A menos de seis meses del Gobierno de Sebastian Piñera, tanto el Intendente de la Región de Los Lagos, Juan Montes, como el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, enfrentan su primer “test de esfuerzo”. Décadas de sobrexplotación pesquera asociadas a la actual crisis sanitaria de la industria salmonera, han abierto la caja de Pandora ambiental, económica y social en las regiones costeras del sur de Chile. A la aguda crisis de las diversas pesquerías regionales, calificada por los propios pescadores como la “peor en años”, se suma la expoliación económica provocada por el monopolio que controla la comercialización de la producción pesquera artesanal en el mercado español. Ello explica las movilizaciones de los pescadores de Calbuco, Ayacara o Pichi-Pelluco, exigiendo la extensión del periodo de captura y el aumento de la cuota extractiva de merluza austral (Merluccius australis).
Intentando apaciguar el creciente descontento social que recorre Chiloé y Palena, el Subsecretario de Pesca está implementando una serie de “medidas de parche”. Entre ellas, la apertura de capturas en plena veda reproductiva de merluza austral, la entrega por primera vez de una discrecional “pesca de investigación” regional de 3.000 toneladas de sardinas y la asignación de 400 millones de pesos del Fondo de Administración Pesquera para “fomentos de desarrollo productivo” entre los pescadores.
La culminación de esta política de bio-populismo pesquero gubernamental, lo constituye el intento de aprobar un “Plan de manejo integral” de lobos marinos comunes (Otaria flavescens), eufemismo bajo el cual se esconde la entrega de cuotas de captura y matanza para controlar una supuesta “sobrepoblación” de esta especie, actualmente protegida por la legislación chilena.
Para ello se ha dado inicio a una orquestada campaña y lobby político, acusando a los lobos marinos chilotes de ser los principales responsables del colapso pesquero y de la deplorable situación económica y social que afecta a los pescadores artesanales. A esto se suma la acusación de interferencia con la re-expansión, post virus ISA, de la industria salmonera en las regiones de Los Ríos, de Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Al respecto, es importante señalar el papel que tras bambalinas juega la industria salmonera, cuyo representante en Puerto Montt, Carlos Odebret, denunció pérdidas por 140 millones de dólares anuales por la acción de lobos marinos. Esta cifra empresarial es muy superior a las abultadas estimaciones gubernamentales de 19 millones de dólares anuales en pérdidas por esta causa para la pesca artesanal. No hay que olvidar que el actual Intendente de la Región de Los Lagos, donde existe mayor presión para la eliminación de lobos marinos, es Juan Montes, ex gerente de las compañías salmoneras AquaChile y Salmofood.
Por ello el tema de los lobos marinos se ha convertido en una “moneda de cambio”, ya que el Ministerio de Economía y el Subsecretario de Pesca esperan poder negociar a cambio con los dirigentes pesqueros el apoyo a la dictación de 15 reglamentos de la cuestionada nueva Ley General de Pesca y Acuicultura. Este proceso se encuentra muy retrasado y es un paso clave para hacer operativa la entrega de certeza jurídica a los bancos acreedores de la industria salmonera, al hipotecar bienes nacionales de uso público y consolidar la privatización del litoral austral, mediante el establecimiento de áreas aptas para acuicultura y de “barrios salmoneros. Por su parte, se encuentra sobre la mesa de negociación las demandas por “pesca libre”, “pescas de investigación” y la entrega de subsidios y compensaciones económicas por parte del Estado para paliar temporalmente la actual situación económica y social en la pesca regional.
¿Administración pesquera democrática, equitativa y sustentable?
Estos hechos demuestran la inexistencia de una administración pesquera transparente, sostenible, equitativa y responsable en nuestro país. Ejemplo de ello son los impactos sobre la estabilidad de los recursos y ecosistemas marinos derivados del empleo de las denominadas “pescas de investigación”, resquicio legal que permite al Subsecretario de turno entregar discrecionalmente altos volúmenes de captura para pagar favores políticos o negociar frente a los conflictos sociales del sector.
En ello es evidente la irresponsabilidad de los consejos nacionales y zonales de pesca, así como de quienes avalan "científicamente" la entrega de elevadas cuotas de captura, como es el caso de la pesquería de jurel (Trachurus murphiyii), la más importante a nivel nacional, donde las cuotas de pesca para el 2009 excedieron en un 87% las recomendaciones técnicas del IFOP.
Por ello es urgente el control público, como ciudadanos y contribuyentes, sobre las políticas, autoridades e institucionalidad pesquera, que hoy son los principales generadores de destrucción ambiental y pobreza en las regiones costeras. Esto mediante la sobreexplotación de los recursos y la creciente eliminación de las escasas regulaciones y medidas de conservación marina.
La lucha por el último pez al sur del mundo
Frente a la aguda crisis que recorre las costas chilenas, se ha establecido en los últimos años una estratégica alianza entre funcionarios gubernamentales, políticos, empresarios y algunos dirigentes pesqueros para responsabilizar a las propias especies marinas del colapso de las pesquerías y sus impactos económicos. Un ejemplo clásico lo constituyó la campaña comunicacional que culpaba a la "sobrepoblación" de jibias de la caída de la biomasa y el reclutamiento en la sobre explotada pesquería de jurel. Hoy se intenta justificar una matanza legal para enfrentar una supuesta abundancia de lobos marinos comunes.
Esto constituye una medida política de corte populista y cortoplacista, sin asidero científico ni racionalidad técnica, con la cual el Gobierno intenta desviar la atención pública y de los pescadores sobre su responsabilidad y las causas de fondo que generan la actual destrucción marina y exclusión social en aguas chilenas.
Llama la atención que las autoridades pesqueras no demostraron la misma premura y voluntad política para controlar durante los últimos 10 años la otra “sobrepoblación”: la de los centros de cultivo de salmónidos que arrinconan a la pesca artesanal y a los operadores de turismo. También es sorprendente la inacción gubernamental frente a los millones de salmones que escapan anualmente y depredan sobre la valiosa y frágil biodiversidad marina, o en relación a la contaminación química y orgánica que está afectando a los ejemplares de ballena azul, al borde costero, a la columna de agua y al fondo marino de Chiloé.
Hace décadas los estudios internacionales indican que la eliminación de ejemplares es una medida absolutamente inefectiva para solucionar la interacción de mamíferos marinos y las pesquerías (Pemberton & Shaughnessy, 1993; Yodzis 200; Fraker & Mate, 1999), a menos que se intente eliminar a toda la población de estas especies nativas. La experiencia en Columbia Británica, Canadá, después de una década de eliminación de mamíferos marinos no ha disminuido la intensidad de la interacción con la pesca (Jamieson & Olesiuk, 2001). A ello se suma la paradojal situación creada en Namibia, África, donde después de grandes matanzas de lobos marinos, las pesquerías paradojalmente comenzaron a declinar.
Por su parte, la experiencia internacional señala que solo las medidas de mitigación, relacionadas con cambios en las estrategias de pesca, tales como la pesca cooperativa y variación en la permanencia de las artes de pesca en el agua, poseen una alta factibilidad de implementación.
Importante es alertar sobre la inconsistencia y contradicciones que entregan los promotores de la matanza de lobos marinos, reflejando el escaso conocimiento sobre la biología, parámetros poblacionales, comportamiento reproductivo y hábitos alimentarios de estos mamíferos marinos. Mientras dirigentes de la pesca artesanal señalan que el consumo y destrucción abarca entre el 70 y 80 por ciento de sus capturas, publicaciones científicas indican que las interacciones se concentrarían en algunos meses y que afectarían entre un 1,6 a 3,3 por ciento de las capturas (De la Torriente, y colaboradores, 2010).
También sorprende la disparidad sobre el tamaño poblacional de los lobos marinos comunes en aguas chilenas. Mientras los especialistas señalan la existencia de 100.000 a 150.000 ejemplares, Francisco Fernández, director de Sernapesca de la Región de Los Lagos, afirma que existirían 2 millones de ejemplares. Por su parte, la consultora Pupelde indica que habría existido un incremento del 50 por ciento de esta población entre 1998 y 2008, mientras el Proyecto del Fondo de Investigación Pesquero Nº 2006-49, realizado entre Valparaíso y La Araucanía, concluye que la tasa intrínseca de crecimiento en el área de estudio sugiere que la población de lobos marinos se encuentra estable y que “las proyecciones poblacionales en 10 años evidencian una tendencia a la disminución de la abundancia poblacional para las próximas décadas”.
Hoy el "peso de la prueba" se encuentra en el lado del Gobierno, los consejos zonales de pesca y los dirigentes pesqueros, quienes deben demostrar a los ciudadanos, pescadores, comunidades costeras chilenas y a los consumidores internacionales, que la exterminación de lobos marinos permitirá la recuperación de las sobreexplotadas pesquerías nacionales, así como la solución de los agudos problemas económicos y sociales que afectan por décadas a la pesca artesanal chilena.
Lo paradojal de esta situación será que una vez que los lobos marinos hayan sido eliminados, le seguirán los propios pescadores artesanales, quienes son los otros “disfuncionales” del actual sistema pesquero y de acuicultura basado en la privatización, exportación, concentración económica y transnacionalización de nuestro mar y sus recursos. Entonces ¿Quiénes son los verdaderos “lobos” que amenazan la existencia de la pesca artesanal chilena?
Juan Carlos Cárdenas, Medico Veterinario - Director Ejecutivo Centro Ecoceanos
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