Antonio Mamani, dirigente aymara: “La lucha de las comunidades aymara contra las mineras, es una pelea desequilibrada”

Ante la realización este jueves en la ciudad de Iquique del seminario “Defendamos nuestra Madre Tierra”, organizado por comunidades y organizaciones aymaras y quechuas de la Región de Tarapacá, entrevistamos al dirigente Antonio Mamani, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y miembro de la comunidad de Cancosa.

Por Comunicaciones Observatorio Ciudadano

27 de octubre de 2010

El objetivo del encuentro es analizar los desafíos que enfrentan hoy los pueblos indígenas del norte y las herramientas con las que cuentan para defender sus recursos naturales y culturales ante la masiva expansión de actividades mineras, geotérmicas y modelos de desarrollo económico que afectan sus territorios, considerando además la estrecha relación que existe entre los Pueblos Originarios del Abyayala y la madre tierra.

Entre las actividades previstas, se encuentra también el lanzamiento del libro “La gran minería y el derecho de los indígenas en el norte de Chile”, de la abogada y co directora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yánez, y del doctor en geografía, Raúl Molina, también miembro de dicha organización no gubernamental de promoción, investigación y defensa de derechos humanos.

- ¿Cuál es la situación actual que enfrentan las comunidades aymaras y quechua del norte país frente a la expansión minera?

La situación actual pasa fundamentalmente por una disputa, una pelea muy desequilibrada entre enanos y un gigante. Todas estas empresas tienen a su haber tecnología y equipos profesionales del más alto nivel, frente a comunidades que reclamamos derechos, pero que no tenemos las mismas condiciones para poder tener una conversación horizontal.

Este es el problema grueso en cada una de las comunidades que han sido intervenidas, si bien es cierto cada una tiene un mismo discurso para la defensa de sus derechos, no es posible que sean escuchadas desde la perspectiva de esta fundamentación, porque faltan todos esos antecedentes de apoyo. Desde ese punto de vista estas sistematizaciones significan un buen antecedente que está entregando para poder conversar con más argumentos en cada una de las disputas que se producen en las diferentes comunidades.

- ¿Qué importancia atribuye a la sistematización de casos de los que se da cuenta en el libro sobre la gran minería en el norte de Chile que será lanzado en el marco del seminario?

Para todo el norte de Chile, en especial para las comunidades aymaras y quechuas, es importante que se pueda tener material escrito sobre los casos que han venido ocurriendo en los últimos años respecto a la intervención de la actividad minera en nuestros territorios. Eso es lo fundamental, nos parece bien que se puedan ir acotando las realidades que se están viviendo en estos sectores, pues hay situaciones que han sido muy complicadas y decepcionantes para nuestras comunidades.

Este libro, además, de cuenta de algunos aspectos básicos como qué significa la relación del ser humano y del hombre con la naturaleza, bajo la mirada de los indígenas, es decir, su cosmovisión y la equivalencia entre el hombre y la naturaleza, dos conceptos que son diferentes. Ahí radica el tema de la discusión.

Para los empresarios mineros, en cambio, la tierra es un objeto del que sacan y sacan recursos, generándose los mejores dividendos a cuenta de la naturaleza. En circunstancias que para los indígenas ella es un ser vivo con quien convivimos, por tanto, estamos seguros que debemos cuidarla para que las futuras generaciones puedan mantener un lazo sano de convivencia en estos territorios.

- ¿Nota algún cambio con la implementación del Convenio N° 169 de la OIT?

En el caso del norte, todavía no, pues frente al Convenio 169, a pesar de que existe una mirada sobre su fuerza como instrumento legal, ello no se ha materializado en cuestiones concretas. Falta mucha capacitación y empezar a enfrentar estos hechos con esta nueva legislación internacional a la que se ha obligado Chile, para que se pueda ir sentando jurisprudencia al tenor de los casos que se han ido asumiendo.

Creo que eso está faltando aún, y en los próximos meses se van a iniciar algunos procesos por la necesidad de echar a andar este sistema. Los resultados no los podemos predecir, pero es un proceso que tiene que ir ascendiendo.

- ¿Cuál es la evaluación que haces sobre la relación entre las comunidades y el estado en este último tiempo?

La relación no ha variado mucho. Siempre se está hablando de la necesidad de incorporar a las comunidades dentro de un proceso nacional mayor, integrándolas o incorporándolas. Pero cuando hablamos de esa manera, estamos frente a un punto de partida equívoco, desde la negación de la cosmovisión indígena.

- ¿Qué faltaría para mejorar esta situación?

Hay mucho que trabajar y discutir para hacer entender a las autoridades del gobierno y al estado, que ese no es el camino. Hay que cambiar rumbo y tratar de que la gente sea capaz de entender estas otras miradas; cambiar las políticas de desarrollo y de participación, con información y consulta de buena fe.

Hoy no están dadas las condiciones para que el estado y el sector privado mejoren sus relaciones con los pueblos indígenas, pues hay mucha desconfianza del lado de las comunidades, ya que existen discursos y detalles que entorpecen los diálogos y el mejoramiento de las relaciones. Mientras eso no cambie, creo que este tema tendrá para mucho tiempo y va a depender de los representantes indígenas el seguir haciendo entender a las autoridades la mirada que debe existir, respetando los derechos de los pueblos originarios establecidos en el Convenio 169 de la OIT.