Gerente General de la compañía arriesga orden de arresto si no se presenta a declarar en audiencia fijada para el próximo 25 de noviembre, en el 1° Juzgado de Civil de Temuco, ante denuncia interpuesta en su contra por daños y perjuicios en tierras indígenas producto de la contaminación generada por el irregular funcionamiento de planta de tratamiento de aguas servidas Temuco- Padre Las Casas.
Por José Luis Vargas / http://www.observatorio.cl/node/4693
Una demanda por daños y perjuicios en tierras indígenas, como consecuencia de la contaminación generada por el irregular funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas Temuco-Padre Las Casas, fue interpuesta el pasado 26 de octubre en contra del Gerente General de la empresa Aguas Araucanía, Santiago Hernando Pérez.
El alto ejecutivo no se presentó a la audiencia fijada por el 1º juzgado de Letras Civil de Temuco tras la presentación de esta denuncia, por lo que el tribunal fijó nueva fecha de audiencia para este próximo viernes 25 de noviembre, arriesgando si éste no comparece sanciones que podrían culminar en una orden de arresto.
Cabe recordar que en junio de este año, el fiscal ambiental Cristián Crisosto formalizó a José Sigfrido Perelli (Gerente de operaciones de Aguas Araucanía), Ennio Enzo Canessa (Gerente de operaciones) y Marcelo Alejandro Muñoz (Jefe de operaciones de la planta), por delitos contemplados en la ley de pesca y acuícola, estableciéndose un plazo de ocho meses para la investigación. Tampoco en este caso la empresa ha dado respuesta satisfactoria a las denuncias realizadas.
Mario Jiménez, apicultor, desde el funcionamiento de la planta en el año 2006 ha visto afectada su fuente de trabajo por el actuar irresponsable de Aguas Araucanía.
Para él sólo se está evadiendo responsabilidades, ante la existencia de una evidente contaminación ambiental provocada por la empresa, además del “daño social, moral y psicológico producido a las familias de la comunidad Hueche Huenulaf”, denunció.
Aclarando que lo único que persigue con estas acciones, “es recuperar lo que se me quitó, para retomar mis actividades y desarrollarme en esta sociedad, pero me lo impide una empresa que me lo arrebató y quitó todo”, aseguró. Escasa fiscalización Jiménez revela además la escasa fiscalización existente e insiste en que es “el Estado quien debe fiscalizar a estas empresas para evitar que contaminen a la población y el medioambiente. Aguas Araucanía no tiene voluntad de responder, pues desde el año 2006, cuando se han venido detectando las irregularidades, no ha querido solucionar el problema que ha ocasionado. Es decir, Aguas Araucanía contamina y los organismos públicos dejan operar libremente a la empresa”, indicó. Recuerda a su vez que debió “ser informado y consultado, y la empresa tomar resguardos al realizar sus operaciones. Sin embargo, no les importó, y los organismos del estado aprobaron el funcionamiento de una planta de tratamiento sin fiscalizarla, afectando el trabajo de apicultores, agricultores, hortaliceros, ancianos, mujeres, niños y comunidades mapuche. Nuestra comunidad se encuentra colindante con la empresa, y nada de eso fue tomado en cuenta, queda claro entonces que hubo intereses económicos y políticos para poder echar a andar esta empresa, algo que incluso constató la propia Contraloría”, explicó.
Informe Contraloría
Un informe de la Contraloría General de la República elaborado en el año 2010, confirma que Aguas Araucanía no cumplía con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que el año 2006 aprobó la Declaración de Impacto Ambiental de la empresa denominada “Modificación del Sistema de Conducción de Efluentes de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Temuco”.
El mismo informe señala que la Dirección General de Aguas (DGA) aprobó la modificación del cauce presentado por la compañía, sin considerar el riesgo a la vida humana por la descarga de aguas servidas.
Irregularidades planta de tratamiento
El año 2005 la empresa comenzó la construcción de la planta de tratamiento, y tras la aprobación del proyecto inició irregulares descargas -a través de un ducto de desagüe hacia el río Cautín-, lo que ocasionó una grave contaminación hacia muchas familias de la comunidad Hueche Huenulaf, quienes sufrieron por la emanación de gases, cloro y fecas, además del olor insoportable.
La comunidad notificó estos hechos en numerosas ocasiones a los organismos públicos encargados de fiscalizar el actuar de la empresa. “Como comunidad formalizamos una denuncia ante la Conama, organismo fiscalizó y se detectaron todas las anomalías que existían. Esto significó una seguidilla de multas por parte de la Corema para la empresa, a partir de 2006, puesto que no cumplía con la normativa ambiental vigente”, explicó Mario Jiménez, e incluso “la Corte de Apelaciones obligó a la empresa a indemnizar por daño moral a los afectados”, agregó.
En efecto, el 6 de agosto de 2010 la Corte de Apelaciones de Temuco tras acreditar la existencia de los hechos, estableció que la planta había provocado “la muerte de las abejas de su propiedad, apreciando el valor de las colmenas en la suma de $1.300.000” y dictó sentencia por concepto de daño moral contra la empresa Aguas Araucanía, estableciendo el tribunal que ésta debía cancelar a Jiménez un monto indemnizatorio de diez millones de pesos.
La resolución de la Corte da cuenta también del actuar abusivo de Aguas Araucanía, pues a raíz de la denuncia hecha por Jiménez se puedo establecer que la empresa “superó los parámetros de coliformes fecales, efectuó descargas reiteradas de aguas servidas sin tratamiento y superó los límites máximos permitidos para cloro libre”, señala en su fallo.
Mario Jiménez quien se desempeñaba como apicultor y vio amenazada su fuente de trabajo por el actuar irresponsable de Aguas Araucanía, había iniciado sus actividades de apicultura en el año 1998, faenas que desarrolló con normalidad y sin ningún tipo de problema sanitario, hasta el primer trimestre de 2007. Cuando comienza la mortalidad y éxodo de sus abejas, junto con la entrada en funcionamiento de la planta. Por está razón, el afectado recurrió a distintas instancias públicas y de justicia, dando a conocer esta grave situación. Actualmente su caso se encuentra en la Corte Suprema.
Opinión RADA
En opinión de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), Aguas Araucanía está actuando en la línea contraria de lo que es la responsabilidad social empresarial, produciendo graves consecuencias ambientales y sociales. Alejandra Parra, representante de la Red asegura que a la compañía “sigue sin importarle los impactos ambientales que producen en los usuarios, vecinos y comunidades, pues solamente buscan lucrar. Por esta razón se ha tenido que llegar a instancias judiciales para que los afectados tengan algún tipo de reparación por los daños producidos por esta planta de tratamiento de aguas servidas”. Por lo mismo, se muestra satisfecha de que “al menos ahora se vea una posibilidad para que los responsables de la operación de esta empresa, sean castigados de alguna forma, para que se hagan responsables de los impactos que vienen produciendo desde muchos años en la región”, finalizó.
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