El día 13 de Julio del presente año, estudiantes miembros del Pueblo Mapuche agrupados en la Federación de Estudiantes Mapuche se tomaron un inmueble abandonado en que antes funcionaba el Liceo Aníbal Pinto de Temuco, en el sector estación de esa ciudad. A primera hora daban a conocer sus petitorios a las autoridades nacionales consistente en; mejoras al sistema de Becas, ingresos especiales paras las Universidades del Consejo de Rectores, reconocimiento jurídico a las colectividades estudiantiles indígenas, el establecimiento de un impuesto territorial, una especie de royalty, a las empresas que extraen recursos naturales desde los territorios indígenas y en lo sustantivo, pedían una educación intercultural contextualizada y el establecimiento de una Universidad Nacional Mapuche.
En el conjunto de demandas planteada por los estudiantes no existe ninguna de ella que sean una petición irracional o exorbitante y por lo tanto, de difícil cumplimiento para el Estado, si existiera la voluntad política para hacerlas. En estricto rigor, ni siquiera se necesita una voluntad política, porque son obligaciones de carácter constitucional y otras tantas de obligaciones internacionales derivadas de tratados internacionales de protección a los derechos humanos que el Estado está obligado a cumplir, sin mediar de por medio si tiene o no tiene voluntad para ello.
En el orden constitucional basta echar un vistazo al artículo 1º de la Constitución que parte señalando que “Las personas nacen libres y iguales en dignidad y derechos”. Dignidad y Derechos y que los estudiantes de Femae reclaman para sí y para el pueblo Mapuche, que en actual contexto de relaciones asimétricas entre el Estado y el Pueblo Mapuche, no existe ni libertar ni igualdad de trato en cuanto a la dignidad ni en cuanto a los derechos y es precisamente por esta razón que las comunidades y personas mapuche se movilizan.
Pero es más, si seguimos revisando el artículo 1º de la Constitución y que los Constitucionalistas dicen que es el fundamento en que descansa toda la estructura del sistema jurídico nacional nos encontramos con el inciso 4º que consagrando principios y concepciones filosóficas al señalar que “el Estado está al servicio de la persona humana, su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. ¿y que están pidiendo los estudiantes Mapuches? Precisamente que el Estado cumpla su rol instrumental, de estar al servicio de todas las personas, incluidos por cierto los mapuche, para que puedan alcanzar su mayor realización espiritual y material posible. La necesidad de una Universidad Mapuche financiada por el Estado y una educación intercultural es para eso, para alcanzar esta realización tanto en el plano individual como colectivo, sin discriminación alguna, por aplicación de la igualdad ante la ley que consagra el artículo 19 nº 2 de la Constitución.
En cuanto al derecho internacional, se ha escrito bastante respecto de las obligaciones de carácter internacional que adquiere el Estado para con las personas sujetas a su jurisdicción, obligaciones que derivan de los tratados de derechos humanos en general y de los de carácter especifico para los pueblos indígenas, como es el convenio 169 de la OIT, y de otros instrumentos internacionales como es la Declaración de ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. El derecho al acceso, a una educación de calidad, pertinente culturalmente como derecho social y como derecho específico de los pueblos indígena, no obstante de tener un fuerte componente prestacional, en que el Estado tiene una obligación de hacer hasta el máximo nivel posible, es completamente justiciable y exigible al Estado. Lo mismo ocurre con el derecho a participar de las utilidades que reportan los proyectos de inversión en territorios indígenas por la explotación de sus recursos naturales y que los estudiantes reclaman en forma de impuestos. No son cosas antojadizas. Son compromisos que el Estado a adquirido internacionalmente y por lo tanto de obligado cumplimiento.
Sin embargo, solo para poner estos derechos de los mapuche /obligaciones para el Estado, en la agenda pública, los estudiantes deben “tomarse” un viejo liceo abandonado para establecer una universidad Mapuche. Y ¿Cuál es la reacción de la autoridad regional? Desalojarlo, sin siquiera iniciar un proceso de diálogo y de paso recordar la brutal negación de derechos en que se encuentra nuestro Pueblo. No tienen derechos, ni siquiera para acceder aún a un viejo inmueble abandonado, aunque sea para crear una Universidad - parece decir la autoridad.
Hay que valorar, sin embargo, el acercamiento del diputado Gonzalo Arenas para iniciar un proceso de diálogo. Ojalá fuera la disposición de otros políticos de la región y del país, pero en este cuento no se salva nadie, ni siquiera los parlamentarios de concertación que son de la región. ¡No se oye padre!
Lautaro Loncon Antileo
Abogado
(e) Magister en Derecho.
Mención Derecho Internacional
Universidad de Chile
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