercera y la vencida: llevándose la vida de un pibe. Nosotros participamos con los familiares de una reunión con el ministro de Gobierno, el señor (Diego) Larreguy. Le planteamos esta visión, más allá del dolor de la familia, porque los hechos de violencia contra los pibes de los barrios, contra los pibes pobres y contra los mapuches son permanentes y de forma diaria. Inclusive, en la medida que uno va conociendo más detalles, se da cuenta de hasta dónde llega esta criminalización y persecución contra los jóvenes. Las pericias que se estaban haciendo daban que lo habrían fusilado una vez que estaba en el piso, pegándole un tiro en la espalda. Prácticamente un tiro de fusilamiento”, describió Aranea, en conversación telefónico con Radio El Arka (Bariloche).
Después del asesinato de Trafiñanco, el gobierno rionegrino adoptó la misma conducta que puso en marcha cuatro meses atrás. “Parecería que estamos en manos de gente que no tiene ninguna gana de que esto se conozca. Es más, yo creo que hay una protección muy grande sobre los efectivos policiales que permanentemente hacen estas cuestiones. No solamente sobre los asesinatos que han provocado un impacto en la sociedad, porque siempre y sobre todo los fines de semana, vemos como los pibes de los barrios son golpeados y encarcelados, simplemente por ser del barrio, jóvenes y por ser mapuche.
La sensación que uno tiene es que esta es una política... Puede decirse que esta política que viene llevándose a cabo hace varios años, de concentración de la riqueza en unos pocos que se van haciendo cada vez más ricos, no se puede sostener si no es con un aparato represivo como el que hay. Y no se puede sostener un aparato represivo como este si no hay al frente decisiones o funcionarios que estén convencidos de que hay que llevar adelante esta política. Lo dijimos en la reunión con el ministro: no estamos frente a un hecho policial o judicial… Estamos frente a un hecho político, que es parte de la política que se lleva adelante en la provincia de Río Negro”.
Si puede encontrarse un aspecto positivo en el marco del inmenso drama, es que la sociedad de Viedma no está inerme frente a los atropellos del poder político y su brazo armado. “Por otras razones, ya hace un tiempo que venimos funcionando en una especie de multisectorial permanente. Acá hay como dos sectores grandes, por un lado, las redes barriales conformadas por gente que trabaja en la salud y agrupan a los barrios y por otro lado, el Foro por una Vida Digna, que ha nucleado a un montón de organizaciones por temas como tierra, vivienda...
Hace pocos días tuvimos una asamblea masiva con todas las organizaciones para tratar el tema del proyecto sojero que acaba de firmar el señor (Miguel) Saiz (gobernador de Río Negro) con los capitales chinos, o sea, hay un funcionamiento de casi todas las organizaciones juntas. Ahora, nos hemos convocado frente a este hecho y obramos rápidamente, hemos acompañado a la familia... También hicimos una asamblea en el Concejo Deliberante y programamos una concentración en la Escuela 309 del barrio Lavalle, que es donde mataron a Guillermo. De ahí, pensamos ir al centro de la ciudad reclamando justicia y que se pare la represión contra los pibes en el barrio”, señaló el referente del CAI.
Respuesta endeble
La intensa movilización ciudadana contrasta con los balbuceos del poder político. “El ministro de Gobierno asumió los compromisos con la familia que indudablemente no podía evitar, pero la verdad que daba lástima y bronca: ver a un ministro de Gobierno sin absolutamente nada que decir frente al planteo de la madre... Daba la sensación de encontrarse frente a un tipo que no era capaz de tomar ninguna resolución. Después, uno hace un análisis político y ve que en ningún momento hubo ni un atisbo de autocrítica... Dicen que sí, que bueno, que hay cosas que no se están haciendo bien y que algo van a hacer...”.
Pero la historia se repite demasiado a menudo en Río Negro. “Este tipo de cosas no son hechos aislados, la Policía que mata a los pibes no es porque justo estaban desequilibrados, nerviosos o apretados... No, han matado a sangre fría... Uno ve que estas son políticas adoptadas por la Policía y que la llevan adelante precisamente los efectivos que están en los barrios. Ninguno recibe la condena ni castigo que se merece y desde el poder político se mira para otro lado.
Nosotros le planteamos que aparte de la renuncia de él (Larreguy) le pedíamos la renuncia de (Víctor) Cufré (secretario de Seguridad) que estaba al lado de él y bueno, no acusan recibo de nada. Muchísimos de nosotros, que venimos participando desde los barrios, organizaciones sociales e indígenas, hemos pasado por muchas de esta situaciones y lamentando la muerte de nuestros pibes por esta Policía. Es una cuestión sistemática a través del tiempo que asesina a los pibes nuestros”. No puede quedar margen para la impunidad.
Continúan el Rechazo a la invasión de la Transnacional ENDESA en Neltume
ALARMA ANTE LO QUE DENOMINAN UN NUEVO PUNTA CHOROS / En los últimos días, la empresa multinacional hidroeléctrica ENDESA (ESPAÑA-ITALIA) ha manifestado en diversos órganos de difusión su intención de dar inicio a explosiones y faenas de construcción de la polémica y autodenominada Central Hidroeléctrica Neltume.
Gentileza: Puelche Comunicaciones
EL FRENTE AMBIENTALISTA DE PANGUIPULLI FRENTE A LOS RECIENTES ANUNCIOS DE ENDESA ESPAÑA-ITALIA
ALARMA ANTE UN NUEVO PUNTA CHOROS
En los últimos días, la empresa multinacional hidroeléctrica ENDESA ESPAÑA-ITALIA ha manifestado en diversos órganos de difusión su intención de dar inicio a explosiones y faenas de construcción de la polémica y autodenominada Central Hidroeléctrica Neltume.
Este discutido proyecto ha encontrado el rotundo rechazo de toda las organizaciones y de la ciudadanía conciente e informada de Panguipulli, comuna que cuenta con más de 35.000 habitantes, y es la Principal Reserva Hídrica de Chile y Destino Siete Lagos, en la hermosa región, llamada –¿irónicamente?- Región de los Ríos.
La mayoría de los habitantes de nuestra comuna son mapuches o de origen mapuche, y la abrumadora mayoría de las 150 comunidades de la zona han manifestado su oposición tajante a la construcción de nuevas centrales en su territorio.
Uno de los aspectos más cuestionados es que el túnel de descarga destruiría irremediablemente el espacio sagrado del Nguillatún, lo que constituye una profanación.
La empresa ha hecho al menos dos intentos de iniciar faenas en los últimos días, lo que ha sido impedido por los comuneros.
Frente a ello, el FAP llama a toda la ciudadanía de la Región y del país a detener de manera definitiva estos megaproyectos destructivos propios de épocas pasadas.
Solicitamos del presidente Piñera que aplique la misma diligencia que demostró en el caso Punta de Choros, revocando este descabellado proyecto, en una región de cultura indígena, que es un modelo piloto de desarrollo armónico, con bosque, agua, interculturalidad, diversidad biológica, reconocido a nivel internacional.
FRENTE AMBIENTALISTA DE PANGUIPULLI -VIDA EN LA TIERRA (FAP-MONGEN MAPU)
PANGUIPULLI RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA,
20 de octubre de 2010
Información relacionada
La Invasión Hidroeléctrica: / http://www.youtube.com/watch?v=Qb5aXlUpJ0g
Chile tiene alrededor de 60 denuncias internacionales vigentes
por YAEL SCHNITZER
Fuente: El Mostrador
Con más de siete años de retraso, el Estado de Chile –en aquel tiempo gobernado por la Concertación– entregó el 2009, el último informe sobre discriminación racial a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pero el atraso de Chile en esta materia no se queda en los informes, porque el proyecto de Ley contra la discriminación racial –enviado al parlamento el 2005– sigue estancado. Es decir, en nuestro país no existe la garantía legal de no ser discriminado y esta falencia se puede observar en diversas demandas que tiene el Estado, como el caso de la jueza Karen Atala –que hoy está frente a la Corte Interamericana de DD.HH.– a quien se le quitó la tuición de sus hijas por ser lesbiana.
Pero quizás, más preocupante que el atraso de Chile en la entrega del informe, son los comentarios que hace el comité de las Naciones Unidas frente a este, porque además de recomendar intensificar los esfuerzos para la adopción del proyecto de ley contra la discriminación racial, “El Comité observa con preocupación las alegaciones sobre abusos y violencia ejercida por parte de los carabineros contra miembros del pueblo Mapuche, en el contexto de allanamiento y otras operaciones policiales” y finalmente pide revisar la Ley Antiterrorista, algo que se hizo recientemente, tras la huelga de hambre de los comuneros Mapuche. Sin embargo, esta reforma es estudiada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, quien se reunirá con la Comisión Interamericana a fin de mes y esclarecerán si los cambios son suficientes, para cumplir con los estándares internacionales.
DEMANDAS Y DENUNCIAS CONTRA EL ESTADO DE CHILE
En Chile, existen 11 Convenciones Internacionales de DD.HH. vigentes, y es deber del Estado poder dar cumplimiento a todas ellas. Pero cuando en el país se han vulnerado derechos humanos contenidos en la Convención, la persona o grupo afectado, debe agotar todos los recursos internos para obtener justicia y en caso de que no lo logre, ahí acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentando una denuncia sobre el caso. La abogada de Corporación Humanas, Helena Olea, afirma que la última vez que revisó en la CIDH, “había alrededor de 60 casos activos contra el Estado de Chile”.
Los casos en la CIDH, involucran al poder judicial y a Carabineros de Chile, entre otros organismos del Estado, y tratan temas de discriminación, despidos infundados, aplicación indebida de la Ley Antiterrorista, violaciones a la libertad de expresión y principalmente, la vulneración de las garantías judiciales. El abogado experto en materia de derechos humanos, y director del Centro de DD.HH. de la UDP, Jorge Contesse, afirma que: “Cuando son muchas las demandas, eso te indica que a nivel interno los países no están proveyendo de instrumentos judiciales para poder garantizar y tutelar los derechos de las personas”.
Las denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana, se pueden convertir en demandas contra el Estado de Chile, si éste no sigue las recomendaciones que la Comisión hace frente al caso y esto es justamente lo que ocurrió con el caso de la Jueza Atala. La primera demanda que tuvo Chile, frente a la Corte IDH, fue por el caso “La última tentación de cristo” el 2001, sobre la base de la libertad de expresión. Existen tres casos más presentados posteriormente en la Corte, de los cuales dos están vigentes y se encuentran en estado de seguimiento de la sentencia.
Aunque hay que agregar el caso de la jueza Karen Atala, que aún no ha sido notificado. La Cancillería explicó que: “Las demandas han versado, esencialmente, sobre garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, y protección judicial, artículos 8, 13 y 25 del Pacto de San José, respectivamente”.
En estas instancias, quien representa al Estado de Chile es la Dirección de DD.HH. de la Cancillería, donde su director –el abogado Miguel Ángel González – tiene calidad de agente del Estado y es él quien litiga estos casos, coordinándose con los distintos organismos dentro de la administración del Estado, que sean pertinentes.
Helena Olea, es una de los abogados de Karen Atala y afirma que “la Cancillería tiene temas en los que está atada de manos” y lo dice por la actitud que ha tenido la Corte Suprema, quien “argumentando la independencia del poder judicial, se resta y no participa en las mesas de trabajo que hace el gobierno”, en referencia al caso Atala, donde la Corte se negó a participar en aquella instancia. A la vez, la abogada afirma que: “Todos los casos que han llegado a la Corte IDH, se originan en decisiones de la Corte Suprema… Aquí claramente hay un problema en la administración de justicia que está llegando a decisiones que son violatorias de derechos”.
Pero Chile no sólo ha recibido denuncias y demandas internacionales de la CIDH y la Corte IDH. La Organización de las Naciones Unidas, entregó el año pasado recomendaciones para proteger los Derechos Humanos en nuestro país, tras el informe que entregó Chile. Los temas más delicados eran: La Ley Antiterrorista, la Justicia Militar, los abusos cometidos por Carabineros, la discriminación y las condiciones carcelarias.
CARABINEROS ESTÁ EN FALTA
El comité contra la tortura de la ONU, en su examen del informe presentado por Chile el 2009, hace varias recomendaciones, dentro de las que destacan la modificación del Código de Justicia Militar y el control de las fuerzas policiales. “Al Comité le preocupa que sigan recibiéndose alegaciones de delitos graves cometidos por agentes policiales en el desarrollo de sus funciones y lamenta las restricciones legales a la publicidad de tales actos en la actualidad, lo cual contribuye a que esos delitos permanezcan impunes”, explica el informe de la ONU y agrega que las reformas legislativas son necesarias para el control de las fuerzas policiales, con el fin de que los actos contrarios a la Convención no permanezcan impunes y que la investigaciones “sean efectivas y transparentes”.
La preocupación de las Naciones Unidas, tiene que ver con el hecho de que entre el 2006 y el 2008, se presentaron 730 reclamos a Carabineros por malos tratos, de los cuales 383 corresponden a agresiones y 347 a violencia innecesaria, según el Informe anual sobre DD.HH. en Chile 2009 –elaborado por el Centro de DD.HH. de la UDP. Pero lo más impactante de este informe, es que un 78% de estos reclamos son rechazados o desestimados en las investigaciones internas de Carabineros, sólo en un 11% de los casos se toman “medidas disciplinarias”, en un 9% se produce desistimiento y en un 2% se hace un llamado de atención. Esto significa que Carabineros se autofiscaliza y sale en un 78% de los casos, con las manos limpias.
Los abusos cometidos por Carabineros en las protestas sociales ha sido excesiva, y el informe de DD.HH. de la UDP, afirma frente a esto que “una de las denuncias que la sociedad civil ha hecho sentir con mayor fuerza apunta a los abusos en que incurren las fuerzas policiales, que van desde detenciones ilegales a violencia innecesaria, aun con casos de muerte” y todo esto sucede en un Estado, que tiene el deber de cuidar la seguridad de los ciudadanos que se manifiestan, algo que claramente no se está cumpliendo.
Pero los problemas de Carabineros de Chile, no sólo se encuentran en su relación con los civiles, sino que también existen en su interior. Cuando a la abogada Olea, de Corporación Humanas, se le pregunta si Carabineros es una institución machista su respuesta es rotunda: “Evidentemente que sí. Carabineros ha tenido prácticas y políticas que claramente discriminan contra la mujer. Esto ha dado origen a muchos casos, por ejemplo el que nosotros representamos, de una mujer carabinero que fue investigada por que se sospechaba que era lesbiana”, atentando contra la honra y dignidad de esta carabinera, al allanar su morada e inmiscuirse en su vida privada y familiar. Este caso fue presentado a la CIDH, donde se logró una solución amistosa entre Carabineros y la afectada, el 2008.
La discriminación por parte de Carabineros no sólo es hacia la mujer, el abogado Jorge Contesse, afirma que “se han documentado situaciones de acoso por parte de Carabineros, en contra de personas de orientación sexual diversa”. Pero también existen otros tipos de casos, como el de Eduardo Perales Martines (ex capitán), presentado ante la CIDH, quien fue desvinculado de Carabineros en 1999 al hacer un chiste crítico sobre la institución, vulnerando su derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y a las garantías judiciales. El informe de la CIDH explicaba: “El chiste se refería a la distribución de recursos para el personal de Carabineros como ‘el sesenta y pico: sesenta por ciento para los oficiales y pico para el resto”.
Además de la vulneración de los derechos mencionados, Carabineros ha violado el derecho de todas las personas al acceso a la información, porque como afirma el informe de DD.HH. de la UDP: “Amparándose en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, las páginas Web de las ramas de la Defensa Nacional y Carabineros publicaron de manera parcial la información exigida por la ley, no dando a conocer la lista de sus funcionarios de planta ni remuneraciones”, algo contrario a la Ley de Acceso a la Información que sólo establece la reserva cuando existe una ley de quórum calificado que declare la información reservada o secreta, cosa que no sucede en este caso.
CONDICIONES CARCELARIAS
En Chile existe un 55% de sobrepoblación en las cárceles, porque la capacidad del sistema penitenciario es de 31.576 personas y hay más de 17 mil personas fuera de la capacidad real, como afirma el Informe Anual sobre DD.HH. en Chile 2009. Este informe utiliza datos de Gendarmería de Chile, donde se afirma que son más de 23 centros (de 101) los que albergan el doble de internos que deberían, e incluso hay recintos donde la sobrepoblación alcanza casi el 400% como el de Peumo.
Frente a esta situación, el comité contra la tortura de las Naciones Unidas, en su informe 2009, afirma que “le preocupan las informaciones recibidas sobre la persistencia de deficiencias en los centros penitenciarios, particularmente en lo relativo a las condiciones materiales, el hacinamiento y los abusos y sanciones injustificadas en la aplicación del régimen disciplinario”.
A la vez, la Relatoría sobre Derechos de Personas Privadas de Libertad (visita 2008) concluye lo siguiente: “Un uso excesivo e innecesario de la fuerza y de los castigos, una práctica sistemática de malos tratos físicos por parte del personal de Gendarmería y el uso de medidas de aislamiento en condiciones infrahumanas” y “una práctica generalizada de registros corporales denigrantes y humillantes a las visitas, particularmente a mujeres y niñas”, como se expresa en el Informe anual sobre DD.HH. en Chile 2009. Situación que está lejos de cumplir con los estándares internacionales en esta materia.
DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS DE LA MUJER
Chile no ha ratificado el protocolo facultativo de la Convención, para la eliminación de la discriminación racial y la razón de esto, es que “Chile sabe que ese es un punto débil y que si lo ratifica, van a existir un número importante de peticiones relativas a discriminación que aún persisten, incluso en las normas”, como afirma Helena Olea, abogada de Corporación Humanas. La discriminación en Chile está repartida en organismos e instituciones y no sólo afecta a los pueblos originarios, porque también las mujeres y las personas con orientación sexual diversa, son diariamente discriminadas.
Corporación Humanas, un centro regional de DD.HH. y justicia de género, ve con preocupación la continua discriminación que sufre la mujer en Chile, donde algo tan usual en nuestro país, como el matrimonio bajo sociedad conyugal, no pasa los estándares mundiales, al dejar la administración de todos los bienes al marido, sin que la mujer participe en el proceso. Helena Olea cree que Chile está atrasado en este tema porque “se ha demorado en llevar a cabo reformas legislativas reconociendo la plena igualdad entre hombres y mujeres”. Esto ha llevado a la presentación de diversos casos frente a la CIDH por parte de dicha Corporación, como “el caso de una mujer que no pudo vender sus bienes propios y los que había heredado, por estar casada en sociedad conyugal, el caso de una joven mujer que fue expulsada del colegio por su orientación sexual y el caso de Karen Atala”, como afirma Olea.
Todos estos hechos ponen a Chile en falta con la comunidad internacional y Sebastián Piñera, en miras a la postulación al Consejo de DDHH de la ONU, ya ha tomado cartas en el asunto: el acuerdo alcanzado con los Mapuches y la modificación de la Ley Antiterrorista; la visita histórica de Piñera a la ex penitenciaría –es el primer jefe de Estado que lo hace – junto al anuncio de 11 medidas para mejorar las condiciones carcelarias; y la intención del gobierno de modificar el régimen de sociedad conyugal, donde se enviará a fines de esta semana, un proyecto que le otorgará mayores atribuciones a la mujer, son prueba de ello.
Llaman a observadores internacionales para el juicio oral contra PPM del conflicto territorial de la zona de Lleu-Lleu
Dejamos claro que aun no están dadas todas las garantías para un Juicio Justo y que la huelga de hambre llevada adelante dignamente por los presos políticos mapuche, significó sólo el primer paso, por lo que no debemos desmovilizarnos, reiteramos que solo la lucha de nuestras comunidades, el acompañamiento de quienes solidarizan con nuestra justa causa y la presencia de observadores en cada uno de los Juicios, permitirá acercarnos aun más a dicho objetivo...
Wallmapu, 25 de Octubre 2010
Solicita observadores internacionales para próximo Juicio Oral (8 de Noviembre) contra Presos Políticos Mapuche del Conflicto Territorial de la zona del Lago LLeu-LLeu.
Hermanos y hermanas de Pueblos Originarios.
Sres. Sras.
Organizaciones sociales y populares solidarias.
Organizaciones No-Gubernamentales (ONG)
Organizaciones Internacionales de defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Parlamentarias y parlamentarios:
Somos familiares de Presos Políticos Mapuche, encarcelados por el Estado Chileno en las cárceles de Lebu, Concepción y Temuco.
Nuestros familiares responden a distintos procesos de recuperación territorial de comunidades mapuche, en la zona de conflicto del lago Lleu LLeu, en virtud de los cuales se han involucrado en la lucha de nuestro pueblo.
En este mismo contexto nuestras casas y comunidades han sido allanadas por la policía chilena, en múltiples ocasiones, maltratando y causando terror en nuestras familias, llevándose detenidos a nuestros hijos, esposos, padres y hermanos.
LEY ANTITERRORISTA
Por el sólo hecho de ser mapuche, los fiscales han invocado la Ley Antiterrorista, en las Audiencias de Formalización (primeras audiencias), pero no ha sido sólo el Ministerio Publico, a través de sus fiscales, quienes solicitan su aplicación, si no que es el propio Gobierno Chileno, en este caso, a través de la Gobernación Provincial de Arauco.
En relación a lo anterior, cuando se ha asesinado a un mapuche el Gobierno Chileno jamás se ha querellado en contra de quienes resulten responsables.
En el mes de Enero de este año, en el Juzgado de Garantía de Cañete, el Ministerio Publico llevo adelante la REFORMALIZACION de las causas por un total de nueve (9) delitos terroristas (amenazas, incendios, emboscada, asociación ilícita terrorista, etc.), involucrando a cerca de 20 comuneros mapuche.
Denunciamos que la aplicación de la Ley Antiterrorista en el procesamiento de los presos políticos mapuche del Conflicto de Choque y LLeu Lleu, ha implicado arbitrariedades, faltas de garantías y violaciones al debido proceso, tales como:
• SECRETO DE LA INVESTIGACIÓN durante casi todo el proceso, que impidió el derecho a la defensa.
• 1 AÑO Y 6 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA, es decir, durante todo el proceso para la mayoría de los imputados, no respetando la presunción de inocencia, supuestamente, garantizada por el actual sistema judicial chileno y violando derechamente el Convenio 169 de la OIT (Art. 10).
• 36 TESTIGOS “SIN ROSTRO” O SECRETOS, es decir, testigos que no se sabe si son reales o inventados, si tienen alguna animadversión en contra de los imputados, muchos de los cuales son instrumentalizados por la policía y fiscales.
• CONDENAS DE MAS DE 50 AÑOS: La aplicación de la Ley Antiterrorista significara, en definitiva, una condena mayor que bajo la Ley Penal Común. Anexo listado de comuneros que arriesgan las penas más altas:
1) Héctor Llaitul Carrillanca; Cárcel de Concepción; arriesga penas de 103 años en Justicia Civil y 25 años en justicia militar.
2) Marco Millanao Mariñan; Cárcel de Temuco; arriesga penas de 77 años en Justicia Civil.
3) Ramón Llanquileo Pilquiman; Cárcel de Concepción; arriesga penas de 65 años en Justicia Civil y 11 años en justicia militar.
4) José Huenuche Reiman; Cárcel de Concepción; arriesga penas de 52 años en Justicia Civil y 11 años en justicia militar.
5) Luis Menares Chanilao; Cárcel de Concepción; arriesga penas de 52 años en Justicia Civil y 11 años en justicia militar.
6) Jonathan Huillical Mendez; Cárcel de Concepción, arriesga penas de 52 años en Justicia Civil y 11 años en justicia militar.
7) Carlos Muñoz Huenuman; Cárcel de Lebu; arriesga penas de 50 años en Justicia Civil.
8) Juan Parra Leiva; Cárcel de Lebu; arriesga penas de 50 años en Justicia Civil
• VIOLACIONES A LOS DDHH: Además, el procesamiento a través de Ley Antiterrorista ha traído consigo una serie de violaciones a los derechos humanos tales como, torturas, presiones indebidas, hostigamiento a familiares, secuestros,
etc.
El Caso Poluco Pidenco es una muestra de ello, en donde varios comuneros mapuche fueron condenados a 10 años por Incendio Terrorista. Por este caso el Estado Chileno fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los abogados Alberto Espinoza y Miriam Reyes, encontrándose actualmente en proceso.
JUSTICIA MILITAR Y DOBLE JUZGAMIENTO
Es el caso de varios presos políticos mapuche, pese a que Chile ya fue condenado por este motivo por la Corte Interamericana de DDHH (Caso Palamara - 2005). Aún más en Chile, se ha continuado juzgando civiles bajo la Justicia Militar, cuestión que solo se revelo con la huelga de hambre de los presos políticos mapuche.
Pero la aberración jurídica más grande la ha constituido el doble juzgamiento al que están sometidos cinco presos políticos mapuche del Proceso de Recuperación Territorial de Choque (recluidos en Cárcel de Concepción) quienes, por un mismo hecho, están siendo procesados por la justicia civil y por la militar al mismo tiempo (ver arriba).
Contrario a lo anterior los asesinos de comuneros mapuche, son juzgados por sus propios pares, quedando siempre en libertad y/o cumpliendo con penas que son una burla para las familias de las victimas. Junto con esto los apremios ilegítimos y torturas hacia comuneros mapuche imputados u obligados a ser “testigos secretos” quedan también en la mas absoluta impunidad puesto que el Ministerio Público siempre se declara incompetente dejando dichos delitos en manos de la aún vigente Justicia Militar Chilena.
Por último, denunciamos que Chile es el país que tiene la mayor cantidad de presos políticos, miembros de un pueblo originario, lo que da cuenta del nivel de discriminación y racismo que aún prevalece en este país, quien ha hecho caso omiso a los compromisos y recomendaciones internacionales durante todos estos años.
Todo lo anterior da cuenta clara de que nuestros
familiares prisioneros, están frente a un juzgamiento político que responde a la defensa de grandes intereses económicos (latifundios,
hidroeléctricas, mineras, forestales, etc.) lo que hace muy difícil nuestra tarea, pues estamos en total desigualdad de condiciones.
Por todo lo anterior solicitamos:
La presencia de observadores durante el juicio que se desarrollará a partir del 8 de Noviembre del año en curso en el Tribunal de Juicio Oral de la ciudad de Cañete (Provincia de Arauco, Región del Bio Bio), única forma de poder transparentar esta etapa del proceso judicial y con ello lograr estándares adecuados que permitan a nuestro pueblo estar en igualdad de condiciones ante la Ley que los propios winkas nos han impuesto.
Como es de conocimiento público hace unos días acaba de terminar una larga huelga de hambre llevada a cabo por mas de 34 presos políticos mapuche en las diferentes cárceles del sur de este país solicitando, principalmente, la no aplicación de la Ley Antiterrorista, de la Justicia Militar y de “testigos secretos” como medios de prueba, cuyos logros legislativos y jurídicos fueron, en esta oportunidad:
a) Que el gobierno enviara un proyecto de Ley para modificar el Código de Justicia Militar, con el objeto de que esta no fuese aplicada a civiles, la cual fue aprobada por el Parlamento Chileno.
b) Que la Ley Antiterrorista no se aplicara a menores de edad.
c) Que se recalificara las querellas presentadas por el Gobierno por Ley Antiterrorista por delitos comunes, aludiendo “Razones de Estado y de Bien Común”, esperando que todos los demás entes del Estado Chileno actúen en la misma línea.
Dejamos claro que aun no están dadas todas las garantías para un Juicio Justo y que la huelga de hambre llevada adelante dignamente por los presos políticos mapuche, significó sólo el primer paso, por lo que no debemos desmovilizarnos, reiteramos que solo la lucha de nuestras comunidades, el acompañamiento de quienes solidarizan con nuestra justa causa y la presencia de observadores en cada uno de los Juicios, permitirá acercarnos aun más a dicho objetivo.
Esperando una pronta acogida, les saludan fraternalmente.
Familiares de Presos Políticos Mapuche
Contactos:
Natividad Llanquileo Pilquiman
Correo electrónico nllanquileo@gmail.com
Fono :(56)09 - 84633589
Lov Choque
Gladi Huenuman Liencura
Fono:(56)09 - 62 32 59 21 Lov Choque
Olga Viluñir Aguayo
Fono: 569- 85 35 67 12
Comunidad Pascual Coña
Wallmapu, 25 de Octubre 2010
Solicita observadores internacionales para próximo Juicio Oral (8 de Noviembre) contra Presos Políticos Mapuche del Conflicto Territorial de la zona del Lago LLeu-LLeu.
Hermanos y hermanas de Pueblos Originarios.
Sres. Sras.
Organizaciones sociales y populares solidarias.
Organizaciones No-Gubernamentales (ONG)
Organizaciones Internacionales de defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Parlamentarias y parlamentarios:
Somos familiares de Presos Políticos Mapuche, encarcelados por el Estado Chileno en las cárceles de Lebu, Concepción y Temuco.
Nuestros familiares responden a distintos procesos de recuperación territorial de comunidades mapuche, en la zona de conflicto del lago Lleu LLeu, en virtud de los cuales se han involucrado en la lucha de nuestro pueblo.
En este mismo contexto nuestras casas y comunidades han sido allanadas por la policía chilena, en múltiples ocasiones, maltratando y causando terror en nuestras familias, llevándose detenidos a nuestros hijos, esposos, padres y hermanos.
LEY ANTITERRORISTA
Por el sólo hecho de ser mapuche, los fiscales han invocado la Ley Antiterrorista, en las Audiencias de Formalización (primeras audiencias), pero no ha sido sólo el Ministerio Publico, a través de sus fiscales, quienes solicitan su aplicación, si no que es el propio Gobierno Chileno, en este caso, a través de la Gobernación Provincial de Arauco.
En relación a lo anterior, cuando se ha asesinado a un mapuche el Gobierno Chileno jamás se ha querellado en contra de quienes resulten responsables.
En el mes de Enero de este año, en el Juzgado de Garantía de Cañete, el Ministerio Publico llevo adelante la REFORMALIZACION de las causas por un total de nueve (9) delitos terroristas (amenazas, incendios, emboscada, asociación ilícita terrorista, etc.), involucrando a cerca de 20 comuneros mapuche.
Denunciamos que la aplicación de la Ley Antiterrorista en el procesamiento de los presos políticos mapuche del Conflicto de Choque y LLeu Lleu, ha implicado arbitrariedades, faltas de garantías y violaciones al debido proceso, tales como:
• SECRETO DE LA INVESTIGACIÓN durante casi todo el proceso, que impidió el derecho a la defensa.
• 1 AÑO Y 6 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA, es decir, durante todo el proceso para la mayoría de los imputados, no respetando la presunción de inocencia, supuestamente, garantizada por el actual sistema judicial chileno y violando derechamente el Convenio 169 de la OIT (Art. 10).
• 36 TESTIGOS “SIN ROSTRO” O SECRETOS, es decir, testigos que no se sabe si son reales o inventados, si tienen alguna animadversión en contra de los imputados, muchos de los cuales son instrumentalizados por la policía y fiscales.
• CONDENAS DE MAS DE 50 AÑOS: La aplicación de la Ley Antiterrorista significara, en definitiva, una condena mayor que bajo la Ley Penal Común. Anexo listado de comuneros que arriesgan las penas más altas:
1) Héctor Llaitul Carrillanca; Cárcel de Concepción; arriesga penas de 103 años en Justicia Civil y 25 años en justicia militar.
2) Marco Millanao Mariñan; Cárcel de Temuco; arriesga penas de 77 años en Justicia Civil.
3) Ramón Llanquileo Pilquiman; Cárcel de Concepción; arriesga penas de 65 años en Justicia Civil y 11 años en justicia militar.
4) José Huenuche Reiman; Cárcel de Concepción; arriesga penas de 52 años en Justicia Civil y 11 años en justicia militar.
5) Luis Menares Chanilao; Cárcel de Concepción; arriesga penas de 52 años en Justicia Civil y 11 años en justicia militar.
6) Jonathan Huillical Mendez; Cárcel de Concepción, arriesga penas de 52 años en Justicia Civil y 11 años en justicia militar.
7) Carlos Muñoz Huenuman; Cárcel de Lebu; arriesga penas de 50 años en Justicia Civil.
8) Juan Parra Leiva; Cárcel de Lebu; arriesga penas de 50 años en Justicia Civil
• VIOLACIONES A LOS DDHH: Además, el procesamiento a través de Ley Antiterrorista ha traído consigo una serie de violaciones a los derechos humanos tales como, torturas, presiones indebidas, hostigamiento a familiares, secuestros,
etc.
El Caso Poluco Pidenco es una muestra de ello, en donde varios comuneros mapuche fueron condenados a 10 años por Incendio Terrorista. Por este caso el Estado Chileno fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los abogados Alberto Espinoza y Miriam Reyes, encontrándose actualmente en proceso.
JUSTICIA MILITAR Y DOBLE JUZGAMIENTO
Es el caso de varios presos políticos mapuche, pese a que Chile ya fue condenado por este motivo por la Corte Interamericana de DDHH (Caso Palamara - 2005). Aún más en Chile, se ha continuado juzgando civiles bajo la Justicia Militar, cuestión que solo se revelo con la huelga de hambre de los presos políticos mapuche.
Pero la aberración jurídica más grande la ha constituido el doble juzgamiento al que están sometidos cinco presos políticos mapuche del Proceso de Recuperación Territorial de Choque (recluidos en Cárcel de Concepción) quienes, por un mismo hecho, están siendo procesados por la justicia civil y por la militar al mismo tiempo (ver arriba).
Contrario a lo anterior los asesinos de comuneros mapuche, son juzgados por sus propios pares, quedando siempre en libertad y/o cumpliendo con penas que son una burla para las familias de las victimas. Junto con esto los apremios ilegítimos y torturas hacia comuneros mapuche imputados u obligados a ser “testigos secretos” quedan también en la mas absoluta impunidad puesto que el Ministerio Público siempre se declara incompetente dejando dichos delitos en manos de la aún vigente Justicia Militar Chilena.
Por último, denunciamos que Chile es el país que tiene la mayor cantidad de presos políticos, miembros de un pueblo originario, lo que da cuenta del nivel de discriminación y racismo que aún prevalece en este país, quien ha hecho caso omiso a los compromisos y recomendaciones internacionales durante todos estos años.
Todo lo anterior da cuenta clara de que nuestros
familiares prisioneros, están frente a un juzgamiento político que responde a la defensa de grandes intereses económicos (latifundios,
hidroeléctricas, mineras, forestales, etc.) lo que hace muy difícil nuestra tarea, pues estamos en total desigualdad de condiciones.
Por todo lo anterior solicitamos:
La presencia de observadores durante el juicio que se desarrollará a partir del 8 de Noviembre del año en curso en el Tribunal de Juicio Oral de la ciudad de Cañete (Provincia de Arauco, Región del Bio Bio), única forma de poder transparentar esta etapa del proceso judicial y con ello lograr estándares adecuados que permitan a nuestro pueblo estar en igualdad de condiciones ante la Ley que los propios winkas nos han impuesto.
Como es de conocimiento público hace unos días acaba de terminar una larga huelga de hambre llevada a cabo por mas de 34 presos políticos mapuche en las diferentes cárceles del sur de este país solicitando, principalmente, la no aplicación de la Ley Antiterrorista, de la Justicia Militar y de “testigos secretos” como medios de prueba, cuyos logros legislativos y jurídicos fueron, en esta oportunidad:
a) Que el gobierno enviara un proyecto de Ley para modificar el Código de Justicia Militar, con el objeto de que esta no fuese aplicada a civiles, la cual fue aprobada por el Parlamento Chileno.
b) Que la Ley Antiterrorista no se aplicara a menores de edad.
c) Que se recalificara las querellas presentadas por el Gobierno por Ley Antiterrorista por delitos comunes, aludiendo “Razones de Estado y de Bien Común”, esperando que todos los demás entes del Estado Chileno actúen en la misma línea.
Dejamos claro que aun no están dadas todas las garantías para un Juicio Justo y que la huelga de hambre llevada adelante dignamente por los presos políticos mapuche, significó sólo el primer paso, por lo que no debemos desmovilizarnos, reiteramos que solo la lucha de nuestras comunidades, el acompañamiento de quienes solidarizan con nuestra justa causa y la presencia de observadores en cada uno de los Juicios, permitirá acercarnos aun más a dicho objetivo.
Esperando una pronta acogida, les saludan fraternalmente.
Familiares de Presos Políticos Mapuche
Contactos:
Natividad Llanquileo Pilquiman
Correo electrónico nllanquileo@gmail.com
Fono :(56)09 - 84633589
Lov Choque
Gladi Huenuman Liencura
Fono:(56)09 - 62 32 59 21 Lov Choque
Olga Viluñir Aguayo
Fono: 569- 85 35 67 12
Comunidad Pascual Coña
Autoridades mapuche de Los Ríos se reunirán para evaluar relación con el Estado
Se trata de un encuentro (Futa Trawün) al que están siendo convocados todas las autoridades tradicionales del territorio comprendido entre los ríos Toltén y Pilmaiquén, en una actividad que busca analizar las estrategias para reconstituir el nación mapuche como institución, además de su relación con el Gobierno y las peticiones para su reivindicación...
FUENTE: Radio Bío Bío
El Lonko Augusto Nahuelpán, junto con extender la invitación a sus pares de la zona a participar, señaló que en la oportunidad se verá la forma de trabajar de manera conjunta al Gobierno de turno y esperan conocer la posición del resto de las autoridades respecto de la represión que ha sufrido el pueblo mapuche.
El Lonko explico que el objetivo es “reunirnos y ver cómo vamos a trabajar este gobierno de turno, de una y otra forma nosotros quisiéramos participar de acuerdo a las nuevas disposiciones legales que existen en chile, como el Convenio 169”, agregó que se trata de “una primera reunión de lonco para poder atender a la petición de los jóvenes que estuvieron en huelga de hambre, que vamos a hacer y que vamos a decir frente a las peticiones de nuestro pueblo”.
De igual modo se busca recuperar y aplicar el AzMapu o Derecho Propio del pueblo mapuche, recurriendo a la disposición del Convenio 169 de OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Originarios.
La actividad está programada para los días 29, 30 y 31 de octubre de 2010, en el sector de Lilkoko Lofmapu, comuna de Lanco, y es organizada por el Consejo de Lonkos norte y sur del territorio.
mardi 26 octobre 2010
PUEBLOS INDÍGENAS: LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA (Por Mario Ibarra)
M. Ibarra.
http://www.tiroalblanco.cl
En el derecho internacional de los derechos humanos figura, en destacada posición, el derecho de libre determinación de los pueblos que –en tanto derecho colectivo, aunque también tiene una dimensión individual– es considerado como una condición «sine qua non» para el goce y ejercicio (real y efectivo) de todos los derechos y de todas las libertades fundamentales internacionalmente reconocidos. La construcción del concepto y el enunciado del principio como la formulación y el desarrollo del derecho fueron procesos lentos que estuvieron atravesados por las contradicciones ideológicas que –directamente– influenciaron los debates y determinaron el contenido.
El concepto inicial a propósito del –actual– principal derecho de los pueblos es esbozado durante las Revoluciones francesa y estadounidense y –parcialmente– desarrollado durante el período independentista de América Latina; en las ríspidas discusiones entre corrientes socialdemócratas y marxistas de fines del siglo XIX –buscando soluciones teóricas a la situación europea– el rico debate llegó al Congreso de la Internacional de Londres (1896) que discutió –apasionadamente– en torno al contenido y alcances del término alemán «selbstbestimmungsrecht»; la caída del imperio zarista y el triunfo de la Revolución de Octubre (1917) abrieron el debate sobre la implementación de los derechos y la relación entre los pueblos; en el período inter guerras mundiales la discusión continúa, pero, el Pacto de la Sociedad de las Naciones (SDN) no contiene disposiciones precisas; durante la Segunda Guerra Mundial, con las declaraciones de los líderes aliados –gradualmente– se va llenando de contenido el término «selbstbestimmungsrecht» que, cuando se integra a la Carta de la ONU (1945), será traducido –oficialmente– como «libre determinación» en español, «self determination» en inglés y «droit des peuples à disposer d’eux mêmes» en francés.
La Carta de la ONU, en su art.1.2, dice que uno de los propósitos de la organización es: «Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos». Una de las primeras lecturas que se hizo de dicha formulación dice: «Queda entendido [que: a] el principio de la igualdad de derechos y el de la libre determinación de los pueblos son dos elementos que constituyen una norma única; b) el respeto de esta norma es la base del desarrollo de las relaciones de amistad y constituye, en la práctica, una de las medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; [c] este principio, como disposición de la Carta, debe considerarse a la luz de otras disposiciones; [d] un elemento esencial de este principio es la expresión libre y sincera de la voluntad del pueblo [… ; y,] el principio, en su conjunto, representa un concepto fundamental que puede conducir eventualmente a una fusión de nacionalidades si así es [… el] deseo libremente expresado [por los pueblos]». La Carta retoma –directamente– dicho principio en el art.55 y lo hace –indirectamente– en los arts.73 y 76.b).
El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos es: un principio de «jus cogens», es decir, es una norma imperativa de derecho internacional general, que lo coloca en el más alto grado de la jerarquía jurídica. El derecho de libre determinación se formuló en la «Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales» (Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU) adoptada en 1960, posteriormente, figura en los dos «Pactos internaciones de derechos humanos» adoptados en 1966 y, después, será incluido en numerosos instrumentos internacionales. Durante el proceso de elaboración de los instrumentos mencionados se dijo que el derecho de libre determinación «[...] comprende los elementos siguientes: [a] el derecho de todo pueblo a darse la forma de gobierno que desee; b) a gozar libremente de su patrimonio espiritual y material; [c] a vivir libremente, según sus tradiciones más caras; [y, d] a no estar sometido, bajo forma alguna, a ninguna otra nación ni a ningún otro pueblo más poderoso».
La Declaración contenida en la Resolución 1514 (XV), en su último párrafo preambular, «proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas su formas y manifestaciones» y, en su segundo párrafo dispositivo, dice: «Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de ese derecho, determinan libremente su desarrollo económico, social y cultural». Debe tomarse nota que –analizando la historia y la situación socio–económica y jurídica de los pueblos indígenas– algunos investigadores, han desarrollado los conceptos de «colonialismo interno» y «apartheid de facto» y –ante estos dos «fenómenos discriminatorios»– destacan que la Declaración dice que es necesario terminar con el «colonialismo en todas sus formas y manifestaciones» y que todos los pueblos de la tierra tienen el derecho a determinar «libremente su desarrollo económico, social y cultural».
Los dos Pactos, en su art.1 común, dicen: «1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y prevén asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas».
A propósito del art. citado, es necesario destacar que: a) en su formulación, no deja fuera a ningún pueblo cuando dice «todos los pueblos»; b) tal cual está planteado en la segunda frase del párrafo 1, el derecho de libre determinación aparece como condición para el goce y ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; c) en el párrafo 2, figura como parte integrante del derecho de libre determinación de los pueblos «disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales» para asegurar su propia opción o modelo de desarrollo; y, en la segunda frase establece que «en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia»; y, d) según el párrafo 3, los Estados Partes en los Pactos no tienen la posibilidad de oponerse porque al ratificar, cualquiera de los dos tratados, adquieren el compromiso y la responsabilidad que «promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas». Se debe dejar constancia que no existe ninguna disposición internacional que excluya –explícita o implícitamente– a los pueblos indígenas del derecho de libre determinación.
El derecho de libre determinación de los pueblos –como está formulado en el derecho internacional de los derechos humanos– se puede situar en un espacio que tiene dos límites: a) la creación de un Estado propio; y, b) la integración, total y absoluta, a un Estado. Entre esos límites se pueden dar, negociar o concebir múltiples formas o expresiones y éstas pueden concretarse fuera o dentro del Estado.
El derecho de libre determinación de los pueblos es un derecho: a) colectivo de virtualidad permanente, es decir, no se agota por el ejercicio inicial que de él se haya hecho para obtener la libre determinación política y se proyecta en todos los campos, incluidas –naturalmente– las cuestiones económicas, sociales y culturales; b) de los pueblos, pues, es a los pueblos y no a las naciones o a los Estados, a los que el derecho internacional moderno ha atribuido –expresamente– la titularidad; c) que reafirma y es expresión de la dignidad y de la igualdad de derechos de todos los pueblos; d) que es de carácter colectivo e individual (esto no es contradictorio pues, un derecho puede tener –simultáneamente– esas dos dimensiones); e) que –en su realización– no está sujeto a condiciones; f) que –de conformidad con el párrafo 3 del art.1 común a los dos Pactos internacionales de derechos humanos– los Estados tienen la obligación de promover; g) que la comunidad internacional (todos los Estados) tiene no sólo el deber jurídico de no oponerse y de no dificultar su ejercicio, sino también la obligación de ayudar a su logro efectivo; h) que su negación es un delito y la lucha por obtenerlo es una causa justa, pues, el Estado que somete por la fuerza a la dominación a un pueblo está cometiendo un acto ilícito expresamente calificado como tal en el derecho internacional y el pueblo sometido –en ejercicio de su derecho inmanente de legítima defensa– puede luchar para liberarse; i) que no es contradictorio con el derecho de los Estados a la defensa de la integridad territorial o la unidad, pues si la invocada «integridad territorial» o la declarada «unidad nacional» son sólo ficciones jurídicas que encubren una real dominación, los pueblos sometidos tienen derecho a luchar para terminar con la opresión; j) que no está determinado o condicionado por una cantidad de habitantes ni a superficie territorial porque –en el derecho internacional– no existe una disposición que niegue o restrinja este derecho en función de la poca población de un pueblo o de la pequeñez de un territorio; y, k) no niega la posibilidad de constituir uniones, confederaciones o federaciones, siempre que esto sea el resultado de la libre y soberana voluntad de los pueblos que las integran.
La «Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007)», en su art.3 dice: «Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural». El ejercicio del derecho de libre determinación –tal cual está formulado– para un pueblo indígena: a) implica, «prima facies», poseer, gestionar, administrar y controlar su territorio; b) le permite reafirmar su dignidad y derechos en tanto pueblo; c) responde a la reivindicación y a la lucha por recuperar o mantener, recrear, controlar, desarrollar, proyectar y transmitir a las generaciones futuras su patrimonio cultural, su territorio y sus recursos (materiales y espirituales); d) está –íntimamente– asociado, «inter alia», a los derechos al desarrollo, a la paz y a vivir en un medio ambiente sano; y, e) le permite relacionarse y/o asociarse con otros pueblos con objetivos de paz respeto y beneficio mutuo.
El derecho de libre determinación de los pueblos indígenas es un derecho que: a) está claramente formulado en la Declaración de la ONU; b) debe restituírseles porque –de conformidad con los hechos históricos– ellos eran naciones y pueblos, soberanos y libres; después –vía la colonización o el colonialismo interno– les arrebataron, conculcaron o negaron su soberanía y su libertad y les fueron ocupados y divididos sus territorios ancestrales y negadas sus culturas; se trata entonces de un derecho que, para ellos, tiene una –evidente– dimensión reparadora; c) como para todos los pueblos de la tierra, es condición, indispensable, para su existencia en tanto pueblos y para el goce y ejercicio de todos sus derechos; y, d) según la Declaración de la ONU, una de las formas que puede tomar es la autonomía; se debe subrayar que la autonomía «es una de las formas, no la única» porque del debate, de la lucha y/o de condiciones particulares pueden surgir otras formas o acuerdos que –sin vaciar la esencia del principio y sin desvirtuar el derecho– sean adecuados y convenientes para garantizarles su continuidad histórica en tanto pueblos.
El art.4 de la Declaración de la ONU dice: «Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas». También, debe considerarse que el Convenio No.169 de la OIT contiene disposiciones que, si no se crean espacios «autodeterminados», su implementación (real y efectiva) es imposible.
La autonomía no puede ser una formulación vaciada de contenido, es decir, no debe ser un reglamento, estatuto, ley o título, capítulo o artículo(s) constitucional que, tenga –solamente– el nombre de «autonomía» y que –como bases indispensables– no contemple: a) el deseo libremente expresado del pueblo; b) la filosofía (espíritu, propósito y razón) del principio que se plasmó en el art.1.2 de la Carta de la ONU; c) la esencia del derecho de libre determinación tal como está formulado en el art.1 de los Pactos internacionales de derechos humanos; y, d) el objetivo (descolonizador) con que se implementa el derecho de libre determinación en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU. En consecuencia, la autonomía –en tanto derecho de los pueblos indígenas– no puede estar «divorciada» del derecho de libre determinación.
La autonomía indígena, «strictu sensu», debería entenderse como el reconocimiento, formulación y ejercicio –al interior de un Estado– de una básica e importante parte de los derechos históricos de un pueblo indígena en aplicación de una expresión (dimensión o forma) del derecho de libre determinación de los pueblos. La autonomía indígena es además –entre otros aspectos– un acto (jurídico y simbólico) de ruptura con el colonialismo interno y de eliminación de la discriminación y del racismo, y, a su vez, es la creación de espacios de libertad y de justa consideración y valorización de las culturas indígenas. La autonomía se concretiza en un espacio geográfico–político propio donde un pueblo indígena tiene el control y el poder reales para decidir –sin injerencias– sobre su futuro (incluidos su modelo de desarrollo y sus relaciones) de conformidad con sus concepciones culturales, sueños y anhelos.
El reconocimiento del derecho de autonomía de los pueblos indígenas y su implementación –lógicamente– deben valorarse como pasos determinantes para: a) el reforzamiento de la democracia; b) la acentuación de la participación ciudadana –sin discriminaciones– en la vida política del país; y, c) la consolidación o fortalecimiento de la unidad nacional.
La autonomía fortalece o consolida la unidad de un país porque suma fuerzas y creatividad múltiples en una «comunidad de destinos»; esto no significa el sometimiento a un mismo destino, sino, una vivencia común en permanente comunicación e interacción que –sin discriminaciones y en la práctica– permita construir un futuro donde se respete y valorice la dignidad y los derechos de todos los pueblos y de sus culturas.
Más allá del acto constitutivo, la autonomía debe ser una entidad política dinámica en constante renovación, desarrollo, perfeccionamiento y cuestionamiento tanto de sus instituciones como de sus normas; la participación e iniciativa ciudadanas (en todos los ámbitos) son indispensables para que sea un espacio viviente y democrático, de libertad y de justicia.
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