Gracias a la oportuna denuncia y presión de organizaciones mapuche, aymara, comunicadores e investigadores indigenas, se logró cambiar la urgencia legislativa a proyecto de reforma constitucional. Punto crucial: los requisitos de validez de la consulta previa de acuerdo al Convenio 169.
Diversos medios de comunicación y ONGs afirman errádamente que "Gobierno retiró urgencia": esa es una información falsa. Lo concreto es que se cambió de "discusión inmediata" (3 dias) a "suma urgencia" (10 días). La emergencia continúa.
LA PRESION DE LA MOVILIZACION Y LAS REDES SOCIALES
Por medio de declaraciones públicas, delegaciones que acudieron al Congreso, cartas abiertas a parlamentarios y una intensa campaña en Twitter y medios electrónicos, se logró hacer ver al Gobierno y Senado que era un tremendo error imponer una urgencia legislativa de "discusión inmediata" a un proyecto proyecto "reconocimiento constitucional", que no ha sido consultado de acuerdo a las normas del Convenio 169.
La urgencia legislativa de "discusión inmediata" fue anunciada por Sebastián Piñera el día viernes 8 de Octubre, lo que encendió las alarmas indigenas que desató la inmediata reacción.
El oficio del Gobierno con la urgencia fue ingresado el día Martes 12 por la mañana. Y para el día miércoles 13 fue citada la Comisión de Constitución del Senado. La aplanadora parecía imparable.
LLUVIA DE DECLARACIONES Y EMPLAZAMIENTOS
Tras las alertas diversos referentes mapuche, aymara y lickanantay emitieron declaraciones reiterando el rechazó del proyecto de reforma, y el procedimiento inconsulto, que viola el Convenio 169 de la OIT.
Consejo de Todas las Tierras, Asamablea Mapuche de Izquierda, Comunidades Atacameñas, Alianza Territorial Mapuche, exhortaron al Congreso a cumplir con el deber de consulta previa a los pueblos indígenas de acuerdo al Convenio 169.
La Alianza se hizo presente en el Congreso con una delegación que afirmó: "El planteamiento mapuche basado en el derecho propio como nación y en el derecho internacional señala que toda decisión al respecto debe ser aprobada primero al interior de las comunidades mapuche y luego ser ratificada en los poderes chilenos."
Por su parte el werken lafkenche Francisco Vera Millaquen llamó cumplir con el Convenio 169.
El Centro de Políticas Públicas llamó a seguir las recomendaciones que hizo a Chile el Relator Especial James Anaya, sobre "Principios Internacionales Aplicables a la Consulta de Reforma Constitucional en Materia Indígena". Tales recomendaciones se basan en las normas y estándares internacionales a que Chile se ha obligado.
LA IRREGULAR "CONSULTA" DEL COMISIONADO EGAÑA Y VIERA GALLO
En la sesión de la Comisión del Senado, el día miércoles 13, el Gobierno y el Senador Espina pretendieron dar por cumplida la obligación de consulta previa.
Para ello recurrieron a validar la cuestionada "consulta por correspondencia" que hizo el tristemente célebre "Comisionado Egaña", Conadi y Viera Gallo. Un proceso objetado por las organizaciones indigenas y por el Relator Especial.
Según el Ministro Larroulet y el coordinador de Políticas Indígenas Sebastián Donoso, "analizamos detalladamente el proceso de consulta que hizo el gobierno de la Presidenta Bachelet y nos pareció, a la luz de los antecedentes, que es un proceso de consulta que cumple los requisitos"
EL TEST DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE CONSULTA
En la Comisión del Senado se planteó la duda sobre "la legitimidad de las consultas realizadas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) durante el Gobierno de Michelle Bachelet".
La presidenta de la Comisión, la senadora Soledad Alvear (DC), señaló que debe chequearse si se ha dado pleno cumplimiento del convenio 169, esto es, si “si este proceso de consulta fue hecho de buena fe, si es el adecuado o no, y por eso le pedí al Gobierno que, a través de la Cancillería, averigüe si falta algo más”.
Esta visión fue compartida también por el senador UDI Hernán Larraín: “Nos llegó por peticiones de distintas comunidades el problema, había que analizarlo y asumirlo. No hemos llegado todavía a una conclusión definitiva, pero estamos estudiando el proyecto porque queremos hacerlo bien, que las comunidades indígenas se sientan debidamente representadas y consultadas. Y si acaso eso no ha ocurrido, para hacerlo, las comunidades esperan de nosotros respuestas, soluciones y un reconocimiento a nivel constitucional”, explicó.
Larroulet, finalmente declaró:
“Se planteó por parte de los senadores que evaluáramos bien ese aspecto, consultáramos con las organizaciones internacionales correspondientes para tener una opinión más acabada. Ésa fue la decisión que nos llevó, como Ejecutivo, a decir que para avanzar en este proceso le vamos a quitar la discusión inmediata, porque para el Gobierno es muy relevante el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios”, aseguró.
LA NUEVA URGENCIA: "SUMA"
En definitiva, mientras se define si se sigue manteniendo la mascarada de la consulta fraudulenta de Egaña, o si se va a cumplir con un proceso válido de consulta de acuerdo a las normas internacional, el Gobierno mantiene la "urgencia", ahora definida como "Suma", es decir, con un plazo de 10 días para despachar el proyecto.
LA EXIGENCIA DE UN NUEVO PROYECTO Y NUEVO PROCESO. PRIMERO DEROGAR DECRETO 124
El plantemiento de las organizaciones de los pueblos indigenas es que se retiren los proyectos de reforma actualmente en trámite, de origen inconsultos, y se emprenda un nuevo proceso de buena fe, y que tenga por piso y marco, el Convenio 169.
Un nuevo proceso de Consulta que pasa primero por derogar el Decreto 124 de MIDEPLAN, impuesto por Viera Gallo el cual distorsiona los procesos de consulta, apartándose de las normas internacionales.
Fuentes:
www.senado.cl
http://radio.uchile.cl
www.politicaspublicas.net
Documentación relacionada:
http://www.politicaspublicas.net/panel/reforma/analisis/367-congreso-y-consulta.html
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